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México debe reformar la política sobre marihuana

El Congreso debe modificar y aprobar el proyecto legislativo que pone fin a la prohibición.

(Washington D.C.) – El Congreso de México debería modificar el proyecto de la Ley Federal para la Regulación del Cannabis a fin de despenalizar por completo la sola posesión de marihuana, señaló hoy Human Rights Watch. El Congreso debería aprobar el proyecto modificado antes de que termine el actual período de sesiones el 30 de abril de 2021. La aprobación del proyecto representaría un avance muy importante para los derechos humanos en México.

El 10 de marzo, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto, que en su versión actual legalizaría parcialmente y regularía la producción, distribución y posesión de marihuana para uso personal, y la envió al Senado para su aprobación final. El 8 de abril, el líder de la mayoría en el Senado, Ricardo Monreal, anunció que tenía previsto posponer su debate hasta septiembre, después de las elecciones intermedias, para realizar cambios que no detalló al actual proyecto.

“La prohibición de la marihuana ha tenido costos devastadores para los derechos humanos en México, dejando a miles de personas encarceladas inútilmente por el simple hecho de poseer marihuana y exponiendo a muchos otros a graves abusos por parte de la policía”, señalóJosé Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Legalizar la marihuana sería un paso enorme a favor de los derechos humanos y el Congreso debe dejar de posponer esta reforma urgente”.

La Suprema Corte de México determinó en 2018 que era inconstitucional prohibir el uso recreativo de la marihuana, y ordenó al Congreso que aprobara una reforma legalizando el uso recreativo en un plazo de 90 días. Sin embargo, desde entonces, los líderes en el Congreso han pospuesto reiteradamente la votación de la reforma sobre marihuana y han obtenido múltiples prórrogas por parte de la corte. La actual fecha límite está fijada para el 30 de abril. El senador Monreal manifestó su intención de pedir una prórroga que se extienda hasta fines de 2021.

El proyecto actual permitiría a cualquier persona mayor de 18 años consumir marihuana, poseer hasta 28 gramos de marihuana, o solicitar una licencia para cultivar hasta seis plantas en el hogar para su uso personal o una licencia para formar una “asociación de cannabis” de hasta 20 miembros para cultivar y compartir marihuana para el uso personal de los asociados. Permitiría asimismo que las empresas o personas soliciten licencias para cultivar, procesar, o comercializar marihuana.

Sin embargo, el proyecto incluye disposiciones innecesarias que podrían exponer a las personas a abusos, incluso en el marco del nuevo sistema, explicó Human Rights Watch. El proyecto establece que la simple posesión de más de 28 gramos de marihuana —es decir, la posesión para uso personal, sin fines de distribución— seguiría siendo un delito, y todo aquel que tenga más de 28 gramos de marihuana, incluso si es para uso personal, podría enfrentar una multa de hasta USD 22.000 o hasta tres años de cárcel, dependiendo de la cantidad de marihuana que tenga.

Si la policía sospecha que una persona tiene más de 28 gramos de marihuana, puede detenerla hasta por 48 horas y llevarla ante el Ministerio Público. A su vez, para obtener una licencia que permita cultivar marihuana en el hogar o formar una “asociación de cannabis”, los usuarios deben permitir que funcionarios públicos ingresen e inspeccionen sus viviendas para constatar que cumplen con los términos de la licencia.

La policía mexicana suele torturar, cometer abusos y extorsionar a las personas que intercepta y detiene, independientemente de si han delinquido o no. De la encuesta más reciente de personas detenidas que realizó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de México, en 2016, surge que casi dos tercios habían sido golpeadas durante la detención, más de un tercio habían sido estranguladas o sometidas a simulacros de ahogamiento y un quinto habían recibido descargas eléctricas. 

Criminalizar el consumo y la posesión de drogas para uso personal viola los principios de autonomía que subyacen todos los derechos y constituye por sí misma una respuesta desproporcionada a comportamientos privados, apuntó Human Rights Watch. El Congreso debe modificar el proyecto para así eliminar por completo del derecho mexicano el delito de posesión simple de marihuana, a fin de reducir el riesgo de que los usuarios sufran abusos por parte de la policía. El presidente Andrés Manuel López Obrador debe garantizar que las normas de inspección se apliquen de forma que no conduzcan a un castigo innecesario o desproporcionado ni propicien nuevas violaciones de derechos.

Al 2019, había más de 24.000 personas encarceladas por delitos vinculados con drogas en México, cerca del 12% de la población penitenciaria total, según el INEGI. Aproximadamente el 40% de ellas habían sido acusadas o condenadas por posesión simple de drogas. Es común que las personas detenidas en cárceles mexicanas enfrenten violencia, hacinamiento, falta de acceso a servicios básicos, falta de atención médica y abusos por parte del personal penitenciario.

El proyecto contiene una disposición que permitiría a los funcionarios penitenciarios federales y estatales liberar a quienes hayan sido acusados o condenados por un delito que haya sido despenalizado por la reforma. Una vez que el proyecto se convierta en ley y entre en vigor, las autoridades deben identificar sin demora a todos aquellos que se vean beneficiados por la normativa y disponer de oficio su liberación automática e inmediata, sin exigir que los detenidos o sus familias soliciten formalmente la liberación, indicó Human Rights Watch.

El sistema de otorgamiento de licencias propuesto para la producción, el procesamiento, la distribución y la venta de marihuana podría generar nuevas oportunidades económicas. El presidente López Obrador debe garantizar que las disposiciones se implementen de manera inclusiva y permitan que las comunidades económicamente marginadas, incluidas las comunidades rurales localizadas en zonas donde tradicionalmente se ha cultivado marihuana, participen de forma plena y se beneficien del sistema regulado, expresó Human Rights Watch.

Human Rights Watch ha instado anteriormente a gobiernos de todo el mundo a reconsiderar sus políticas sobre drogas, debido al alto costo que tiene para los derechos humanos la “guerra contra las drogas”. En México, la guerra contra las drogas ha incrementado la rentabilidad de las drogas ilícitas, favoreciendo el crecimiento del crimen organizado violento y la corrupción generalizada, menoscabando el Estado de derecho, y propiciando violaciones de derechos humanos en forma generalizada. La legalización de la marihuana, por sí sola, no resolvería estos problemas, pero representa un primer paso crucial para la adopción de políticas alternativas sobre drogas, señaló Human Rights Watch.

“Las políticas sobre drogas que se enfocan en la criminalización han dado lugar a innumerables violaciones de derechos humanos y corrupción generalizada en México”, explicó Vivanco. “Este proyecto debe servir como una primera medida fundamental en el camino hacia una reconsideración global de la postura de México en materia de políticas sobre drogas”.

FUENTE: hrw.org

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Van por anular investigación de la FGJ sobre L12

El despacho Regino Abogados prepara una ruta jurídica que lleve a la nulidad de la investigación realizada por la Fiscalía capitalina sobre la tragedia en la línea 12 del Metro.

Gabriel Regino, director de ese despacho, acusó la violación al debido proceso por parte de la Fiscalía local y de parte de la empresa DNV.

Esa violación al debido proceso configura la nulidad de todas las investigaciones realizadas hasta ahora, argumentó el abogado.

