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APRUEBAN EL CONVENIO 190 DE LA OIT

APRUEBAN EL CONVENIO 190 DE LA OIT

CLIEN T ALERT – GLZ

Después de que el Senado de la República discutiera su aprobación y se ratificara por unanimidad de votos, el día de ayer se publicó en el Diario Oficial de la Federación a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el decreto que aprueba el Convenio 190 – sobre la Eliminación de la Violencia y el Acoso en el Mundo del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo, adoptado en Ginebra en junio de 2019.
APRUEBAN EL CONVENIO 190 DE LA OIT

Es el primer tratado internacional que reconoce el derecho de toda persona a un mundo laboral libre de violencia y acoso, incluidos la violencia y el acoso por razón de género. Asimismo, reconoce que la violencia y el acoso afectan a la calidad de los servicios públicos y privados; y que pueden impedir (particularmente hablando) a las mujeres, accedan al mercado de trabajo, permanezcan en él o progresen profesionalmente.

Con las reformas de 2012 y 2019 a la Ley Federal del Trabajo, se llevó a la mesa de observación los niveles de violencia en los que muchas mujeres desempeñaban sus labores, por lo que se tuvieron que adicionar disposiciones respecto al acoso u hostiga miento sexual.

Que México se adhiera a este Convenio significa un abono al contenido normativo, lo que compromete a poner en marcha las medidas necesarias para prevenir y atender las problemáticas en materia de igualdad de género, la protección a las mujeres y espacios seguros sin violencia.
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El Convenio entrará en vigor, un año después de la fecha de registro de su ratificación, siendo México el doceavo país en ratificarlo.

Esperando que esta información sea de utilidad, quedamos a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.
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Vulcan Materials acepta acuerdo para que planta en Playa del Carmen sea un parque natural y turístico: Segob

La constructora estadounidense Vulcan Materials y el gobierno de México llegaron a un acuerdo para que la empresa transforme en un proyecto turístico una gigantesca cantera de extracción de piedra caliza en la costa caribeña del país, dijo la mañana de este viernes el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández.

La constructora estadounidense Vulcan Materials y el gobierno de México llegaron a un acuerdo para que la empresa transforme en un proyecto turístico una gigantesca cantera de extracción de piedra caliza en la costa caribeña del país, dijo la mañana de este viernes el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández.

Adán Augusto anunció que el gobierno federal y la empresa estadounidense Vulcan Materials llegaron a un acuerdo para que su planta Calica, en Playa del Carmen, Quintana Roo, sea transformada en un conjunto turístico y natural que aproveche el proyecto del Tren Maya.

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador informó en febrero que negociaba con Vulcan para detener una demanda de la compañía de 1,100 millones de dólares por impedirle extraer y exportar materiales que obtiene desde hace dos décadas del estado de Quintana Roo.

«Ayer nos reunimos con el representante de Vulcan, y ya aceptó la propuesta, va a hacer un parque natural, la Semarnat (Secretaría de Medio Ambiente) entrará la semana próxima a hacer un levantamiento y determinar la densidad», afirmó López Hernández en la habitual conferencia mañanera de AMLO.

Vulcan no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios por parte de Reuters. Según el secretario de Gobernación, el material extraído que no ha podido ser exportado porque el Gobierno no renovó los permisos de la firma, podrá ser sacado del país por la firma gracias a una autorización con un plazo máximo de tres años.

Agregó que la empresa estadounidense va a hacer «trabajos de ampliación en el puerto para que sea una especie de puertos de cruceros» y ha ofrecido ceder parte de sus terrenos, de 2,400 hectáreas en total, para construir una estación del Tren Maya, iniciativa para la que propuso donar materiales.

Este proyecto ferroviario es una de los planes de infraestructura estrella de López Obrador. Desde que lo anunció en 2018 ha enfrentado el rechazo de grupos ambientalistas y comunidades indígenas por el impacto que puede tener en las selvas de esa zona.

En medio de las críticas, el gobernante hizo pública la existencia de un contencioso con Vulcan, que en su opinión refleja la falta de preocupación por la ecología de los gobiernos que le precedieron.

