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Debate sobre reforma eléctrica de AMLO se retrasa hasta abril de 2022

(Reuters) — El partido gobernante de México retrasó este miércoles para abril del próximo año el debate de una controvertida reforma constitucional que busca impulsar el control estatal del mercado eléctrico, un mes después de un referéndum revocatorio del mandato del presidente.

La reforma, impulsada por el mandatario Andrés Manuel López Obrador, pretende poner al sector en manos de la estatal CFE, así como desaparecer órganos reguladores, eliminar permisos y garantizar el dominio del Estado sobre las codiciadas reservas de litio.

Líderes empresariales y funcionarios extranjeros, incluidos de Estados Unidos, han expresado su preocupación de que el proyecto de ley pueda disuadir la inversión privada y desencadenar disputas legales internacionales.

Congresistas del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados acordaron buscar la aprobación de la legislación a mediados de abril de 2022.

«Nos propusimos concluir el proceso de reforma eléctrica, que incluye la aprobación en Cámara de Diputados, Senadores y al menos en 17 congresos locales, a más tardar el 15 de abril», escribió en su cuenta de Twitter, el coordinador de Morena en la cámara baja, Ignacio Mier.

«Le insistimos a los propietarios y ejecutivos de empresas generadoras que participen en el debate», agregó.

Está previsto que en marzo se celebre un referéndum revocatorio sobre el mandato de López Obrador, quien asumió el cargo en 2018.

FUENTE: cnnespanol

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Llega a su primer aniversario la nueva ley de propiedad industrial

Falta afinar detalles, aún hay que capacitar personal, desarrollar infraestructuras y aplicar la ley en áreas que antes no eran competencia del Instituto, comenta Mauricio Jalife.

octubre 27, 2021 | 1:05 am hrs

A un año de la entrada en vigor de la nueva Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, es obligado revisar sus primeros resultados y sus retos de implementación. Un aniversario que se gesta en las inusuales condiciones de una pandemia que ha afectado gravemente el desempeño económico de la mayor parte de los usuarios del sistema y que, en muchos casos, ha llevado a redefinir giros, canales, servicios y modelos de negocio.

Un primer dato esta dado por el índice de presentación de nuevas solicitudes de registro de marcas, que mantiene un crecimiento sostenido similar a la etapa pre-covid. Esta tendencia parece estar cimentada no solo en el marcado dinamismo del comercio en nuestro país, que genera nuevas marcas en ritmos relevantes, sino que acusa también un crecimiento en la cultura de la protección jurídica de los emprendedores en México.

El efecto de la ley, sin embargo, puede medirse en el uso de los nuevos tipos de signos distintivos que regula, entre otros las llamadas marcas olfativas, las de sonido y la imagen comercial. Aún y cuando los números acumulados en el año para esta clase de opciones de protección son reducidos, ya revelan el interés de los empresarios mexicanos por estas novedosas figuras de marcas que son propias de mercados de mayor sofisticación. En el rubro de los modelos industriales, orientados a la protección de nuevas formas de productos que tienen hoy una vigencia de hasta 25 años, se observa también una línea creciente de utilización que revela el éxito de la reforma a favor de la protección.

En la parte en que la nueva ley aún no reporta avances relevantes, a pesar de ser la de mayor atención en su propuesta normativa, es en la del combate a las conductas de competencia desleal y el pago de compensaciones a titulares afectados. Los mecanismos introducidos por la nueva legislación aún están en etapa gestacional, estando aún el IMPI en los preparativos para poder dictaminar daños y perjuicios, poder cobrar multas directamente y sancionar la explotación ilegal de secretos industriales. No es sorpresa que, para estas tareas, será necesario desarrollar infraestructura, capacitar personal especializado e iniciar la aplicación de la ley en áreas que hasta antes de la ley no eran competencia del Instituto.

El otro gran pendiente, a un año de vigencia de la ley, es la necesaria promulgación del reglamento, que sin duda disipará muchas de las incertidumbres existentes y afinará aquellas instituciones que por su novedad han escapado al alcance del anterior ordenamiento. Sabemos que se trabaja ya en el texto respectivo, que dada su relevancia valdrá la pena tomar unos meses adicionales si es a favor de la precisión y la suficiencia.

Otro de los rubros en los que aún no se perciben los efectos es el de las Indicaciones geográficas, que están llamadas a cumplir un papel relevante en el futuro en la protección de productos típicos de diversas comunidades del país. No se trata en este caso de un trámite administrativo que en forma simplificada pueda seguirse, sino de construir toda una infraestructura y una cultura que toma tiempo, alrededor de los activos intangibles que nuestro país posee en las manos de muchos de sus artesanos.