Esta es parte de la estrategia de Regino Abogados para defender a un grupo de 15 ex funcionarios del proyecto Metro y responsables de la construcción de la línea 12.

Entre esos ex funcionarios están el ingeniero Enrique Horcasitas y Moisés Guerrero Ponce, este último director de Obra Civil del Proyecto Metro.

“Parece que ahora quieren barrer el polvo debajo de la alfombra.

“Nos estamos anticipando a lo que ya vemos venir, quieren culpar a nuestras clientes”, dijo Gabriel Regino en conferencia de prensa.

LA DENUNCIA PENAL

Durante la conferencia, dio a conocer que su despacho presentó una denuncia penal ante la FGR, en contra la Fiscal del Caso de la línea 12 y contra la empresa DNV.

La denuncia es por la alteración de indicios y en el caso de la empresa por realizar investigaciones que no le competen.

Acusó que DNV México, filial de la empresa que tiene su sede en Oslo, Noruega, es la que verdaderamente ha dirigido las investigaciones sobre el colapso de la trabe que provocó la muerte de 26 personas.

Esa intromisión de DNV, denunció, ha puesto en riesgo la validez de lo investigado, todo ello bajo la anuencia y la parcialidad de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX.

Gabriel Regino expuso que el pasado 6 de agosto, la licenciada María de la Luz Alcántar Alcántar, Adscrita a la Agencia de Atención Especializada en Usuarios del Metro, le entregó indebidamente a DNV indicios de acero supuestamente recolectados en la zona del incidente.

Esa empresa, que no tiene especialización es investigación forense, envió a sus laboratorios en Ohio los indicios referidos, pero en el regreso de los mismos a México se perdió la cadena de custodia.

Además, el empaque de los indicios fue violado y se tuvo que regresar el material a Ohio para empaquetarlo otra vez.

El abogado acusó que por haber entregado esos indicios a un particular, en este caso de parte de Luz Alcántar a DNV, la funcionaria y la empresa incurrieron en delitos de corrupción en la procuración de justicia.

Esos ilícitos, detalló, están contenidos en el primer párrafo del artículo 293 Quarter del Código Penal.

De hecho, ese artículo es nuevo, se creo como parte de la Ley Ingrid y su aplicación es exclusiva para servidores públicos.

Pero Gabriel Regino dijo que la empresa DNV es responsable en coautoría, por haber recibido indicios de una escena del crimen y eso está prohibido.

Agregó que en el caso de los funcionarios involucrados en esa conducta el castigo es pena de prisión, de 2 a 6 años.VER TAMBIÉN

En el caso de DNV, el castigo podría ser la disolución de la empresa.

NO PARARÁN AHÍ 

También anunció que su despacho no parará ahí, pues está en contacto con abogados noruegos, para denunciar a la casa matriz de DNV, ante la ausencia de un código de ética interno.

La falta de ese código queda de manifiesto con la manipulación de pruebas que ha hecho la filial en México, dijo Regino.

También dio a conocer que en las próximas horas presentará una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Ahí acusará a la Fiscalía de Justicia de la Ciudad por haber violado el principio de imparcialidad.

Gabriel Regino estimó que derivado de la denuncia que ya presentó ante la FGR, en algún momento podría ser llamada a declarar Ernestina Godoy, pues es evidente que en la Fiscalía capitalina hay una cadena de mando y María de la Luz Alcántar no se manda sola.

También explicó que una vez judicializada la carpeta de investigación y el juez de control cite a comparecer a las partes puede proceder la nulidad de la investigación que hasta ahora han hecho las autoridades locales.

FUENTE: capitalcdmx

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José Vasconcelos. Biografía

José Vasconcelos Calderón nació el 27 de febrero de 1882, en la ciudad de Oaxaca. Murió el 30 de junio de 1959, en México, D. F. Por el trabajo de su padre, pasó la infancia en diversas ciudades, entre ellas, en Piedras Negras, Coahuila. Cursó estudios en Eagle Pass, Texas, y en el puerto de Campeche. Estudió la preparatoria y la carrera de abogado en la Universidad Nacional. Se recibió en 1907. Estuvo en Durango como agente de un despacho noeoyorkino. Participó en la fundación del Ateneo de la Juventud, en 1909. Se incorporó al movimiento maderista. Se adhirió a Venustiano Carranza en su lucha contra Victoriano Huerta. En el gobierno emanado de la Convención de Aguascalientes figuró como ministro de Instrucción Pública. Fue rector de la Universidad Nacional y Secretario de Educación Pública en la administración de Álvaro Obregón. Se postuló como candidato para las elecciones presidenciales de 1929. Al ser declarado presidente electo Pascual Ortiz Rubio, marchó al exilio. Regresó al país en 1940. Fue miembro fundador de El Colegio Nacional. A partir de 1946 dirigió la Biblioteca de México. En 1953 ingresó a la Academia Mexicana de la Lengua. Autor de una obra muy amplia, en la que tocó diversos temas, sobre todo los de carácter sociológico, histórico, filosófico y literario, publicó sus memorias, en cuatro volúmenes. El primero de éstos, Ulises criollo. La vida del autor escrita por él mismo (1935), es considerado como una obra de carácter novelesco. Abarca hasta el asesinato de Madero y Pino Suárez, en 1913. La tormenta. Segunda parte de Ulises criollo (1936), concluye con el asesinato de Carranza, en 1920.

Fuentes

  • Diccionario Porrúa de historia, biografía y geografía de México. Tomo 4. Miguel León-Portilla, director. México: Editorial Porrúa, 1995, pp. 3680-3681.
  • Humberto Musacchio, Milenios de México. Diccionario Enciclopédico de México. Tomo 3. México: Hoja Casa Editorial, 1999, p. 3179.
  • Diccionario de Escritores Mexicanos. Tomo IX (U-Z). Dirección y asesoría de Aurora M. Ocampo. México: UNAM, 2007, pp. 154-177.
  • Enciclopedia de México. Tomo 10. México: Editorial Planeta Grandes Publicaciones de México, 2008, pp. 4386-4387.
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Nelson Mandela

(Nelson Rolihlahla Mandela; Mvezo, Transkei, 1918 – Johannesburgo, 2013) Activista y político sudafricano que lideró los movimientos contra el apartheid y que, tras una larga lucha y 27 años de cárcel, presidió en 1994 el primer gobierno que ponía fin al régimen racista. El siglo XX dejó dos guerras mundiales, los campos de exterminio y el terror atómico, pero también grandes campeones de la lucha contra la injusticia, como Mahatma Gandhi o Martin Luther King. El último y más carismático de ellos fue Nelson Mandela.

Como la de cualquier niño africano en las zonas rurales, la infancia de Nelson Mandela transcurrió entre juegos y en estrecho contacto con las tradiciones de su pueblo. Hijo del jefe de una tribu, se le puso de nombre Rolihlahla, que significa revoltoso, pero a los siete años, con el fin de que pudiera asistir a la escuela metodista, fue bautizado con el nombre de Nelson en la iglesia de Transkei; ya famoso, sus compatriotas lo llamarían Madiba, por el nombre de su clan.

