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Se compromete AMLO a devolver 30 mil hectáreas a pueblos yaquis

En gira por Sonora, el Presidente también anunció apoyo para caminos e infraestructura. Foto PresidenciaAuto-Lectura

Loma de Guamúchil, Son. “Es lo menos que podemos hacer ante el sufrimiento que padecieron sus antepasados por el maltrato de gobiernos autoritarios. No olvidar que se llegó hasta el exterminio de pueblos yaquis”, se sinceró el presidente Andrés Manuel López Obrador en un nuevo encuentro con los representantes de los ocho pueblos de esta etnia, a quienes les anunció la restitución de 30 mil hectáreas de tierra.

El Presidente recorrió comunidades indígenas sonorenses ratificándoles sus compromisos de justicia en la última etapa de su gobierno. En Sahuaripa, con representantes de pueblos en la frontera de Sonora y Chihuahua expresó sus intenciones hacia el final de su sexenio: “todavía nos quedan dos años y cinco meses (…) Yo soy maderista y Francisco I. Madero decía ‘sufragio efectivo y no reeleccion’. Quiero cerrar un ciclo, no sentirnos insustituibles, porque luego se convierte en un vicio. No hay que tenerle mucho apego ni al dinero ni al poder”.

Hacia el mediodía, en Cajeme, los gobernadores tradicionales de los ocho pueblos yaquis escucharon a Lopez Obrador en la evaluación del cumplimiento del plan de justicia pactado en septiembre e instrumentado por una comisión presidencial. En el pasado –les recordó– sólo les daban migajas, pero “eso ya se terminó, aunque –reconoció– aún quedan polvos de aquellos lodos”.

Pero ahora, añadió, hay compromiso de cumplir los ofrecimientos, “por eso autorizo a que se paguen las 30 mil hectáreas de tierra lo más pronto posible. Aquí está el subsecretario de Hacienda Juan Pablo de Botton, que les va a transferir los fondos”.

Una adquisición que es uno de los principales reclamos yaquis, pues forma parte del territorio que les entregó, en 1940, Lázaro Cárdenas. A lo largo de estos años se fue perdiendo ese territorio adquirido, paulatinamente, por pequeños propietarios en diversas condiciones. Hoy, los yaquis piden su restitución.

Onésimo Buitimea, secretario del pueblo de Vicam, le explicó la complejidad para hacer realidad el plan, en particular, que se cumpla esa restitución mediante la compra de todas las pequeñas propiedades que suman las 30 mil hectáreas, ahora sujetas a negociación con quienes las adquirieron desde entonces.

Buitimea describió el complicado entramado en torno a la propiedad y las dificultades para restituirlas a los yaquis, aun cuando el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román Meyer, optimista, anticipó que se ha intensificado la construcción de acuerdos, por lo que en junio se podría concretar la operación.

Y en esta lógica, López Obrador prometió que volverá pronto: “yo regreso el 21 de agosto y ya quiero entregar las tierras. Es un compromiso”.

Los territorios a comprar están ubicados principalmente en las trincheras de Moscobampo y el picacho de Moscobampo, “lugares emblemáticos” en la lucha por la tierra de las comunidades yaquis.

El encuentro también incluyó el ofrecimiento del inicio de obras del nuevo acueducto asociado a la conformación del distrito de riego 18 para garantizar el suministro de agua a los ocho pueblos yaquis. Un compromiso también asediado por 15 demandas de amparo en su contra, a pesar de lo cual ya se tienen presupuestados 2 mil 191 millones de pesos para la obra, de la que estiman su conclusión hacia finales de 2023.

A su llegada a Loma de Guamúchil, el Presidente se encontró con la protesta de media docena de jóvenes que le pidieron mayores oportunidades para ingresar a la Facultad de Medicina de la Universidad de Sonora. Argumentaron una drástica reducción de la matrícula, que permite que sólo 80 de un millar de aspirantes accedan a la carrera.

El mandatario los canalizó con el gobernador Alfonso Durazo para que resuelva la petición y, en su caso, de ser inviable en Sonora, les ofreció becas a quienes sean rechazados en otras instituciones.

A su paso, rumbo al evento, también lo abordaron sobre las personas desaparecidas en Cajeme: “no vamos a descansar en eso. Vamos a seguir haciendo justicia”.

$50 millones a construir caminos

Hacia la tarde, López Obrador acudió a Sahuaripa para un nuevo encuentro con comunidades indígenas, con quienes habló también de un plan específico de justicia. Tras una apretada síntesis de los programas sociales federales vigentes para estos pueblos, López Obrador hizo un nuevo anuncio para financiar con 50 millones de pesos iniciales a cada uno de los 13 municipios involucrados para la construcción de caminos, obras fundamentales para comunicar estos poblados.

