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¿Puede la inteligencia artificial sustituir a los abogados en el futuro?

Desde que en 2016 un grupo de investigadores desarrollase un algoritmo capaz de predecir con un 79% de acierto el fallo que los magistrados del TEDH emitirían sobre una sentencia, se ha abierto un debate sobre el impacto de la inteligencia artificial (IA) en el sector jurídico, y si en un futuro será capaz de sustituir a jueces y abogados.

La IA puede ser una herramienta útil para desempeñar las labores jurídicas, pero nunca podrá sustituir a un juez o a un abogado. La labor del jurista es la interpretación y aplicación de la ley, la cual exige una capacidad de contextualizar, una tarea que no puede realizar de forma automatizada un programa informático. Además, por muy impresionantes que sean los avances tecnológicos, siguen estando lejos de replicar la inteligencia, la capacidad moral y la empatía humana, cualidades fundamentales a la hora de ejercer la profesión de abogado. En consecuencia, la IA tendrá una aplicación muy limitada en jurisdicciones que requieran tener en cuenta elementos subjetivos que necesitan de una interpretación por parte de un ser humano, como pueden ser el derecho penal o el derecho de familia. Sin embargo, la IA sí tendrá un papel relevante en aquellos procedimientos con un carácter puramente formal o en asuntos que tienen una solución objetiva, pues están basados en la automatización y en el análisis de la normativa vigente. Por tanto, estas herramientas tecnológicas tendrán un mayor impacto en el ámbito del derecho mercantil, fiscal y civil.

Lo que resulta innegable es que la IA ha llegado para quedarse, y así lo demuestra la encuesta realizada por Law Firms in Transition Survey, según la cual el 84% de los despachos estadounidenses consideran que la implantación de la inteligencia artificial no es algo pasajero, sino una obligación estratégica. Y es que los beneficios de la IA para los bufetes de abogados son numerosos. Para empezar, liberaría a los abogados de parte de la carga del trabajo investigador y de documentación que realizan hasta ahora. Esto les permitiría centrarse en tareas que realmente aporten un valor añadido, además de repercutir este ahorro de trabajo en las minutas que se pasan a los clientes.

Otra ventaja es que se minimizarán los riesgos de cometer errores, pues los algoritmos que se están desarrollando son capaces de preparar nuevos contratos a través de un análisis jurídico y un proceso de redacción automatizados, que permite que cada entidad adapte a las nuevas normas la documentación sobre mantenimiento de garantías. Todo ello permite asegurarse de que no haya incumplimientos normativos accidentales sin tener a equipos de abogados dedicados a revisar los contratos. En este sentido, la tecnología contribuirá a que los bufetes sean más eficientes, pues les permitirá agilizar los procesos y ofrecer a los clientes un servicio más personalizado. La IA puede ser también un aliado para la Administración de Justicia, ya que ayudará a aliviar la carga de trabajo que actualmente se acumula en los juzgados, además de permitir a jueces y fiscales concentrar su actividad en aquellos procesos que requieran soluciones interpretativas.

Sin embargo, existen muchas dudas acerca del impacto de la IA en el sector jurídico. Uno de los principales obstáculos es la lenta digitalización de la Justicia española, por lo que parece difícil que veamos la aplicación de estas herramientas en los tribunales en los próximos años. Los expertos señalan que habría que generar un salto cualitativo tanto tecnológico como cultural dentro de la Administración de Justicia e impulsar cambios procesales para admitir documentos generados por la inteligencia artificial. No obstante, en algunos países como Estonia ya se están preparando para tener “jueces robot” basados en la IA.

Otro problema que presenta la IA es la falta de legislación al respecto, sumada a los riesgos derivados de posibles fallos en los algoritmos o a los problemas de ataques cibernéticos. Todo ello podría acarrear problemas de responsabilidad a los propios bufetes después de los últimos cambios en el Código Penal, en concreto de los artículos 284, 285 y 285 bis, por las que se extiende la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los supuestos que regulan los mencionados artículos. Por tanto, es fundamental una regulación integral de la materia que dote de seguridad jurídica, tanto a los abogados como a los clientes, a la hora de emplear estas herramientas tecnológicas en las labores jurídicas. También existen dudas relativas a la compatibilidad de la IA con el respeto de los derechos fundamentales, por lo que debe garantizarse que su utilización no suponga una vulneración directa o indirecta de los valores constitucionales.

La irrupción de la inteligencia artificial en el sector jurídico también ha planteado interrogantes respecto al impacto que pueda tener en la formación académica y profesional de los juristas. Sin duda, la IA cambiará el día a día del profesional legal, y de hecho ya lo está haciendo a pequeña escala. No obstante, este desarrollo tecnológico no requerirá que los juristas se conviertan en expertos informáticos ni que tengan elevados conocimientos de programación, pero sí que aprendan a trabajar con aquellos profesionales que puedan desarrollarla y sepan facilitarles lo que necesitan para lograr herramientas que respondan a las necesidades de los clientes y de la sociedad.

En conclusión, la inteligencia artificial no es algo opcional, sino una realidad que otorga a la Justicia una gran oportunidad para ser más eficiente a la hora de cumplir con uno de sus objetivos básicos: solucionar los conflictos entre personas de manera imparcial, rápida y ajustada a la Ley. Sin embargo, los protagonistas de todo ello seguirán siendo las personas. Sin duda, la tecnología será un instrumento fundamental y muy útil para los juristas, pero no podrá reemplazarlos, pues seguirá siendo necesario el desarrollo de habilidades creativas que sólo pueden ofrecer los seres humanos.


Autor: Álvaro López de Ochoa García 

FUENTE: diariojuridico

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AMLO: esto es lo que quiere cambiar de la Constitución para beneficiar a CFE

El presidente envió la iniciativa para modificar tres artículos con el fin de garantizar la seguridad energética del país.

Por Arturo Solís01 de octubre, 2021 | 09:21 amTiempo de lectura: 2 minutos

Ciudad de México — El presidente Andrés Manuel López Obrador envió una iniciativa a la Cámara de Diputados para cambiar la Constitución mexicana y beneficiar a la empresa estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La propuesta de reforma pretende modificar los artículos 25, 27 y 28 y otros nueve transitoriosdetalló el nuevo secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, durante la conferencia de prensa matutina del mandatario.

“Estamos procurando resarcir el daño que ocasionó la llamada reforma energética. No significa nacionalizar ni estatizar, significa darle su lugar a la CFE”, declaró López Obrador.

Estas son las principales modificaciones que propone el mandatario a la Carta Magna:

CFE producirá 54% de la electricidad y sector privado generará hasta 46%. Hoy CFE produce el 36% del total.

Desaparición de subsidiarias y filiales de CFE para crear una sola entidad con personal jurídica propia que se encargue de la generación, distribución y administración energética producida.

Eliminación de contratos de autoabasto y Productores Independientes de Energía (PIE), utilizada por grandes industrias y cadenas comerciales para producir su electricidad, y de compra de electricidad, respectivamente.

Desaparición de los reguladores energéticos, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) “por beneficiar al sector privado”, según López Obrador. Su estructura y atribuciones pasarán a la Secretaría de Energía (Sener).

Regreso a la CFE del Centro Nacional de Control de la Energía (Cenace), el cual opera el sistema eléctrico nacional y garantiza la imparcialidad en el acceso a las redes de transmisión y distribución, así como la operación del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).

No habrá concesiones de litio, un mineral estratégico que se utiliza para las baterías de almacenamiento de energía, y solo será explotado por el Estado mexicano.

Cancelación de Certificados de Energías Limpias que representan un ingreso adicional para generadores privados y del que la CFE fue excluida, según la propuesta.

Despacho por parte de CFE de centrales eléctricas por mérito económico, cumpliendo con criterios de confiabilidad, continuidad y estabilidad, incluidas las plantas privadas.

Determinación de CFE sobre tarifas de transmisión y Distribución, así como tarifas de usuarios finales.

Establecimiento de contratos para la compra de energía y capacidad del sector privado con un régimen especial distinto al establecido en el artículo 134 constitucional.

Santiago Barcón, CEO de la firma energética Baorgg, y exconsejero consultivo de la CRE, dijo a Bloomberg Línea que el presidente carece de la mayoría necesaria para aprobarla, pero puede negociar con la oposición, por lo que probablemente es que la reforma termine en tribunales, pues el andamiaje legal y tratados comerciales internacionales están detrás de los reguladores.

“A la iniciativa la veo como el muro de Trump: dice que lo va a hacer, pero a la mera hora no lo va a hacer”—  Santiago Barcón, exconsejero consultivo de la CRE

La iniciativa dejaría en el limbo a 26.000 permisionarios del sector privado regulados por la CRE, advirtió Marcial Díaz, abogado y consultor en el sector energético de la firma Lexoil.