FUENTE: eleconomista

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Insta senador de Morena a aprobar una ley humanista para cannabis

Miles de personas se reunieron el pasado miércoles ante el Senado para exigir que se regule el consumo lúdico de la mariguana. Foto Yazmín Ortega CortésAuto-Lectura Periódico La Jornada
domingo 24 de abril de 2022 , p. 7

Durante más de tres años, el proceso legislativo para crear la ley que regule el consumo de mariguana con fines lúdicos e industriales “ha sido tortuoso y fallido”, pero es imprescindible que el Congreso lo retome, ya que de persistir la criminalización habrá más circunstancias dolorosas, advirtió José Antonio Álvarez Lima, senador de Morena.

En entrevista consideró que es lamentable que esa ley no salga, ya este periodo de sesiones concluye el próximo día 30, pero instó a Morena a hacer todo lo posible para que antes de que concluya este 2022 esté lista “una legislación humanista, inteligente, que mande al archivo de la historia las actitudes y la visión represiva en contra del uso del cannabis”.

Recordó que desde 2018 la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó al Congreso despenalizar el consumo de mariguana, y después de un trabajo serio y exhaustivo, en 2020 el Senado aprobó la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, pero la minuta fue frenada en la Cámara de Diputados, de donde salió más de un año después con modificaciones de fondo que la desvirtuaron.

Debido a ello, en el Senado se presentó una nueva iniciativa, en la que se ha trabajado en los meses recientes, pero sin poder llegar a un acuerdo. El senador Álvarez Lima insistió en que sería una pena que no se avance en la legislación, ya que seguirá encarcelándose a jóvenes por el consumo de la hierba.

“Si queremos combatir las adicciones del canabis, del azúcar, de las llamadas drogas duras, tenemos que tener un enfoque de salud pública y educación. Eso lo conocen bien los sectores ilustrados de la humanidad, y creo que la izquierda debe acelerar sus razonamientos para dar ese paso en México. Es mi opinión y la de otros senadores de Morena”, recalcó.

Incluso, recordó, en Estados Unidos, donde se cometió en décadas pasadas el gravísimo error de declarar la guerra a las drogas, hay un enfoque distinto en el caso de la mariguana y varios estados ya la han legalizado.

Coincidió con la perspectiva que se ha dado al tema en el nuevo proyecto de dictamen, de regular el cannabis manteniendo “el equilibrio deseado entre el disfrute del derecho a la libre determinación de las personas y la protección de la salud”.

Por otra parte, el grupo de organizaciones y colectivos Regulación por la Paz advierte en un estudio que la legislación actual, que sólo permite a cada persona traer consigo cinco gramos de mariguana para su consumo personal, ha provocado la detención de personas, sobre todo jóvenes, y su encarcelamiento. Aunado a ello, “la policía ha aprovechado el estatus de ilegalidad del cannabis para extorsionar a los usuarios, sobre todo a aquellos en situación de vulnerabilidad”.

FUENTE: jornada

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IMSS y sector empresarial preparan estrategia para prevenir accidentes de trabajo y mejorar la salud de personas trabajadoras

  • Al menos 10 millones de trabajadores tienen algún padecimiento crónico-degenerativo.
  • Los motivos más comunes por los que un trabajador solicita una incapacidad, son  lesiones como:  luxaciones, esguinces y torceduras, así como enfermedades respiratorias.

La pandemia de Covid-19 dejó al descubierto que al menos 10 millones de trabajadores padecen enfermedades como hipertensión arterial, diabetes, sobrepeso y obesidad, lo que además de la repercusión física y de vulnerabilidad a enfermedades respiratorias, particularmente la Covid-19, impacta a las empresas en su competitividad y a la economía del país.

Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018-2019, en la etapa pre-pandemia en México, existían 8.6 millones de personas mayores de 20 años que vivían con Diabetes Mellitus, 15.2 millones con Hipertensión Arterial y el 75.2% de la población encuestada reportó vivir con  sobrepeso u obesidad.

Además, durante la pandemia se han otorgado  4.6 millones de incapacidades por Covid-19, las cuales representaron cerca de 44 millones de días laborables perdidos; durante 2021 se registraron 70.6 millones de días de incapacidad por enfermedades y accidentes autorizados para los trabajadores afiliados al IMSS.