Conforme vayan avanzando, agregó, se les entregará mayores recursos hasta su conclusión, comprometiendo a Durazo a supervisar el cumplimiento de las obras.

FUENTE: jornada

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Declaran inválido que INM realice revisiones aleatorias en el país

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de los artículos 97 y 98 de la Ley de Migración que facultan al Instituto Nacional de Migración a realizar revisiones aleatorias en cualquier momento y en cualquier parte del país.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró la inconstitucionalidad de los artículos 97 y 98 de la Ley de Migración que facultan al Instituto Nacional de Migración a realizar revisiones aleatorias en cualquier momento y en cualquier parte del país.

Esa resolución derivó de un amparo otorgado por la Primera Sala a tres indígenas tzeltales (uno de ellos menor de edad) originarios de Ocosingo, Chiapas, quienes en 2015 viajaban en un autobús rumbo a Sonora para trabajar como jornaleros agrícolas, y fueron detenidos por agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), quienes los confundieron con guatemaltecos. Los retuvieron e iniciaron su trámite de deportación, hasta que demostraron ser mexicanos.

La Primera Sala determinó que en este caso, la autoridad soslayó que toda persona tiene derecho de transitar libremente por el territorio nacional y que no existe legislación alguna que obligue a los mexicanos a portar algún tipo de identificación para acreditar la nacionalidad. Además, determinó que el INM carece de facultades para llevar a cabo la retención, detención o expulsión de mexicanos.

En ese marco, invalidó y declaró inconstitucionales los artículos 97 y 98 de la Ley de Migración, ya que permiten aplicar revisiones discrecionales y generar discriminación contra mexicanos por su apariencia física.

Bajo el proyecto de la ministra Margarita Ríos Farjat, la Primer Sala destacó que la norma invalidada permite categorizar como migrante a cualquier persona sin importar si es mexicana o no, a partir de perfiles subjetivos como son el color de piel, raza, forma de hablar, origen étnico o idioma, lo cual es contrario al derecho a la igualdad y no discriminación.

Sin embargo, la Primera Sala aclaró que no prejuzga sobre la constitucionalidad de las atribuciones de otras autoridades distintas a las de migración para requerir documentación a personas extranjeras dentro del territorio nacional en supuestos diversos y con sustento en distintas legislaciones.

FUENTE: eleconomista

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SCJN invalida ley contra “halconeo” en Quintana Roo

En México, 19 entidades contemplan el delito de “halconeo”, de acuerdo con la organización Artículo 19.

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró la invalidez de la ley contra el «halconeo» en el estado de Quintana Roo, por considerar que atenta contra el derecho a la información, de libertad de expresión y el principio de taxatividad.

La Corte declaró inconstitucional el artículo 204-BIS del Código Penal para el Estado de Quintana Roo, publicado el 13 de septiembre de 2019, que sancionaba a la persona que a través de una conducta dolosa proporcionara o comunicara a terceros información de cualquier tipo, que impidiera y obstaculizara la adecuada ejecución de las funciones policiales y laborales operativas de detención, investigación, prevención y reacción de las instituciones de Seguridad Pública del Estado, Federales, Nacionales o Fuerzas Armadas.

En principio, la Corte invalidó la porción “Federales, Nacionales o Fuerzas Armadas”, al considerar que invadía la competencia exclusiva del Congreso de la Unión para legislar sobre los delitos y faltas contra la Federación y las penas y sanciones que por ellos deban imponerse, en términos del artículo 73 de la Constitución.

Posteriormente, el pleno de la Corte invalidó el resto del precepto, al considerar que vulneraba el derecho a la información, la libertad de expresión y el principio de taxatividad, pues la descripción típica no aportaba suficientes elementos que acotaran adecuadamente las conductas sancionadas a aquellas que se pretendieron prohibir.

Se argumentó que al referirse a información “de cualquier tipo”, comprendía información de carácter público e, incluso, no necesariamente relacionada con las funciones de las instituciones de seguridad pública.

También que la norma no previó la magnitud o gravedad del daño que debía ocasionarse, ni la finalidad que debía perseguirse con la conducta, lo que autorizaba sancionar a quien ni siquiera hubiese tenido el propósito de realizar «halconeo» o, incluso, el conocimiento de que aquél se produciría.

La invalidez decretada surtirá efectos retroactivos al 14 de septiembre de 2019, fecha en que entró en vigor el decreto referido.

El “halconeo” consiste en los actos o conductas que tienden a obtener información de las instituciones de seguridad pública, de persecución y sanción de delitos, así como las encargadas de la ejecución de penas. Es decir, abarca desde las labores de policía hasta los centros de reclusión, sobre sus actividades o labores en general.

La organización Artículo 19 considera que contemplar el “halconeo” como un delito abre la puerta para que un periodista que hace trabajo de investigación sobre tales instancias pueda ser acusado de forma arbitraria, pues se trata de un delito que puede ser redactado de manera ambigua.