Agregó que la oposición puede presentar una controversia constitucional mientras que las empresas recursos de amparo.

“Habrá que leer el punto fino de quién los va a regular y en qué limbo quedan y aquellos que tienen un trámite iniciado”, dijo.

Lee más:López Obrador buscará fortalecer a mexicana CFE con reforma

Esta historia se actualizó a las 9:55 horas con las atribuciones de CFE en el sector eléctrico, según la iniciativa de cambios a la Constitución, vista por Bloomberg Línea.

FUENTE: bloomberglinea

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¿Cuál es el perfil ideal del estudiante de Derecho?

La decisión sobre qué carrera estudiar y en qué escuela hacerlo es una de las  más complicadas e importantes de todas aquellas a las que nos enfrentamos a lo largo de nuestra vida. Cuando pensamos en una carrera para estudiar estamos planeando a futuro, reflexionamos acerca de nuestra vida profesional, laboral y, por supuesto, también sobre nuestro futuro económico.

Sin embargo, para tomar una determinación tan relevante, no solo debemos tener presente lo que ya hemos mencionado, sino que también hay que tomar en cuenta nuestras habilidades, gustos y aptitudes, solo así podremos asegurarnos de tomar la decisión más acertada.

La carrera de Derecho es apasionante y busca objetivos específicos a los cuales tendrás que entregarte, y para ayudarte a decidirte a estudiar esta licenciatura, aquí te vamos a revelar cuál es el perfil ideal de un estudiante de esta maravillosa profesión. ¿Qué debe tener un estudiante para sumergirse en este mundo de las leyes?

Vocación: Sin lugar a dudas, esto es lo más importante para decidirte a estudiar cualquier carrera profesional, no solo para cursarla, sino también para ejercerla. Los estudiantes que quieran ingresar a esta carrera deben tener interés por conflictos sociales, administrativos, económicos, etc. Deben informarse y conocer circunstancias varias de injusticia o maltrato, casos en los que esté dispuestos a ayudar para la resolución de cualquier conflicto.

El estudiante de Derecho debe encontrarse en una constante búsqueda de la verdad, saber jugar el papel de mediador, y siempre buscar que las personas obtengan lo que les corresponde.

Disciplina: Es cierto que toda profesión y toda carrera requiere de disciplina, empero, para convertirte en un estudiante exitoso y posteriormente un gran abogado, fiscalista, penalista, jurista, o profesional del derecho en general, los hábitos de estudio son fundamentales.

La capacidad para convertirte en un estudiante destacado depende totalmente de ti, de tu perseverancia, esfuerzo y constancia, y no tanto de la suerte o de la creatividad, elemento muy importante en licenciaturas relacionadas con los medios de comunicación o con el arte. 

Si decides estudiar Derecho, preferentemente deberás crear un plan de estudios para que poseas una agenda definida en cuanto a tiempos, ya sea para lecturas, recreación y otras actividades, ya que además de ser comprometido o comprometida, también deberás contar o desarrollar una gran habilidad de concentración.

Gusto por la lectura: Es muy complicado que no hayas considerado previamente este punto al pensar en el perfil ideal de un estudiante de Derecho, ya que la mayor parte de la información con la que cuenta un estudiante y un futuro profesional de esta carrera proviene de libros, documentos, facturas, comunicados, periódicos, y demás textos útiles para la investigación o para el entendimiento del marco jurídico de algún caso en específico.

Por ello, es muy importante que desarrolles una extraordinaria capacidad de concentración, de lo contrario no serás capaz de comprender y procesar toda la información a la que te verás expuesto durante la carrera y en una futura vida profesional. Si te apasiona el Derecho pero no eres un gran lector o lectora, comienza de inmediato, ya que esta acción ejercitará tu mente para convertirla en una máquina de análisis.

Análisis: Terminamos el punto anterior con esta palabra porque representa una actividad que no puede existir sin concentración, disciplina y, sobre todo, lectura. La capacidad de análisis en la carrera de Derecho está relacionada con el conocimiento que poseemos, con los documentos que amparen cualquier decisión que podamos tomar en el caso de algún proceso legal, por ejemplo. 

Un abogado y un estudiante necesitan tener un pensamiento analítico y visión a futuro, esto será primordial para su formación profesional. El abogado es como un jugador de ajedrez de la vida real, un estratega de la justicia y de la ley.

Conocimiento y cultura general: El Derecho no es estático, no permanece inmóvil a través del tiempo y de la historia, por el contrario, el Derecho se actualiza conforme a los avances tecnológicos y sociales, y es precisamente por ello que el estudiante de esta carrera debe mantenerse igualmente actualizado sobre el acontecer del mundo y especialmente del acontecer nacional.

Expresión Oral: ¿Conoces a algún abogado que no sepa persuadir a la gente? La persuasión es una de las grandes habilidades de todo abogado, es de esta manera como defienden casos, comunican argumentos u objetivos, como expresan términos legales a jueces, magistrados u otros abogados. Esta es una habilidad que puede irse desarrollando con el tiempo y con la práctica, así que si no eres un gran orador, no te preocupes, la licenciatura incluye esta asignatura como parte del programa. 

Capacidad para debatir: No solo debes tener capacidad, sino pasión por el debate, debes ser capaz de argumentar todo lo que creas necesario para exponer tu punto de vista con el propósito de persuadir y convencer a los demás. Recuerda que un abogado busca justicia y al momento de buscar que esta se lleve a cabo deberás tener: paciencia para escuchar y gran elocuencia para hablar, dominar tus emociones, estructurar tu pensamiento y finalmente argumentar.

Actitud de servicio: Un abogado es un paladín de la sociedad, su servicio está en función de los otros, de auxiliar a todo aquel que necesite asesoría. El Derecho busca la justicia, el cumplimiento de las normas, y si no tienes en mente esto, deberías reflexionarlo seriamente.

Estas son algunas de las características principales que debe tener todo aquel que esté interesado en la licenciatura en Derecho, una de las carreras más completas que existe y que brinda una gran gama de posibilidades laborales. Si te sientes identificado con estas particularidades estudia Derecho, y si no, trabaja en ello.

FUENTE: uidm

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DERECHO COLABORATIVO. EL CONOCIMIENTO QUE TODO ABOGADO DEBE ADQUIRIR PARA LOGRAR UNA LABOR MÁS EFICIENTE

Rafael Horacio Montoya Vargas

RESUMEN:En la actualidad, el jurista necesita formarse, no sólo en los esquemas adversariales, sino, también, en las visiones de cooperación y fomento a la cultura de la paz, que no pretenden relegar la perspectiva personal del conflicto, sino generar un comportamiento colaborativo, responsable y constructivo, que permita a las partes asumir sus obligaciones con base en los intereses recíprocos, a fin de proponer soluciones que puedan ser integradoras y participativas. Este enfoque, que pretende desafiar los paradigmas existentes, exige modificar el plan de estudios de la licenciatura en derecho para dar cabida a una nueva asignatura: el derecho colaborativo.

Introducción

Desde el origen más remoto de las civilizaciones humanas una de las principales preocupaciones ha sido la atención y solución de los conflictos suscitados entre sus miembros. Las sociedades primitivas consideraban que la mejor manera de atender las controversias era a través de reglas de observancia general, que constituían verdaderos derechos y obligaciones para cada uno de los miembros de la comunidad. Cuando las sociedades antiguas comenzaron a estructurarse y organizarse propicia que su sistema de reglas fuera cada vez más complejo y que naciera formalmente lo que actualmente conocemos como ciencia del derecho, para cuyo entendimiento y aplicación eran requeridos operadores expertos. Los albores de la disciplina se remontan a la antigua Grecia, lugar en donde se representaba por la Diosa Themis, protectora de todos los profesionales que realizaban funciones de abogados o juristas. En ese tiempo fue mucho el prestigio que fue ganando todo aquel que realizara la labor de la abogacía: “Aquel que hace por otro”. Nace así una profesión que en su desarrollo se mantendrá siempre ligada a la historia de la humanidad, de la justicia y de los ideales del Estado, los que han sido pilares fundamentales para su desarrollo y evolución permanente, hasta convertirse en una de las profesiones elegidas de manera preferente por jóvenes que culminan sus estudios de bachillerato.

