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Diputado de Morena propone mecanismos para remover al presidente en turno del TEPJF

La fracción de Morena en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa de reformas con el fin de establecer los mecanismos para remover al presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en caso de transgredir de forma grave o reiterada lo dispuesto por la Constitución.

El proyecto prevé que el presidente del órgano jurisdiccional podrá ser depuesto del cargo cuando al menos cinco de los siete magistrados electorales así lo determinen.

“Se trata de una reforma a los artículos 169 y 171 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que se deriva de la crisis institucional al interior de la Sala Superior del Tribunal Electoral en agosto pasado, cuando se solicitó la remoción del magistrado presidente (José Luis Vargas), lo cual no está formalmente previsto en la ley”, subrayó el diputado Martín Sandoval, al presentar la propuesta.

Remarcó por ello la necesidad de dotar de normas jurídicas al TEPJF para resolver las dificultades entre sus magistrados, “evitando la parálisis de las decisiones de justicia electoral”.

La iniciativa define el proceso por el cual el magistrado presidente puede ser removido de su cargo y considera que la resolución tendrá efectos definitivos, por lo que se procedería inmediatamente a la designación del nuevo presidente en los términos de la ley.

“En caso de remoción del presidente del TEPJF, se elegiría a un nuevo titular únicamente por el tiempo restante del encargo y podrá ser reelecto únicamente por una ocasión”, puntualizó Sandoval.

Recordó que el tribunal es el órgano encargado de garantizar el correcto funcionamiento de la democracia en México y en consecuencia debe contar con mecanismos institucionales para resolver las discrepancias entre sus integrantes.

El diputado de Morena reconoció que, durante la historia de consolidación del máximo órgano de justicia electoral, la pluralidad ideológica y la apertura política al interior del Poder Legislativo Federal han caminado de la mano.

FUENTE: msn

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Detalla AMLO servicios del Banco del Bienestar

El presidente Andrés Manuel López Obrador durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional. Foto Cristina RodríguezAuto-Lectura

Ciudad de México. Las funciones del Banco del Bienestar serán la dispersión de 500 mil millones de pesos de los programas sociales; recibir y pagar las remesas que envíen los migrantes, sin cobrar comisión; y, otros servicios bancarios, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador. La apertura de cuentas -repuso- será gratuita.

En su conferencia matutina, el mandatario también expuso que su intención es que las 2 mil 700 sucursales del banco funcionen, como “centros integradores” de las comunidades.

También adelantó que la próxima semana, en el estado de Hidalgo, pondrá en marcha simbólicamente la operación de las primeras 300 sucursales del banco.

FUENTE: lajornada

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Exige la ley al INE ajustar presupuesto antes de pedir más fondos

Al ser un organismo autónomo, los ajustes financieros se hacen de manera interna y sólo deben ser avisados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la integración de los informes trimestrales de finanzas y cuenta pública.

Por otro lado, ya en el caso de una ampliación externa, el INE deberá enviar a la dependencia el requerimiento, con la argumentación fundada y motivada, la cual será analizada por la Secretaría de Hacienda.

Vídeo: El Gobierno ha movilizado 247 millones de ayudas a La Palma y prevé 195 más (EFE America)

La noche del miércoles, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió que el INE no tiene atribuciones para aplazar la consulta de revocación de mandato, prevista para abril del próximo año, luego de que en el mismo sentido se pronunciara la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Al revocar el acuerdo con el que el INE buscaba aplazar la consulta de revocación de mandato, el tribunal electoral vinculó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a su sentencia, con el objetivo de garantizar los recursos.

El proyecto votado la noche del miércoles detalla que en el supuesto de que el INE solicite una ampliación presupuestaria, en la que justifique los gastos que se requieren para realizar la revocación de mandato, la Secretaría de Hacienda debe responder a la brevedad, considerando que realizar el ejercicio es una obligación de todo el Estado mexicano.

FUENTE: msn

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El ABC de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial en México: Alcoholímetro permanente, adiós celular y límites estrictos de velocidad

Todo lo que tienes que saber sobre la nueva propuesta.

De qué va la nueva propuesta de la Ley de Seguridad vial en México y cómo seráReuters

Durante la semana que esta por terminar, el Senado de la República aprobó con 104 votos a favor y dos abstenciones la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial que contiene medidas obligatorias para todo el país y en MARCA Claro te decimos todo lo que tienes que saber sobre esta norma.

¿Qué es la nueva Ley de Movilidad y seguridad vial aprobada en el Senado?

Es la ley que establece los mecanismos y acciones para gestionar de mejor manera los factores de riesgo con el objetivo de reducir las muertes y lesiones graves ocasionadas por accidentes viales o de tránsito.

¿Cuál es la finalidad de esta nueva ley vial y quiénes son la prioridad?

La finalidad de esta nueva ley es «reducir muertes y lesiones graves ocasionadas por siniestros viales» y la prioridad son los peatones, ciclistas y vehículos no motorizados.

Alcoholímetro permanente en todo el país: ¿cuáles son los límites, en algunos casos?

De acuerdo a la nueva ley está prohibido conducir con una alcoholemia superior a 0.25 mg/L en aire espirado o 0.05g/dL en sangre, excepto los siguientes casos:

  • Para los motociclistas está prohibido conducir con una alcoholemia superior a 0.1 mg/L en aire espirado o 0.02 g/dL en sangre.
  • Para los conductores de vehículos destinados al transporte de pasajeros y de carga, queda prohibido conducir con cualquier concentración de alcohol por espiración o litro de sangre.

Alcoholemia para motociclistas y choferes de transporte público o carga

La normatividad obligará a las entidades federativas y municipios tendrán que realizar pruebas de alcoholemia de manera permanente a cualquier tipo de vehículos bajo el efecto del alcohol.

¿Cuáles serán los límites de velocidad en los diferentes tipos de calles?

En autopistas y carreteras federales, el máximo de velocidad para autos particulares será de 110 km/h; 95, para autobuses y 80 kilómetros por hora, para camiones y tráilers.

¿Qué pasa con el celular y otros dispositivos móviles?

Al momento de manejar estará estrictamente prohibido leer o enviar mensajes de texto a menos que se haga con manos libres.

FUENTE: marca.com

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«Transferir» funciones del Inali al INPI requiere cambiar al menos seis leyes

La poeta zapoteca Irma Pineda Santiago es representante de los pueblos indígenas de México, Latinoamérica y el Caribe ante la Organización de Naciones Unidas. Foto María Luisa SeverianoAuto-Lectura

La iniciativa con proyecto de decreto elaborada por la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República que propone “transferir” las funciones del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali) al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) requiere, para tal fin, reformar, adicionar y derogar disposiciones de al menos seis leyes.

De acuerdo con el documento, que deberá someterse al análisis de la Cámara de Diputados, se piden cambios a la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, la Ley General de Educación, la Ley Nacional de Ejecución Penal y la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro.