De 2017 a 2021 el Instituto otorgó en promedio 23 mil 344 incapacidades para el trabajo; tan solo el último año el impacto económico para el IMSS por este concepto fue de 20 mil 128 millones de pesos. 

Los motivos más comunes por los que un trabajador solicitó una incapacidad para el trabajo fueron: enfermedades respiratorias, del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo, luxaciones, esguinces y torceduras. Las fracturas representaron el mayor gasto en materia de subsidios por incapacidad temporal para el trabajo.

La prevención de enfermedades y accidentes en los centros de trabajo es clave para mejorar la salud de las personas y al implementar medidas para contar con trabajadores saludables se fortalece la calidad y productividad de los centros de trabajo, se protege la seguridad y salud de la fuerza laboral, que es el activo más importante de cualquier organización.

Ante el escenario del deterioro de la salud de los trabajadores, el IMSS prepara una estrategia junto con el sector empresarial para promover acciones preventivas de salud y riesgos de trabajo en las empresas, en las cuales el patrón tiene la responsabilidad de colaborar en la aplicación de las normas para proteger la salud de los empleados.

La estrategia se basa en favorecer centros de trabajo con un enfoque saludable para fortalecer la cultura de prevención, ya que la fuerza laboral es el pilar que sostiene la salud, la economía y la sociedad.

FUENTE: eleconomista

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Nueva ley del notariado

“El notario público, es un profesional del Derecho, investido de fe pública por el Estado, que brinda seguridad jurídica y certeza en los actos y hechos de los cuales da fe”. Literatura jurídica.

El secretario general de Gobierno, Juan Echeagaray Becerra, ha informado a nombre del gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero, que este, ha enviado una iniciativa de Ley al Congreso del Estado, sobre el ejercicio del notariado en Nayarit. Donde se contemplan importantes modificaciones respecto al ejercicio de esta función en la actualidad. 

NUEVAS REGLAS 

 Todos los abogados, hombres y mujeres, pueden optar por solicitar un Fiat de Notario. Sometiéndose a un examen, con jurados nombrados por las instancias nacionales de la organización de notarios. Personas que desempeñarán su labor con absoluta imparcialidad y probidad. Todo esto, una vez que la iniciativa haya sido enviada a la Cámara de Diputados. Donde Alba Cristal Espinoza Peña, la operará, para generar una nueva política pública, que le de transparencia, orden y seguridad al patrimonio de los inversionistas y de las familias. De esta manera, las Notarías, ya no más serán canonjías para funcionarios, ex funcionarios o personas cercanas o afines a quienes manejan el poder. Como hasta ahora, venía sucediendo. Por otra parte, se elimina la figura del notario público suplente o adjunto. 

NO A LA OPACIDAD 

En definitiva, lo informado por el Ejecutivo del Estado, a través del secretario general de Gobierno, Juan Echeagaray Becerra, es muy importante para la población en general. Pero de manera muy particular, para industria, comercio, economía, finanzas y para la inversión en la industria de turismo. También, para el desarrollo de vivienda y todo tipo de contratos y transacciones públicas y privadas. Esta iniciativa le da transparencia a un ejercicio de la fe pública, que el estado les otorga a profesionales del derecho. Para que se eliminen discrecionalidades y faltas a la ética profesional, en perjuicio del Estado o de los particulares. Que, en muchos casos, ha generado inseguridad y menoscabo del patrimonio en los individuos o en sus empresas. 

EL NOTARIO PÚBLICO 

El notario público, es una persona a la cual el Estado ha dotado de fe pública, para que maneje todas sus actuaciones, con un alto nivel de profesionalismo. 

Este debe de ejercer su función con total imparcialidad con los prestatarios de sus servicios. No debe de tener inclinación por alguna de las partes y menos, interponer en ningún asunto su propio interés personal. Trabaja siempre, con plena autonomía en sus decisiones. Sin permitir opiniones ajenas, influencias ajenas, o intereses en el manejo de los asuntos que trata.  Debe de ser siempre, un profesional que ofrece seguridad legal y jurídica a la documentación que le es presentada.  