Dos años después, a causa del fallecimiento de su padre, el pequeño Nelson quedó al cuidado de un primo suyo, el gran jefe Jongintaba; con él que se aficionó a escuchar a los jefes tribales y tomó conciencia del sentido de la justicia. Cumplidos los dieciséis años, pasó a formar parte del consejo tribal; tres años después, en 1937, ingresó en el internado para negros de Ford Hare para cursar estudios superiores.

Pero cuando en 1941 supo que el jefe Jongintaba había concertado para él un matrimonio, Mandela resolvió abandonar su aldea y partió a Johannesburgo. Pobremente establecido en el superpoblado suburbio de Alexandra, al poco de llegar conoció a Walter Sisulu, con quien trabó una amistad que sería determinante en todos los ámbitos: influyó en sus ideas políticas, le ayudó a conseguir trabajo y a finalizar sus estudios de derecho y le presentó a su prima Evelyn Mase, con la que contraería matrimonio en 1944.

Un líder nato

Tanto Walter Sisulu como la infinidad de personas que tuvieron contacto con Mandela a lo largo de su vida coinciden en señalar su extraordinaria personalidad. El poder de seducción, la confianza en sí mismo, la capacidad de trabajo, la valentía y la integridad figuran entre las virtudes por las que brillaba allá donde fuese. Sisulu captó de inmediato sus innatas dotes de líder y lo introdujo en el Congreso Nacional Africano (ANC), un movimiento de lucha contra la opresión que desde hacía décadas venían padeciendo los negros sudafricanos. Pronto sus cualidades lo situarían en puestos prominentes de la organización. En 1944, Mandela fue uno de los líderes fundadores de la Liga de la Juventud del Congreso, que llegaría a constituir el grupo dominante del Congreso Nacional Africano; su ideología era un socialismo africano: nacionalista, antirracista y antiimperialista.

En 1948 llegó al poder en Sudáfrica el Partido Nacional, que institucionalizó la segregación racial creando el régimen del apartheid. En realidad, el racismo institucional se remontaba en Sudáfrica al menos a 1911, fecha de una disposición discriminatoria que prohibía a los negros ocupar puestos de trabajo cualificados. Numerosas medidas promulgadas en las décadas siguientes (treinta y seis en total) habían llevado ya, por poner un solo ejemplo, a la exclusión de negros y mestizos del censo electoral.

El triunfo del Partido Nacional de los Afrikaaners (blancos descendientes de los boers holandeses que colonizaron el país) vino a corroborar y a ampliar sin eufemismos lo ya existente: el gobierno de Daniel Malan (1948-1954) puso en pie un sistema completo de segregación y discriminación social, económica, cultural, política y territorial en perjuicio de la mayoría negra; era el llamado apartheid o “desarrollo separado de cada raza en la zona geográfica que le es asignada”, según la definición oficial. Los gobiernos siguientes, presididos por Strijdom y Verwoerd, continuaron idéntica política. Un decreto de 1949 prohibió los matrimonios mixtos; otras leyes y reglamentos posteriores acabaron de configurar el sistema segregacionista: reconocimiento oficial de las razas, segregación a la hora de utilizar servicios (incluso el espacio de las playas) y separación en las fábricas y en los transportes públicos.

Bajo la inspiración de Gandhi, el Congreso Nacional Africano propugnaba métodos de lucha no violentos: la Liga de la Juventud del Congreso (presidida por Mandela en 1951-1952) organizó campañas de desobediencia civil contra las leyes segregacionistas. En 1952 Mandela pasó a presidir la federación del Congreso Nacional Africano de la provincia sudafricana de Transvaal, al tiempo que dirigía a los voluntarios que desafiaban al régimen; se había convertido en el líder de hecho del movimiento.

La represión produjo 8.000 detenciones, incluyendo la de Mandela, que fue confinado en Johannesburgo. Allí estableció el primer bufete de abogados negros de Sudáfrica. Paulatinamente había ido abandonando su postura africanista y adoptado la ideología del humanismo internacionalista que sostendría durante toda su vida. En 1955, cumplidas sus condenas, reapareció en público, promoviendo la aprobación de una Carta de la Libertad, en la que se plasmaba la aspiración de un Estado multirracial, igualitario y democrático, una reforma agraria y una política de justicia social en el reparto de la riqueza. Por aquellos años otra mujer irrumpió con fuerza en su vida: la asistente social Nomzano Winnie Madikizela, más conocida como Winnie Mandela, con la que se casó en 1958.

La exacerbación del apartheid

El endurecimiento del régimen racista llegó a su culminación en 1956, con el plan del gobierno de crear siete reservas o bantustanes, territorios marginales supuestamente independientes en los que se pretendía confinar a la mayoría negra, que representaba más del setenta por ciento de la población. Tal medida conllevaba condenar a los negros no sólo a la marginación, sino también a la miseria: aquellas tierras no podían ofrecer un medio de vida porque estarían demasiado pobladas como para que su agricultura los pudiese alimentar, o para que sus industrias diesen trabajo a todos. Por lo demás, el poder blanco nunca estaría interesado en crear ninguna industria importante en tales reservas por el peligro de que fuesen competitivas respecto a las de las áreas blancas de la República.

El Congreso Nacional Africano respondió con manifestaciones y boicoteos que condujeron a la detención de la mayor parte de sus dirigentes; Mandela fue acusado de alta traición, juzgado y liberado por falta de pruebas en 1961. Durante el largo juicio tuvo lugar la matanza de Sharpeville, en la que la policía abrió fuego contra una multitud desarmada que protestaba contra las leyes racistas, matando a 69 manifestantes (1960). La matanza aconsejó al gobierno declarar el estado de emergencia, en virtud del cual arrestó a los líderes de la oposición negra: Mandela permaneció detenido varios meses sin juicio.

Aquellos hechos terminaron de convencer a los líderes del Congreso Nacional Africano de la imposibilidad de seguir luchando por métodos no violentos, que no debilitaban al régimen y que provocaban una represión igualmente sangrienta. En 1961 Mandela fue elegido secretario honorario del Congreso de Acción Nacional de Toda África, un nuevo movimiento clandestino que adoptó el sabotaje como medio de lucha contra el régimen de la recién proclamada República Sudafricana; se encargó asimismo de dirigir el brazo armado del Congreso Nacional Africano (la Lanza de la Nación). Su estrategia se centró en atacar instalaciones de importancia económica o de valor simbólico, excluyendo atentar contra vidas humanas.

En 1962 viajó por diversos países africanos recaudando fondos, recibiendo instrucción militar y haciendo propaganda de la causa sudafricana; a su regreso, Mandela fue detenido y condenado a cinco años de cárcel. Mientras aún estaba en prisión, fue uno de los ocho dirigentes de la Lanza de la Nación declarados culpables de sabotaje, traición y conspiración violenta para derrocar al gobierno en el juicio de Rivonia (1963-1964), a cuyo término dirigió a los jueces un célebre alegato final, lleno de firmeza y dramatismo, que no impidió que fuese condenado a cadena perpetua. Pese a hallarse en cautiverio, ese mismo año fue nombrado presidente del Congreso Nacional Africano.