El balance general del año de “nueva ley” lo podemos resumir en que se ha empezado el trabajo en el largo camino de reconstrucción de un sistema de Propiedad Intelectual que empezaba claramente a acusar indiferencia y obsolescencia.

FUENTE: elfinanciero

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México: Presentan Proyecto de Ley Federal de Cáñamo Industria

En México, una diputada presentó un proyecto de Ley Federal para la Regulación del Cáñamo Industrial.

La propuesta fue realizada por María Clemente García Moreno, una diputada de Morena, el partido oficialista mexicano.

Según reportó Industria 420, la iniciativa busca destrabar el debate al proponer una regulación para el cultivo, procesamiento y comercialización de los productos del cáñamo y sus derivados.

“El proyecto tiene la intención de que el sector empresarial y los pequeños productores cuenten con certeza jurídica para el cultivo del cáñamo”, aseguró en conferencia de prensa García Moreno.

Entretanto, el texto del proyecto involucra a tres autoridades del gobierno federal de México:

  • En primer lugar, el Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), estaría encargado de otorgar licencias para el cultivo y procesamiento del cáñamo industrial.
  • En segundo lugar, la Secretaria de Agricultura (SADER) se ocuparía tanto del control y de la regulación secundaria, como de los permisos para importar semillas.
  • Por último, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) se encargaría de regular la importación de materias primas. 

En tanto, la importación y exportación de productos de cáñamo industrial con concentraciones menores al 1% de THC, no requerirá de autorización sanitaria.

“Estamos inscribiendo esta iniciativa el día de hoy para poder generar condiciones para que haya un marco jurídico que permita a los pequeños productores industriales generar una nueva economía basada en esta planta que ha sido estigmatizada. Dicho sea de paso, va a contribuir al desarrollo económico del país“, concluyó la diputada de Morena.

FUENTE: elplanteo

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‘Sin ley eléctrica será un caos’, advierte AMLO

El presidente afirma que el objetivo de su iniciativa es poner orden en el sector.

Por Diana Benítezoctubre 28, 2021 | 1:35 am hrs

Si no se aprueba la iniciativa de reforma eléctrica que envió a la Cámara de Diputados, el sistema eléctrico del país se convertirá en un caos, advirtió el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Entonces, si no se ordena el mercado eléctrico, va a producirse un caos, como en España, ¡y a lo mejor peor!”, advirtió.

El mandatario ha destacado que en España, la empresa Iberdrola domina el mercado y tiene tarifas eléctricas muy altas, pero no se hace nada porque el gobierno está al servicio de ésta, a la cual también ha acusado de buscar dominar el mercado mexicano.

“Entonces, ¿para qué es la iniciativa? Para poner orden. Entre otras cosas, la política se inventó para poner orden en el caos, así como también se inventó para evitar la guerra”.

Indicó que ya no se pueden mantener esos contratos de forma irresponsable, dado que implican pérdidas para todos. “Yo le puedo decir a la gente que mientras estemos nosotros no van a aumentar las tarifas de energía eléctrica, vamos a sostener nuestros compromisos, sí”.

“Pero nosotros podemos paliar la situación dos, tres años, ¿y hacia adelante? Quiebra por completo la Comisión Federal de Electricidad (CFE)… Sí, se va a venir una situación gravísima, entonces, ¿por qué no ordenamos?”.

De aprobarse la reforma, descartó que empresas que tienen créditos, como el de Nacional Financiera, dejen de pagarlos, pues finalmente el sector privado se queda con 46% del mercado. “¿Saben cuánto tienen de crédito estas empresas particulares? setenta mil millones de pesos de la banca de desarrollo, fue puro cuento que si abrían el mercado de la industria eléctrica iba a venir inversión extranjera; no, es dinero del país, 50 mil millones de créditos se entregaron en Nacional Financiera y en Banco de Comercio Exterior”.

Equiparó el caso con el de los gasoductos, que sólo por hacer negocio “inventaron” que se requerían 14 plantas termoeléctricas, las cuales iban a requerir gas. “No se hicieron las plantas, los gasoductos sí ‘porque era el negocio’ y ahora existe un excedente de gas, y se tiene que pagar porque así está en los contratos”.