En el escrito (del que La Jornada tiene copia) se argumenta que en aras de “reconocer plenamente los derechos de los pueblos indígenas como acto de justicia social, se propone fortalecer al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas para que el mismo lleve a cabo las tareas relativas al fortalecimiento, desarrollo y preservación de las lenguas indígenas nacionales, en coordinación con los tres órdenes de gobierno y los pueblos y comunidades indígenas, así como ampliar el ámbito social del uso de las lenguas indígenas nacionales y promover el acceso a su conocimiento.

“En consecuencia, se propone la trans-ferencia de funciones a través de la desincorporación por fusión del Instituto Na-cional de Lenguas Indígenas al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, cuyas funciones se armonizan y son acordes en esencia y objeto.”

En la exposición de motivos para tales reformas se dice que “uno de los principales compromisos de la Cuarta Transformación es ‘no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie afuera’” y, por tanto, “es nuestro propósito fortalecer las instancias administrativas que fueron creadas en atención de los pueblos y comunidades indígenas, los cuales han vivido desde hace siglos la opresión, saqueo y discriminación; el gobierno orientará la correcta ejecución de las políticas públicas gubernamentales para lograr la redirección del gasto público, razón por la cual, con la presente iniciativa, se propone llevar a cabo una reordenación orgánica de las instituciones que ejercen competencia en la materia de modo tal que se ejerza el presupuesto federal de manera responsable, eficiente y eficaz, con base en el principio de austeridad republicana”.

De entrada, anularía el artículo 14 de Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas que ordena la creación del Inali, y lo sustituye por: “El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, ademas de lo establecido en la Ley del Instituto Nacio-nal de los Pueblos Indígenas, tendrá las siguientes atribuciones…”, para luego asignarle al INPI todas las funciones del Inali.

Preservar las lenguas originarias exige un Estado que se responsabilice de combatir la discriminación y el racismo: poeta zapoteca Irma Pineda

Mónica Mateos-Vega

Los problemas de fondo que obstaculizan el desarrollo y preservación de las lenguas indígenas en México son la discriminación y el racismo, asuntos que no se pueden combatir si tenemos un Estado que no asume sus responsabilidades con los pueblos y comunidades originarias.

En ese contexto, resulta “grave y lamentable” la propuesta de desaparecer el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali) para integrarlo al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), “quizá para que quede por ahí como una subdirección más”, considera la poeta zapoteca Irma Pineda (Juchitán, 1974).

En entrevista con La Jornada, la autora, representante de los pueblos indígenas de México, Latinoamérica y el Caribe ante la Organización de Naciones Unidas, explica que el Estado “debería dar más señales de que tiene interés por trabajar con los pueblos indígenas, pero en cuestiones concretas y reales, porque para las comunidades no es suficiente que se exhiban bastones de mando en los actos oficiales o que éstos se inicien con ceremonias de agradecimiento a la Madre Tierra y soplando el caracol hacia las cuatro direcciones del universo.

“Nos reímos cuando vemos esas cosas porque terminan siendo una burla. ¿Para qué tanto show mediático con los símbolos indígenas si eso no se aterriza en programas concretos para poblaciones indígenas? No se trata de caer en la institucionitis, sino de aprovechar las estructuras que ya están. Lo que se requiere es fortalecer el presupuesto del Inali, capacitar al personal y seleccionar a los más adecuados para estar al frente, no crear más elefantes blancos.”

Pineda señala que si bien la Secretaría de Cultura federal afirmó hace un par de días en un comunicado que el Inali tiene “garantizado” este año un presupuesto de 71 millones de pesos, pero, “ojo, se está hablando sólo de 2022, durante el cual se requiere realizar el proceso legislativo para la transferencia al INPI, porque el decreto para desaparecer al Inali no se llevará a cabo de la noche a la mañana; es decir, durante este año se gastarán esos 71 millones, y para 2023 ya no existirá el instituto, ¿y los recursos?

“Es algo muy serio porque el presupuesto del INPI va en picada. En 2021 tenía 6 mil millones, y ya perdió 50 por ciento, pues para 2022 cuenta sólo con 3 mil millones.”

Pineda advierte que el Instituto Nacional Indigenista, luego la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y posteriormente el actual INPI trabajaron de manera importante cuestiones como proyectos de desarrollo económico y estructural, temas de salud y de capacitación para los pueblos indígenas, “pero si hacemos un recuento, ninguna de esas instancias se ha dedicado de manera profunda al tema de las lenguas.

“No creo que ahora al INPI le dé tiempo de hacerlo, pues tiene su propia agenda: una gran reforma, bastante ambiciosa, en favor de los pueblos indígenas, que implica el cambio de 15 artículos constitucionales, aunque no sabemos si logrará pasar en la Cámara de Diputados.”

El argumento de la Consejería Jurídica de Presidencia para fusionar al Inali con el INPI, continuó, es que todo esté en una sola institución, “pero ya tuvimos el caso del Instituto Nacional Indigenista, donde todo estaba junto y no pudo resolverse nada, a final de cuentas se convirtió en una institución asistencialista, responsable en buena medida del lingüicidio que ahora padecemos.

“En los pueblos indígenas tenemos la claridad de que las instituciones no resuelven el problema de discriminación y racismo, aunque reconocemos que es importante que existan porque el Estado debe asumir su responsabilidad.

“El que haya una institución como el Inali nos dice que el Estado se compromete al trabajo de revalorización, fortalecimiento y, sobre todo, de diseño de políticas públicas respecto a las lenguas, pero si lo desaparece, nos dice justo o contrario: que no le importan las lenguas ni tiene interés por ellas.

“Nuestra lectura es que se trata de decisiones verticales, centralistas, y hasta me atrevería a decir que tomadas desde el privilegio. No sé quiénes son los asesores de la Consejería Jurídica que propusieron la ‘fusión’, pero pienso que son gente blanca, no indígena, privilegiada, sin la menor sensibilidad de lo que vivimos en lo cotidiano los pueblos indígenas ni de lo que es el Inali, una institución que si bien tiene deficiencias, que se pueden corregir desde adentro, desaparecerla es un golpe para las comunidades porque se interrumpen varios trabajos en proceso, como la catalogación, la formación de intérpretes-traductores y la implementación de las normas de escritura”, concluyó la también traductora y docente.

FUENTE: lajornada

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Fintech: un reto para las leyes y para la abogacía

Se debe asumir la tarea de encuadrar las operaciones fintech dentro del marco regulatorio existente y de empaparse de la nueva regulación que se empieza a generar. / Unsplash, David Dvořáček.
13/12/2021

PorGabriela Salazar Torres


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Si las tecnologías de la información se han venido aplicando a los servicios financieros desde hace aproximadamente 150 años, ¿por qué hoy adquiere relevancia la industria fintech?

El término fintech proviene de la fusión de las palabras ‘financial technologies’ o ‘tecnologías financieras’ y hace referencia a las soluciones y herramientas de tecnologías de la información con las que se prestan servicios financieros, pero de manera más eficiente. 

En esencia, con las fintech,personas y empresas tienen un mejor manejo de sus finanzas, desde la comodidad de sus computadoras o teléfonos inteligentes. La industriafintech está revolucionando al mundo financiero, pero también el legal.