BUENA INICIATIVA DE LEY 

Lo que el gobierno del estado está haciendo, en este caso concreto, es presentar ante el Congreso del Estado, que preside Alba Cristal Espinoza Peña, una buena iniciativa de ley. Para que este ente plural, identificado con la democracia representativa, la sancione en bien de la sociedad. Este es el ejemplo concreto, donde se ve la gobernabilidad. Con el poder Ejecutivo que representa el gobernador Miguel Ángel Navarro, actuando en bien del interés colectivo. Su secretario general, Juan Echeagaray Becerra, manejando la iniciativa. El Congreso del Estado, presidido por Alba Cristal Espinoza, sometiéndola a consideración de las Fracciones Parlamentarias, para que, en su momento, sea una ley que genere políticas públicas en beneficio de las mayorías. 

EL ACCESO A LA FUNCIÓN NOTARIAL  De esta manera, el acceso a la función notarial, va a ser pública. Donde los aspirantes, no estarán más beneficiados por la amistad o cercanía con el poder. Ya que, se conformará un jurado honesto, integrado por personas del Notariado Nacional, totalmente imparciales, justos e independientes. Con la participación de un representante del gobierno del estado, para acreditar la transparencia del dictamen. Teniendo la nueva Ley mucha claridad, sin las complicaciones de la Ley anterior, sobre las causas que ameriten la suspensión o la revocación del ejercicio de un titular de notaría. Explicó Juan Echeagaray Becerra, que la indicación del gobernador, es que, en este tema, haya honradez, honestidad y humildad. Eliminando viejos vicios.

FUENTE: meridiano

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Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

La Ley  General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia tiene por objeto establecer la coordinación entre la Federación, las Entidades Federativas, el Distrito Federal y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación, así como para garantizar la democracia, el desarrollo integral y sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen democrático establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dicha ley, menciona los principios rectores para el acceso de todas las mujeres a una vida libre de violencia, que deberán ser observados en la elaboración y ejecución de las políticas públicas federales y locales los cuales son:
 I.      La igualdad jurídica entre la mujer y el hombre;

II.     El respeto a la dignidad humana de las mujeres;

III.    La no discriminación,

yIV.    La libertad de las mujeres.
 Asimismo, refiere los tipos de violencia contra las mujeres y las modalidades de la violencia como se describe a continuación:


TIPOS DE VIOLENCIA
 1. Violencia Psicológica.- Es cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica, que puede consistir en: negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio; 

2. Violencia Física.- Es cualquier acto que inflige daño no accidental, usando la fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones ya sean internas, externas, o ambas; 

3. Violencia Patrimonial.- Es cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de la víctima. Se manifiesta en: la transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades y puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la víctima;  

4. Violencia Económica.- Es toda acción u omisión del Agresor que afecta la supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así como la percepción de un salario menor por igual trabajo, dentro de un mismo centro laboral,

y 5. Violencia Sexual.- Es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o la sexualidad de la Víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla como objeto, y 6. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres. 

MODALIDADES DE VIOLENCIA
 • Violencia familiar: Es el acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, someter, controlar, o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual a las mujeres, dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo Agresor tenga o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato o mantengan o hayan mantenido una relación de hecho. 

Violencia Laboral y Docente: Se ejerce por las personas que tienen un vínculo laboral, docente o análogo con la víctima, independientemente de la relación jerárquica, consistente en un acto o una omisión en abuso de poder que daña la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de la víctima, e impide su desarrollo y atenta contra la igualdad. 

Violencia en la Comunidad: Son los actos individuales o colectivos que transgreden derechos fundamentales de las mujeres y propician su denigración, discriminación, marginación o exclusión en el ámbito público. 

Violencia Institucional: Son los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia. 
 • Violencia Feminicida: Es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres.
 De igual forma, contempla la figura denominada:
Alerta de violencia de género: Es el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad.
 La alerta de violencia de género contra las mujeres tendrá como objetivo fundamental garantizar la seguridad de las mismas, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus derechos humanos. Dentro de la Ley nos menciona que la declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres, se emitirá cuando:

I.   Los delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres, perturben la paz social en un territorio determinado y la sociedad así lo reclame;

