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Diputados defenderán legalidad de la Ley de la Armada: Gutiérrez Luna

La SCJN notificó este miércoles a la Cámara de Diputados la admisión de la acción de inconstitucionalidad interpuesta por legisladores de la oposición contra el nuevo ordenamiento.

Fernando Damián Ciudad de México / 08.12.2021 21:05:04

La Cámara de Diputados defenderá la legalidad de la nueva Ley Orgánica de la Armada de México ante la acción de inconstitucionalidad presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra ese ordenamiento.

Así lo advirtió el presidente de la Mesa Directiva en el Palacio de San Lázaro, Sergio Gutiérrez Luna, al confirmar que el órgano legislativo recibió ya la notificación oficial de la admisión del recurso interpuesto por legisladores de la oposición.

“Hoy nos acaban de notificar en la Cámara de Diputados una acción de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica de la Armadade México; institucionalmente defenderemos esta reforma, porque las labores de seguridad que realiza la Policía Naval son fundamentales para México”, remarcó el legislador morenista.

Gutiérrez Luna encabezó este miércoles a un grupo de 26 legisladores de Morena y del Partido del Trabajo (PT) invitados por la Secretaría de Marina (Semar) a un recorrido por el proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

En ese marco y desde el astillero de la Armada de México en Salina Cruz, Oaxaca, el diputado presidente dio a conocer la admisión de la acción de inconstitucionalidad por parte de la SCJN.

“Se defenderá la legalidad y la institucionalidad de la Ley Orgánica de la Armada de México, así como la función de la Policía Naval en labores de seguridad”, puntualizó.

A bordo del buque “Hidalgo» y acompañado por la comitiva de legisladores, Gutiérrez Luna expresó el agradecimiento de la Cámara de Diputados a la Marina y la Armada por sus labores vitales para el país, al tiempo de reafirmar el apoyo a la institución.

Entre los diputados que hicieron hoy el recorrido por el Istmo de Tehuantepec destacan Jaime Martínez, presidente de la Comisión de Marina; Juanita Guerra, presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana; Óscar Cantón, Salma Luévano, Carol Altamirano, Susana Prieto, Hamlet García, Irma Juan Carlos, Emmanuel Reyes y Antonio García, de Morena, además de los petistas Gerardo Fernández Noroña y Benjamín Robles.

FUENTE: milenio

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Diputados aprueban en comisiones nueva ley para el Conapred

Con 21 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones, se aprobó el dictamen que expide la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

La Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados aprobó la creación de una nueva ley del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) con el fin de fortalecer a este órgano que buscar erradicar todas las formas de discriminación en México como lo establece el articulo primero de nuestra carta magna.

Con 21 votos a favor cero en contra y dos abstenciones, se aprobó el dictamen por el que se expide la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y se abroga la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación que fue aprobada el once de julio del 2003.

El presidente de la Comisión de Gobernación el priista, Alejandro Moreno, quien turnó el dictamen a la Mesa Directiva para someterlo al pleno próximamente, enlistó los beneficios de la nueva ley que regirá al Conapred.

“Fortalecer al Conapred, tener una autoridad responsable de la formulación de la política pública antidiscriminatoria. Se incluyen definiciones de discriminación, directa, indirecta, estructural, sistemática e interseccional. Actualiza el catálogo de conductas discriminatorias que es muy importante y modifica el procedimiento de quejas y fortalece la junta de gobierno del Conapred”

Cabe mencionar que los diputados del PAN que integran dicha comisión buscaron evitar que se aprobará el dictamen que fortalece el Conapred y advirtieron que en el pleno presentará una serie de reservas para modificar la nueva legislación, por lo que abandonaron la reunión.

Antes de dejara la sesión, el panista Humberto Aguilar Coronado, aclaró que no están de acuerdo con aprobar una nueva ley contra la discriminación, sino en contra del dictamen que adolece de técnica legislativa, hay errores e incongruencias en su redacción etc.