Como parte de ese orden, la iniciativa del Ejecutivo propone modificar el despacho de la energía, dando prioridad a lo que genera la CFE. Con ello, primero se cargaría la de las hidroeléctricas, la nuclear, la geotérmica, la térmica de CFE, eólica, solar, gas de privados y el carbón.

Prevé eliminar los contratos establecidos tras tres subastas, con los cuales se obligó a la CFE a comprar electricidad a precio fijo a 34 centrales por 25 años. Además, se eliminarán las “sociedades de autoabasto”, mediante las cuales empresas podrían pagar una tarifa eléctrica hasta tres veces más barata que la doméstica.

FUENTE: elfinanciero

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Proyecto de Ley General de Seguridad Vial debe permitir a México alcanzar metas de la ONU

Noviembre 12 de 2021, 6:50 AMExpertos en temas de movilidad alertaron que el dictamen de Ley General de Seguridad Vial debe permitir a México alcanzar las metas previstas en el Segundo Decenio de Acciones para la Seguridad Vial 2031-2030 establecidas por Naciones Unidas.

Arturo Cervantes Trejo, presidente de la Alianza Nacional por la Seguridad Vial (ANASEVI), expresó su preocupación por la ruta que sigue la iniciativa de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, que en su estado actual, no cumple con los temas esenciales necesarios, y de la que dependerán los esquemas para reducir en 50 por ciento el número de decesos y lesiones por hechos de tránsito, y 22 por ciento la emisión de contaminantes. Cabe destacar que en México se reportan, cada año, más de 16,000 muertes por hechos de tránsito y más de 170,000 personas con lesiones que transforman sus vidas.

Recordó que México reprobó las metas del Primer Decenio de Acciones 2011-2020 y, lejos de mejorar la situación, enfrenta un rezago de 30 años en materia de seguridad vial y movilidad sustentable, lo que hace necesario impulsar acciones concretas.

Los expertos reunidos en Intertraffic México 2021 recomendaron la creación de una Agencia Nacional de Seguridad Vial como ente rector en el país, que ha sido un modelo exitoso aplicado en otras naciones. De hecho, México ocupa el último sitio del ranking de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), por no contar con una agencia en la materia.

Como parte de los trabajos de Intertraffic México, el Panel de Movilidad en las Ciudades Inteligentes contó con la participación de Andrés Lajous, Secretario de Movilidad de la Ciudad de México, quien refirió que se trabaja para lograr mayor equidad en materia de transporte. Explicó que la desigualdad que existe en la ciudad se refleja también en la movilidad y el transporte, ya que los viajes más largos y de peor calidad los hacen las personas de ingresos más bajos, quienes padecen hasta tres horas de trayecto con dos o tres transferencias.

Detalló que en la Ciudad de México se realizan diariamente 19.6 millones de viajes, 27 por ciento en transporte público y 72 por ciento en automóvil particular. Dijo que se trabaja en la integración de los diferentes sistemas de transporte, en el ordenamiento y profesionalización del transporte concesionado, así como en la homologación del cobro electrónico.

También se realizó el Panel de Alcaldes sobre Movilidad y Logística para el Corredor Metropolitano, que presidió Raymundo Martínez, Presidente Municipal electo de Toluca de Lerdo, y con la representación de Naucalpan, Tlalnepantla, Tecámac y Cuautitlán Izcalli.

Se calificó como un caso de éxito el Tren Suburbano, por ser un transporte masivo que permite la movilidad e interconexión entre varios municipios mexiquenses hacia la Ciudad de México. Los municipios que forman el Corredor Metropolitano tienen una situación geográfica estratégica y reportan una afluencia diaria de millones de personas; la región incluye a los principales nodos industriales, que promueven la inversión en infraestructura, equipamiento y desarrollo en movilidad.

En el Panel sobre ITS para el Control de Flotas de Transporte, participó Roberto Capuano, director del Metrobús, quien, en videoconferencia desde Glasgow, Escocia, habló de la importancia que ha tenido el sistema para la movilidad en la Ciudad de México, con una importante reducción de emisiones contaminantes. También participó José Martín Valencia, CEO de Busmatick, quien detalló los modelos de pago electrónico con sistemas biométricos, teléfonos inteligentes y tarjetas de crédito.

Los trabajos de Intertraffic México 2021 y el IV Congreso Iberoamericano ITS, reunieron a especialistas quienes del 9 al 11 de noviembre analizaron los retos y tendencias de la movilidad en la etapa post pandemia.