II.  Exista un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres, y III. Los organismos de derechos humanos a nivel nacional o de las entidades federativas, los organismos de la sociedad civil y/o los organismos internacionales, así lo soliciten. Corresponderá al Gobierno Federal a través de la Secretaría de Gobernación declarar la alerta de violencia de género y notificará la declaratoria al Poder Ejecutivo de la Entidad Federativa de que se trate. De esta Ley emanan las Órdenes de Protección, las cuales son: actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia, las órdenes de protección son personalísimas e intransferibles y podrán ser: 

I.    De emergencia;II.   Preventivas, y III.  De Naturaleza Civil 

 Corresponderá a las autoridades federales, estatales y del Distrito Federal, en el ámbito de sus competencias, otorgar las órdenes emergentes y preventivas de la presente ley, quienes tomarán en consideración: 

I.    El riesgo o peligro existente;II.   La seguridad de la víctima, yIII.  Los elementos con que se cuente. La ley contempla la integración y funcionamiento del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, en el cual se coordinan para integrarlo: la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios y tiene por objeto la conjunción de esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y acciones interinstitucionales para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. Asimismo señala que, el Sistema Nacional se conformará por las y los titulares de: I.     La Secretaría de Gobernación, quien lo presidirá; 

II.     La Secretaría de Desarrollo Social;

III.    La Secretaría de Seguridad Pública

IV.   La Procuraduría General de la República; 

V.    La Secretaría de Educación Pública; 

VI.   La Secretaría de Salud; VII.  La Secretaría del Trabajo y Previsión Social; 

VIII. El Instituto Nacional de las Mujeres, quien ocupará la Secretaría Ejecutiva del Sistema; 

IX.   El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación;

 X.    El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia,

y XI.   Los mecanismos para el adelanto de las mujeres en las entidades federativas. También la ley contempla el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el cual contendrá las acciones con perspectiva de género. 


 Es de suma importancia mencionar que en la Ley General de Acceso nos dice que la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios, coadyuvarán para el cumplimiento de los objetivos de la ley de conformidad con las competencias previstas en ella y demás instrumentos legales aplicables.
 Las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias deberán prestar atención a las víctimas.De igual forma, contempla la figura de refugios que deberán ser lugares seguros para las víctimas, por lo que no se podrá proporcionar su ubicación a personas no autorizadas para acudir a ellos, los cuales deberán prestar a las víctimas y, en su caso, a sus hijas e hijos los siguientes servicios especializados y gratuitos: 

I.       Hospedaje;

II.      Alimentación;

III.     Vestido y calzado;

IV.    Servicio médico;

V.     Asesoría jurídica;

VI.    Apoyo psicológico;

VII.   Programas reeducativos integrales 

VIII.  Capacitación,

yIX.    Bolsa de trabajo.

FUENTE: sermujeres.edomex

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Entran en vigor cambios a Ley de Nutrición

  • Entre otros cambios, la ley establece la conformación del Consejo Estatal de Nutrición y Combate del Sobrepeso.
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Con las reformas a la Ley de Fomento para la Nutrición y el Combate del Sobrepeso, Obesidad y Trastornos de la Conducta Alimentaria, se debe crear un órgano colegiado para generar políticas y estrategias en materia de prevención, orientación, control y vigilancia.

La promulgación del Decreto 217 entró en vigor, que entre otros cambios establece la conformación del Consejo Estatal de Nutrición y Combate del Sobrepeso, Obesidad, Diabetes Mellitus y Trastornos de la Conducta Alimentaria, el cual estará integrado por autoridades estatales, municipales, así como del Poder Legislativo y de los sectores sociales y privados.

Entre las tareas de este órgano está diseñar y evaluar políticas públicas en materia de prevención, orientación, control y vigilancia en esas áreas, así como proponer la firma de acuerdos, convenios, bases de colaboración o los instrumentos jurídicos que se requieran.

También, implementar campañas de información en materia de nutrición, alimentación correcta, el sistema de etiquetado frontal, activación física y ejercicio; además de actividades encaminadas a combatir los malos hábitos de alimentación en las escuelas.

Generar y difundir información estadística desagregada por grupo de edad y sexo, indicando peso, talla e índice de masa corporal, a fin de establecer zonas geográficas con mayor incidencia en desnutrición, sobrepeso, obesidad, diabetes mellitus y trastornos de la conducta alimentaria.