El crecimiento de esta industria ha dado lugar a que los reguladores, a nivel mundial, empiecen a promulgar leyes y ordenamientos aplicables tanto a las entidades que prestan estos servicios como a los servicios mismos. Esto ha sido un reto para la abogacía, pues se debe asumir la tarea de encuadrar las operaciones fintech con los marcos regulatorios existentes y, a la vez, empaparse con las nuevas regulaciones que se empiezan a generar en torno a estas entidades y servicios.

Sobre la evolución de esta industria cabe mencionar que, aún antes de que se acuñara su término, desde hace años ya se usaban tecnologías de la información para facilitar la prestación de ciertos servicios financieros. Por ejemplo, a partir de 1844 el uso del telégrafo, que fue la primera tecnología que hizo posible la comunicación a larga distancia, abrió la posibilidad de que los miembros de la Bolsa de Valores de Nueva York (New York Stock Exchange NYSE) participaran en otros mercados, como la Bolsa de Filadelfia y, posteriormente, permitió que brokers de Nueva York y de Londres pudieran intermediar con valores de ambos mercados. Desde entonces, los prestadores de servicios financieros han hecho uso de diversas tecnologías de la información para dichos servicios, un ejemplo común son los cajeros automáticos y las transferencias electrónicas de dinero. 

Entonces, si las tecnologías de la información se han venido aplicando a los servicios financieros desde hace aproximadamente 150 años, ¿por qué hoy adquiere relevancia la industria fintech? Lo que había ocurrido, hasta hace algunos años, era que si bien el sector financiero tradicional utilizaba tecnologías de la información como herramientas para hacer más eficiente su operación y con ellas dar un servicio más ágil y seguro a sus clientes, su modus operandi, costos, tiempos de atención, entre otros, conservaban un esquema tradicional. Es decir, seguía existiendo la necesidad de acudir a sucursales para la gran mayoría de las transacciones, los trámites ante dichas instituciones solían tomar mucho tiempo y ser engorrosos.  

Con la digitalización de gran variedad de productos y servicios, la evolución de las tecnologías de la información y de la necesidad de crear nuevos modelos financieros más amigables para el cliente (en cuanto a inmediatez, costos, procesos) surgen nuevas tecnologías digitales pero también emprendedores que empiezan a ofrecer servicios financieros complementarios a los tradicionales, a través de plataformas de internet o de aplicaciones móviles que revolucionan el mercado y abren espacio hacia una mayor inclusión financiera, abaratando costos y eficientando tiempos para los usuarios.

Este sector ha tenido un crecimiento muy importante dentro del ecosistema de las startups, aquellas empresas emergentes que usan —de forma intensiva— la tecnología dentro de su operación con modelos de negocios novedosos, escalables y, en ocasiones disruptivos, que operan inicialmente con costos mínimos y que se fondean de inversionistas privados o inversionistas ángeles para escalar su modelo de negocio de manera acelerada. En este sentido, vale la pena mencionar que las startups también están teniendo un auge muy importante y que las y los abogados están teniendo una participación activa en la implementación de estrategias de creación y asesoría, especialmente en el levantamiento de financiamiento.

Un rasgo importante de la industria finteches que está altamente orientada a las necesidades de sus clientes. En vez de tener enfoque en los productos ofrecidos, las empresas fintech buscan mejorar y automatizar procesos alrededor de la experiencia del cliente, al ofrecer un alto grado de transparencia en sus operaciones, costos y beneficios, lo que ha conseguido generar mucha confianza y lealtad en sus usuarios.  

En este contexto, la incorporación de herramientas legaltech está siendo fundamental para lograr una mejor experiencia del usuario de los servicios fintech, tanto por lo que hace a la celebración de los contratos que documentan dichos servicios, como por lo que se refiere a aspectos de seguridad de la información y uso de métodos de autenticación. 

Los servicios que prestan las empresas del sector fintech pueden ser muy variados, comprendiendo desde pagos electrónicos o transferencias electrónicas, plataformas de financiamiento colectivo, operaciones con activos virtuales (como criptomonedas), otorgamiento de créditos, hasta asesoría financiera y administración de finanzas personales y corporativas, entre otros. 

Toda vez que los servicios financieros tradicionales suelen tener una regulación especial en cada país, en un inicio el sector fintech tuvo que adaptarse a las leyes aplicables correspondientes, pero al detonarse su crecimiento, los países han tenido que adecuar su regulación de acuerdo con su actividad. 

Países como Reino Unido, China y México han promulgado nuevas leyes para regular tanto a las actividades como a los participantes de este sector, mientras que otros países como Estados Unidos han llevado a cabo modificaciones a las leyes ya existentes, a fin de proveer un marco regulatorio adecuado. En contexto, adecuado sería que, por una parte, se delimiten las actividades de las empresas de tecnología financiera y, por otra parte, que se proteja a los usuarios y se establezca un régimen de prevención de lavado de dinero, de seguridad de la información, de seguridad tecnológica y de políticas de privacidad, entre otros aspectos relevantes. 

Se destaca que México es el primer país de América Latina que promulgó una ley para regular al sector fintechen el año de 2018, mientras que países como Colombia, Perú y Brasil han implementado cambios regulatorios para este sector.

Adicionalmente, considerando el dinamismo de esta industria, países como Reino Unido, Holanda, Singapur, Australia, Malasia, Hong Kong y Canadá, y en Latinoamérica países como México, Brasil, Colombia y Perú han establecido un marco denominado sandbox regulatorio para que las soluciones o los productos disruptivos financieros puedan ser probados mediante la obtención de autorizaciones temporales y la supervisión de organismos regulatorios de cada país.  

La industria fintech tuvo un rol importantísimo en el año 2020, durante la pandemia del COVID-19, proveyendo de herramientas para la realización de transacciones financieras vía remota, en circunstancias en las que otras instituciones financieras que requieren de una presencia física para operar, se vieron muy limitadas en sus actividades. Esto pone de manifiesto que esta industria está revolucionando el sector financiero, con lo que, además, está empezando a establecer importantes alianzas estratégicas.

La invitación es a seguir la evolución de las fintech, pues esta industria podría darnos claves sobre el camino que seguirá el legaltech como el siguiente gran hito en la industria de la tecnología que, al ser aplicada a los servicios que tradicionalmente pudieran ser considerados como exclusivos, democratiza la experiencia.

*Gabriela Salazar Torres es integrante de ALIL y socia fundadora de RNMS Abogados.

FUENTE: lexlatin.com

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Poder Judicial deberá revisar el rezago de la FGR en creación de Banco de Datos Forenses

La omisión de la Fiscalía al no crear las herramientas tecnológicas en los tiempos ordenados por la Ley General en Materia de Desaparición de Personas impide avanzar en las identificaciones.

El Juzgado de Distrito Décimo Primero en materia administrativa en la Ciudad de México admitió una demanda de amparo contra la Fiscalía General de la República por la omisión de crear el Banco Nacional de Datos Forenses (BNDF), el cual debió comenzar a operar en enero de 2019.

La demanda de amparo fue presentada el pasado 31 de diciembre de 2021 por Olimpia Montoya, hermana de un joven desaparecido en Guanajuato, informó este miércoles el Centro Prodh.

Montoya, acompañada por el Centro Prodh, interpuso la demanda para que el Poder Judicial pueda evaluar el incumplimiento por parte de la FGR.