II. Necesidad de la ciencia jurídica

La actividad profesional jurídica surge entonces por la imperiosa necesidad de contar, dentro del grupo social, con expertos en la interpretación de las normas emanadas de los Estados debidamente estructurados. Los gobernantes en turno tomaban el cúmulo de reglas que debía observar el ciudadano, tanto de las costumbres sociales como de la moral de los pueblos. Además, los órganos o autoridades que auxiliaban al soberano en la tarea de gobernar creaban leyes sumamente complejas, cuya comprensión e implementación quedaba sólo al alcance de quien dedicaba todo su tiempo al estudio a fin de comprender la instrumentación y, como consecuencia, contar con aptitud de brindar asesoría o servicio legal a quien por cualquier circunstancia quebrantara la paz y el orden.Las civilizaciones que marcaron el rumbo de los Estados debidamente organizados fueron la griega y la ateniense. Con su pensamiento filosófico y epistemológico determinaron, también, el desarrollo de la justicia. En Atenas se funda la primera escuela de juristas y, según narra la historia, Pericles se convierte en el primer profesional en ejercicio de la función de abogado; sin embargo, no fue sino hasta la aparición de la civilización romana cuando el derecho alcanza su punto más alto de desarrollo. Las instituciones de ésta preveían dos figuras estrechamente relacionadas al sistema jurídico; el advocati o causadici que corresponde a lo que hoy en día conocemos como abogados y los jurisconsulti o iurisprudenti que no tenían títulos como los advocati, pero que asistían y auxiliaban a otros en los juicios públicos, además de aconsejarlos para su defensa debida.

Durante los casi tres siglos comprendidos entre la fundación de Roma, año 753 a.C., y hasta la aparición de la compilación Justiniana y la caída del Imperio Romano de Occidente, en 476, el imperio había conquistado gran parte de lo que hoy es Europa, África y algunos territorios de Asia, en los que permeó su sistema jurídico y propició la evolución a costa de las circunstancias que se presentaban en cada uno de los territorios (Morineau, 2006); la ambición expansionista romana los llevó a que, desde mediados del siglo II a.C., sometieran a la península ibérica a un fuerte proceso de romanización, el cual vino a culminar en el año 209 a.C. con la conquista de Nova Carthago (hoy Cartagena) por el general Publio Cornelio Escipión, quien posteriormente fundó la colonia Itálica cerca de Sevilla. La ocupación romana en el territorio español trajo condigo grandes avances en el tema del derecho municipal. A pesar de la fuerte organización española, a la caída del imperio fue perdiendo cohesión y poder, lo que provocó que el pueblo germano de los godos lo invadiera y ocuparan.

El territorio español, ahora dominado por los visigodos (godos del este), fue conquistado intelectualmente por las instituciones, las creencias, las costumbres, los usos y el sistema jurídico existente en el territorio, los cuales conservaron la estructura municipal, en gran medida. En éste, la adopción de la normativa romana, a la cual introdujeron nuevas formas e instituciones, dio origen a la ley romana de los visigodos. Sin embargo, el año 711 marca el inicio de la conquista de los árabes, extendida por toda la península, con excepción de las regiones montañosas de Cantabria y los Pirineos. El dominio durará cerca de ocho siglos, y no será hasta que el rey Pelayo, en Asturias, emprende la reconquista de los territorios invadidos cuando culmina la desocupación, en 1492, con la toma de Granada. Ello propiciará la unificación del derecho (Valencia, 2016).

Con la conquista, los españoles migraron a la Nueva España y con ellos la organización, las instituciones, el derecho y la tradición romano-canónica. En ésta, por impulso de Fray Juan de Zumárraga y de Antonio de Mendoza, primer virrey de la Nueva España, mediante cédula del príncipe Felipe, el 25 de enero de 1553 fue fundada la Real y Pontificia Universidad de México (Universidad Pontifica de México, 2015) que impartía la cátedra de leyes. Para cursarla, los estudiantes debían haber concluido la escuela de letras y gramática latina, esta última tras realizar estudios a lo largo de tres años. Una vez concluidos los estudios universitarios, el alumno podía optar por el grado de bachiller en leyes, que alcanzaba mediante la aplicación de un examen de conocimientos, o de licenciado o doctor en leyes con la presentación y defensa de una tesis.

III. La enseñanza del derecho en México

La enseñanza de la disciplina jurídica -en México- la podemos clasificar en dos grandes periodos. El primero comprende desde el virreinato hasta la primera mitad del siglo XIX, donde predominó una configuración curricular orientada a la formación académica. El segundo va desde la creación de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, en 1867, hasta época actual. En fecha posterior se funda el Ilustre y Real Colegio de Abogados de México (1760) gracias a la cédula emitida por el Rey Carlos III, que tenía como finalidad el ejercicio del mutualismo y ciertos actos de piedad, además de elevar el nivel de la práctica jurídica; de ahí que únicamente aquellos que estuvieran matriculados podrían fungir como litigantes en las audiencias de la Corte de México (Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, 2018). En 1867, por Decreto de la Ley Orgánica de la Instrucción Pública para el Distrito Federal y Territorios se crea la Escuela Nacional de Jurisprudencia que preparaba, no sólo a los profesionales del derecho, sino también a los escribanos, agentes de negocios y licenciados en economía, la que para 1951 se convertiría en la actual Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (México, y otros, 2013). Y en 1912 se funda la Escuela Libre de Derecho como la primera institución particular de educación superior especializada en enseñar la ciencia jurídica en el país.

Con el devenir de los años, la profesión de abogado no sólo se fue consolidando, sino que, además, se convertirá en la profesión favorita de quienes dirigirán los destinos políticos de la Nación, tal vez basados en el primer reto que cualquier gobernante enfrenta en su gestión: consolidar un verdadero Estado de derecho. Por la cabeza de cualquier gobernante, primero deben sentarse las bases para que los gobernados perciban la seguridad jurídica que el Estado les brinda.

La dignidad y popularidad que representaba tener un título de abogado, que además repercutía en el estatus social y económico de quien ejercía tan noble profesión, como consecuencia devino la saturación de la licenciatura y, por lo menos en México, cada vez surgían más escuelas o facultades de leyes. Algunas incluso con el ofrecimiento de que el experto en dicha disciplina lograría su culminación en tan solo dos años, lo que dejaba mucho que desear sobre el nivel académico de dichas instituciones. No obstante, el crecimiento y la evolución, el currículo de casi todas las escuelas o facultades de derecho mantenían los programas tradicionales en donde las materias básicas como derecho romano, derecho civil, derecho penal, derecho agrario, derecho mercantil, y los respectivos procesales, eran las materias “estrellas” de los programas de estudio.

IV. Necesidad de nuevas asignaturas

No será hasta hace aproximadamente diez años, cuando se empiezan a incorporar nuevas asignaturas jurídicas en los planes de estudios respectivos; algunas pasajeras, pero otras llegaron para quedarse, como el derecho ecológico y una que de modo particular reviste importancia para este ensayo; la materia denominada mecanismos o métodos alternos o alternativos de solución de controversias o conflictos, conocida por el acrónimo: Masc. Surge, así, el estudio de las soluciones alternas de controversias que, en algunas instituciones educativas, los alumnos la han cursado por elección, dado que es de carácter optativo. Aun así, estimamos que representa un avance de consideración, que, al estudioso de la disciplina jurídica, a lo largo de sus estudios le muestren un paradigma distinto al de la justicia adversarial. No obstante, para reforzarlo hacen falta otras asignaturas bajo este enfoque.

V. Derecho colaborativo

La cuestión de si la materia debe conformar o no el currículo obligatorio; cuál debe ser el contenido del programa de estudios respectivo, o incluso su denominación precisa, aunado a la carencia de textos que apoyen su compresión, han impedido que el nuevo paradigma detone acorde con las necesidades actuales de búsqueda de otras salidas al conflicto. Por tanto, nos parece lógico y comprensible definir una nueva rama de la ciencia jurídica que favorezca el estudio homogéneo y efectivo -aun a manera de introducción o antecedente- de los mecanismos alternos de solución de controversias; incluso desde un enfoque jurídico, como les gusta a quienes diseñan los programas de estudios de la licenciatura multicitada. A partir de una estructura legal nueva que resulte de comprensión más sencilla para docentes y alumnos, resultaría atractivo ofrecer la materia que denominaremos: derecho colaborativo, en razón de que no los sacará de su esquema conceptual el que, en una licenciatura en abogacía, de necesidad deben estudiarse derechos.

Así, al hablar de derecho colaborativo se continúa bajo el estereotipo de compresión y estudio de la ciencias o materias que conformen el plan de estudios de la carrera de abogado. El derecho colaborativo convendría al gremio educativo. Al momento del desarrollo del programa, pronto se darían cuenta de que lo que se busca es la preparación de los abogados, no para el litigio o la confrontación legal, sino para aprender a construir acuerdos mutuamente satisfactorios y buscar que los clientes se encuentren satisfechos por la asesoría o representación que les fue dada, al apreciar que sus antagonistas, los que no serán más adversarios, también serán vencidos.