“Insisto para que no haya confusión, nosotros no estamos en contra de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, estamos a favor de sacra un dictamen que esté a la altura, pues este dictamen carece de técnica legislativa, que tiene una serie de puntos ya que haremos notar cuando se decida subirlo al pleno. Y ante la carga que tenemos de trabajo, nos retiramos de esta discusión, presidente”.

A su vez la diputada del PRI, Cynthia López Castro lamentó que los legisladores del PAN se hayan levantado de la mesa y no votar a favor de fortalecer el Conapred, como lo han solicitado desde hace mucho tiempo diversas organizaciones civiles defensoras de los derechos humanos.

FUENTE: wradio

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Advierten retroceso por Ley de Economía Circular

Diputados locales pidieron al Senado analizar la Ley General de Economía Circular para evitar retrocesos en la materia en la Ciudad de MéxicoDavid Martínez.

El proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Economía Circular podría representar un retroceso en materia de residuos sólidos en la Ciudad de México, consideraron diputados locales de Morena.

Durante una conferencia de prensa, el diputado local del partido guinda, Fernando Mercado Guaida, señaló que el decreto aprobado por el Senado de la República es un ordenamiento de observancia general que todas las entidades deben seguir.

En consecuencia, la Ciudad de México tendría que modificar su ley, pese a que la entidad ha implementado desde 2019 sus propios programas y ha sido un ejemplo a nivel nacional en el tratamiento de residuos.

“La ciudad ha implementado programas y acciones para el manejo de residuos como Basura Cero, puntos de partida indiscutibles en una ruta hacia la Economía Circular y un manejo eficiente de los residuos, lo mismo que el Programa Ambiental y de Cambio Climático para la Ciudad de México 2019- 2024″, detalló.

El morenista señaló que las reformas enviadas por el Senado a la Cámara de Diputados podrían significar una regresión a lo ya logrado por el Gobierno de Claudia Sheinbaum y a los avances legislativos del Congreso local, por lo que solicita sean analizadas con detalle y se tomen en cuenta las consideraciones, tanto del Legislativo como de la administración capitalina.

Acciones implementadas or la economía circular en la CDMX

Entre los problemas que existen con el decreto y que podrían ser un paso hacia atrás a nivel local, es que la ley general estipula que ningún plástico es de un solo uso y que todos son potencialmente reciclables.

Sin embargo, en la capital ya comenzó desde hace tiempo un proceso de retiro gradual de los plásticos de un solo uso para que se utilicen solo materiales reciclables y compostables.

“Para la Ciudad de México y, seguramente otras entidades federativas, es importante que se analice el dictamen con más detalle, exhortamos al Congreso federal para que nos permita manifestar no solo nuestras preocupaciones sino nuestros argumentos y propuestas, estoy seguro de que las y los diputados nos abrirán canales para dialogar”, puntualizó Mercado.

Desde 2019 en la capital del país se aprobó una nueva Ley de Residuos Sólidos que inició con el retiro del mercado de las bolsas de plástico.

Un año después, inició el retiro de todos los plásticos de un solo uso de los establecimientos mercantiles e inició la transición para que se usen solo materiales compostables.

FUENTE: reporteindigo.com

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Senado mantiene paralizada la ley de desplazamiento forzado; víctimas se cuadriplican en un año

Más de 36 mil personas tuvieron que abandonar su vivienda a causa de la violencia durante 2021. Al menos 357 mil tuvieron que refugiarse en los últimos años.

La Ley General en Materia de Desplazamiento Forzado lleva más de un año paralizada en el Senado sin que se fije una fecha para su debate y aprobación. Desde el 19 de septiembre de 2020, cuando la norma recibió el visto bueno de la Cámara de Diputados por unanimidad, el texto no se ha movido.

La iniciativa prevé que la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (Comar) se haga cargo de las personas que se ven obligadas a abandonar su lugar de residencia a causa de acciones violentas. Hasta que los senadores no la impulsen, no existe una respuesta integral para un problema que apenas se reconoce desde 2019.