Con ello, Montoya reclama diversas afectaciones a su derecho a la verdad y justicia ocasionadas por la falta de creación y operación del BNDF. Además del impacto en las familias, las deficiencias en el ámbito forense también dificultan la búsqueda y la identificación de las personas desaparecidas.

En un comunicado, el Centro Prodh explica que la Ley General en Materia de Desaparición de Personas, publicada en noviembre de 2017, ordenó la creación de diversas instituciones y mecanismos para afrontar la grave crisis de desaparición de personas en el país, entre ellos la creación y puesta en operación del BNDF, que debe concentrar la información forense con fines de identificación, incluyendo la genética, de los registros de las entidades federativas y de los federales, así como del Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas.

La omisión en la que ha incurrido la FGR al no crear las referidas herramientas tecnológicas en los tiempos ordenados por la Ley impide avanzar en la identificación de personas en cada una de las investigaciones seguidas por este delito.

“La FGR es la institución responsable de la creación y operación del BNDF, que debió comenzar a operar en enero de 2019, al cumplirse un año de la entrada en vigor de la Ley General. Al día de hoy, sin embargo, dicho banco continúa sin existir”, sostiene el Centro Prodh.

La omisión de la FGR ha sido advertida con preocupación por familiares, colectivos, organizaciones y organismos internacionales, como la CIDH y el Comité CED de la ONU, que en su reciente visita al país refirió como uno de los principales pendientes y obstáculos en el tema la ausencia de un banco que homologue la información en materia forense y que permita el cotejo de los perfiles genéticos de personas fallecidas sin identificar con los perfiles que presentan las familias víctimas de desaparición.

“En la demanda se argumenta que la omisión, además de constituir el desacato de una norma, en los hechos ha implicado que Olimpia, como miles de familiares más, no pueda tener certeza de que los perfiles genéticos que han aportado a la Fiscalía están siendo cotejados de forma constante y continua con todas las bases de datos en materia genética de personas fallecidas no identificadas con la finalidad de dar con el paradero de su hermano”, señala.

El Poder Judicial de la Federación tiene la oportunidad de revisar la omisión de la FGR en el cumplimiento cabal de lo establecido en la Ley General en materia de Desaparición de Personas, con la finalidad de garantizar los derechos de Olimpia y de miles de familias en todo el país, ordenando a las autoridades responsables realizar aquellas acciones necesarias para poner en operación el banco.


“De persistir la omisión de la FGR, se estará condenando a miles de familias a una búsqueda infructuosa, violando sus derechos y contribuyendo a la persistencia de la crisis de desapariciones e impunidad”, señala el comunicado.

Los múltiples hallazgos de fosas clandestinas y fosas irregulares en cementerios, realizados principalmente por las familias ante la omisión de las autoridades, no han sido debidamente procesados por la falta de capacidad técnica, diligente e inmediata por parte de las autoridades para realizar acciones en materia forense, incluyendo la identificación genética, que permitan la identificación de los cuerpos y restos hallados.

Actualmente, son más de 95 mil personas desaparecidas y se contabilizan más de 52 mil cuerpos no identificados. De acuerdo con información de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, tan solo del 1 de diciembre de 2018 al 30 de junio de 2021 se han localizado mil 749 fosas clandestinas y 3 mil 25 cuerpos han sido exhumados. De éstos, únicamente mil 153 (apenas el 38.11%) han sido identificados y sólo 822 (27.17%) han sido entregados a sus familiares.

En su reciente visita a México, el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas señaló la importancia de poner en marcha las herramientas de la Ley, resaltando sus recomendaciones anteriores respecto a la necesidad de contar con un registro unificado en materia forense y, por lo tanto, la necesidad de que la Fiscalía ponga a funcionar al BNDF.

A pesar de que la Subsecretaría de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de Búsqueda han dado pasos importantes al impulsar la creación del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, la publicación del Protocolo Homologado de Búsqueda de Personas. el establecimiento de las Comisiones de Búsqueda a nivel estatal, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas o la creación del Centro Regional de Identificación Humana en Coahuila, hasta ahora la FGR no cumplido con la creación del banco.

En noviembre, el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas (CED, por sus siglas en inglés), realizó una visita oficial a México, para analizar la crisis de desaparición de personas y el trabajo de las instituciones.

Carmen Villa Quintana, titular del comité, señaló entonces que ningún proceso o mecanismo tendrá éxito sin voluntad política, la participación efectiva de las víctimas, recursos suficientes y personal capacitado, competente y comprometido.

El comité expresó su inquietud por la revictimización que sufren las familias buscadoras y los riesgos a los que se enfrentan para dar con el paradero de sus seres queridos.

“Desaparecen personas, pero también desaparecen cuerpos localizados y hasta expedientes. Con todo ello desaparece la esperanza de justicia, el grito de desesperación de las víctimas es desgarrador y requiere de una intervención inmediata”, dijo entonces Villa Quintana en una rueda de prensa.

FUENTE: aristeguinoticias

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El 73% de quienes hacen home office no ha recibido los apoyos que marca la ley

A casi un año de la promulgación de la reforma que reguló el trabajo remoto, son pocas las empresas que han modificado los contratos de sus colaboradores y que han pagado los gastos que marca la legislación laboral.

La reforma de teletrabajo que entró en vigor en enero de este año estableció que las nuevas disposiciones son aplicables cuando un trabajador labora el 40% o más de su jornada laboral semanal en un domicilio distinto al centro de trabajo. En México, si bien seis de cada 10 personas que trabajan vía remota cumple con este criterio, sólo a una pequeña parte se la ha modificado su contrato y garantizado el acceso a sus derechos como trabajador remoto.

De acuerdo con una encuesta de OCC Mundial, el 73% de los trabajadores en home office que cumple con el tiempo que marca la ley para ser considerado como teletrabajador no ha tenido adecuaciones a su contrato y, por lo tanto, su empleador no le ha dado las herramientas de trabajo ni el pago de servicios de telecomunicaciones o la parte proporcional del consumo de energía eléctrica, tal como lo marca la reforma que se aprobó en el marco de la pandemia.

Sólo el 27% del universo sujeto a las nuevas reglas de teletrabajo ha firmado una modificación a sus condiciones contractuales para dar certeza a la modalidad. Sin embargo, aún entre quienes han establecido el trabajo remoto por acuerdo con sus patrones, no todos han sido beneficiados con las nuevas disposiciones establecidas con la reforma.

Entre la fuerza laboral que ya tuvo una adecuación a su contrato, sólo al 26% se le entregó equipo y material para trabajar desde casa, el resto —al igual que los que mantienen su relación contractual sin cambios— sigue asumiendo los costos del teletrabajo. En tanto, únicamente un 13% observó ajustes en sus horarios de trabajo, incluyendo la desconexión digital.

La reforma del teletrabajo fue promulgada el 11 de enero de este año y en ese mismo mes la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) fijó una postura en la se aseguró que las modificaciones legales no serían aplicables en un contexto de emergencia sanitaria en el que home office era una modalidad forzada y no opcional. En ese sentido ,las nuevas reglas serían aplicables después de la pandemia.