Destacó que en México, 19 entidades (Chihuahua, Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León, Nayarit, Sinaloa, Zacatecas, San Luis Potosí, Quintana Roo, Yucatán, Chiapas, Tabasco, Veracruz, Puebla, Estado de México, Hidalgo, Colima, Durango y Jalisco) contemplan el delito de “halconeo”, a pesar de que -a su juicio- supone un retroceso a la libertad de expresión y derecho a la información.https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?creatorScreenName=eleconomista&dnt=false&embedId=twitter-widget-0&features=eyJ0ZndfZXhwZXJpbWVudHNfY29va2llX2V4cGlyYXRpb24iOnsiYnVja2V0IjoxMjA5NjAwLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X3NlbnNpdGl2ZV9tZWRpYV9pbnRlcnN0aXRpYWxfMTM5NjMiOnsiYnVja2V0IjoiaW50ZXJzdGl0aWFsIiwidmVyc2lvbiI6bnVsbH0sInRmd190d2VldF9yZXN1bHRfbWlncmF0aW9uXzEzOTc5Ijp7ImJ1Y2tldCI6InR3ZWV0X3Jlc3VsdCIsInZlcnNpb24iOm51bGx9fQ%3D%3D&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=1527389453873860616&lang=en&origin=https%3A%2F%2Fwww.eleconomista.com.mx%2Fpolitica%2FSCJNinvalida-ley-contra-halconeo-en-Quintana-Roo-20220519-0095.html&sessionId=e518a223f2fc5cdb29e817be7b892c57138f5c2c&siteScreenName=eleconomista&theme=light&widgetsVersion=c8fe9736dd6fb%3A1649830956492&width=550px

Invalida norma de Coahuila sobre suplantación de identidad

En otro asunto, al resolver una acción de inconstitucionalidad promovida por la Fiscalía General de la República, la Suprema Corte invalidó una porción del artículo 268 del Código Penal del Estado de Coahuila, donde se establecían penalidades contra el delito de suplantación de identidad.

La Corte determinó que dicha porción normativa omitía especificar la clase de pena referida en número de años, lo que generaba incertidumbre jurídica, pues existen sanciones distintas a la prisión que pueden imponerse mediante un rango temporal.

La norma, estableció la SCJN, resultaba violatoria de los principios de seguridad jurídica y de legalidad en materia penal, en su vertiente de taxatividad.

La invalidez surtirá efectos retroactivos al 13 de febrero de 2021, fecha en que entró en vigor el decreto impugnado.

FUENTE: eleconomista

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OEA premiará a la SCJN por políticas en favor de las mujeres

PREMIO INTERAMERICANO A LAS BUENAS PRÁCTICAS PARA EL LIDERAZGO DE LAS MUJERES

El Poder Judicial Federal ha implementado en los últimos dos años una estrategia integral en tres ejes para lograr la igualdad de género al interior de sus filas y en todas sus sentencias.

Redacción El Economista

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) recibirán de la Organización de Estados Americanos (OEA) el “Premio Interamericano a las Buenas Prácticas para el Liderazgo de las Mujeres”, anunció el ministro Arturo Zaldívar.

Indicó que con dicho premio reconocerá al Poder Judicial de la Federación (PJF) como la Institución con las mejores políticas públicas para el liderazgo de las mujeres en el continente.

La ceremonia de premiación tendrá lugar en el marco de la IX Cumbre de las Américas, el 9 de junio de 2022 en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos.

Este premio, otorgado por la Organización de Estados Americanos a través de la Comisión Interamericana de Mujeres, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otras organizaciones internacionales y de la sociedad civil, busca reconocer y ampliar las políticas públicas que empoderan a las mujeres y que incrementan su representación en posiciones de liderazgo.

El Poder Judicial Federal ha implementado en los últimos dos años una estrategia integral en tres ejes para lograr la igualdad de género al interior de sus filas y en todas sus sentencias.

El ministro Zaldívar argumentó que en el periodo de 2019 a 2022, el Consejo de la Judicatura Federal designó más mujeres juezas y magistradas federales que cualquier otra administración, a través de reglas que garantizan la igualdad de oportunidades dentro del Poder Judicial, así como acciones afirmativas enfocadas específicamente en cerrar las brechas de género.

Además, refirió, el Consejo de la Judicatura Federal y la Suprema Corte han transformado el ambiente laboral con la implementación de políticas de cero tolerancia al acoso y a la violencia de género, así como con la adopción de una serie de medidas vanguardistas para conciliar la vida personal y laboral, y romper los estereotipos de género que les imponen cargas de cuidado exclusivamente a ellas.

(Con información de Jorge Monroy.)