Organizaciones de la sociedad civil como Serapaz o la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) acompañan a las víctimas y defienden mejoras en el borrador de la norma.

No hay cifras oficiales sobre cuántas personas fueron desplazadas en México. La CMDPDH lleva contabilizadas, solo este año, más de 36 mil personas obligadas a dejar su casa. Se trata de la cifra más alta desde que esta organización realiza sus estimaciones y casi cuadriplica las más de 9 mil registradas el año pasado.

Los estados más castigados son Michoacán, Chiapas, Guerrero y Zacatecas. En total, el Centro de Monitoreo del Desplazamiento Interno (IDMC, por sus siglas en inglés), dependiente del Consejo Noruego para los Refugiados, tiene contabilizados 357 mil desplazados internos, aunque la cifra podría ser mucho mayor.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador es el primero que reconoce el problema, ya que los anteriores negaban incluso la existencia de desplazados internos. Ahora falta el siguiente paso: aprobar la ley y dotar de presupuesto a las instituciones para poder atender a las víctimas.

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“Se registraría a las personas, se les atendería en el lugar donde están. Habría mecanismos de prevención y alerta temprana, se buscarían soluciones duraderas junto a las comunidades”, dice en entrevista Andrés Ramírez, coordinador general de la Comar y la persona que estará a cargo de la atención institucional a los desplazados.

Ramírez explica que la aprobación por parte del Senado de la ley es un paso clave, pero que también están pendientes establecer una estructura (sobre la que ya están trabajando), dar luz verde al presupuesto y poner en marcha un diagnóstico que estará en manos del Consejo Nacional de Población (Conapo).

La gran pregunta es por qué el proyecto quedó atorado en el Senado cuando tenía el aval de todos los grupos en la Cámara de Diputados. “Parece que han tenido otras prioridades”, dice Ramírez.

Actualmente hay tres minutas pendientes de debate: una, la que ya fue aprobada por la Cámara Baja y otras dos presentadas por dos senadores: Emilio Álvarez Icaza, del Grupo Plural, y Nestora Salgado, de Morena.

Animal Político quiso hablar con la presidencia de la comisión de Gobernación, en manos de Mónica Fernández Balboa, pero al cierre de la edición no había recibido respuesta. El actual período de sesiones está por concluir y esta iniciativa no está en agenda, por lo que parece que las víctimas de desplazamiento forzado deberán esperar nuevamente.

“Es bueno que se reconozca, pero parece que hay resistencia a hablar de un conflicto interno porque obliga a hacer”, dice Álvarez Icaza. En su opinión existe una resistencia a la aprobación definitiva por varias razones. Las principales: los problemas presupuestales y la falta de propuestas concretas sobre qué hacer con los afectados.

Ramírez, por su parte, dice que la Comar ya está trabajando en un lobby a dos niveles. Por una parte, con el Senado, para acelerar la aprobación de la ley. Por otra, con la secretaría de Hacienda, que es quien tiene la última palabra en el ámbito presupuestario. Sus dos grandes preocupaciones: que no haya duplicidades y que no sea necesaria una reforma constitucional.El periodismo libre necesita de sus lectores.Sigamos contando las historias que importan.Suscríbete
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Según el coordinador general de Comar, poner en marcha la división de desplazamiento forzado costaría unos 250 millones de pesos en el ámbito operativo y entre 50 y 70 para desarrollar la estructura. Por el momento las conversaciones se mantienen en privado y no hay fecha para el debate sobre la futura ley.

Aunque es habitual que una norma quede estancada en el camino, en este caso hablamos de un proyecto que debería tener impacto sobre miles de personas obligadas a abandonar su casa por efecto de grupos armados. La iniciativa no toma en cuenta el desplazamiento forzado causado por otros detonantes, como los desastres naturales.