Un año después, con la reactivación económica, el avance de la vacunación, la disminución de contagios y la recuperación de la movilidad ¿Es aplicable ese mismo criterio? Desde la perspectiva de Alfredo Kupfer, socio de la firma Sánchez Devanny, en el contexto actual el teletrabajo empieza a ser una modalidad más opcional que una estrategia forzada, pues los semáforos epidemiológicos ya permiten el retorno de trabajadores a oficinas.

“El teletrabajo ha estado en una nube de interpretación respecto de si está verdaderamente aplicando la legislación que fue publicada en enero de este año por el hecho de que estábamos ante una causa de fuerza mayor y probablemente nos impedía cumplir con todas las obligaciones. Pero más allá de esta interpretación, estamos entrando a los niveles más bajos de la alerta en donde ya está abriéndose la ocupación de las oficinas y de los centros de trabajo”, expuso el especialista.

Frente a este panorama, agregó Alfredo Kupfer, las empresas que mantengan esquemas de trabajo remoto ya podrían estar requeridas para cumplir con lo establecido por la reforma de teletrabajo. “Si esta es una tendencia que va a continuar durante el 2022, es importante que identifiquemos cada una de las obligaciones que debemos cumplir porque hay que documentarlo”.

Tanto a nivel internacional como a nivel local diversas organizaciones han anunciado que optarán por la modalidad de teletrabajo de manera permanente. Recientemente Grupo Financiero Banorte informó a todo su personal que a partir del siguiente año podrán optar por tres diferentes modalidades de trabajo: presencial, híbrido o remoto.

“Las empresas están reconfigurando su organización para definir quién va a caer en teletrabajo, quién sí va a estar 40% o más fuera de la organización y quiénes van a estar dos días o un día fuera y no caen en la definición. Todavía están reconfigurando equipos y están terminando de definir quiénes son elegibles para el teletrabajo para activar una ayuda y una serie de políticas que deberán regir el teletrabajo”, expuso Julieta Manzano, directora Comercial de Mercer México.

De acuerdo con la firma, las empresas en México están pactando con sus trabajadores un apoyo mensual de entre 300 y 500 pesos para el pago de servicios de telecomunicaciones y electricidad.

El momento para cumplir con la reforma

Carlos Ferran Martínez, socio director de la firma Ferran Martínez Abogados, opina que aún hay dudas en torno a si la reforma es aplicable en el contexto actual, porque la autoridad no se ha pronunciado sobre cómo se determinará el fin de emergencia sanitaria por la pandemia. Pero coincide en la importancia de adecuar los contratos.

“Ahorita ya empieza a ser pertinente la discusión de quiénes van a quedarse laborando en teletrabajo. En definitiva, hay una recuperación de la movilidad, de la actividad económica, muchas empresas regresando escalonadamente o en su totalidad, y otras que no tienen la intención de regresar y aquí la pregunta y el análisis que debe hacerse es cuánto de mi personal va a quedarse trabajando en la modalidad de teletrabajo”, apunta el especialista.

El abogado considera que ya es un buen momento para analizar y definir qué puestos de trabajo se quedarán en trabajo remoto y hacer las adecuaciones correspondientes.

“El tema del teletrabajo se enfrió un poco con la reforma de subcontratación, pero francamente estamos ante la redefinición del modelo de trabajo en México y este marco de teletrabajo está llamado a ser protagonista en los próximos años de las relaciones laborales mexicanas”, expuso.

¿Menos del 40% de tiempo laboral?

Para Manuel Fuentes Muñiz, profesor investigador de la Universidad Autónoma de México, el reto de la implementación del teletrabajo no sólo radica en modificar las relaciones contractuales, sino en garantizar el cumplimiento de las nuevas disposiciones, lo cual no ha ocurrido entre quienes ya han firmado los cambios en sus contratos.

“Lo que han hecho algunas empresas es que en donde tienen teletrabajo, establecen que la modalidad no rebasa el 40% del tiempo para evadir cualquier responsabilidad que derive de ello, como pagar la luz, el internet o las herramientas que deben darle a los trabajadores”, afirma el abogado laboralista.

En ese sentido, Fuentes Muñiz opina que la reforma de teletrabajo dejó lagunas en materia operativa, porque los inspectores de trabajo no pueden acudir al domicilio del trabajador y basan su verificación en expedientes, los cuales pueden indicar que las personas laboran menos del 40% de su jornada laboral fuera del centro de trabajo, aunque en la práctica sea distinto.

Uno de los problemas que enfrenta el seguimiento del cumplimiento de la reforma, agrega el especialista, es que las modificaciones legales no vinieron acompañadas de un fortalecimiento de los instrumentos de gobierno para supervisarla. “Una norma que no se vigila es una norma que no se cumple, es la regla de oro en la administración”, subraya el especialista.

Carlos Ferran afirma que no se puede olvidar que la Ley Federal del Trabajo exige diversos puntos. “Si las empresas no hacen esta revisión, ya llevamos suficiente tiempo en esta situación sanitaria, van a empezar a venir los reclamos de los trabajadores que llevan casi dos años teletrabajando en los hechos. Creo que el no hacer nada puede permear en un tema de clima laboral porque las personas trabajadoras sí tienen en el radar que hay una legislación vigente, con todo y lo discutible que puede resultar eso, y que hay derechos y obligaciones”.

FUENTE: eleconomista

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México – Ley en materia de desplazamiento forzado interno

En el Senado de México urge el dictado de una ley en materia de desplazamiento forzado interno para garantizar los derechos humanos de las víctimas.

La secretaria de la Comisión de los Derechos Humanos del Senado, Nestora Salgado García, urgió a dictaminar la minuta que busca expedir la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno y que envió la Cámara de Diputados al Senado.

Cada año, miles de personas son desplazadas internamente en México. Ello incluye a individuos, familias y a veces hasta comunidades enteras que se ven obligadas a abandonar sus hogares para proteger su vida e integridad, muchas veces de forma invisible.

En 2019 el Estado mexicano reconoció oficialmente la existencia del fenómeno en el país y se comprometió a atenderlo de forma integral.

Esta cuestión importando dado que de ese modo se podrá garantizar realmente los derechos humanos de las víctimas.

Desde entonces, diversas instituciones de la administración pública federal han empezado a realizar esfuerzos con el fin de planear y construir la respuesta gubernamental a la problemática.

En la presentación del documental “Cruz”, que narra el caso de una familia de la Sierra de Tarahumara que tuvo que abandonar su lugar de origen tras negarse a trabajar para un grupo de narcotraficantes, la legisladora de Morena destacó la importancia de expedir este ordenamiento para establecer políticas públicas enfocadas a atender el desplazamiento forzado de personas. 

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto y en el Senado fue turnado a las comisiones de Gobernación, de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos, Segunda, pero aún está pendiente de dictamen.

En una mesa de diálogo sobre el documental, Salgado García comentó que el objetivo de presentar el documental “Cruz” es crear conciencia en el Senado e impulsar la dictaminación de dicha minuta.

Lamentó que en México no ha sido un asunto prioritario este fenómeno, ni que se haya contemplado en la agenda política por muchos años, “lo que es una vergüenza”.