FUENTE: eleconomista

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Ley Monse: iniciativa que busca frenar red de protección a feminicidas

La idea es reducir el número de posibilidades para que un presunto delincuente pueda escapar gracias al apoyo de su familia, amigos o conocidos.

XALAPA, VER. – El lunes 16 de mayo reapareció en un video Marlon Botas, presunto feminicida de Monserrat Bendimes. Su regreso en un noticiero nacional revivió el malestar de familiares de la víctima y colectivas feministas porque cumple un año y un mes prófugo de la justicia. 

De acuerdo con información aportada por autoridades, Marlon Botas atacó a su novia a golpes y le provocó muerte cerebral. El 23 de abril la joven fue desconectada de un respirador artificial y desde entonces su familia pide justicia. 

Monse, habría señalado a Marlon como su agresor antes de morir, sin embargo, una presunta red de complicidad le permitió al joven evadirse de la justicia. Esto llevó a colectivas feministas y diputadas locales a plantear una modificación al código penal.

La idea es reducir el número de posibilidades para que un presunto delincuente pueda escapar gracias al apoyo -material o económico- de su familia, amigos o conocidos. A la fecha ninguno de ellos puede ser sancionado según lo dicta el artículo 345 del código penal vigente en Veracruz

Sin embargo, el próximo 25 de mayo se dará entrada a una iniciativa de reforma al artículo 345, con la idea de delimitar responsabilidades a la red de apoyo de un presunto delincuente. Solo podrá recibir apoyo de padres, esposa o hijos.

Arussi Unda, vocera de la colectiva Las Brujas del Mar, confirmó que la modificación al código penal, fue consensuada con abogados, jueces y personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Fiscalía General del Estado (FGE) y del Poder Judicial, con la idea de garantizar que no existan vacíos legales ni que afecte derechos de terceros.

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La activista confía que la adecuación a la ley sea votada por el Pleno de la 66 Legislatura, pues solo se busca evitar la ambigüedad de la ley, «se hiló muy fino, para no abrir la puerta a la criminalización y persecución de personas que no tuvieron que ver con el ilícito, pero que están relacionados con el delincuente».

Qué dice la ley en la actualidad 

El capítulo 5 del código penal establece la sanción al encubrimiento por favorecimiento. En la actualidad el artículo 345 dice que no se sancionará a quien oculte al responsable de un delito o los efectos, objetos o instrumentos o impida que se averigüe, cuando se haga por un interés legítimo y no se emplee algún medio delictuoso, siempre que se trate de: 

Los ascendientes y descendientes consanguíneos, afines o por adopción; el cónyuge, concubina o concubinario y parientes colaterales por consanguinidad hasta el cuarto grado y por afinidad hasta el segundo; o los que estén ligados con el delincuente por amor, respeto, gratitud o estrecha amistad. 

Esa legislación, opinó Arussi Unta, da pie a que una persona familiar, amigo, vecino, novia, conocido, o alguien que le tuviera agrado a un feminicida, pueda obstruir la investigación, incluso, eliminar la evidencia o el arma de un ilícito para negar el derecho de acceso a la víctima.

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«No sólo estamos hablando de un núcleo familiar directo, sino de personas que estuvieran ligadas por cualquier cantidad de razones con un delincuente, ya sea por respeto, gratitud, amistad, por amor; entonces tu protector podía ser tu vecino o tu maestro de la escuela. Quedaba bastante amplio el margen», comentó en entrevista.

Es por lo que, en conjunto con diputadas locales de todas las fracciones parlamentarias y especialistas plantearon una adecuación a la ley, que además le garantice los derechos consagrados en la constitución tanto a una víctima como al presunto victimario.TE PUEDE INTERESAR

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«Marlon nos dio una puñalada»; feminicidio de Monse sin justicia

«Entre más personas participan en la protección de un delincuente, es más difícil el acceso a la justicia de la víctima y su familia», agregó Unda. 

En la revisión del código se detectó que el artículo 345 se contraponía con el 26, 27 fracción IV, el 344 y el 347 por lo que, además que se hará una adecuación con la idea de no caer inconstitucionalidad y facilitar la huida de un delincuente, especialmente, de feminicidios. 

¿Qué dice la propuesta de ley?

La propuesta de iniciativa al código penal establece que: no se sancionará a quien oculte al responsable de un delito cuando se haga por un interés legítimo y no se emplee algún medio delictuoso, siempre que se trate del cónyuge, concubina o concubinario, parientes colaterales por consanguinidad hasta segundo grado, y pareja de hecho.

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«El encubrimiento se debe entender como acción pasiva, porque la familia o los hijos no están obligados a actuar en contra, pero tampoco puedes participar en el ilícito como mover al cuerpo, ocultar evidencia y falsear testimonios», detalló la activista.

La historia del ataque

El 17 de abril del 2021, Montserrat Bendimes Roldán fue atacada en su propio domicilio presuntamente por su novio, Marlon Botas Fuentes. Ella logró identificarlo como su agresor.