Antes de postular una nueva disciplina jurídica resulta indispensable analizar la problemática que, en un momento dado, justifica esta postura. Para ello basta con comparar, por cruda que sea, las deudas que la hetero-composición tiene con la sociedad. Si partimos de la base de que el derecho en el momento actual tiene como característica fundamental la forma hetero-compositiva de resolución de los conflictos, habría que partir del principio básico de que es otro, un tercero ajeno a las partes en conflicto, quien resuelve sus diferencias basado en un sistema de normas, y es ahí precisamente donde encontramos la situación problemática, ¿cuántas veces la resolución dictada por el tercero ajeno al conflicto no ha dejado satisfecha ni a la persona a quién se decretó ganadora del proceso, mucho menos a quien resultó perdedor? Y éste no es el único dilema, sino, además, el grado de satisfacción que, a las partes, deja la intervención del órgano jurisdiccional respecto de la controversia que le plantearon a través de sus escritos procesales.

VI. Análisis de un caso práctico

En los primeros años de la profesión, después de haber recibido toda la formación adversarial tradicional suficiente para la atención de los conflictos planteados por los futuros clientes, tuvimos oportunidad de atender la petición de una señora, quien deseaba asesoría y representación en juicio por la infidelidad sufrida por parte de su esposo, del cual: “Nada quería saber”. Su testimonio principal sostenía que, en fecha reciente, se había enterado de que su todavía cónyuge había tenido un hijo fuera de matrimonio, e incluso lo había reconocido. A partir de esta petición, nuestro pensamiento lógico-jurídico, basado en las enseñanzas de confrontación y adversariales de nuestros formadores en la profesión, entendimos o deducimos que lo que la señora quería o pedía era la disolución del vínculo matrimonial con el hombre que había traicionado el juramento de fidelidad mutua que se debe toda pareja, y que el plus en nuestros servicios sería dejarla satisfecha; por supuesto: “dándole con todo al infiel”.

La estrategia a seguir fue la siguiente: la demanda de divorcio fue interpuesta y en la misma fue invocada, como causal, el adulterio; bajo la manga se tenía un as para su procedencia, el acta de nacimiento donde el esposo reconocía haber tenido un hijo con otra durante el tiempo en que había estado casado con la defendida. El hombre casado no puede o, mejor dicho, no debe, reconocer un hijo procreado con mujer distinta de su esposa. De forma simultánea fue presentada una denuncia ante el ministerio público por el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar. En ésta, como probable responsable fue señalado el esposo adúltero, pues con motivo de la actividad extramarital desatendía las necesidades básicas de su familia. Ambos escritos fructificaron, y al poco tiempo fue emplazado en el juzgado civil (en ese entonces no existían los juzgados de familia en el Estado de Guanajuato) y después de haber dado contestación, los agentes ministeriales cumplimentaron la orden de aprehensión otorgada por el juez: el varón fue remitido a uno de los centros de readaptación social del Estado.

Después del pago de la fianza respectiva, el demandado nos buscó como abogados de la contraparte, y ofreció allanarse a las pretensiones planteadas en la demanda civil. Insistió en que se convenciera, a su todavía esposa, para que le otorgara el perdón en el proceso penal respectivo, pues éste se sigue a petición de parte agraviada, no de oficio. La oferta resultaba tentadora; una vez que recibió y firmó el escrito de allanamiento, la clienta hizo lo propio en el juzgado penal. Como consecuencia, la sentencia en el proceso civil fue favorable. Como abogado, la satisfacción fue plena, en razón de que habíamos llevado a cabo una excelente representación jurídica, pues, en la práctica, la imperiosa necesidad de justicia de quien la solicitó fue concretada: obtuvo el fallo favorable a sus intereses.

No obstante, la historia no termina aquí, sino un año después. Al ir transitando por una de las calles de Guanajuato, nos percatamos de una pareja de enamorados que buscaba pasar inadvertida de nuestra vista, pensamos que se trataba de algún familiar o de alguna persona cercana que por alguna razón esquivaba de nuestras miradas su tórrido romance; con asombro, duda y curiosidad, nos acercamos a la pareja y, nuestra sorpresa fue mayúscula: eran aquellos que meses atrás habían disuelto el vínculo matrimonial con nuestra intervención y apoyo. La clienta había regresado con su exmarido. Les dimos un afectuoso saludo, mismo que devolvieron un tanto apenados, acompañado de una sonrisa. En ese entonces, con la sola formación como abogado adversarial pensamos en la máxima popular que afirma que los seres humanos somos el único animal capaz de, “tropezar dos veces con la misma piedra”. La situación resultaba simpática, sin hacer mayor reflexión analítica sobre lo peculiar.

Después de siete años de llevado ese asunto y en la época en la que iniciamos el conocimiento particularizado sobre la mediación y la conciliación como procedimientos de autocomposición asistida, la postura adversarial fue cambiando y en el auge de nuestra función como mediador recordamos aquella historia del divorcio de la esposa engañada; entonces sí realizamos un análisis más profundo sobre lo que había pasado años atrás, y de modo más particular sobre si como abogados, dentro del sistema de justicia tradicional habíamos cumplido con la necesidad que en ese momento tenía la esposa engañada, hubiese sido muy enriquecedor poder volver a entrevistar a la clienta y preguntarle, cuáles fueron los motivos que la llevaron a reconciliarse con su ex esposo, y, más aún, si nuestra intervención como abogados le pareció adecuada, no pudimos hacerlo, pero surgieron múltiples reflexiones, las cuales resumimos a continuación.

La primera es que, nuestra labor como abogado en el sistema adversarial, fue no sólo la esperada, sino incluso la apropiada. La segunda va dirigida al juzgador, cuya intervención en razón de lo que pedían y le probamos las partes, seguro que también fue adecuada. Como tercera, tal vez la más devastadora, es si la satisfacción del ideal justicia, como la definiera Justiniano, que consiste en, “dar a cada quien lo que le corresponde”, había sido colmada con la intervención de todos los que participamos en aquél juicio y logrado la sentencia respectiva en 1995. Como mediadores, seguro tendríamos que reconocer que, aún dentro del servicio de administración de la justicia, ambas partes no fueron satisfechas en sus necesidades elementales.

Tal vez, la esposa engañada, lo único que quería era la aceptación expresa y tácita de la infidelidad del esposo, así como el ofrecimiento de disculpas y las muestras de un arrepentimiento tal, que le hicieran pensar que nunca más le volvería a fallar. Lo anterior difícilmente podría lograrse con la intervención de alguna autoridad estatal. Exigía, más bien, la intervención de algún tercero que pudiese llevarlos a analizar el conflicto, las necesidades, las responsabilidades y los ánimos para modificar las situaciones que lo produjeron, pero, en ese entonces, en México no existía la mediación y los abogados no estábamos preparados para ver los conflictos jurídicos desde otro enfoque, con una visión basada, más en las necesidades emocionales de las partes, que atendiera a los sentimientos y buscara acuerdos mutuamente satisfactorios. De seguro que el hombre adultero también tenía necesidades insatisfechas y él las podía haber expresado en un procedimiento distinto en el que se le diera voz y participación para encontrar, entre ambos, una solución más atinada a su conflicto de pareja.

Resulta obvio que el hecho de haber regresado como pareja fue un ejemplo claro de que el sistema de justicia formal o heterocompositiva falló en el cumplimiento de las necesidades de solución del conflicto familiar. El análisis de este caso nos muestra que la justicia formal, en ocasiones, le queda a deber a la generalidad en la atención de sus necesidades, que si bien se basa en derechos, también involucra cuestiones diversas, como la afectiva, que por su carácter no son cuantificables en numerario ni pueden atenderse por el sistema tradicional de justicia, dada su restricción que entrevé solo lo que la norma predica o dicta, y cuyas respuestas, en algunos casos, generan más problemas que soluciones. Así, podemos afirmar que la sentencia concluye con el juicio o proceso, pero no siempre termina o resuelve el conflicto jurídico-social, o incluso el personal de quienes participaron en un litigio.

No es pertinente hacer un juicio crítico en contra del juzgador o de los abogados, porque nadie tenía obligación de visualizar un esquema distinto para la atención de las necesidades jurídico sociales de las partes en controversias como la narrada, por eso resulta necesario introducirnos en el análisis de una nueva formación del abogado que lo lleve a vislumbrar las preocupaciones de sus clientes y le posibiliten entender mejor sus verdaderas necesidades en torno a la intervención del Estado en la solución de conflictos interpersonales, en las cuales pueda tener participación un tercero sin potestad para obligar, pero dotado de otras herramientas mejores para procurar alcanzar soluciones por las propias partes interesadas, como el mediador o el conciliador.