Prueba de esto, dijo, es que a pesar de la reforma en materia de derechos humanos que se aprobó el 10 de junio del 2011, hasta la fecha no se ha creado una legislación que atienda de manera puntual el desplazamiento forzado interno de personas.

Por eso, señaló, es importante que en México se reconozca a su más alto nivel esta problemática y se realice un diagnóstico integral, para establecer sus causas y garantizar los derechos de las personas desplazadas.

Salgado García destacó que cualesquiera que sean las causas del desplazamiento, el Estado es el responsable de ayudar y proteger a las víctimas, “comenzando con la actividad de las y los legisladores”. 

Por ello, la senadora exhortó a las comisiones de Gobernación, de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos, Segunda, para que tengan este diálogo lo antes posible y dictaminen la minuta a la brevedad posible.

Fuente: Prensa Senado de México

FUENTE: diariojuridico

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Reactivación de «Quédate en México» convierte en ollas de presión a ciudades fronterizas del país

Los albergues acusan ya alarmantes signos de saturación; lo que más preocupa a organizaciones sociales es la delicada situación de vulnerabilidad en que colocan a retornados, primero porque se trata de personas que vienen huyendo de sus países y porque son obligadas a esperar en ciudades violentas y a merced de la delincuencia organizada.

El pasado miércoles 8 de diciembre, llegaron a Ciudad Juárez, Chihuahua, las primeras dos personas retornadas a México por las autoridades migratorias de Estados Unidos, bajo los pomposamente llamados Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, por su sigla en inglés), mejor conocidos por el imperativo «Quédate en México» ─reactivados por orden judicial─, que obliga a los solicitantes de asilo a permanecer en territorio mexicano mientras las cortes estadounidenses deciden si les dan o no refugio.

Con ello, las ciudades de la frontera norte de México son hoy como una olla de presión que se le puso nuevamente al fuego, pero teniendo la válvula extraviada.

Y es que con ello inició una peligrosa etapa de apremio para las localidades donde los albergues para inmigrantes mexicanos (sobre todo los desplazados por la violencia) y extranjeros que buscan cruzar a Estados Unidos, acusan ya alarmantes signos de saturación.

Todo ello en el marco de la ambigüedad e incertidumbre legal, ausencia de políticas públicas y humanitarias por parte de los gobiernos estadounidense, federal mexicano, estatales y municipales, tanto para atender a los miles de migrantes varados ya en esas orillas de México, como los miles que caminan hacia allá, alentados por el incentivo perverso que generaron las noticias de la reapertura de la frontera a viajes no esenciales y la reactivación del programa «Quédate en México», con todo y que es considerado por organizaciones de la sociedad civil y por el propio gobierno estadounidense, como inhumano e ineficiente.

En ese escenario, lo que más preocupa a organizaciones de la sociedad civil que tienen como causa la protección a migrantes, es la delicada situación de vulnerabilidad en que colocan a esas personas, primero porque se trata de personas que vienen huyendo de sus países (por ello buscan refugio) y porque son obligadas a esperar en ciudades violentas y a merced de la delincuencia organizada. 

Ya eran muchos… y llegarán del norte y del sur

El pasado lunes 6 de diciembre, el gobierno de Estados Unidos reactivó los Protocolos de Protección a Migrantes, que son considerados como uno de los programas insignia de la política (anti) migratoria que implementó el presidente Donald Trump, quien lo aprobó en enero de 2019. Estuvo vigente hasta el 20 de enero de 2021, cuando el presidente Joe Biden lo derogó, el primer día de su administración.

Durante su primera etapa, operó inicialmente, como un programa piloto, en el puerto de entrada de la ciudad de San Ysidro, California, vecina de Tijuana, Baja California. Luego se expandió a las ciudades de Calexico, vecina de Mexicali, Baja California; El Paso, vecina de Ciudad Juárez, Chihuahua; Laredo, vecina de Nuevo Laredo, Tamaulipas;  Brownsville, vecina de Matamoros, Tamaulipas; Eagle Pass, vecina de Piedras Negras, Coahuila, así como en San Luis, vecina de San Luis Río Colorado, Sonora y Nogales, Arizona, vecina de Nogales, Sonora.

Sin embargo, el 14 de agosto pasado, el juez federal con asiento en Texas, Matthew Kacsmaryk, ordenó reanudarlo con el argumento de que el gobierno del presidente Biden no consideró sus “beneficios” para disuadir la llegada de migrantes indocumentados a esa nación, además de que la revocación no siguió el procedimiento adecuado. La Corte Suprema estadounidense ordenó reanudarlo tomando en cuenta esa resolución y la de otro juez de Misuri.

El día de su reimplementación, la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaky calificó al programa como ineficiente e inhumano.

De acuerdo con Human Rigts Watch, el gobierno del presidente Donald Trump envió a más de 71,000 solicitantes de asilo a México bajo ese programa.

Tan sólo hasta el 31 de diciembre de 2019, según estadísticas del Instituto Nacional de Migración (INM), Estados Unidos habían devuelto a México 62,144 personas solicitantes de asilo para esperar en México. De esas 30.14% fueron retornados por Ciudad Juárez, 27.55% por Matamoros, 18.06% por Nuevo Laredo, 11.62% por Tijuana, 10.84% por Mexicali y el resto por otras.

Las cifras revelan que de esos 62,144 retornados en ese lapso, 25.16% fueron personas de origen hondureño, 25% guatemalteco y 13% salvadoreño. El resto de otras 17 nacionalidades.

Gretchen Kuhner, directora del Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi) indicó que más de 40% de las personas que fueron retornadas bajo los protocolos MPP durante los dos años que duró la primera fase, eran mujeres y 30% niños. Muchos de esos casos se trataron de madres de familia con niños pequeños.

Los albergues ya están saturados

De acuerdo con María Inés Barrios de la O, investigadora del Colegio de la Frontera Norte, cuando el programa fue suspendido, en enero de 2021, aún había más de 25,000 casos activos, es decir personas que ya habían acudido a sus primeras citas en la Corte y todavía estaban esperando la resolución de su caso.

De marzo a julio pasado, de esas 25,000 personas, cerca de 18,000 llevaron su proceso con el acompañamiento del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que los registró en una plataforma y tenían que estar pasando de manera paulatina y esperar dentro de Estados Unidos para dar seguimiento a su caso.

La especialista explicó que durante la primera etapa de  ese programa, la dinámica consistía en que los migrantes entraban a Estados Unidos, se registraban en este proceso, les asignaban una cita para la Corte de migración y eran regresados a México.

Lo que ocurrió, relató, fue que, pronto los espacios de atención en México se vieron rebasados. Los albergues tuvieron que cambiar sus dinámicas de trabajo, porque anteriormente atendían a personas que permanecían en sus instalaciones no más de una semana.

Con la entrada de los Protocolos de Protección a Migrantes comenzaron a recibir migrantes retornados que tenían la necesidad de permanecer mucho más tiempo en las ciudades receptoras. Entonces duraban meses en los albergues.

Eso se debió a que esas personas podían ir hasta una quinta Corte y no tenían una resolución favorable a su caso.

Hay registros de personas que esperaron hasta un año y nueve meses antes de que Estados Unidos les diera una resolución final y no en todos los casos fue favorable, destacó la académica.