La joven resultó con varias fracturas y con un traumatismo craneoencefálico, lo que desembocó en muerte cerebral; fue desconectada y declarada muerta el 23 de abril del mismo año.

Los padres de Marlon Botas se habrían resistido a llamar a los servicios de emergencia -para que el delito no fuera reportado por las autoridades- y llevaron a la joven de 20 años a un hospital.

El día de la agresión Marlon, junto a su familia huyeron de Veracruz Puerto; posteriormente, la Fiscalía de Veracruz emitió una orden de aprehensión contra el presunto feminicida, y ofreció una recompensa de 250 mil pesos para quien diera información que llevara a su localización. 

En noviembre del 2021, los padres de Marlon fueron detenidos en la Ciudad de México, Jorge Ignacio «N» y Diana Elizabeth «N», y posteriormente imputados por el delito de homicidio doloso. 

Este lunes 16 de mayo, Marlon N envió un video a un medio de comunicación nacional, en el que asegura que la muerte de la joven fue un accidente y pidió la liberación de sus padres, a cambio de entregarse, con el argumento que eso «le permitiría llevar un juicio justo y explicar lo que pasó en realidad».

«Lo que la Fiscalía señala como un feminicidio fue un lamentable accidente y no es nada cercano a lo que se dice en redes o en el expediente», argumentó en el video que inmediatamente generó una reacción de la familia Montse y colectivas feministas.

FUENTE: veracruz.lasillarota.com

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A dos años de la Ley de Amnistía, solo 79 personas han sido liberadas y más de 600 están en espera

Únicamente 79 personas se han visto beneficiadas por la legislación federal aprobada para dejar en libertad a quienes quedaron en prisión por injusticias. A nivel local, solo nueve entidades tienen sus leyes en la materia.

Durante la sexta sesión ordinaria de la Comisión de Amnistía, celebrada el 7 de abril pasado, se aprobó el beneficio a 64 personas. Con ello, según lo informó la Secretaría de Gobernación (Segob), ya se contaba con un registro de 167 personas favorecidas por la ley en la materia vigente desde 2020, pero eso no significa que la totalidad de las personas hayan recuperado su libertad. 

A través de una solicitud de información, la Segob confirmó que hasta el 3 de mayo pasado se había logrado la liberación de 79 personas y que se contaba con 659 solicitudes pendientes de resolver por parte de la comisión.

En la respuesta, la dependencia encabezada por Adán Augusto López asegura que solo 13 personas a quienes la comisión concedió el beneficio de la amnistía continúan en prisión, porque están a la espera de que los jueces confirmen la determinación tomada por la Segob. Es decir, hay 75 personas a quienes se les otorgó el perdón pero se desconoce su estatus actual.

“Cabe señalar que 2 personas de las antes referidas continúan en prisión debido a que la resolución emitida respecto del beneficio de amnistía aún no se encuentra firme, encontrándose pendientes de resolver en grado de apelación las mismas; mientras que para una persona la resolución aún no se encuentra firme por encontrarse pendiente de resolver la revisión al amparo que le fue concedido”, informó la dependencia a través del oficio S.I. 330026222000706, con fecha de 3 de mayo.

La Ley de Amnistía tiene como población objetivo a las mujeres, las y los jóvenes y las personas pertenecientes a pueblos o comunidades indígenas que enfrenten acción penal, que hayan sido procesadas o que se les haya dictado sentencia firme ante tribunales federales a consecuencia de alguna injusticia.

Además de la Ley de Amnistía federal, cada estado tiene que contar con su propia legislación. Al momento, nueve entidades ya tienen aprobada su ley correspondiente, 13 están en proceso y 10 aún no tienen avance, por lo que a decir de Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob, “hay que alentarlos en el tema”.

Dar atención prioritaria a las mujeres que estén en prisión por el delito de aborto en cualquiera de sus modalidades es uno de los objetivos rectores de la Ley de Amnistía. Ya sea en prisiones federales o estatales, las mujeres siguen privadas de su libertad cumpliendo condenas de entre 40 y 45 años.El periodismo libre necesita de sus lectores.Sigamos contando las historias que importan.Suscríbete
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Un ejemplo de ello es Chuy, quien suma siete años privada de su libertad en el penal de Santiaguito, en el Estado de México.

“Me botaron como un trapo viejo” 

Fue la madrugada de un lunes de 2015. Chuy recuerda que comenzó a sentir fuertes dolores. Ya era hora: su bebé estaba a punto de nacer.

Dice que salió de su casa en búsqueda de un médico, pero no logró llegar a ningún lado. En una barranca y sin nadie que la auxiliara, dio a luz a una niña a la que abandonó ahí mismo.