Con estas reformas a la Ley, se pretende gestionar ante las Cámaras de restauranteros sobre las porciones recomendables, la composición de sus menús basándose en el plato del bien comer y la disminución de sal en los alimentos.

En las instituciones de educación básica y medio superior, así como en los centros de trabajo se debe impulsar el servicio de nutrición y psicología que coadyuven a la prevención del sobrepeso, obesidad, diabetes mellitus y trastornos.

Incluso, este servicio podrá ser cubierto a través de la prestación del servicio social o prácticas profesionales de estudiantes de carreras afines.

El acuerdo establece que la implementación de las acciones que resulten necesarias a raíz de la entrada en vigor de esta Ley deberán ser solventadas por las diferentes instancias con cargo a los recursos financieros que les hayan asignado en el ejercicio fiscal correspondiente.

FUENTE: lucesdelsiglo

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Atoran las 20 iniciativas de ley por violencia de género

Activistas señalan que las agresiones contra mujeres se invisibilizan más a nivel nacional; reprochan falta de acciones para evitar que los afeminicidios sigan en el país.

En lo que va de la actual Legislatura, en el Congreso de la Unión se han propuesto 20 iniciativas por violencia de género, las cuales se encuentran atoradas en comisiones y no hay fecha para que se destraben, a pesar del ambiente de violencia que vive el país contra las mujeres.

“La violencia nunca dejó de suceder y la gente tenía que salir con o sin pandemia y seguían asesinándolas, pero creo que es alarmante que sólo se conozcan uno o dos casos y no podemos sentarnos a ver cómo suceden las agresiones.

“Hay asesinatos de mujeres que se dan en sus casas y que a nadie les importó; por ello, veo que son muy pocas las acciones para evitar que la violencia siga pasando”, señaló a La Razón la activista Frida Guerrera.

Mientras no exista coordinación entre los tres órdenes de gobierno, la violencia institucional no se elimine, la impunidad no se arranque del sistema de justicia y no se asuma la responsabilidad, cientos de vidas seguirán arrebatadas
Wendy Figueroa
Directora de la RNR

Las iniciativas en la Cámara de Diputados y el Senado de la República se basan principalmente en la creación del Registro Nacional de Violentadores y Agresores contra mujeres; sancionar las conductas de connotación sexual que se realicen en lugares o espacios públicos de uso común o libre tránsito.

Además, combatir la violencia de género dentro del servicio público; garantizar la correcta implementación de la alerta de violencia de género; crear la Secretaría de la Mujer y fortalecer la protección en todas sus formas.

Frida Guerrera detalló que las agresiones siguen creciendo e invisibilizándose a nivel nacional, además de que, tras la crisis sanitaria, vuelven otras formas de cooptar a las mujeres, como dar ofertas de trabajo por Internet.https://fe76904b571db3cb926954040b06fde3.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html

La violencia nunca dejó de suceder y la gente tenía que salir con o sin pandemia, y seguían asesinándolas (…) hay asesinatos de mujeres que se dan en sus casas y que a nadie les importó; por ello, veo que son muy pocas las acciones para evitar que la violencia sigaFrida Guerrera
Activista

“El violador de Atizapán tenía esa forma de operar y vemos otros en el país similares, aparte de que sólo ver un caso invisibiliza a los demás. Lo que pasa en los estados del norte es muy grave, pues cada que hacen una búsqueda encuentran más, como en el caso de Debanhi”, dijo.

Las iniciativas propuestas en el Congreso de la Unión son siete de Morena; cuatro del Revolucionario Institucional; cuatro de Movimiento Ciudadano; tres del PAN; una del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y otra del PRD.

Al respecto, la directora de la Red Nacional de Refugios (RNR), Wendy Figueroa, consideró que prevalecen las cuestiones partidistas sobre el compromiso de legislar, lo que provoca que muchos temas se queden sin discusión, “o como se conoce, se queden congelados”.

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.Gráfico: La Razón de México

La activista comentó que, lamentablemente, la violencia machista no tiene tregua y tampoco la tuvo durante la pandemia por Covid-19, pues, dijo, es el reflejo de las desigualdades, discriminaciones, ignominia permeada por la impunidad, la corrupción, la inoperancia, la ineficiencia de las autoridades, más la carencia de protocolos con perspectiva de género y derechos humanos.