Diversas organizaciones de la sociedad civil señalaron que el Gobierno mexicano no implementó políticas para atender de manera integrar a ese tipo particular de migrantes durante su proceso de espera.

Además, Barrios de la O destacó que las intervenciones gubernamentales no fueron homogéneas a lo largo de la frontera. En algunos casos se establecieron centros integrales de atención a migrantes, pero solamente en una primera etapa y sólo en Ciudad Juárez, donde funcionó el centro “Leona Vicario” y en Tijuana, donde se habilitó el albergue “Carmen Serdán”. Fueron insuficientes.

El problema fue que los migrantes en espera no estaban solamente en esas dos ciudades fronterizas. 

Además, ocurrió que muchas personas fueron devueltas a México por la garita de Nogales, Sonora, pero su juicio se activaba en la Corte estadounidense en El Paso Texas.

Lo delicado era que en Nogales no había algún mecanismo para atenderlos o para apoyarlos para trasladarlos a Ciudad Juárez, la vecina de El Paso.

Muchas personas que no pudieron trasladarse de Nogales a El Paso no se presentaron a la Corte indicada el día y hora asignados e inmediatamente sus casos fueron desactivados.

Con la reactivación hay mucha preocupación de organizaciones civiles, porque hay una concentración muy importante de migrantes a lo largo de toda la frontera, no sólo los que buscan asilo, sino los que simplemente quieren pasar a Estados Unidos.

Barrios de la O indicó que tan sólo en Ciudad Juárez hay cerca de 2,800 personas en la red de alrededor de 24 albergues, más los que no se encuentran en refugios. La mayoría de esos lugares operan a más de 70% de capacidad.

Comentó que, previo a los Protocolos de Protección a Migrantes, en Ciudad Juárez habían sólo tres espacios de atención para migrantes, pero, luego de la implementación, organizaciones de la sociedad civil habilitaron alrededor de 20 espacios emergentes.

“Las ciudades están llegando a punto de saturación”. No es creíble  que las autoridades de Estados Unidos tengan la capacidad de procesar el número de solicitudes que les llegarán y menos que tengan una resolución en seis meses”.

Dijo que se trata de un reto, no sólo para los albergues, sino para las ciudades fronterizas el saber cómo gestionar y atender esos flujos de migrantes. “No es solamente la sobresaturación que pueden tener esos espacios ya establecidos, sino la respuesta que pueda dar la ciudad.

Son personas que van a estar esperando y que van a demandar otras cosas, no solamente un espacio, por ejemplo, acceso a servicios de salud, en lo cual las ciudades se puedan ver rebasadas, sobre todo porque buena parte de los migrantes provienen de países caribeños y no están acostumbrados a las bajas temperaturas de varios grados bajo cero que se registran en el invierno en la zona norte del país.

Comentó que en 2019 se realizó un encuentro entre migrantes que habían llegado a Ciudad Juárez y cerca de 30% manifestó haber tenido algún problema de salud, principalmente en vías respiratorias.

Por otra parte mencionó que también representa un reto para los albergues el hecho de que buena parte de los migrantes son núcleos familiares y 40% son menores.

José Ascención Moreno Mena, presidente de la Coalición Prodefensa del Migrante, refirió que la reactivación de los Protocolos de Protección a Migrantes toma a los albergues y ciudades del norte del país en una situación bastante crítica. Dijo que tan sólo entre 42 y 45 refugios que operan en Baja California están en una situación de saturación.

Eso se debe a que están recibiendo a muchos migrantes, principalmente retornados a México bajo el Título 42, que permite a las autoridades estadounidenses sacar de su país, de manera inmediata, a migrantes aduciendo razones de salud, particularmente por la pandemia de la Covid-19.

Además están llegando a Baja California muchos haitianos, sobre todo luego de la reapertura de la frontera a viajes no esenciales y la reactivación del programa para solicitantes de asilo en Estados Unidos.

Apuntó que los albergues de Tijuana tienen información de que las autoridades estadounidenses van a retornar a México bajo los Protocolos de Protección a Migrantes  alrededor de 26,000 personas, de los cuales 9,500 son por Tijuana, aunque no se tiene claro en qué tiempo.

Indicó que eso generaría una situación de crisis en la ciudad, porque no hay donde albergarlos, toda vez que todos los albergues juntos del estado pueden alojar a alrededor de 6,500 personas.

En estos momentos se calcula que hay alrededor de 5,000 personas en esos lugares. “Además hay otro tanto que están en casas particulares, y vecindarios”. Tan sólo en el campamento de El Chaparral están alrededor de 1,000 personas.

A su vez Pat Murphy, director de la Casa del Migrante en Tijuana comentó que casi todos los albergues están llenos, incluido ese.

Mencionó que el domingo pasado no pudieron aceptar a ningún migrante porque están llenos totalmente.

Informó que durante la pandemia han operado con un promedio de entre 90 y 100 personas, lo que significa estar trabajando prácticamente al límite de su capacidad de atención. Además, los que recién van llegando son enviados a un sitio para estar en cuarentena y descartar que estén contagiados de la Covid-19; después pueden pasar al albergue donde pueden estar hasta 40 días. De las 80 personas que había en ese lugar a media semana, 30 eran niños.

Comentó que a principios de 2021 llegó a la ciudad de Tijuana mucha gente de Honduras y El Salvador y durante los últimos meses se ha notado un incremento considerable en la llegada de mexicanos desplazados, principalmente de Michoacán y Guerrero, escapando de la violencia. En las últimas semanas comenzaron a llegar principalmente haitianos.

En tanto, Juan Francisco Loureiro, director del albergue Juan Bosco de Nogales, informó que ese lugar tiene capacidad para atender hasta 150 personas y actualmente atienden entre 100 y 150 personas diariamente de distintas nacionalidades, principalmente de Centroamérica y Haití, muchos de ellos expulsados de Estados Unidos bajo el Título 42. Mencionó que ha habido noches en que se alojan hasta 200 personas.

Recordó que en la primera etapa del programa regresaban por Nogales alrededor de 50 personas diarias, pero como era gente que debía ir a otras ciudades para seguir su proceso, no se quedaban en la localidad.

Comentó que se espera que en esta etapa sean más las personas que lleguen por ese lugar, pero también tendrán que moverse a Ciudad Juárez o a otros sitios para estar cerca de los lugares en donde les asignen presentarse ante la Corte.

Comentó que en Nogales, además del Juan Bosco, opera otro albergue que sólo recibe a familias y tiene un comedor.

Los migrantes están expuestos en ciudades inseguras

Gretchen Kuhner manifestó que uno de los retos más importantes a lo largo de la frontera norte de México es la seguridad física de las personas.

Recordó que organizaciones sociales documentaron que en el país se cometieron actos violentos en contra de personas que esperaban proceso de asilo, tanto de organizaciones criminales como de las propias autoridades.

En ese sentido recalcó que los retornados tienen que esperar en ciudades fronterizas altamente violentas. “Es como ponerlos en bandeja de plata a personas que pueden aprovecharse de ellos. Además el crimen organizado sabe dónde los van a regresar y como un bueno número de esa gente tiene familiares en Estados Unidos, los criminales los extorsionan”.