De la cárcel a la presidencia

Prisionero durante 27 años (1963-1990) en penosas condiciones, el gobierno de Sudáfrica rechazó todas las peticiones de que fuera puesto en libertad. Nelson Mandela se convirtió en un símbolo de la lucha contra el apartheid dentro y fuera del país, en una figura legendaria que representaba el sufrimiento y la falta de libertad de todos los negros sudafricanos.

En 1984 el gobierno intentó acabar con tan incómodo mito, ofreciéndole la libertad si aceptaba establecerse en uno de los bantustanes a los que el régimen había concedido una ficción de independencia; Mandela rechazó el ofrecimiento. Durante aquellos años su esposa Winnie simbolizó la continuidad de la lucha, alcanzando importantes posiciones en el Congreso Nacional Africano. El ferviente activismo de Winnie no estuvo exento de escándalos; años después, ya en los 90, se vería envuelta en un polémico juicio en el que fue acusada de asesinato, si bien salió absuelta.

Finalmente, Frederik De Klerk, presidente de la República por el Partido Nacional, hubo de ceder ante la evidencia y abrir el camino para desmontar la segregación racial. En febrero de 1990 legalizó el Congreso Nacional Africano y liberó a Mandela, que se convirtió en su principal interlocutor para negociar el desmantelamiento del apartheid y la transición a una democracia multirracial; pese a la complejidad del proceso, ambos supieron culminar exitosamente las negociaciones. Mandela y De Klerk compartieron el Premio Nobel de la Paz en 1993.

Las elecciones de 1994 convirtieron a Mandela en el primer presidente negro de Sudáfrica (1994-1999); desde ese cargo puso en marcha una política de reconciliación nacional, manteniendo a De Klerk como vicepresidente y tratando de atraer hacia la participación democrática al díscolo partido Inkhata de mayoría zulú. Una película del cineasta estadounidense Clint EastwoodInvictus (2009), reflejaría con bastante fidelidad el Mandela de aquellos años; su apoyo a una selección nacional formada por blancos durante la Copa Mundial de Rugby de 1995, celebrada en Sudáfrica, muestra su empeño en integrar la minoría blanca y la mayoría negra sirviéndose de aquel acontecimiento deportivo y su firme voluntad de construir una nación para todos los sudafricanos, sin distinción de raza.

Mandela inició el Plan de Reconstrucción y Desarrollo, que destinó grandes cantidades de dinero a mejorar el nivel de vida de los sudafricanos negros en cuestiones como la educación, la vivienda, la sanidad o el empleo, e impulsó asimismo la redacción de una nueva constitución para el país, que fue finalmente aprobada por el parlamento en 1996. Un año después cedió la dirección del Congreso Nacional Africano a Thabo Mbeki, destinado a convertirse en su sucesor en la presidencia. En 1998, dos años después de haberse divorciado de Winnie, contrajo matrimonio con Graça Machel, viuda del antiguo presidente de Mozambique, Samora Machel.

Junto con el arzobispo Desmond Tutu, que presidía la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, Nelson Mandela presentó en junio de 1998 el informe con las conclusiones de la Comisión. La talla del dirigente africano quedó patente una vez más cuando, frente al parecer del Congreso Nacional Africano, avaló las conclusiones del informe, que señalaban no solamente los abusos y crímenes del régimen segregacionista, sino también los cometidos por los diversos grupos de los movimientos de liberación, incluido el Congreso Nacional Africano. Tres meses antes de finalizar su mandato, Mandela anunció que no pensaba presentarse a la reelección. Le sucedió en la presidencia Thabo Mbeki, vencedor en las elecciones de junio de 1999.

Apartado de la vida política desde ese año, recibió múltiples reconocimientos, si bien sus problemas de salud hicieron cada vez más esporádicas sus apariciones públicas. Pese a su retirada, el fervor que Mandela despertaba en sus compatriotas siguió vivo: en 2010 estuvo presente en las ceremonias del Mundial de Fútbol de Sudáfrica, y recibió el caluroso apoyo de la multitud; en julio de 2013, estando el líder gravemente enfermo, la población sudafricana se lanzó a las calles para celebrar su 95º aniversario. Elevado a la categoría de uno de los personajes más carismáticos e influyentes del siglo XX, su figura ha entrado en la historia como encarnación de la lucha por la libertad y la justicia y como símbolo de toda una nación.

FUENTE: biografiasyvidas

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El derecho al aborto en México: una victoria progresista

La sentencia de la Suprema Corte supone una victoria no solo para los colectivos feministas que durante décadas han luchado por el reconocimiento del derecho al aborto, sino para toda una sociedad que desde hoy puede presumir de ser más justa.

La Suprema Corte de Justicia de México ha tomado una decisión histórica y necesaria al despenalizar el aborto. La sentencia supone una victoria no solo para los colectivos feministas que durante décadas han luchado a brazo partido por el reconocimiento de este derecho básico, sino para toda una sociedad que desde hoy puede presumir de ser más justa. A diferencia de la involución que ha sufrido Texas y de las aberrantes legislaciones de Nicaragua u Honduras, México ha elegido una senda que ha de servir de guía a otros países de América.MÁS INFORMACIÓNAborto en México: leyes, sentencias y dificultades

Los argumentos aportados por los ministros en su fallo, aprobado por unanimidad, reflejan el alcance de la medida. Junto al derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo, los jueces reconocen la obligación del Estado a garantizar el aborto como parte de la sanidad pública y la necesidad de acabar con la criminalización y persecución de quienes optan por interrumpir el embarazo. Una amenaza que, como ha señalado el propio presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, recae casi siempre sobre las mujeres más pobres y marginadas. No son palabras menores en un país donde cada año se practican casi un millón de abortos clandestinos, un tercio de los cuales derivan en complicaciones que requieren atención médica urgente.

Alcanzada la victoria judicial, ahora le llega el turno al Congreso de aprobar las leyes que le den cobertura plena y derriben las barreras estatales que aún queden (la sentencia tiene efecto inmediato en Coahuila, origen del caso, y en el resto de estados es un precedente obligatorio para todos los poderes judiciales). En otras decisiones, como fue el fallo sobre el uso recreacional de la marihuana, el Parlamento prefirió mirar hacia otro lado y puso el asunto en el congelador. Es de esperar que el presidente Andrés Manuel López Obrador y su grupo parlamentario no incurran en semejante desatino y movilicen todas sus fuerzas. Dejar la sentencia sin desarrollo legislativo sería un flaco favor a sus ciudadanos y a la Constitución. Aunque hay territorios, con la Ciudad de México a la cabeza, donde el aborto es legal, todavía quedan amplías zonas en las que imperan los horrores de la clandestinidad.

Poner fin a esta inadmisible sangría, reconocer la responsabilidad del Estado y solidificar el derecho a decidir sobre el propio cuerpo son triunfos de un México progresista. Un país en el que, más allá de los prejuicios, late una sociedad solidaria y moderna, con una Suprema Corte que ha demostrado estar a su altura. Toca que el Gobierno y los congresistas también lo estén. El daño de no lograrlo sería demasiado alto.