VII. De nuevo a la cuestión

Aun con todo lo expuesto pudiéramos concluir que siguen siendo incipientes los argumentos para establecer la necesidad de creación de una nueva rama del derecho, y mucho menos la autonomía del que hemos denominado: derecho colaborativo, porque para lograrlo necesitamos exponer las razones que motivan la creación, además de resolver las interrogantes del estudio independiente soportado en la doctrina y la legislación sustantiva y adjetiva, pero si faltaren elementos para concebirla, sí debe entenderse como una nueva forma del ejercicio profesional del abogado y, primer paso, debemos trabajar en habilitar a los profesionales del derecho en otras técnicas para llevar acabo el ejercicio profesional, en las cuales favorezcamos la búsqueda de acuerdos para el cliente que, en un primer momento, excluyan el conflicto de la vía judicial, dentro de la justicia formal, a fin de que se colabore con la parte contraria en la búsqueda de acuerdos mutuamente satisfactorios, los que serán legítimos y de observancia puntual, porque surgirán de las propias partes en disputa. Esta nueva concepción jurídica, aunque pareciera novedosa, en realidad tiene como antecedente primario la postura planteada, desde los años setenta, por Frank Sander, matemático y abogado, profesor emérito de la Universidad de Harvard, profesional que sienta las bases de los tribunales multi-puertas, también conocidos como multi-door courthouse: un sistema novedoso en la administración de justicia de acceso para los ciudadanos comunes en los Estados Unidos de América. En éste se exponían las variantes que debe tener toda persona para resolver sus conflictos, de modo semejante a un buffet, donde cada cual elige lo que más le apetece para saciar su apetito, aunque en este caso sería más preciso afirmar: para saciar su sed de justicia. En época más reciente y también en dicho país (noventas) se habla de una normativa marco en el desarrollo del derecho colaborativo y los mecanismos alternos (Uniform Law Collaborative Act, 2009).

Otro claro ejemplo de cómo la colaboración no es una de nuestras principales estrategias a seguir en las diferente circunstancias que se nos presentan en nuestra vida, la basamos de modo fundamental en que nuestro desarrollo como persona vamos obteniendo ciertos elementos que nos hacen ser de cierta forma, caracteres que determinan nuestro comportamiento. La forma en la que lo adquirimos es mediante el aprendizaje, desde la enseñanza en la familia dentro de nuestra casa, la escuela e incluso el o los grupos sociales en los que nos desenvolvemos al formar parte de una sociedad. Y es entonces cuando en nuestra interacción con nuestros semejantes se ve reflejada una vez más la característica relativa a la competitividad, y es que precisamente en estos grupos socializadores a los que pertenecemos nos van enseñando consciente o inconscientemente a competir pensando que esta es la única forma de obtener el mayor beneficio.

VIII. Si ambos jugadores son colaborativos obtendrán mayor puntaje

En un ejercicio practicado con grupos de alumnos de la licenciatura en derecho para visualizar qué tipo de negociadores son o serán, los resultados obtenidos fueron más que claros sobre nuestra tendencia natural a competir. La actividad propuesta fue la práctica del juego de cartas denominado: “Serpientes y conejos”, que consiste en obtener la mayor cantidad de puntos posibles en cinco tandas de juego. En el juego, todos los competidores, de modo simultáneo, deben tirar una carta en una mesa, sin que puedan ver cuál tirarán los otros, para que al final se vea cuál eligió cada uno. Con las cartas sacadas por cada uno, los resultados que se pueden obtener son en los términos siguientes: si uno de los jugadores juega con la carta de conejo y otro la de serpiente, el segundo obtiene tres puntos, mientras que el primero no obtiene puntos; si ambos jugadores sacan conejo, cada uno obtienen dos puntos, y si ambos sacan serpiente, ganan un punto cada uno.

Una vez explicadas las instrucciones inició el juego y, en la mayoría de los casos, los jugadores que obtenían más puntos optaban por jugar víbora, mientras que los que conseguían menos empezaban jugando conejo, pero, en las últimas tandas también decidieron sacar su carta de víbora. Al preguntarles sobre los motivos que los llevaron a la selección de la carta que tirarían, los que eligieron víbora, en su mayoría aplicaban la lógica de que si en cada turno sacan esta carta iban a ganar o a empatar, pero nunca perderían, y dado que los “perdedores” tiraban conejo, no en todos los turnos, el competidor destacado obtenía siete puntos, dado que él tiraba siempre víbora, pero su contrincante sólo en uno de los casos tiró conejo.

Al finalizar los juegos, los aparentes ganadores estaban muy contentos, porque consideraban que habían triunfado por haber obtenido más puntos; sin embargo, ésta no es la estrategia mediante la cual se obtiene la mayor cantidad de puntos en este juego: si todos hubiesen tirado conejo, ambos jugadores habrían obtenido diez puntos, es decir, tres puntos más que aquel que “pensó muy bien” su estrategia de juego.

Esta sencilla actividad reflejó cómo ignoramos el hecho de que si ambos jugadores son colaborativos obtendrían mayor puntaje; éste es el objetivo principal del juego.

IX. La colaboración en el derecho

Si trasladamos este juego simple, al derecho, refleja que la colaboración puede ayudarnos a obtener lo que buscamos sin que la parte contraria pierda. Implica un ganar-ganar. Mediante el diálogo puede accederse a las necesidades del otro, además de tener un panorama más completo sobre lo que originó el conflicto; de esta forma cada parte siente que ha sido escuchada y que realmente su postura será tomada en cuenta para dictaminar la resolución favorable para ambas, ya que es flexible a las necesidades de cada uno.

Al incluir una formación colaborativa no competitiva, en la formación de los abogados, se irá inhibiendo el deseo de contender y, poco a poco, lo natural será buscar la cooperación para obtener el mayor beneficio para todos los involucrados. De ahí que estimamos necesaria la implementación del aprendizaje de este tipo en la formación, no sólo del futuro abogado, sino incluso para la vida diaria, con el propósito de dejar de lado el deseo de vencer y llegar a la comprensión de que se puede ganar sin necesidad de que el otro pierda.

Esta práctica colaborativa tiene diferentes ámbitos de aplicación, casi en cualesquiera de los derechos de libre disposición; por ejemplo, resaltan los resultados fructíferos en la atención integral del conflicto en las materias familiar y civil, en donde se tienen registradas experiencias de alto grado de satisfacción entre los conflictuados, que documentan la resolución encontrada de manera colaborativa, lo que permite a las partes explorar el origen, el desarrollo y la cúspide de su conflicto para asumir sus obligaciones de manera responsable basándose fundamentalmente en la exposición de los intereses que avalan las posiciones de cada cual, para que al final propongan soluciones responsables, integradoras y participativas, más allá de beneficiar a uno sólo de ellos.

El derecho colaborativo tiene características que le dan uniformidad; entre otras, la exclusión de la vía judicial como única opción para solucionar las controversias; el diseño u observación de un procedimiento informal que cada parte y sus abogados pueden elegir y variar según su conveniencia, además del elemento final y fundamental: el espíritu colaborativo entre los conflictuados y sus abogados.

En lo referente a los sustentos doctrinales y normativos que pudiesen avalar al derecho colaborativo como nueva disciplina jurídica podemos mencionar los escritos enriquecedores que en nuestro país han presentado los autores siguientes: Ana Ballesteros Temprano, “El derecho colaborativo una forma más humana para la resolución de controversias”; Luis Fernando Saucedo Morales, “Derecho colaborativo una nueva forma de solucionar conflictos”, y Antonio M. Prida, “Derecho colaborativo otra forma de resolver conflictos”, entre otros que ya han empezado a sembrar la inquietud sobre esta nueva rama o conocimiento obligatorio en la formación de los futuros abogados.

En el ámbito normativo se puede rescatar el antecedente de la figura de la transacción que los códigos civiles prevén acerca de la solución buscada por las partes haciéndose recíprocas concesiones, además de las leyes estatales de justicia alternativa, la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, y, claro como parte fundamental la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 17 cuando refiere que, “siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales”. Y si bien estas nociones pudieran estimarse contradictorias con las ideas expresadas, de que la característica fundamental del derecho colaborativo es la exclusión de la vía judicial, no es tal, pues la norma constitucional pretende alentar las soluciones pacíficas no adversariales, por ende, colaborativas.

X. La regulación actual resulta insuficiencia para la atención mejor del conflicto

El marco normativo vigente en esta época no regula la rama del derecho que proponemos, por lo que en la Academia será necesario realizar mayores esfuerzos para robustecer la parte doctrinal para que ésta lleve a los órganos legislativos a regular de manera más particularizada el tema y logremos también una postura legislativa sobre tan novedosa rama de la ciencia jurídica.