Expuso que también se documentaron casos de violaciones a mujeres, sobre todo porque se trata de personas que están en una situación de alta vulnerabilidad. Muchas vienen traumadas por la violencia de la que están huyendo y aquí vuelven a ser víctimas de violencia.

Reimplementación de los MPP, incentivo para migrar

Tanto los directores de casas de migrantes, organizaciones de atención a ese sector de la población y académicos consultados por este periódico señalaron que la preocupación más grande es que, ante la reactivación de los protocolos, se incremente el flujo migratorio ante las ciudades fronterizas.

María Inés Barrios de la O recordó que actualmente en el centro y sur del país ya hay una conglomeración de migrantes, principalmente haitianos, centroamericanos e incluso sudafricanos. Muchos de ellos estaban en un proceso de regulación migratoria a través de la Comisión de Ayuda a Refugiados.

Destacó que de enero a noviembre de 2021 se había registrado más de 100,000 solicitudes de refugio.

Llamó la atención que buena parte de esas personas tienen como objetivo conseguir la condición de asilo en México, pero lo hacen para continuar su viaje al norte del país para intentar cruzar a Estados Unidos ya sea de manera regular mediante la solicitud de asilo o ilegal.

Es por ello que con esta reactivación (de los MPP) todo ese flujo que ya está en territorio mexicano comience a subir a las ciudades fronterizas para inscribirse en esa lista que estará procesando en Estados Unidos para acogerse a los Protocolos de Protección a Migrantes.

Por su parte Gretchen Kuhner, explicó que, debido a que durante la pandemia estuvo cerrada la frontera de Estados Unidos, ahora, la reactivación de los MPP genera un incentivo perverso en los migrantes para trasladarse a la frontera con la ilusión de poder obtener el refugio y entrar a esa nación.

Son retornos que violan leyes 

Por otra parte  María Inés Barrios de la O destacó que la propia reactivación del programa constituye una violación al debido proceso de la solicitud de asilo en Estados Unidos y va en contra de su propia política de migración.

Recordó que muchas de las organizaciones de la sociedad civil esperaban que México no aceptara recibir a los migrantes devueltos por Estados Unidos por ese programa.

Destacó que México planteó para aceptar que las personas no tengan que esperar más de seis meses en territorio mexicano, que sean vacunados contra la Covid-19 y que tengan asistencia jurídica por parte de abogados de Estados Unidos.

Sin embargo, mencionó que eso no es realista, sobre todo si se observa a la luz de la experiencia de cuando se aplicó por primera vez el programa.

Además, durante la primera etapa de los Protocolos de Protección a Migrantes se estableció que sólo serían retornados a México personas que hablan español, particularmente de Centroamérica, pero ahora prevé que ciudadanos de más países se acogerán a ese programa, con lo cual van a enviar e México a personas provenientes incluso de naciones donde no se habla español. Tal es el caso de los haitianos.

Un albergue de Ciudad Juárez recibió una llamada en la que le informaron que enviarían a un grupo de 250 haitianos bajo los Protocolos de Protección a Migrantes.

También se prevé que retornen a México a personas que actualmente están en centros de detención en Estados Unidos.

Gretchen Kuhner expuso que lo delicado es que se reimplementó el «Quédate en México» sin que se hicieran los cambios necesarios en ese programa para evitar situaciones conflictivas que se enfrentaron en su primera etapa.

Además, llamó la atención en que el Gobierno mexicano no ha sido claro en definir cuál será su política migratoria. “Por eso es muy difícil entender qué es lo que va a pasar en México”. 

En su opinión, México ha dado señales de evasión y de no cumplimiento del derecho al debido proceso y a la no devolución que tienen las personas solicitantes de asilo.

Lo más preocupante es que el Gobierno mexicano sigue presentando su política migratoria a través de comunicados de prensa. No está en ninguna ley lo que hace. No hay ningún acuerdo firmado. El gobierno mexicano, por portarse de esta forma, está debilitando al Estado de Derecho, pues la gente no puede saber qué va a pasar, nada está puesto en una política oficial. Todo es a través de comunicados de prensa”.

Subrayó que entre los retos que plantea el reinicio del programa destacan el cumplimiento del debido proceso, lo cual implica que los migrantes tengan acceso a acompañamiento legar en sus procesos. Eso supone el cumplimiento del derecho a conocer el trámite en su idioma.

Recordó que en los dos primeros años de los Protocolos de Protección a Migrantes, sólo 10% de los solicitantes pudieron ser asesorados por abogados estadounidenses conocedores de las leyes en cuestión.

Dijo que además se enfrenta el problema de que los abogados han expresado abiertamente al Gobierno de Estados Unidos que no quieren ser cómplices de violaciones a derechos humanos a través de ese programa.

Por otra parte, llamó la atención en que durante la experiencia anterior ocurrió que el Gobierno mexicano sacó del territorio nacional a extranjeros que habían sido retornados de Estados Unidos mediante los Protocolos de Protección a Migrantes, violando el derecho a la no devolución de personas solicitantes de asilo.

Eso a pesar de que México es firmante de la Convención de apoyo a refugiados que lo obliga a proteger a los solicitantes de asilo, particularmente no regresándolos al país de donde están huyendo.

OIM buscara mitigar vulnerabilidad de retornados

Alberto Cabezas, coordinador de Comunicación de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) México, ONU Migración, recalcó que esa instancia quiere que se ponga fin lo antes posible y de manera definitiva al programa, pues se trata de una política inhumana y contraria al derecho internacional. Creemos que pone en peligro a las personas en contextos de movilidad.

Para el funcionario del organismo internacional  que lo más importantes es que se mantenga la dignidad y el  bienestar de las personas migrantes.

Sin embargo, dijo que la OIM va a tener un rol en el retorno de migrantes en búsqueda de asilo a México para tratar de reducir los riesgos que enfrentan los retornados bajo ese programa, mientras se encuentren en el país.

«Vamos a tratar de mitigar las condiciones de vulnerabilidad de estas personas y nos vamos a centrar en la protección de la infancia, la prevención de violencia de género, evitar que sean víctimas de redes de trata de personas y para apoyarles en casos de salud mental y ayuda psicosocial».

Recordó que, desde 2019, ha proporcionado asistencia humanitaria a las personas en la frontera entre Estados Unidos y México y lo seguirán haciendo para beneficio de cualquier persona  migrante o desplazada y esto incluye a las sujetas a los Protocolos de Protección a Migrantes.

Informó que les van a facilitar transporte, desde los puntos de entrada, hasta el albergue que las autoridades mexicanas ofrezcan y han contratado unos laboratorios para realizarles pruebas de Covid-19, con el fin de que sólo lleguen a los albergues quienes no estén contagiadas con esa enfermedad.

También les ofrecerán información sobre los procedimientos que siguen para ellas, sobre todo cuando y a qué hora tienen audiencia ante la Corte. Además, les proporcionarán transporte para que acudan a esas citas.

En esas condiciones se reanudó el «Quédate en México«, la presión comienza a elevarse.

diego.badillo@eleconomista.mx

FUENTE: eleconomista