FUENTE: elpais

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Desafíos del acceso de justicia en México durante la Era Digital

Por: Rosa María Rosas Villicana

Resumen

Las tecnologías de la información han transformado todos los ámbitos sociales y también a los sistemas jurídicos. En México, el derecho-garantía de acceso a la justicia presenta grandes desafíos y ventajas que nos involucran desde lo individual a lo social.

Palabras clave: ciberjusticia, tecnologías de la información, acceso a la justicia.Después de la Revolución Industrial, el momento histórico de mayor transformación que surge a partir de la globalización, lo estamos viviendo en la llamada Era Digital o Era de la Información, por las ventajas que brinda el internet y las nuevas tecnologías de comunicación, que paradójicamente pueden ser importantes medios para acceder a la tutela de la jurisdicción, pero también, debido a la brecha digital, retos para alcanzarla.En México, el acceso a la justicia es un derecho humano y garantía, consagrado en el art. 17 constitucional y que se ha redimensionado ante las nuevas tecnologías. Su significado y alcance no se limita al texto constitucional, requiere además de una explicación razonable; una efectividad práctica (Ortíz, 2005). Hoy por hoy reconoce que es necesario entrelazar los aspectos operativos, normativos y tecnológicos para que sea garantizada.A nivel mundial se han dado muestras de las experiencias internacionales han dado muestra de que la tutela jurídica requiere utilizar las tecnologías de la información (TIC) consolidándose un nuevo modelo de la ciberjusticia con las características especiales que sea generalizado y obligatorio. Nuestro país, aún se encuentra pasos atrás en la consolidación de este modelo y aunque ya se ha iniciado la modernización tecnológica en el sistema jurídico, a nivel estatal los avances tienen diferentes ritmos.


Para el experto Hugo Alcántar, subsisten grandes barreras técnicas en las acciones colectivas en México para el acceso a la justicia que pueden ser superadas a través del uso de la tecnología, entre otros elementos (Alcántar, 2017). El acceso a la tutela jurídica a través del uso de las TIC conlleva grandes ventajas, como la eficacia, la transparencia, la economía, la disminución de errores y principalmente la agilidad, ya que justicia que no es pronta no es justicia, entre muchas otras ventajas.

Sin embargo, nos encontramos ante grandes desafíos y considero que podemos dividirlos en dos: los extrapersonales y lo personales. Los primeros comprenden desde aspectos presupuestarios, normativos, políticas públicas que tengan como objetivo disminuir las grandes brechas digitales en nuestro país y que hagan posible que cualquier persona tenga acceso a la tecnología y cuente con el servicio de internet, como un servicio público y no un lujo. Los desafíos personales son los que podemos vencer con disposición al cambio, reconociendo que nos encontramos en momentos de transformación digital y ello impulse a desarrollar capacidades y habilidades tecnológicas.Hoy por hoy, en las aulas (físicas y virtuales) se encuentran formando las y los futuros jueces, 

litigantes, ministerios públicos, mediadores, notarios, etc., cuya labor en cualquiera de los roles que en la vida profesional ejerzan, estarán al frente con una gran responsabilidad profesional para dirimir un conflicto, desde la vía jurisdiccional oa través de medios alternativos que hagan efectivo el acceso a la justicia.

Conclusiones

El efecto acelerador de la pandemia del COVID-19, ha hecho más visible que la modernización tecnológica es parte de nuestras vidas y de nuestro mundo jurídico. Se ha generado un cambio de paradigmas del derecho fundamental de acceso a la justicia que requiere un profundo cambio en la formación y el ejercicio de la abogacía y conquistar los nuevos desafíos.

Referencias

Alcántar, H. (2017). Coloquio Binacional México-España. Obtenido de Acceso a la justicia y Estado de Derecho.:

Ortíz, L. (2005). El derecho a la justicia-UNAM. Obtenido de www.juridicas.unam.mx: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2547/20.pdf

FUENTE: portaldeinvestigacion

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AMLO y su reforma eléctrica buscan honrar una promesa: la ‘limpia’ de los órganos autónomos

El mandatario ha sido bastante crítico con estos organismos, enfocándose a veces en el presupuesto que demandan.

El controvertido proyecto de reforma eléctrica que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso de México tiene ‘en la mira’ a los reguladores energéticos independientes del país.

La legislación apunta principalmente a respaldar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pero también propone que la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía desaparezcan, y que el operador nacional del sistema interconectado, el Centro Nacional de Control de Energía, sea absorbido por la CFE.

Existe incertidumbre en torno a si el proyecto de ley tendrá éxito, ya que el partido de AMLO, Morena, necesitará apoyo desde fuera de la coalición gobernante para modificar la Constitución.


De ser aprobada, podría ser la última estocada a las emblemáticas reformas energéticas impulsadas en México. Los reguladores se fundaron como parte de las reformas de 2013 y 2014 que abrieron el sector petrolero mexicano a la inversión privada después de más de tres cuartos de siglo en los que la CFE y Petróleos Mexicanos tenían el monopolio.

Rodolfo Rueda, socio del bufete de abogados Holland & Knight LLP, en Ciudad de México, dijo que no hay duda de que la iniciativa podría alterar el mercado y tener un impacto en la competencia.

La búsqueda por la eliminación de los órganismos autónomos energéticos no es nueva. En enero, el director de la CFE, Manuel Bartlett, consideró que prácticamente todos los organismos autónomos se podrían absorber.

“Yo creo que se pueden absorber todos y lo ha explicado el presidente con toda claridad, fueron haciendo, y mire que tengo tiempo en la política, fueron arrancando acciones fundamentales del Estado para hacerlos autónomas”, argumentó.

En una de sus conferencias matutinas, el presidente López Obrador criticó el número de plazas de la CRE y, con ello, el presupuesto destinado al regulador.

FUENTE: elfinanciero

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La tecnología como un nuevo Estado de Derecho en México

En el alba de las últimas décadas, la tecnología ha alcanzado un uso inmensurable que progresivamente ha evolucionado como una herramienta indispensable en la vida cotidiana. Así, de manera radical y casi impredecible, la tecnología ha transformado cada aspecto de la estructura social, de tal manera que la conectividad resultante del uso omnipresente de algoritmos e interacciones humanas, han generado la necesidad de una adaptación por un nuevo Estado de Derecho. Frente a esto, los diferentes sistemas jurídicos han incidido en una serie de ajustes y modificaciones para contrarrestar el desfase entre el derecho existente y la realidad social. No obstante, a medida que la inteligencia artificial[1] (IA) —machine learning[2] y deep learning[3]— avanza en su aplicación en instituciones públicas y privadas, en la economía, la banca, las estadísticas, la publicidad, entre otros ámbitos, cabe cuestionar cuáles son las limitaciones éticas y jurídicas de esta misma.

Hoy en día, la aplicación de la IA dentro del sector legal mexicano es muy baja o casi nula. Empero, muchos de los recursos de su aplicación pueden verse reflejados en la administración de los servicios bancarios. Es decir, en la automatización de documentos, en la predicción de tarifas y créditos, en motores de búsqueda, entre otras cosas. En dichas actividades el empleo de la IA presupone el uso de datos estadísticos, anónimos, autogenerados, históricos y personales. De ahí que, en términos de la normatividad mexicana, bajo el rubro de la Constitución y legislación federal, las instituciones bancarias deben atender al respeto de los derechos humanos. Con motivo de lo anterior, la finalidad del presente ensayo es postular que la implementación de la inteligencia artificial —machine learning y deep learning— en el mercado bursátil mexicano dará lugar al surgimiento de una controversia jurídica con respecto a la ética profesional[4] de la toma de decisiones de los agentes financieros.