En su quinta edición, Intertraffic presentó más de 120 marcas en piso de exhibición con soluciones en infraestructura vial, seguridad, estacionamientos, gestión de tráfico y movilidad inteligente, así como tecnologías de telepeaje, innovación automotriz, equipo para estacionamientos, control de accesos, defensas metálicas y señalamientos viales, semáforos inteligentes, registro de vehículos y vigilancia de tráfico, ticketing e iluminación de led vial, entre otras.

Durante el evento se contó con la participación de la Asociación Nacional de Alcaldes, la Asociación de Autoridades Locales de México (AALMAC) y la Coordinadora Nacional de Síndicos y Regidores (CONASYR), quienes realizaron distintos trabajos y recorrieron la zona de exposición. Así también, tanto la AALMAC como la CONASYR, llevaron a cabo la toma de protesta de nuevos síndicos y regidores de distintos estados de la República mexicana.

Finalmente, se anunció que la sexta edición de Intertraffic, se realizará del 8 al 10 de noviembre de 2022 en la Ciudad de México.

FUENTE: portalautomotriz

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SCJN invalida “ley mordaza” por difusión de imágenes, videos o audios de un delito

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó el artículo 240 Bis del Código Penal de Colima, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad el 20 de junio de 2020, por considerarlo una norma sobreinclusiva, es decir, que el efecto de la ley excede el propósito que tenía dicha ley.

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó una norma de Colima que producía la autocensura de las personas, ante el miedo de que los mensajes que emitan puedan llegar a ser sancionados penalmente, situación que impactaba de manera importante en el trabajo del gremio periodístico.

El pleno de la Corte invalidó el artículo 240 Bis del Código Penal de Colima, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad el 20 de junio de 2020, por considerarlo una norma sobreinclusiva, es decir, que el efecto de la ley excede el propósito que tenía dicha ley. El artículo tipifica las conductas de difundir, revelar, entregar y/o compartir imágenes, audios, videos, o documentos relacionados con un delito, ya sea del lugar del hecho, hallazgos, indicios, evidencias, objetos o instrumentos vinculados con el ilícito.

Al analizar una acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), los ministros de la SCJN determinaron que el tipo penal no establece con exactitud el objeto de prohibición, lo cual impide a los destinatarios su conocimiento. Además de que la conducta tipificada no es clara y resulta ambigua.

Se determinó que la medida no es proporcional, en virtud de que sanciona conductas que no deberían ser punibles, al constituir el ejercicio real de otros derechos.

El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo presentó al pleno el proyecto para invalidar el artículo 240 Bis del Código Penal de Colima, mismo que fue aprobado.

El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá dijo que la norma impugnada “no define una calidad específica, sino que tiene una connotación tan general que cualquier persona pudiera llegar a ser sujeto activo del tipo penal con solo llevar a cabo alguna de las hipótesis que la norma describe”.

Por su parte, el ministro Luis María Aguilar Morales planteó que si bien la norma pretendía impedir que se difundieran imágenes o datos que dañen a las víctimas y ofendidos, y la ley debe proteger el derecho a la intimidad de las personas, la redacción del Congreso de Colima no es respetuosa de los principios constitucionales de la libertad de expresión.

“Respecto a la violación a la libertad de expresión, la forma en que está tipificado el delito, impide uno de los elementos fundamentales de una sociedad democrática, que es la existencia de un debate público, decidido y abierto, esto implicaría además una especie de mordaza sobre las personas sobre la posible comisión de delitos con impacto en la sociedad”, dijo.

“Me parece que la criminalización pretendida por el legislador estatal genera el riesgo de poner límites excesivos, e incluso desproporcionados, porque en todo caso el legislador pudo haber previsto otras opciones menos lesivas para proteger la integridad y el adecuado funcionamiento de las labores a cargo de las autoridades, como las responsabilidades administrativas”, añadió.

En el mismo sentido, la ministra Jasmín Esquivel Mossa dijo que “la norma resulta atentatoria a la libertad de expresión porque obstaculiza la labor informativa de quienes laboran en los medios de comunicación”.

El ministro presidente Arturo Zaldívar dijo que la inconstitucionalidad del precepto impugnado es por violentar el principio de legalidad de taxatividad en materia penal, ya que es vago y ambiguo.