“Es un buen punto de partida, pero hay cosas que mejorar”, dice Pablo Cabada, investigador de la CMDPDH. La primera, que “reconoce solo de 2010 en adelante”, cuando hay constancia de desplazamientos desde 1970. Solo un ejemplo: esta redacción dejaría fuera a las comunidades que tuvieron que dejar sus lugares de residencia durante la represión posterior al levantamiento del EZLN en 1994.

La segunda, la propuesta de crear una cédula de identidad única, “una piedra en el zapato para todos los gobiernos”, en opinión de Cabada. Por último, la necesidad de “definir mejor las causas” que provocan el desplazamiento.

León Pérez, integrante de Serapaz, subraya que “es algo histórico” que se planteé una propuesta de ley para atender el desplazamiento forzado interno, pues, de concretarse, “sería el reconocimiento por parte del Estado de que hay una crisis humanitaria en el país, que hasta ahora no está siendo reconocida”.

Sin embargo, el activista coincide con Cabada en que hay “cosas que mejorar” del proyecto.

“Vemos como algo positivo que la iniciativa (de Segob) recoge muchas necesidades que están marcadas desde los estándares internacionales. Sin embargo, nos preocupa que no se plantee un protocolo de atención específico para las víctimas, para las personas desplazadas ”, dice el integrante de Serapaz, que agrega que “tampoco están bien definidas las responsabilidades de las autoridades que atenderán a las víctimas”.

Este lunes, a las 15.50 horas, tendrá lugar en el Senado un diálogo entre el Colectivo Nacional de Víctimas de Desplazamiento Forzado e integrantes del poder legislativo. El objetivo del encuentro, explica León Pérez, es “escuchar a las y los legisladores y saber por qué no está avanzando esta iniciativa de ley tan necesaria”, y plantearles la necesidad “de que se instale una comisión de diálogo permanente entre legisladores y organizaciones vinculadas al tema del desplazamiento forzado interno”.

El encuentro podrá ser visto a través de las redes sociales del Canal del Congreso y del Senado de la República.

Una despensa no es suficiente

Cabe recordar que el pasado 11 de noviembre, representantes de comunidades tanto el sur de México, como en el centro y norte del país que sufren desplazamiento forzado como consecuencia de la violencia, y más de 20 organizaciones de la sociedad civil anunciaron una alianza nacional para dar visibilidad a esta problemática y exigir su reconocimiento como víctimas.

Tres días después, el 14 de noviembre, tuvo lugar un encuentro en la capital mexicana de estas organizaciones, en el que también participaron Serapaz, la Red TDT, y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, donde los representantes de estas comunidades pidieron a los legisladores la “aprobación urgente” de una Ley en materia de desplazamiento forzado interno, que reconozca la tipificación del delito y a las personas desplazadas como víctimas.

“Queremos que se nos reconozca como víctimas y queremos que el Estado nos provea de una vivienda digna, porque en nuestras comunidades lo dejamos todo”, dijo en aquel encuentro Joaquina Cantor, desplazada de Zitlala, en Guerrero.

“Nadie sale de su vivienda por gusto, sino por salvar la vida y la de los hijos y la familia -añadió-. En nuestras comunidades, el crimen organizado saca a los niños de 12 años para que hagan trabajos forzados. Y eso el gobierno no lo está viendo. Al contrario, nos está criminalizando”.

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Marcelo Soto, integrante de un colectivo que representa a 80 personas que tuvieron que abandonar viviendas y ranchos en la sierra de Chihuahua, explicó que el crimen organizado, además de sus negocios habituales de tráfico de drogas, se apoderó también de los bosques y las minas, provocando la expulsión de cientos de personas de esas zonas.

“El crimen organizado lo controla todo”, lamentó. “Y muchos hemos perdido nuestras propiedades y el trabajo de toda una vida”, recalcó.