En primera instancia, el desempeño de la IA está sustentado en una serie de redes neuronales capaces de procesar, analizar y aprender de grandes bloques de información.[5] Por consiguiente, el aprendizaje automático es transformado en un aprendizaje profundo sujeto a un ente artificial. Lo anterior posibilita el surgimiento de la falta de transparencia en la toma de decisiones automatizadas en el mercado bursátil. Asimismo, da lugar a la aparición de nuevos perfiles, la falta de regulación de estos y abre paso a la discriminación y sesgos resultantes de este aprendizaje con base en un banco de datos sin filtraciones.[6] Inherente a esto, la IA, al producir una falta de transparencia, un conocimiento incierto sujeto a cambios constantes y, a su vez, difícil de caracterizar, funda la posibilidad de establecer el surgimiento de una serie de discusiones de carácter jurídico. Verbigracia, controversias sobre la propiedad intelectual, invasión de la privacidad de los ciudadanos, entre otros. Ante esto, la implementación de programas de algoritmos en el mercado bursátil implica una obtención, administración y uso de datos personales, lo que abre la posibilidad del surgimiento de una controversia jurídica con respecto a la toma de decisiones de los agentes financieros.

Del mismo modo, el conocimiento producido a través de la IA puede llegar a ser clasificado en tres tipos: declarativo, procedimental y heurístico.[7] A su vez, este conocimiento puede llegar a producir soluciones eficientes para el marcado. Sin embargo, la categorización del conocimiento no presenta una característica suficiente y necesaria para evitar el surgimiento de controversias jurídicas, puesto que esta codificación puede asegurar una solución eficiente más no ética. Aunado a esto, este nuevo conocimiento debe de ser usado bajo estrictos criterios de responsabilidad y de transparencia o de lo contrario, surgiría la posibilidad de la creación de un panóptico digital.[8]

En segunda instancia, actualmente el uso de la IA y la protección y propiedad de datos personales en México está regulado parcialmente bajo la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares[9].  Sin embargo, en conformidad con los últimos avances que la IA ha presentado, México requiere una estrategia nacional mucho más exhaustiva, puesto que la mencionada Ley sí brinda una protección ciudadana más no regula enteramente el uso de algoritmos. En este sentido, es necesario la integración de códigos que atiendan al desarrollo de la implementación y registro de algoritmos en México. Al mismo tiempo que aseguren de manera certera la protección de los derechos fundamentales y, de manera detallada, principios éticos, regulatorios y legales. De tal manera que la implementación de esta futura reglamentación en México asegure el desarrollo de un código de ética con base en un marco de transparencia. De lo contrario, la íntegra implementación de la IA en la sociedad mexicana creará una notable discrepancia entre las tecnologías sociales —instituciones privadas, gobierno, leyes y administración pública— y las tecnologías físicas —machine leargning y deep learning—.

Asimismo, en virtud de estas evoluciones tecnológicas una serie de académicos han postulado, en conjunto, distintos planes para enfrentar de la mejor manera estas implementaciones tecnológicas. Por ejemplo, el académico Enrique Graue Wiechers, rector de la UNAM, desarrolló una agenda consensuada entre más de 80 instituciones de ciencia, tecnología e innovación con el objetivo de contribuir al desarrollo de la implementación tecnológica de la nación.[10] Con esto, el objetivo del documento “Hacia la Consolidación y Desarrollo de Políticas Públicas en Ciencia, Tecnología e Innovación. Objetivo estratégico para una política de Estado 2018-2024” es sentar las bases para que México pueda desarrollar una planeación estratégica que atienda a una modificación de la normatividad actual mexicana. Si bien, dicho documento ejemplifica razones multidimensionales para el uso e implementación de la IA, este requiere la realización de un diagnóstico arduo y preciso para determinar las fortalezas y debilidades normativas en México, con el propósito de regular el uso de algoritmos. Aunado a esto, será necesaria la creación de una coordinación multisectorial, es decir, la implementación de un plan de competencias entre el gobierno, las instituciones públicas y privadas, los inversionistas y los usuarios.

En tercera instancia, México requiere incorporar de manera plena el concepto de algoritmos a su legislación para permitir adquirir una regulación jurídica de los mismos. De lo contrario, debido a su falta de reglamentación, emerge una brecha que da lugar a controversias de ética profesional. Si los algoritmos son interpretados más allá de su carácter de fórmula matemática y son vistos, por la legislación mexicana, como parte de la normativa jurídica, entonces, estos adquieren un carácter jurídico. De ser un ente jurídico sujeto al Estado democrático de Derecho, las instituciones bancarias deberán procurar una transparencia, publicidad y aplicabilidad en sus usos.

En este sentido, es posible afirmar que el problema de la regulación del uso de algoritmos radica en la falta de esta. Parte del problema descansa en la desinformación por parte de las instituciones bancarias de las regulaciones existentes, de ahí que, emergen una serie de controversias de ética profesional. En principio, lo óptimo sería la creación de un organismo regulatorio del uso de algoritmos por parte de las instituciones bancarias. Dicho organismo deberá ser creado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores el cual tiene el objetivo de supervisar y regular, en el ámbito de su competencia, a las entidades financieras, así como mantener y fomentar el sano y equilibrado desarrollo de dicho sistema en su conjunto a fin de procurar la protección del interés público.[11] Así, los efectos de tal acción en individual aparentan ser nulos. Sin embargo, la acción en colectivo lo determina todo. Por lo tanto, un verdadero cambio radica en la implementación de organismos regulatorios que cuenten con una competencia nacional, así como con regulaciones arduas y estrictas que aseguren la protección de los derechos fundamentales.

En suma, si el derecho atiende a las necesidades sociales entonces el estado mexicano tiene la obligación de regular las controversias emergentes, siendo estas, hoy en día, el uso de la IA, a fin de asegurar la protección de la integridad e interés público. De lo contrario, las autoridades gubernamentales estarían cometiendo una violación a su función ejecutiva. Por tanto, al regular el uso de la IA por parte de las instituciones bancarias y el servicio a cliente el estado mexicano podrá llegar a una estabilidad dinámica que evite el surgimiento de controversias de ética profesional e invasión a la privacidad de los individuos. De igual manera, el Estado podrá asegurar una transparencia en la toma de decisiones automatizadas y aseverar la dignidad y autonomía ciudadana.

Bibliografía

“Boletín UNAM-DGCS-511 Ciudad Universitaria”. Dirección General de Comunicación Social, 22 de agosto de 2018. https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2018_511.html.

B Nair, Shivashankar & Knights, Kevin & Rich, Elaine. “Knowledge Representation”. Artificial Intelligence, (Madrid: McGraw-Hill, 1994): 79-97.