“Sí lloró, pero le digo, yo ya tengo cinco hijos y pues fue una situación de desesperación más que nada”, dice Chuy desde prisión.

“Los hombres nada más para eso me quieren, para tener la relación, y me botan como un trapo viejo y no quería eso para mi hija, violaciones y violaciones… yo no quería eso para mi hija”, repite mientras intenta contener el llanto.PUBLICIDAD

Chuy, hoy de 42 años, es una mujer indígena de Santiago Tianguistenco, especificamente del pueblo de Capulhuac, en el Estado de México, quien recibió una condena de 40 años por infanticidio.

Desde que sucedieron los hechos, lamenta la mujer, nadie de su familia la ha apoyado; incluso, su madre fue parte acusadora en su caso.

Al penal de Santiaguito llegó la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), que acompaña a Chuy y a otras mujeres para solicitar el beneficio de la amnistía. Según explicó Chuy, la primera respuesta que recibió fue negativa, pero la CODHEM hizo un nuevo intento y está a la espera de saber si en esta ocasión la respuesta puede ser otra.

“Yo lo que les pediría (a las autoridades) es una oportunidad y salir a trabajar por mis hijos que me necesitan. Ahorita uno ya se me va para la universidad, bendito Dios me han salido buenos estudiantes, y el más chiquillo ya para la secundaria”, dice la mujer.

Desde que ella fue detenida, fue su hijo de 26 años, el mayor, quien asumió la responsabilidad de sus cuatro hermanos; sin embargo, conforme más pasa el tiempo, más difícil se vuelve sostener la casa. 

Para tener algunos pesos y comprarse, cuando puede, unas galletas o un jugo, Chuy trabaja en el taller de fomi de la prisión, y cuando es posible apoya lavando trastes.

Chuy casi no recibe visitas. Su padre, un hombre de 80 años que vive en la Ciudad de México, hace el esfuerzo una vez al mes para ir a ver a su hija.

“Es un apoyo bastante grande que tengo, y también ayuda a mis hijos. Ya es mayor, ya tiene 80 años, por eso le digo que tengo que salir y trabajar al triple”, insiste la mujer.Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

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FUENTE: animalpolitico

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Una diputada de Morena va por ley para que influencers y youtubers paguen impuestos y no hagan publicidad engañosa en México

Morena acaba de poner sobre la mesa uno de los temas más urgentes y delicados si se trata de redes sociales e internet. La publicidad proviniendo de influencers debe clarificarse e identificarse abiertamente, según una nueva propuesta de la diputada María del Rosario Merlín García, una que trata desde videos de unboxing, sorteos en línea y redes sociales, en un caso que no está muy lejos del tema de fondo en el asunto entre el Partido Verde y el INE.

La iniciativa que todavía está en un momento muy prematuro, argumenta que los influencers que colaboren con campañas de marketing deberán ser declarados como «prestadores de servicio de comunicación audiovisual» y, luego entonces, tendrán que cumplir con un régimen de obligaciones y responsabilidades. Por una parte está el tema de impuestos, pero la iniciativa va mucho más allá cuando dice que «los videobloggers deberán revisar bien sus guiones y cuidar sus intervenciones si no quieren ver truncada su carrera profesional«.

La repercusión más inmediata es que los creadores «tendrán que afinar sus mensajes para no incurrir en importantes sanciones económicas«. Algunas consideraciones son importantes, como que los creadores deban tener siempre en cuenta la no discriminación y la no emisión de discursos de odio, pero otras propuestas lucen anacrónicas, como aquella por la que los creadores deberán tomar en cuenta temáticas y horarios para difundir ciertos contenidos dirigidos al público más joven.

La propuesta va tan lejos como decir que los creadores de contenidos en internet deberán tomar en cuenta las normas que ya restringen las emisiones de televisión.

Publicidad engañosa

Dejando de lado las formas que deberían tener los mensajes de influencers, la propuesta sugiere multas administrativas en caso de que haya «comunicaciones comerciales encubiertas«, o se fomenten «comportamientos nocivos para la salud o la seguridad de las personas«, dos aspectos loables que no suele ser extraño estén agregados en los términos y condiciones de una plataforma, aunque la propuesta de ley también menciona sanciones si los mensajes utilizan «técnicas subliminales«.

El objeto de esta iniciativa es regular a los creadores de imagen digital mal conocidos como “influencer youtubers” y otros, pues, aquellos casos en los que la naturaleza publicitaria del contenido no sea clara y manifiesta, será necesario incluir una indicación al respecto que debe ser explícita, inmediata y adecuada al medio y mensaje sobre la naturaleza publicitaria de tales menciones o contenidos.