Finalmente, la ministra Norma Lucia Piña planteó que el artículo invalidado impactaba de manera negativa en la labor de periodistas.

jorge.monroy@eleconomista.mx

FUENTE: eleconomista

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Senador presenta proyecto de ley de apoyo a la maternidad en México

Julen Rementería del Puerto, senador de la república por el estado de Veracruz, presentó una iniciativa para crear la Ley del Fondo de Apoyo a la Maternidad, para apoyar en todo México a las embarazadas en situación de calle y víctimas de violencia y/o violación que deciden continuar con sus embarazos y tener a sus hijos.

“Presenté una iniciativa en beneficio de las mujeres, adolescentes y niñas mexicanas, en el que se reforma la Ley de Asistencia Social y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para crear la Ley del Fondo de Apoyo a la Maternidad, y así garantizar un refugio a mujeres en situación de calle, violencia y violación”, explicó el legislador sobre la iniciativa.

El también coordinador de senadores del Partido Acción Nacional (PAN) indicó que con la reforma se busca que las embarazadas en situación de vulnerabilidad tengan no solo acceso a varias ayudas, como médica y psicológica.

Esto incluye “atención médica y psicológica, refugio, manutención, restitución de sus derechos jurídicos, capacitación para ejercer un oficio y programas de empleo temporal”, resaltó.

Todo esto se brindará, según indica la iniciativa del proyecto de ley, desde el momento en que las mujeres sepan que están embarazadas, hasta un año después del parto.

“Esta iniciativa procura que el Gobierno federal otorgue apoyos a los estados, la Ciudad de México, municipios y alcaldías, a través del Fondo de Apoyo a la Maternidad (FAM), que será administrado por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)”, precisó el senador.

Julen Rementería resaltó que la iniciativa propone la creación de Centros de Atención a la Maternidad (CAM) en todo el país, como organismo en asistencia, apoyo y generador de información necesaria para las mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad. Sus acciones serán independientes respecto a las que realicen los sistemas DIF.

El senador dijo además que el proyecto de ley establece que se deberá asignar en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2022, los recursos suficientes para que los sistemas DIF de todo México puedan atender a las embarazadas en situación de vulnerabilidad con este nuevo fondo.

“La idea es que se faculte al DIF para que sea la institución pública encargada de evaluar, administrar, apoyar a las instituciones en cada entidad, y apoyar directamente a las mujeres embarazadas, así como para emitir las reglas de operación para el funcionamiento de este programa”, concluyó.

FUENTE: aciprensa

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Analizan con legisladores reforma a ley para periodistas y defensores

La impunidad en los asesinatos de activistas de derechos humanos y de comunicadores supera 90 ciento.

Maritza Pérez

Luego de que organizaciones sociales hicieran público su reclamo por no ser tomados en cuenta en el anuncio de la reestructuración del Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores, este jueves, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, invitó a quienes integran la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas a iniciar un proceso de reflexión, análisis y revisión para reformar el marco normativo de éste.

Al encabezar la 101 sesión de Junta de Gobierno, Encinas Rodríguez, reconoció que “han pasado años y ya se ha mostrado la viabilidad, los alcances y las limitaciones en la operación de este mecanismo, y creemos que es oportuno hacer una revisión a fondo para que estemos a la altura de los nuevos requerimientos”, sostuvo.

Por ello, consideró que se tienen que revalorar los mecanismos de coordinación y de colaboración de todas las instituciones públicas en los tres órdenes de gobierno, y los poderes Judicial y Legislativo porque, dijo, no se han logrado remontar los niveles de impunidad que prevalecen frente a las agresiones que sufren las personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

Por su parte, el titular de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y coordinador del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Enrique Irazoque Palazuelos, recalcó que prevalece la impunidad en los homicidios de personas defensoras de derechos humanos;  en 99% de los casos no existen sentencias y en el tema de las y los periodistas, 93 por ciento.

Por lo cual anunció que ya existe acercamiento con el Congreso de la Unión para iniciar una discusión que permita avanzar en la revisión de la ley y las reformas que se requieren para fortalecer al mecanismo, para darle mayor capacidad y fuerza institucional para deslindar y definir cuáles son las competencias de los distintos órdenes de gobierno y de los órganos autónomos y poder dar garantía plena a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

FUENTE: eleconomista

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Van por ley que regule dobles remolques

La iniciativa propuesta coincide con la misma SCT para regular el paso de los aproximadamente 78 mil vehículos de doble remolque en todo el país, e impulsar acciones para prevenir accidentes.

Desde la bancada de Morena en el Senado se impulsa una iniciativa para prohibir la circulación de autotransporte de carga con doble remolque por carreteras federales cuando excedan un peso de más de 66.5 toneladas y una longitud de 31 metros de largo.