Cedillo Lazcano, Israel. “La inteligencia artificial frente al imperio de la ley”. Centro de Estudios Constitucionales SCJN, 04 de mayo de 2020. https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/blog-cec/la-inteligencia-artificial-frente-al-imperio-de-la-ley.

Lazcano, Rafael. “Diferencia entre inteligencia artificial, machine learning y Deep learning”. Blog de Innovación de Enzyme, 06 de enero de 2020. https://blog.enzymeadvisinggroup.com/inteligencia-artificial-machine-learning.

Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. (México: Cámara de diputados, 2012). https://www.senado.gob.mx/comisiones/finanzas_publicas/docs/LCNBV.pdf.

Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. (México: Cámara de diputados, 2010). http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPDPPP.pdf.

[1] El término inteligencia artificial alude al estudio, al desarrollo y a la aplicación de técnicas informativas que permiten a las computadoras adquirir un conjunto de habilidades inherentes de la inteligencia del ser humano.

Rafael Lazcano, “Diferencia entre inteligencia artificial, machine learning y Deep learning,” Blog de Innovación de Enzyme, 06 de enero de 2020, https://blog.enzymeadvisinggroup.com/inteligencia-artificial-machine-learning.

[2]  El término machine learning alude al proceso de aprendizaje por parte de las computadoras con base en una formación a partir del procesamiento de una serie de datos.

Lazcano, “Diferencia.”

[3] El término deep learning alude a la programación de algoritmos capaces de aprender a realizar tareas de manera autónoma con base en una serie de redes neuronales.

Lazcano, “Diferencia.”

[4] Al hacer referencia a la ética profesional el presente ensayo refiere al conjunto de normas, principios y valores jurídicos aplicados en el uso de algoritmos por parte de las instituciones bancarias.

[5] Rafael Lazcano, “Diferencia entre inteligencia artificial, machine learning y Deep learning,” Blog de Innovación de Enzyme, 06 de enero de 2020, https://blog.enzymeadvisinggroup.com/inteligencia-artificial-machine-learning.

[6] El funcionamiento de los algoritmos es sustentado en una base de datos con diversos grados de información especializada, mismos que apuntan a la complejidad de su aplicación. Por ejemplo, en ocasiones los sistemas y la base de datos utilizados por los algoritmos contienen en si mismos información sesgada y discriminatoria. De ahí que, la aplicación de los algoritmos solamente es eficaz en la medida de la verosimilitud de los datos utilizados. De lo contrario, esto abre paso a una controversia de determinar en quién recae la responsabilidad del sesgo y discriminación creada, si en los algoritmos, en los creadores de las bases de datos utilizados por la IA o en las mismas instituciones bancarias.

[7] Shivashankar B Nair & Kevin Knights & Elaine Rich, “Knowledge Representation,” Artificial Intelligence, (Madrid: McGraw-Hill, 1994): 79-97.

[8] Israel Cedillo Lazcano, “La inteligencia artificial frente al imperio de la ley,” Centro de Estudios Constitucionales SCJN, 04 de mayo de 2020, https://www.sitios.scjn.gob.mx/cec/blog-cec/la-inteligencia-artificial-frente-al-imperio-de-la-ley.

[9] En conformidad con lo establecido en artículo 1 de la Ley el objetivo es regular el derecho de autodeterminación informativa de las personas.

Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. (México: Cámara de diputados, 2010). Art. 1 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPDPPP.pdf.

[10] “Boletín UNAM-DGCS-511 Ciudad Universitaria,” Dirección General de Comunicación Social, 22 de agosto de 2018, https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2018_511.html.

[11] Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. (México: Cámara de diputados, 2012). Art. 2. https://www.senado.gob.mx/comisiones/finanzas_publicas/docs/LCNBV.pdf.

FUENTE: derechoenaccion

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El Día del Abogado y su origen en México

En 1959, el Diario de México, en voz de Rolando Rueda de León, pidió al Presidente de la República, don Adolfo López Mateos, que se declarara el 12 de julio como el Día del Abogado en México.

Dicha propuesta fue aceptada y puesta en vigor desde 1960. La fecha está anclada en sucesos de relevancia, tal como se expone a continuación: 

El 12 de julio de 1539 se impartió por vez primera la cátedra de Derecho en América Latina, teniendo como sede la Nueva España. Además, se dictaron las primeras Ordenanzas de Buen Gobierno, lo que tuvo como resultado que el rey Carlos V de España, por cédula expedida el 21 de septiembre de 1551, diera la orden de establecer en la virreinal Ciudad de México un Estudio de Universidad de Todas Ciencias y, posteriormente conllevar la inauguración de la Real y Pontificia Universidad, lo que ocurrió durante el mandato del virrey don Luis de Velasco.

Con tal suceso, las facultades que dieron inicio a la historia de la educación superior en nuestro país fueron la de Cánones y la de Leyes. El primer sitio donde se estableció la Real y Pontificia Universidad de México fue la Calzada de Tlacotalpan, al este de la Catedral, en el centro histórico de la ciudad.

Otro acontecimiento relevante que dio pie a considerar esta fecha como punto clave para el establecimiento oficial de la celebración, es que el 12 de julio de 1553, don Bartolomé de Frías y Albornoz leyó la Prima de Leyes.

Con base en los argumentos ya mencionados, : La iniciativa de celebrar en México, a partir del próximo 12 de julio el Día del Abogado, se inspira fundamentalmente en el propósito de enaltecer la dignidad de la Justicia y de quienes le sirven con lealtad y aptitud. El contenido, el alma del Derecho, es, o debe ser, la necesidad imperativa de Justicia. En la Facultad se ha celebrado año con año esta trascendente fecha. Grandes juristas la han presidido y los memorables discursos que al efecto se han expedido, pueden consultarse en la Revista de nuestra escuela.

Cabe mencionar que el 12 de julio sólo se celebra el Día del Abogado en México y Guatemala, pero no es una festividad exclusiva de ambos países. En Argentina se llevan a cabo dichos festejos el 29 de agosto, en Ecuador el 20 de febrero; Venezuela y Colombia el 23 de junio. En el resto del mundo, tal hecho coincide con el día de San Ivo de Kermartin, santo francés que es considerado patrón de los abogados.

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María Asunción Sandoval.

María Asunción Sandoval (ca. 1876-n.d.), mejor conocida como María Asunción Sandoval de Zarco fue la primera mujer que obtuvo el título de abogada en México. Desgraciadamente, como sucede con otros casos de mujeres que fueron las primeras profesionistas en el país, solo se conocen sus datos académicos, pero muy poco o nada de su vida privada, incluidas las fechas de nacimiento y fallecimiento. De Sandoval solo se sabe que cuando cursó preparatoria ya era huérfana de madre, que entonces vivía en una situación económica precaria, que se casó con un señor apellidado Zarco y que ejerció la abogacía estando casada.