“Mientras no exista coordinación entre los tres órdenes de Gobierno, la violencia institucional no se elimine, la impunidad no se arranque del sistema de justicia y no se asuma la responsabilidad, cientos de vidas seguirán arrebatadas y miles de familias destrozadas en busca de la justicia, que pocas veces llega”, estimó.

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas de la Secretaría de Gobernación (Segob), en lo que va de este año han desaparecido mil 665 mujeres, lo que significa que en el país desaparecen 14.7 mujeres por día. Sin embargo, 824 de las mujeres desaparecidas ya han sido localizadas.

FUENTE: razon

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Ley Fintech se queda corta para regular criptomonedas; falta aclarar aspectos fiscales

Especialistas coincidieron en abrir el espacio regulatorio, pero piden trato justo que no mate la innovación.

A cuatro años de la publicación de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, mejor conocida como ley fintech, y en vísperas de la construcción de una moneda digital emitida por el Banco de México (Banxico), especialistas y participantes de la industria coincidieron en que este marco normativo si bien regula los activos virtuales, no es suficiente para el completo y sano desarrollo del ecosistema que opera estos instrumentos.

Durante el Foro Bitcoin, México y la Economía Digital, organizado por la asociación Legions, distintos especialistas dieron su punto de vista de cómo debe de regularse el tema de las criptomonedas ante el potencial que éstas tienen para avanzar en la inclusión financiera y por ende en el desarrollo económico del país.

«Hay una Ley Fintech en México que es el marco jurídico, pero que no es suficiente para poder hablar de todos los temas sobre criptomonedas. ¿Qué tenemos que hacer? Invito a las autoridades administrativas a que tengan un criterio uniforme respecto al uso de las criptomonedas, para llegar a esto hay que hacer una interdisciplinariedad e igualmente que se abra el diálogo», detalló Rebeca Álvarez, fundadora del despacho Loxical.

En México, con la publicación de la Ley Fintech el tema de activos virtuales tomó relevancia de manera normativa. Para el sistema financiero, Banxico indicó que no permitiría que las instituciones ofrecieran estos instrumentos al público en general y sólo pueden usar la tecnología para temas internos.

A la par, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tomó la supervisión antilavado para aquellas plataformas fuera del sistema financiero y para efectos de prevención de lavado de dinero financiamiento al terrorismo.

Para Vanessa Solis, directora de la firma Vconsulting, el marco regulatorio actual que aplica para las criptomonedas no abarca el tratamiento fiscal sobre la operación de estos instrumentos y si bien la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) ha emitido guías al respecto, que el tema no esté dentro de la ley provoca incertidumbre.

«Hay países que, sin necesidad de comprometer el sistema financiero, han creado medidas o marcos regulatorios en materia fiscal. Es importante que se adecúen los marcos a los modelos de negocio, pero hay que tener mucho cuidado porque todo exceso de la ley puede frenar el crecimiento», comentó Solis.

Solis detalló que si bien la Prodecon ha sugerido el pago de Impuesto Sobre la Renta en la operación de estos instrumentos, la realidad es que hay varias aristas que deben de ser consideradas para que esto pase, pues, por ejemplo, a veces el trading se hace en otras partes del mundo o en plataformas centralizadas o descentralizadas, por lo cual se hace imposible hablar de retención de este gravamen.

En su intervención, Silvia Matus, vicepresidenta de Práctica Externa del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), detalló que, si la operación de compraventa de criptomonedas genera ganancias, es necesario pagar ISR pese a que no esté contemplado como tal en el marco fiscal mexicano.

«A la autoridad no le importa si tenemos ingresos por trading o, por ejemplo, vender mesas. Si tienes utilidades lícitas tienes que pagar», detalló Matus.

Rebeca Álvarez enfatizó que, en caso de contemplar adecuar el marco normativo de las criptomonedas, es necesario que los conceptos que aborde la ley sean lo más amplios posible para que se puedan abarcar los nuevos modelos de negocio como por ejemplo los tokens no fungibles u otros tipos de tokens.