Iniciativa

Morena Va Por Ley Para Que Influencers Y Youtubers Paguen Impuestos Y No Hagan Publicidad Enganosa En Mexico Pero El Borrador Ignora Como Funciona Internet 2

Volviendo al tema de las comunicaciones comerciales encubiertas, en el borrador se lee que el anunciante estará obligado a especificar con claridad cuando sus contenidos tienen una naturaleza publicitaria. La restricción aplicaría a los usuarios que tenga un fin de lucro con sus contenidos, no para todos los usuarios que suban sus propios contenidos a redes sobre un producto o servicio.

En el caso de que una publicación digital como storie o post en redes exista con motivos publicitarios, debería incluir el hashtag #PublicaciónPaga, según propone el documento.

Nuevas retenciones

El texto va más allá de proponer sanciones para publicaciones no identificadas como comerciales. En ella también se generan nuevas obligaciones para plataformas digitales, pues propone que redes en las que operen influencers, como YouTube, Facebook o TikTok, estén obligadas a retener el porcentaje correspondiente de ISR e IVA de las remuneraciones que obtengan influencers por haber promocionado un servicio o un producto, al estilo de lo que ya ocurre en el tema de comercio electrónico cuando hace un par de años las plataformas se vieron obligadas a generar las retenciones correspondientes a la venta de productos.

La propuesta no ahonda sobre detalles en torno al proceso de retención o cuáles plataformas estarían involucradas, pero sí dice si el pago por publicidad se hace fuera de la plataforma, los creadores deberían declarar los ingresos a través del Régimen de Incorporación Fiscal.

Morena Va Por Ley Para Que Influencers Y Youtubers Paguen Impuestos Y No Hagan Publicidad Enganosa En Mexico Pero El Borrador Ignora Como Funciona Internet

En suma, la iniciativa toca varios puntos trascendentales para la comunicación de influencers, pero en muchos puntos parece ignorar cómo opera internet.

El texto aborda temas relevantes como la publicidad engañosa, los problemas que implica que influencers recomienden productos no avalados o poco seguros, la falta de transparencia de publicidad en internet, o incluso la posibilidad de propaganda en redes (aunque no es ni de lejos la prioridad de la propuesta); pero al hacerlo propone generar obligaciones sobre cómo deben ser las comunicaciones de influencers (llegando a compararlas con la televisión tradicional) y hasta genera nuevos procedimientos de retención que indudablemente serán cuestionados por su efectividad.

La propuesta está basada en ideas previamente plateadas por organizaciones como Los Supercívicos, What the Fake y Tec-Check, organizaciones que por años han impulsado una ley para regular la publicidad engañosa de influencers, especialmente en campañas como el Hot Sale y el episodio de los influencers del Partido Verde. En abril pasado las organizaciones entregaron 40,000 firmas de apoyo a la iniciativa #LeyFinfluencerYA al Senado de la República.

FUENTE: xataka

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Ley Sabina en CDMX: van tras los padres deudores de pensión


En el Congreso de la ciudad comenzará la discusión de esta iniciativa de la sociedad civil.

Karla Mora | El Sol de México

En el Congreso de la Ciudad de México, activistas de la mano de la Comisión de Equidad de Género elaboran una iniciativa conocida como la Ley Sabina, la cual implica reformas al Código Civil y Penal locales, con el fin de garantizar que las madres de familia reciban pensión para sus hijos, por parte de los deudores alimentarios.

Algunas de las problemáticas que pretenden resolver con las reformas es que las madres de familia tengan acceso inmediato a las pensiones una vez que la autoridad judicial les otorgue la guarda y custodia, que haya una forma de medir los ingresos de los padres conforme a su estilo de vida y no necesariamente a través de los registros de la Secretaría de Hacienda y de Crédito Público, y que la desatención por parte de los padres deudores hacia los menores sea considerada como una forma de violencia a la mujer, por mencionar algunos puntos.

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Por parte de la sociedad civil también existe la propuesta de tipificar el hecho de que los padres de los hijos abandonen a las mujeres cuando ellas estén embarazadas, así como que ellos asuman los gastos en las pruebas de paternidad, cuando así se requiera en el proceso. Otra medida que solicitan es que el Registro de Deudores Alimentarios Morosos de la Ciudad de México sea completamente público, es decir que cualquier persona pueda ver su nombre y foto.

La iniciativa será presentada por la diputada de Morena Ana Francis López Bayghen, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, quien ha sostenido reuniones con la principal impulsora de la Ley Sabina, Diana Luz Vázquez, de modo que será una propuesta elaborada de la mano de la sociedad civil. Prevén que se presente la próxima semana, con el fin de que el dictamen suba al pleno en septiembre, en el próximo periodo ordinario.

En la Ciudad de México, durante 2021, el Poder Judicial registró nueve mil 816 solicitudes de alimentos en los juzgados familiares, de las que 8 mil 690 fueron tramitados por las madres, mil por los padres y 126 por otros familiares con la guarda y custodia de los menores. En los primeros dos meses de 2022, hay un registro de mil 371 solicitudes de alimentos.