Gracias a la polémica desatada en el porfiriato sobre si las mujeres debían o no estudiar una profesión y participar en la vida pública, se sabe un poco más de ella: “Dolores Correa Zapata escribió una sembanza de María Sandoval de Zarco, abogada y la única de la generación inicial de profesionistas que contrajo matrimonio, en la que la escritora intenta tranquilizar a los ansiosos: “veis como la ciencia no quita a la mujer nada de su poética belleza ni tampoco la incapacita para el desempeño de los más humildes trabajos del hogar”. El hogar de la licenciada Sandoval de Zarco es “poético y risueño”, continua Correa Zapata, quien aseguraba que la que el tener título de abogada no impedía que la señora Sandoval de Zarco desempeñando sus responsabilidades domésticas y se ocupara del bienestar de su marido como toda buena esposa: “y veis como ese talle erguido y arrogante que ante el jurado defiende al inocente, al débil, puede también inclinarse ante el brasero a preparar la suculenta sopa para el amado padre y el adorado esposo?”

En la preparatoria[editar]

Panorámica de la Ciudad de México en 1862 cuando la Segunda Intervención Francesa interrumpió el proceso de creación del sistema educativo al margen de la Iglesia católica

1867 marcó la caída del imperio de Maximiliano y la restauración de la República. Uno de sus primeros actos de gobierno fue dar los primeros pasos para lograr la estructura legal de la educación. Para ello, el 2 de diciembre, Benito Juarez, decretó la Ley Orgánica de la Instrucción Pública en el Distrito Federal. Con ella se reglamentó el artículo 3º de la Constitución de 1857. “Difundir la ilustración en el pueblo es el medio más seguro y eficaz de moralizarlo y de establecer una manera sólida la libertad y el respeto a la Constitución y a las leyes,” planteó el propio presidente en su exposición de motivos.2

Ese mismo 2 de diciembre de 1867 nació la Escuela Nacional Preparatoria. Dos años después se perfeccionó la legislación en materia educativa. Permaneció inmutable el hecho de que con ellas se abría oportunidades de estudio para hombres y para mujeres. Sin embargo, las primeras generaciones de estudiantes femeninas aún se demoraron 20 años, hasta 1887, cuando el presidente era Porfirio Díaz.Benito Juárez reglamentó la educación y abrió legalmente la oportunidad a que las mujeres estudiaran en la ENP

Sandoval fue miembro de la primera generación de mujeres que asistió a la Preparatoria. Ingresó en 1887 y terminó en 1891. En enero del siguiente año, recibió su certificado firmado por Nicolás Fuentes, prefecto superior y secretario de la Escuela. Fue una de las dos jóvenes que al ingresar a la preparatoria quería estudiar Derecho.

“… la documentación consultada refleja las preferencias profesionales de estas primeras preparatorianas. De un total de 72 alumnas localizadas en las últimas dos décadas del siglo pasado, 33 se inclinaban por la medicina, siete por farmacia, dos pretendían llegar a ser abogadas, una más notaria, otra de ellas manifestaba particular interés por la ingeniería y sólo dos por la telegrafía. Del resto, 20 no precisan alguna preferencia disciplinaria, la vocación de una más es ilegible, 3 eran oyentes adscritas a otra institución y dos más sólo se conocen por sus estudios previos.”3

Primera abogada[editar]

Después, entre 1892 y 1898, Sandoval cursó la carrera de abogado en la Escuela Nacional de Jurisprudencia (ENJ) en el inmueble del ex convento de las monjas dominicas llamado Santa Catalina de Siena, en la esquina de las calles República de Argentina y San Ildefonso, en el centro de la ciudad. Su número de cuenta fue 2083. El director era Justino Fernández (del 16 de enero de 1885 al 14 de agosto de 1901).Porfirio Díaz estuvo a favor de que las mujeres estudiaran una profesión

Del 19 de enero de 1892 al 18 de febrero de 1896 María Asunción Sandoval gozó de una beca-pensión de 25 pesos mensuales hasta alcanzar un total de 150, otorgada por el gobierno de Porfirio Díaz.

En relación con el trato que recibió como alumna de la ENJ, la profesora Dolores Correa Zapata, en la revista La Mujer Mexicana, criticó a los profesores que demostraban “su pena por tener que consentir en un absurdo: el de enseñar Derecho a una mujer”. Así también exaltaba, en honor de la época, “la actitud de los jóvenes condiscípulos de la señorita Sandoval, al no mostrarse díscolos con ella”.4

Terminados sus estudios, en julio de 1898, presentó su examen profesional. El acontecimiento fue noticia de periódico: El Imparcial además de referirse a su juventud, que “apenas ocultará unos 22 años de edad” y a su agradable presencia, subrayó el acierto y precisión de sus respuestas, prueba -decía- de los “profundos conocimientos que ha adquirido en Derecho”. De acuerdo con algunos abogados asistentes al acto, la tesis profesional de la joven era “una verdadera pieza jurídica”, reflejo del brillante papel que había hecho durante su práctica como pasante, en la que destacaba particular mente el juicio en que Sandoval logró demostrar la inocencia de una mujer acusada de asesinato.3Rafael Reyes Spíndola fundador de El Imparcial

“Por su parte, El Mundo aprovechó el “inusitado acto” para atacar “la doctrina antifeminista”, partidaria de la división sexual del trabajo y apoyar el valor de estas primeras profesionistas, cuyo empuje le resulta digno de ejemplo, pues les permitía emanciparse de la tutela masculina, bastarse a sí mismas y procurarse, mediante el estudio y el trabajo, una posición digna y medios para subsistir. En tono realista observaba que “la mujer come igual que el hombre” y, como él, debía de estar suficientemente preparada para enfrentarse a la vida:… Por eso, cuando una Matilde Montoya5​ o una María Asunción Sandoval se sobreponen a esas preocupaciones, estudian, pasan exámenes y conquistan un título profesional, las aplaudimos, las felicitamos, y las consideramos como los apóstoles y las precursoras de la rehabilitación de la mujer.”6Como todos los títulos profesionales de su época, el de la abogada Sandoval fue firmado por Porfirio Díaz

Sandoval fue la única que se recibió de abogada en el porfiriato y quien, como todos los profesionistas de entonces, tuvo su título profesional con la firma de Porfirio Díaz. La segunda mujer que estudió Derecho en México, Clementina Batalla, obtuvo su título profesional en 1920.

Fuentes consultadas[editar]

  • Alfaro Gómez, Cecilia. (2009). “Las primeras universitarias mexicanas” en Boletín finsemaniado[1]
  • Alvarado, Ma. de Lourdes. y Elizabeth Becerril Guzmán. Mujeres y educación superior en el México del siglo XIX. Los prolegómenos. México, CESU-UNAM. [2]
  • Cano, Gabriela. (2012). “Ansiedades de género en México frente al ingreso de las mujeres a las profesiones de medicina y jurisprudencia.” En Projecto historia Sao Paulo. No. 45 p. 13-28. [3]
  • Chaoul, María Eugenia (2003). “Educación y municipio siglo XIX. Los argumentos de la gestión educativa municipal, 1867-1896”. En Estudios Generales, ITAM. Estudios. vol. 1, n.º 66, pp. 21-48.
  • Galicia García, Eva María. “¿Sabías qué?” En Carpe Diem Facultad de Derecho, UV [4]
  • Lira Alonso, María Patricia “La primera abogada mexicana” En v|lex México. Información jurídica inteligente.

FUENTE: wikipedia