Otra cuestión que proponemos analizar para sustentar la propuesta del derecho colaborativo es la relación que guarda con los mecanismos alternos de resolución de controversias, en particular con la mediación; la estimamos una mediación sin mediadores. La práctica colaborativa tiene base en dichos mecanismos, pero, por ejemplo, a diferencia de la mediación tendrá un protagonista ajeno a las partes que facilita el proceso, y esta participación podrá recaer en los abogados formados en derecho colaborativo, de tal suerte que ahora ellos serán los auxiliares para que las partes resuelvan su conflicto de manera auto-compositiva y asistida. Lo anterior justificaría que los futuros abogados estudiaran estos temas para convertirse en mejores asesores y representantes de sus clientes. El derecho colaborativo prepararía al futuro abogado en la comprensión del tema derivado de los conflictos jurídicos sociales, para que éste aprendiera a entender las necesidades y el verdadero conflicto que lleva a la persona a su despacho, al tiempo que propiciara mayor entendimiento y empatía entre el profesional y el potencial interesado en busca de asesoría jurídica.

El segundo elemento de estudio sería el análisis de las diversas formas de gestión o solución de los conflictos para que comprenda que éstos no se resuelven sólo de manera hetero-compositiva y adversarial, sino que tiene a su disposición otras formas: auto-tutelares y auto-compositivas.

Los siguientes temas que acompañarían el aprendizaje del derecho colaborativo tienen que ver con la negociación y las diferentes escuelas que nos enseñan la comprensión del difícil arte de transigir en forma exitosa. Como tema central se abordarían las bondades de los acuerdos negociados y la capacidad que todos tenemos para colaborar desde una perspectiva jurídica, a partir del estudio de la Constitución y de las diferentes figuras procesales que regulan los antecedentes del contrato de transacción, además de las leyes nacional y estatales que abordan los mecanismos alternos de solución de controversias o justicia alternativa. De tal suerte, al finalizar el estudio, el alumno conocerá, explorará y profundizará en el estudio de un nuevo paradigma sobre la gestión de los conflictos, y éste le posibilitará, más tarde, ya como abogado, ofrecer a sus clientes otra modalidad de gestión del mismo, cuando le planteen un asunto para su pronta solución: podrá hablarles de una visión nueva acerca de sus controversias, no la forma tradicional o adversarial de resolverlos, sino de la posibilidad de encontrar una solución colaborativa.

Con el aprendizaje sobre el paradigma colaborativo, la asesoría que podría brindar el Licenciado en Derecho sería más completa, y estaría no solamente favoreciendo más variantes en los esquemas de atención procesal; con mayor significado, también estaría contribuyendo a la cultura de la paz, que tanta falta le hace a la sociedad contemporánea. De pronto, como integrantes de la sociedad comprenderíamos que, no solamente peleando podemos resolver las disputas; que una sentencia no siempre pone fin a un conflicto, sino que, tal vez, dará nacimiento a uno nuevo o de mayor envergadura. Lo que la sentencia termina es el proceso jurisdiccional, pero en muchos casos no concluye la controversia ni el conflicto, mucho menos resuelve las necesidades de los que fueron llevados al litigio adversarial.

Se trata, pues, de un desafío que engloba al estudio tradicional de la ciencia jurídica, y qué, como consecuencia, puede no ser bien visto por los conservadores atados a los esquemas tradicionales ni por aquellos a quienes les gusta continuar haciendo las cosas de la misma manera.

Por tanto, se requiere una visión futurista dispuesta a desafiar los paradigmas existentes para lograr la consolidación de nuevos programas de estudios de la ciencia del derecho en los que tenga cabida el derecho colaborativo, sea que se cuestione o no si merece considerarse una rama autónoma que amerite un estudio independiente de las otras, o de un tema que forme parte de alguna disciplina ya consolidada, pero, lo que desde ya estimamos como verdad innegable, es que el jurista debe formarse no sólo en los esquemas adversariales, sino también, y acaso más aún por las necesidades sociales en las que transita nuestro país, en las visiones de cooperación y de fomento a la cultura de la paz que no pretenden excluir la visión propia del conflicto, sino que buscan generar un comportamiento colaborativo que excluya la visión del conflicto desde el enfoque destructivo y más bien generen una visión constructiva del mismo.

XI. Para finalizar

En definitiva, como soporte y fundamento de nuestra propuesta, tendríamos que tomar en cuenta y valorar la eficacia que han tenido en México -durante los último veinte años- los centros de justicia alternativa de las diversas entidades federativas, que al cabo de estos años de actividad intensa han consolidado su aportación a la cultura de la paz y a la nueva concepción pública que busca resolver los conflictos en forma auto compositiva, la cual tiene como fundamento cardinal la responsabilidad de los generadores y se traduce en una participación más comprometida de quien afronta desavenencias y coopera en la búsqueda de soluciones. Esta participación los convierte en mejores ciudadanos, responsables de sus actos y de las probables consecuencias, pues los asumen con el propósito de enmendar lo negativo que abonó al demérito de los valores de la sociedad mexicana y que en ocasiones incluso menoscabó la dignidad de algunos de sus miembros.

FUENTE: revistasanahuac

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¿Qué hace falta en materia de derecho animal en México?

El derecho en favor de los animales ha avanzado con el paso de los últimos años, desde la implementación de circos sin animales hasta la aplicación de delitos de crueldad animal, sin embargo aún existen áreas de oportunidad que se deben trabajar y la clave para ello se centra en la formación de abogados, la legislación y la educación.

El Mtro. Luis Sandoval FigueroaDirector de la Escuela de Derecho en CETYS Universidad Campus Tijuana, recordó que los municipios y estados tienen la facultad de establecer sanciones y reglas claras para determinadas acciones e incluso a nivel federal en el tema de animales en peligro de extinción o con prácticas consideradas como tradiciones pero que involucran a estos seres vivos, en todos los niveles aún falta discusiones para una mejor reglamentación.

“En lo general, la legislación es precaria, sigue faltando mucha reflexión, no solo en la reglamentación vigente, se requiere el trabajo interdisciplinario de expertos del derecho que traigan mejores iniciativas de ley, no solo con penas y sanciones agresivas que venga acompañado de educación a los profesionales y también para las nuevas generaciones”, indicó el experto de CETYS Universidad.

Varios municipios del país ya han definido sanciones administrativas, enfocado principalmente a los animales domésticos y la responsabilidad de los humanos acompañantes. Respecto a los estados, han establecido sanciones y cárcel en sus Códigos Penales, enfocados en la crueldad animal y otros delitos específicos como pelea de perros. A nivel nacional, nos encontramos con la regulación de animales exóticos, así como de la polémica de tradiciones con animales, como las corridas de toro, pelea de gallos y jaripeo. “En cada una de estas reglamentaciones hay muchas áreas de oportunidad y les corresponde a los nuevos abogados trabajar con perspectiva en favor de los animales y los derechos humanos”.

“Los abogados deben tener claro qué actividades se pueden desarrollar y qué no, desde la perspectiva de mascota, conocer las responsabilidades de su reproducción, y también en el consumo humano en conductas que puedan incurrir ganaderos, clínicas veterinarias, de la venta de animales en vía pública. En Tijuana por ejemplo ya prohibieron la venta de cachorros y que fue polémico en la garita, un trabajo que se ha logrado en parte por la labor de grupos y asociaciones que buscan atender dichas problemáticas”, mencionó.

Respecto a la educación, el Mtro. Sandoval Figueroa hizo hincapié en que, de nada servirá el trabajo normativo y nuevos abogados especialistas, si no se busca la aplicación de programas educativos que lleven a las nuevas generaciones el respeto a la vida y una vida sin violencia, tanto de los humanos como de los animales.

“La aplicación de la reglamentación debe venir emparejada con educación en los primeros años, porque tener una mascota o un animal en el hogar puede ser considerado casi un lujo, porque implica una serie de responsabilidades y obligaciones, desde salud cuidado y tiempo, si no se atienden debidamente estas mascotas terminan abandonados y se convierte un problema público de salud que no es justo ni para los animales en la calle ni para las personas”, finalizó el experto de CETYS.

FUENTE: cetys

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El papel de la mujer en la abogacía: una carrera hacia el liderazgo

ALBERTO PASCUAL GARCÍA

El camino al éxito puede estar lleno de baches y en el mundo de las leyes será necesario trabajar en las soft skills para conseguir sortear estas dificultades y alcanzar la excelencia profesional.

Dice la coach personal María Fernández que “una mujer líder no pide permiso para brillar. Una mujer líder brilla, triunfa y lucha por lo que sabe que es suyo”. Son palabras que plasma en el prólogo del libro Abogacía y mujer: lidera tu carrera hacia el éxito (Tecnos, 2019) y con el que presenta a 33 mujeres -abogadas y de otras áreas de conocimiento-, que marcan el sendero hacia el destacado lugar que ocupa esta profesión en la sociedad. Un proceso en el que se muestran dos lados de una misma moneda, la teórica y la práctica, de lo que es imprescindible para triunfar dentro en la profesión y dignificar así el papel de la mujer en la abogacía.