«Necesitamos conceptos lo más amplios posible, que sean flexibles y que vayan de acuerdo con modelos de negocio… No solamente es poner el marco jurídico, también es aplicarlo. Hoy en día tenemos reguladores en Banxico, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y de la Secretaría de Hacienda, que necesitan entender los modelos de negocio y eso es sumamente importante», acotó Álvarez.

Tratamiento de datos personales

Durante el evento que se llevó a cabo en el Senado de la República, Rodolfo Guerrero representante legal y socio de la firma Coffee Law, destacó la urgencia de regular el tema de activos digitales y su relación con la protección de datos personales, así como temas de ciberseguridad derechos digitales.

«Se debe de seguir un principio de homologación… El hecho es reconocer lo que tenemos en la ley, así como los caminos de reforma necesarios para que aquellos puntos que forman parte de esta transformación digital, estén claros y generen esta famosa democratización de la tecnología», acotó Guerrero.

El especialista destacó que, en materia de privacidad de la información en activos digitales, es necesario realizar una reforma a la Ley Federal de Protección de Datos Personales, especialmente para que exista un camino sobre qué hacer con la identidad digital de una persona fallecida.

Asimismo, Guerrero resaltó la necesidad de aprobar una ley general en materia de ciberseguridad, además de tener claro los derechos digitales en el contexto de la rastreabilidad de la tecnología blockchain y el tratamiento de datos personales.

«Lo que hay que cuidar es la privacidad y el reconocer como parte de un derecho digital, el derecho al anonimato porque si no tenemos en cuenta esas dos figuras, vamos a generar un debate mayor sobre los privacy coins«, acotó Guerrero.

Normativa antilavado, el complemento

En distintas partes del mundo, como Islandia, India y China, las criptomonedas es un tema prohibido; sin embargo, en otros como JapónSuecia y El Salvador estos instrumentos tienen libertad en su uso.

Para los especialistas que estuvieron en el foro, una preocupación de los gobiernos que restringen el uso de criptomonedas es por el riesgo de estos instrumentos para el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, el cual se trabaja para acotarlo ante las exigencias del Grupo de Acción Financiera Internacional.

«Las cuestiones (de criptomonedas) que importan en este momento son las reglas GAFI y la cuestión es la de ciberseguridad, para que los fondos estén debidamente protegidos», detalló Etienne Luquet Farías, líder de Asuntos Regulatorios para México de Bitso.

En su intervención, José Rodríguez, director de Talent Land Blockchain, criticó severamente la narrativa de que las criptomonedas son un foco de riesgo para el lavado de dinero, pues, la mayor parte de casos de blanqueo de capitales sucede en el sistema financiero tradicional.

«México tristemente tiene los casos de lavado de dinero más grandes en la historia de la humanidad y todo se ha hecho en instituciones financieras reguladas… Si realmente a GAFI, autoridades, bancos centrales, a todos los políticos les interesa combatir el lavado, por qué no se les han cancelado las licencias a estos grandes lavadores de dinero. Por otro lado, en las criptomonedas tienes un sistema que nace regulado y transparente», expresó Rodríguez.

Para el director de Talent Land Blockchain, esta narrativa sobre el uso de criptomonedas para el blanqueo de capitales provoca que las autoridades se concentren en políticas excesivas contra empresas o plataformas que operan estos instrumentos, lo cual provoca un freno en el avance que éstos pueden dar a la inclusión financiera.

«Si lo vemos como en El Salvador, hoy más personas tienen una Chivo wallet de acceso a bitcoin y remesas y por primera vez tienen acceso a pagos internacionales… En seis meses, ese país logró implementar un sistema que ha rebasado a todos los bancos juntos», detalló Rodríguez.

Para Ricardo Lechuga, socio de la firma Garrido Licona, para tener un marco normativo adecuado a las criptomonedas es necesario tomar en cuenta la postura del gobierno en materia de política monetaria, seguridad financiera, estructura para la inclusión financiera e incluso medio ambiente.

«En México estamos en un proceso de inclusión financiera, que hasta el momento no se ha logrado (menos de la mitad de la población está bancarizada), se sigue utilizando al efectivo como principal método de pago, eso es un tema muy complejo para poder entrar a la regulación de estos temas», acotó Lechuga.

FUENTE: eleconomista