Julián Méndez Córdova, en representación de desplazados de El Guanal, en Ocosingo, Chiapas, señaló que no hay un reconocimiento explícito de las autoridades de los tres niveles de gobierno de que, en efecto, existe un problema de desplazamiento interno en México que afecta a miles de personas. Y tampoco se está visibilizando que estas víctimas, una vez expulsadas, quedan a la deriva sin acceso a una vivienda digna, ni a políticas públicas de empleo, educación, o salud.

“Las autoridades no nos escuchan. Piensan que con una despensa ya nos atendieron. Y nosotros lo que pedimos es justicia”, subrayó. Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

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FUENTE: animalpolitico

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En Zacatecas trabajan en la conformación de una Ley de Protección Integral de Periodistas

Zacatecas, Zac.- De cara a la creación de una Ley estatal para la Protección Integral de Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos, este martes el diputado José Luis Figueroa Rangel se reunió con comunicadores y representantes de medios de comunicación en un evento denominado Diálogo con Periodistas.

La finalidad de la reunión fue conocer las inquietudes y necesidades de quienes ejercen el periodismo en Zacatecas, así como las propuestas que tienen para poder conformar una nueva legislación que responda de manera efectiva a la realidad que viven los medios informativos en la entidad.

Como ponente invitado estuvo Rogelio Hernández López, periodista de investigación y director de medios de comunicación, así como reportero de la fuente política en prensa escrita, radio y televisión durante más de cuatro décadas.

Al dar la bienvenida, el diputado Figueroa Rangel sostuvo que “a todos nos conviene tener una ciudadanía informada y crítica porque es una condición indispensable para el funcionamiento de la democracia representativa, por lo que los medios de comunicación son una pieza clave”. El legislador agregó que es importante buscar la profesionalización del periodismo y garantizar los derechos de los periodistas de forma que el beneficio sea para el pueblo.

Por su parte, tras abrir el micrófono a los asistentes y escuchar las intervenciones de periodistas y representantes de medios de comunicación, el ponente Rogelio Hernández, también directivo de la Unión de Periodistas Democráticos (UPD) y director y fundador de la Casa de los Derechos de Periodistas, hizo varias propuestas sobre elementos que consideró que deben incluirse en una legislación en esta materia.

La primera fue la de reconocer las nuevas formas de desarrollar el periodismo, a raíz de las crisis y de los cambios tecnológicos. En este sentido, se refirió a las pequeñas empresas de periodistas, que pueden operar con dos o tres personas o hasta 20, configurándose como una alternativa democrática y que, dijo, deberían constituirse bajo la figura de empresas no lucrativas, con códigos de ética supervisados por entes externos como universidades, garantizando así la información con un enfoque diferente al comercial.

En segundo lugar, Hernández López sostuvo que tiene que incorporarse el reconocimiento de derechos para los periodistas y en primer término apuntó que los medios de comunicación deben ser reconocidos por el Estado como actividades de interés público, igual que los partidos políticos, de forma que se les otorgue a quienes se desempeñan en este ámbito el derecho de ser protegidos.

Como un añadido a la nueva legislación precisó que también deberían plantearse reformas al Código Penal para castigar a quienes agredan, obstruyan, ofendan e impidan el trabajo de los periodistas.

Antes de concluir el evento, el diputado José Luis Figueroa Rangel consideró que es necesario que los medios tengan los ingresos suficientes para poder operar y cumplir con su función, por lo que se comprometió a mantener este diálogo abierto y a buscar el apoyo de más legisladores para que se concrete esta ley.

En el Diálogo con Periodistas estuvieron también presentes la diputada Zulema Santacruz Márquez y el legislador Xerardo Ramírez Muñoz, así como el periodista Horacio Zaldívar, quien destacó que hoy “es tiempo de los periodistas en Zacatecas; es momento de aceptar y legitimar el trabajo de los periodistas, que los gobiernos han menospreciado. (…) La sociedad necesita información porque, cuanta más información haya, mejores decisiones se tomarán”.

FUENTE: periodicomirador