En el camino, se muestran imprescindibles los valores personales, el desarrollar al máximo las soft skills (en castellano, habilidades blandas), y el poner en valor el esfuerzo añadido que suponen las dificultades con las que han tenido que lidiar las mujeres abogadas en algún momento de su carrera: brecha salarial, falta de promoción, incompatibilidad familiar, apostar por ser abogada autónoma… Un duro esfuerzo del que hemos hablado con la directora del libro Myriam Isabel González Navarro, socia directora de Barberán & González Abogados y mentora del programa Shadowing de UNIR. Queremos conocer, desde su punto de vista, cómo está hoy la profesión.

Abogacía y mujer: lidera tu carrera hacia el éxito.

Un techo de cristal que romper

Según un estudio realizado por el Consejo General de la Abogacía Española entre 2.000 profesionales sobre la situación de igualdad de género en la abogacía española (Metroscopia, 2017), un 70% considera que la igualdad de género debe ser una prioridad en la profesión. Una cifra que indica que existen ciertas desventajas: unas retribuciones un 20% inferiores de media con respecto a sus compañeros, mayor dificultad para la conciliación laboral y familiar, o el conocido techo de cristal, que desequilibra el número de puestos ocupados por mujeres en cargos directivos.

Para González Navarro, a pesar de que en España existen muchas abogadas en la profesión (un 45% frente al 55% de hombres), la gran diferencia se refleja en los grandes despachos o en los órganos de dirección: “Los socios son mayoritariamente masculinos y es complicado que una mujer pueda llegar a esos puestos, precisamente por la necesidad de conciliación de una vida personal y familiar. En el momento en el que se casa y tiene hijos ya se presupone que va a trabajar menos. Aunque no todos los despachos son iguales algunos, como Sagardoy o Garrigues, llevan a cabo programas especiales para que se tenga más en cuenta a mujeres en estos puestos. Igualmente, es necesario un trabajo para entender que las mujeres también pueden ostentar esos cargos de dirección sin problemas”.

Una buena manera de ver la representación de mujeres abogadas en la profesión la encontramos en el ranking anual de Best Lawyers Spain, que reconoce la buena práctica de los abogados según las valoraciones de sus compañeros. En este 2020, la clasificación general la componen un total de 3.709 abogados, de ellos solo 1.127 son mujeres, lo que supone un 30,3%. Y si nos centramos en un segundo podio que destaca a un selectivo grupo de los mejores, de los 163 elegidos, solo 25 son mujeres (un 15,3%). Unas cifras que demuestran que aún hace falta un empujón más para alcanzar al menos el 50% en ambos lados de la ecuación.

Abogacía y mujer: lidera tu carrera hacia el éxito

Valores para aspirar al éxito

Para González Navarro, alcanzar un liderazgo consistente en el tiempo dentro de la abogacía supone conocer cuáles son los valores propios de la profesión, así como los personales, lo que ayuda, sin duda, a efectos de la marca personal: “Es muy importante tener la confianza de los clientes y si la gente es capaz de ver estos valores al final acabas consiguiéndola. En este terreno cobran importancia las ‘soft skills’, que en el marco de la abogacía no se habían estudiado, y son primordiales: como la proactividad, la comunicación, el esfuerzo, la estrategia, la toma de decisiones, la inteligencia emocional… Nosotros somos psicólogos de nuestros clientes y debemos detectar en qué situación se encuentra la persona, crear empatía con ellos. Nos habíamos centrado tanto en la parte técnica, que ha dificultado que tengan una buena imagen de la profesión”.

Pero ¿y una abogada?, ¿es diferente? Precisamente, el libro Abogacía y mujer: lidera tu carrera hacia el éxito señala unas características intrínsecas de la mujer que favorecen su ejercicio dentro de la abogacía, aportando un valor añadido a la sociedad y a su profesión: la resiliencia, la perseverancia, el sentido común, la empatía, una mayor inteligencia emocional o la capacidad de cooperación. Pero, como apunta González Navarro, cada persona es un mundo y al final mujeres y hombres podemos llegar a tener esas habilidades. Eso sí, hay que ponerlas en práctica para conseguir resultados:

“La profesión tiene que trabajar la relación humana, cómo nos comunicamos entre nosotros, ya no solo entre las partes, sino también con el resto de los compañeros de la profesión. Todas estas habilidades son las que nos van a facilitar mejorar las relaciones entre todos, que haya una mejor visión de lo que es ser abogado. Cuando haces valer tu confianza, tus habilidades, tu marca siempre sale beneficiada”.

Abogacía y mujer: lidera tu carrera hacia el éxito

Seguir luchando por las que lo hicieron antes

No hay mayor ejemplo de que se puede conseguir lo que uno se propone que cada una de las mujeres que logran sacar adelante su vida y disfruta de su profesión. Por ello, González Navarro considera que las historias que trata en el libro son un fiel reflejo de cómo está la profesión y cómo la mujer lucha para allanar su camino al éxito: “Todas las mujeres hemos pasado por los mismos problemas y hemos logrado demostrar que se pueden superar y que no tienes que abandonar tu profesión por ello. Muchas, por ejemplo, toman la decisión de trabajar como profesionales liberales, como autónomas. Al final es ser valiente con lo que te gusta hacer. No es igual hacerlo con 25 años que con 40, pero si te gusta la abogacía lo acabas haciendo”.

Las nuevas tecnologías han supuesto también un cambio radical de cómo se vivía la profesión a finales del pasado siglo a como estamos ahora. González Navarro confiesa que el cambio favorece la conciliación familiar y laboral. Si algo hemos aprendido estos últimos meses es que la vida telemática no ha acabado de parar del todo la actividad y hay que saber aprovechar esta ventaja para crecer: “Las abogadas de ahora tienen muchas más herramientas de las que podríamos disponer nosotras hace 25 años, que era algo muy limitado. Gracias a Internet o un móvil se ahorra mucho tiempo. Por otro lado, la gente se está dando cuenta de que se puede trabajar desde casa, así que el teletrabajo puede, en el fondo, ayudar mucho a la mujer. Haces tu trabajo, pero no te controlan a la hora que lo haces. Conciliar así es mucho más fácil, hemos mejorado y, poco a poco, iremos consiguiendo más objetivos”.

En ese proceso, está también muy presente UNIR gracias a dos líneas de estudio imprescindibles para ser abogado: Grado de Derecho y Máster Universitario en el Ejercicio de la Abogacía. Si tu pasión está tras las leyes, estás a un paso de conseguirlo.

FUENTE: unir.net

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La mitad de los mexicanos tiene problemas legales, solo uno de cada cuatro tiene ayuda

Como parte de un estudio nacional para conocer cómo se vive el estado de derecho en las 32 entidades de México, el World Justice Project (WJP) encuestó a más de 25,000 personas durante el otoño de 2017. Esta encuesta a población general (GPP, por sus siglas en inglés) incluyó un módulo sobre acceso a la justicia, que permitió recopilar información acerca de las necesidades legales cotidianas de los ciudadanos y la forma en la que se enfrentan a sus problemas legales cotidianos. A simple vista, los resultados muestran que los problemas legales son comunes, además que la mayoría de los mexicanos no recurren a abogados o juzgados para resolver sus disputas.

Los problemas legales en México

Los datos muestran que casi la mitad de los mexicanos (49%) han experimentado un problema legal en los últimos dos años.[1]Los problemas más frecuentes fueron los de la categoría “Consumidor”, ya que 25% de los encuestados reportó algún problema con servicios deficientes y la obtención del reembolso de mercancías o productos dañados, así como cortes de servicios públicos como agua o luz. En segundo lugar, 20% mencionó haber tenido problemas de la categoría “Vivienda”, que incluye problemas relacionados con caseros, inquilinos y vecinos.

Por otro lado, las categorías con menos reportes son “Policía y Militares” y “Lesiones y Accidentes”. El 2% de los encuestados afirmó haber sufrido acoso, golpes o un arresto injustificado por parte de un policía o un militar. Además, el 6% reportó problemas de salud causados por accidentes o un tratamiento médico inadecuado. A pesar de ser categorías con un menor número de reportes, estas cifras son preocupantes dada la gravedad de los problemas y que afectan a millones de mexicanos.

¿Cómo resuelven sus problemas los mexicanos?

Las personas pueden tomar muchos caminos diferentes hacia la justicia y a menudo no involucran al sistema judicial formal. Los resultados de la encuesta muestran que muchos mexicanos no requieren la asistencia de abogados para resolver sus disputas, ya que prefieren buscar ayuda de un conocido o resolver el asunto directamente con el otro afectado. Solo 23% del total de mexicanos con un problema buscó asesoría o representación legal.[2]La fuente de ayuda más frecuente fue la de un abogado o servicio de asesoría legal (36%), seguida de amigos o conocidos (27%), además de oficinas gubernamentales de asistencia legal (11%).