El senador morenista Elí Cervantes Rojas presentó una reforma al artículo 50 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, mediante la cual se busca regular la circulación del autotransporte de carga de doble remolque en todo el territorio nacional para reducir los accidentes viales ocasionados por este tipo de transporte.

“Se trata de anteponer la seguridad y la vida de las personas que circulan diariamente en las carreteras”, planteó el legislador de Morena.

La propuesta del senador, además, establece que las personas morales y físicas que no cumplan con lo establecido en este supuesto podrían ser acreedoras a una multa económica de hasta 500 días de salario mínimo.

El legislador consideró que, con esta iniciativa, que se turnó a las comisiones unidas de Comunicaciones y Transportes, y de Estudios Legislativos, se perfeccionarán las directrices legales que actualmente se encuentran establecidas para regulación de vehículos de carga doblemente articulados, que no se respetan.

El morenista señaló que la iniciativa propuesta coincide con lo que ha planteado la misma Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en el sentido de no prohibir, sino regular el paso de los aproximadamente 78 mil vehículos de doble remolque en todo el país, e impulsar acciones para prevenir accidentes.

FUENTE: elfianciero

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Retoma el Senado la ley sobre el uso recreativo de la mariguana

Desde 2018, la Suprema Corte ordenó al Congreso que legislara sobre el consumo con fines recreativos y el uso industrial de la cannabis. 

Foto Alfredo DomínguezAuto-Lectura Periódico La Jornada
domingo 14 de noviembre de 2021 , p. 6

Después de tres años de intentos fallidos, el Senado retoma una de las reformas más controvertidas en el país, la Ley federal para regular el consumo de mariguana con fines recreativos e industriales, que no se ha logrado concretar, pese a que desde 2018 la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó al Congreso legislar en esa materia.

La intención es que la ley se apruebe en este periodo de sesiones, que concluye el 15 de diciembre, según comentaron los coordinadores de Morena y del PRD, Ricardo Monreal y Miguel Ángel Mancera, respectivamente.

Es un tema polémico, que no ha sido fácil resolver, sobre todo por la oposición del PAN, otros grupos conservadores y el cabildeo constante de las grandes farmacéuticas, que buscan apoderarse del negocio.PUBLICIDAD

El Senado debió pedir dos prórrogas a la Suprema Corte, a fin de lograr el acuerdo entre las fuerzas políticas, ya que el primer plazo venció en octubre del 2019 y luego vino la pandemia del Covid-19. Sin embargo, después de casi un año de trabajo de las Comisiones de Salud y de Justicia, en noviembre de 2020 se aprobó la Ley Federal para la Regulación de la Cannabis, con el voto en contra de la mayoría de los panistas.

La reforma tomó en cuenta 17 iniciativas en la materia, entre ellas la de la actual presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, que descriminaliza su consumo y regula su uso, así como el cultivo, comercialización, distribución y exportación de la cannabis y sus derivados.

Uno de los puntos más discutidos fue que la ley eleva a 28 gramos la cantidad de mariguana que personas mayores de 18 años pueden portar, después de esa cantidad y hasta 200 gramos, sólo amerita sanción administrativa, una multa de 11 mil pesos.

Se destacó en tribuna que era una ley de avanzada, pero en la Cámara de Diputados la retuvieron por varios meses y la regresaron en abril de este año con cambios de fondo, que no fueron aceptados en el Senado.

Con la conducción de Sánchez Cordero se retomó el tema y se integró un grupo plural, que comenzará a trabajar esta semana, según comentó el coordinador del sol azteca en el Senado. Explicó que no se partirá de la minuta que regresó la Cámara de Diputados, sino de un nuevo documento que retomará los puntos en que hubo acuerdos, entre ellos los del gramaje y que resuelva los diferendos con la colegisladora.

Respecto del cambio que los diputados hicieron, al eliminar el trato preferencial para el cultivo de mariguana a los grupos indígenas y campesinos que sufrieron el embate del crimen organizado, consideró que se debe retomar.

Se tiene que construir –recalcó el senador Mancera– una ley que retome el mandato de la Suprema Corte, despenalice el consumo de mariguana, ya que hay miles de presos sólo por portar algunos gramos de esa droga; que atienda el problema de salud, sin dejar fuera todo lo que puede significar un beneficio económico para el país, y que lo coloque en la ruta de la competitividad.

FUENTE: lajornada