Quienes no buscaron ayuda expresaron diversas razones para no hacerlo. De quienes no buscaron asesoría, casi un cuarto (23%) consideró que no era importante o su problema era fácil de resolver, mientras que uno de cada cinco (20%)declaró no creer necesitar asesoría. Los datos también muestran que la mayoría pudo resolver su problema, pero muchos quedaron sin solución o están en proceso de solucionarlos. Más de la mitad (57%) de los encuestados afirmó haber podido arreglar su problema, pero 27% confirmó que su problema está en proceso de resolución y 10% reportó que su problema persiste, aún después del proceso de resolución. Además, 28% se declaró insatisfecho o muy insatisfecho con el resultado, mientras que 72% se declaró satisfecho o muy satisfecho con el mismo.

Los impactos de los problemas

Finalmente, es crucial conocer los problemas del día a día de las personas, ya que estos surten un impacto profundo en sus vidas, especialmente en su salud y estabilidad financiera. De hecho, 38% reportaron un impacto como consecuencia de su problema legal. Específicamente, 22% reportó pérdidas de ingreso, problemas financieros o necesidad de reubicarse (cambiar de trabajo o de domicilio), mientras que otro 22% mencionó haber sufrido alguna enfermedad derivada del estrés o algún otro problema de salud. También, 10% reportó la ruptura de alguna relación personal y 2% reportó un aumento en su consumo de alcohol o drogas.

Los resultados también muestran que estos impactos varían de acuerdo al sexo de los encuestados, con 40% de mujeres que los reportaron y 35% de hombres que lo hicieron. Los impactos con más diferencia entre sexos son los relacionados con la salud, con 27% de mujeres y 17% de hombres reportándolos, una diferencia de más de diez números porcentuales. Otra diferencia considerable se da en el aumento en abuso de sustancias, que muestra una diferencia de más de dos puntos porcentuales (3% para hombres y 1% para mujeres).

Acerca del estudio

El módulo aplicado en México está basado en el que fue diseñado para el proyecto global del WJP sobre acceso a la justicia. Este proyecto es el primer estudio mundial en producir información comparable y es producto de un proyecto piloto y de investigación de dos años, además de un proceso consultivo con gobiernos, organismos multilaterales, organizaciones de la sociedad civil y académicos de 17 países. Los resultados de este estudio pueden ser consultados en el sitio global del WJP.

México fue incluido en el proyecto global, que incluye información sobre las tres ciudades más pobladas de cada país, pero este proyecto nacional va más allá al incluir las respuestas de más de 25,000 habitantes de todos los estados, además que incluye áreas urbanas y rurales.

Además, el WJP publicó el primer Índice de Estado de Derecho en México el 9 de octubre de 2018, el cual incluye datos y perspectivas sobre los 32 estados del país. Para más información de este y otros proyectos visite https://worldjusticeproject.mx/indice/2018/.

[1]Se excluyó a Coahuila del total de este módulo por resultados atípicos. Los resultados para este estado estarán disponibles en 2019.

[2]Pariente, amigo o conocido; abogado o servicio de asesoría legal; oficina gubernamental de asistencia legal (DIF, IFDP, etc.); tribunal o policía; trabajador o trabajadora social; sindicato o empleador; sacerdote o líder comunitario; organización civil; y, otra organización.

Agosto 28, 2018

FUENTE: worldjusticeproject

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Muere Francisco Primo de Verdad y Ramos, precursor de la Independencia

“Trataré de ser lo más preciso, creo por principio que disuelto como se halla el gobierno de España, mientras se rehace, el pueblo, origen y fuente de la soberanía, debe depositarlo en un gobierno provisional, con el objeto de llenar el hueco que, por ausencia del Rey, hay en la administración pública.”
Francisco Primo de Verdad
Abogado

Francisco Primo de Verdad y Ramos, mejor conocido como el iniciador de la libertad novohispana y primer mártir de la independencia, nació en Ciénega del Rincón, Aguascalientes el 19 de junio de 1760. Fue un abogado y prócer de la Independencia de México. Defendió la idea de que la soberanía residía en el pueblo. Curso los estudios de leyes en el Colegio de San Ildefonso, en la ciudad de México, y obtuvo el título de abogado en 1784 del Real Colegio de Abogados. Se sabe que era un hombre de amplios y sólidos conocimientos en jurisprudencia, debido a esto fue designado miembro de la Real Audiencia, en el año de 1808, donde llegó a ser elegido síndico del Ayuntamiento de la Ciudad de México[1].

Al saberse la invasión de España por las tropas francesas de Napoleón Bonaparte, y el cautiverio de la familia real, Primo de Verdad y el regidor Juan Francisco Azcárate propusieron al virrey Iturrigaray convocar a todos los Ayuntamientos de la Nueva España a juntas encaminadas a formar un gobierno provisional apoyado en el pueblo. Debido a esta guerra, las colonias españolas fueron explotadas profundamente por las autoridades españolas, que extraían de ellas recursos para resistir la embestida napoleónica. Esto generó mucha inconformidad entre los criollos, víctimas de muchos abusos por parte de los peninsulares. Dentro de los participantes en estas juntas se encontraba Melchor de Talamantes, un fraile mercedario peruano de pensamiento liberal que veía en aquella crisis una verdadera oportunidad de completa independencia de la metrópoli colonial. Entre sus propuestas estaban la formación de un Congreso y la autonomía de la nueva España[2].

El 9 de agosto de 1808 tuvo lugar la junta, y los puntos principales fueron: la estabilidad de las autoridades constituidas, la organización de un gobierno provisional y las facultades que el virrey debería tener dentro del gobierno. Esta postura no fue del gusto de los españoles en Nueva España, quienes temían que la idea de autonomía y autogobierno fuera asumida por los pueblos originarios, levantándose éstos en una revolución contra los terratenientes que los explotaban. Debido a esto se formó el grupo de los “Patriotas de Fernando VII”, alrededor de trescientos hombres que, bajo la coordinación del hacendado Gabriel Joaquín de Yermo, tomaron la casa del virrey el 15 de septiembre de 1808, apresándolo y colocando en su lugar a Pedro de Garibay. El 16 de septiembre, Azcárate, Primo de Verdad y Talamantes fueron aprehendidos en medio de una represión cuyo lema fue “Encierro, entierro o destierro”. La suerte de estos tres presos políticos fue, en principio, la misma: la cárcel, pero sólo Azcárate y Lezama sobrevivió para ver consumada la independencia[3].

Lamentablemente, la mañana del 4 de octubre de 1808 el licenciado Francisco Primo de Verdad falleció a la edad de 48 años en una de las celdas de la prisión. Se corrió el rumor de que había sido envenenado, acto supuestamente llevado a cabo por los españoles que se hicieron cargo del gobierno colonial. Fue sepultado en el sagrario de la basílica de Guadalupe.

FUENTE: cndh.org

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Ignacio Manuel Altamirano

¿Sabías Que Ignacio Manuel Altamirano combatió con la pluma y con la espada a los conservadores en la Guerra de Reforma y a los franceses que querían establecer un imperio?

Ignacio Manuel AltamiranoAltamirano.AutorBiblioteca de Publicaciones Oficiales del Gobierno de la RepúblicaFecha de publicación08 de febrero de 2019

En 2017 la Secretaría de Cultura (SC) en colaboración con el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM) publicó una serie de biografías de personajes ilustres, dirigidas a los niños lectores, entre las que se encuentra este título dedicado a Ignacio Manuel Altamirano, quien nació el 13 de noviembre de 1834 en Tixtla, Guerrero; fue abogado, escritor, periodista, maestro y político. Autor de obras como “Cuentos de invierno” y “El Zarco”.

De acuerdo con esta publicación, Ignacio Manuel Altamirano nació en una familia humilde. A pesar de la situación de pobreza y marginación que vivió, supo salir adelante gracias a su inteligencia y fuerza de voluntad, y llegó a ser uno de los grandes escritores del siglo XIX.

¿Sabías qué Ignacio Manuel Altamirano combatió con la pluma y con la espada a los conservadores en la Guerra de Reforma y a los franceses que querían establecer un imperio? Antes de que Altamirano se recibiera de abogado tomó las armas para pelear a lado de los liberales y del presidente Benito Juárez durante la Guerra de Reforma. Sobre el expresidente Juárez, Altamirano escribió: ese hombre no es un hombre, es el deber hecho carne.

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Sabías que este loado escritor mexicano, durante la intervención francesa, recuperó con la espada la ciudad de Cuernavaca, tomó el distrito de Tlalpan, y durante el sitio de Querétaro demostró su valentía; a tal grado que sus superiores lo llamaron héroe.

Además de sus virtudes bélicas, Altamirano se preocupó y ocupó para que la literatura mexicana tuviera un carácter nacional y sirviera para la integración cultural de un México devastado por las guerras y las intervenciones extranjeras.

Ignacio Manuel Altamirano

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FUENTE: gob.mx