La diputada Ana Francis López Bayghen expuso que, a partir de un acercamiento con el colectivo “Patrulla feminista”, que recorre los estados de la República para exhibir a deudores alimentarios, iniciaron las pláticas con ellas y con otras organizaciones, para trabajar el tema. Lo primordial es que los menores tengan acceso a lo que les corresponde.

En entrevista con El Sol de México, la legisladora expuso que si bien podría pensarse que a quienes se afecta más es a las madres, al fin y al cabo son los niños y niñas a las que se les niega el derecho ya sea a su manutención o al tiempo de cuidado, porque la mamá que no tiene dinero para sus alimentos, por omisión del padre, tiene que trabajar más y dejar a los menores con familiares o en otros espacios donde se encarguen de él.

CDMX

Recurren menos mujeres a refugios de la CDMX

“Dos de cada tres señores no pasan la pensión alimenticia, entonces estás hablando de que no es un tema de que estos otros señores se hicieron tarugos, sino que es un problema sistémico. Esto quiere decir que, de alguna manera, el Estado no ha sido eficiente en perseguir que las mujeres y los niños no pierdan ese derecho”, afirmó.

Explicó que deben revisarse cuáles son las razones por las cuales el Estado no ha sido eficiente. Con ese fin, realizarán mesas de trabajo con sociedad civil, legisladores y expertos en la materia.

Diana Luz Vázquez, impulsora de la Ley Sabina, comentó que la Ciudad de México ha sido pionera en temas de derechos humanos de defensa de la niñez, pues fue la primera entidad con un registro de deudores alimentarios; sin embargo, consideró que éste “se quedó corto”, porque no es completamente público.

“Hemos trabajado la propuesta con la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en el Congreso de la Ciudad de México, en un sentido primero de hacer visible el padrón, igual a lo que ocurre con el Registro de Agresores Sexuales que puedes consultarla con nombre apellido y fotografía. Tenemos el registro de violentadores políticos con nombre y apellido, que es del INE, entonces ¿no sería superior hablar de visibilizar a estos agresores de infancias?”, opinó.

Agregó que el calvario jurídico de las madres es inagotable en los juzgados familiares, porque hay casos de más de 10 años que buscan una sentencia definitiva de pensión alimenticia. Una de las trabas más recurrentes ocurre cuando el padre no tiene un trabajo fijo ni salario; en ese sentido, expuso que la nueva legislación debe considerar las pensiones de acuerdo a un estudio del estilo de vida del progenitor, de manera que no sea una limitante el hecho de que no se encuentren sus aportaciones ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Detalló que, en las pruebas de ADN para reconocimiento de paternidad, deben aplicarse exámenes socioecómicos, de manera que el gasto sea asumido por el padre en los casos que se compruebe que la madre no tiene la solvencia.

Y en el caso del Código Penal, destacó la necesidad de que se legisle sobre la violencia que cometen los hombres al abandonar a mujeres embarazadas, porque el abandono es al infante.

FUENTE: elsoldemexico

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El Estado de Guerrero despenaliza el aborto

La entidad federativa se convierte en la octava en permitir la interrupción voluntaria del embarazo en México.

México logra dar un paso más por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. El Estado de Guerrero ha despenalizado el aborto sin límite de tiempo para la mujer que decida interrumpir su embarazo y hasta la semana 12 de gestación para el personal sanitario que lo practique. Se trata de la octava entidad del país en permitir la interrupción voluntaria del embarazo. La mayoría de Estados lo han logrado por la vía legislativa (Ciudad de México, Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, Baja California, Colima, Sinaloa y ahora Guerrero). Coahuila lo consiguió a través de la vía judicial tras una sentencia de la Suprema Corte, sin embargo, el Estado aún no ha modificado su Código Penal.

Con 30 votos a favor, 13 en contra, una abstención y un voto nulo, el Congreso local ha dado salida a la reforma a seis artículos del Código Penal (del 154 al 159) y ha derogado el 158, que castigaba con penas de uno a tres años de prisión el aborto que se produjera fuera de las causales de violación, riesgo para la salud, aborto provocado o inseminación artificial no consentida. La decisión de este martes es histórica porque es la primera vez que un Congreso decide eliminar por completo el delito de aborto más allá de un plazo determinado. Por ejemplo, la despenalización en Estados como Veracruz o Hidalgo, seguía contemplando el delito de aborto más allá de las 12 semanas.https://imasdk.googleapis.com/js/core/bridge3.517.2_en.html#goog_19493790

La medida sigue la directriz de la sentencia a favor de la despenalización del aborto en todo el país que ordenó la Suprema Corte en septiembre de 2021 por la que ninguna mujer puede ser encarcelada en México por abortar y obliga a los jueces locales y federales a dictar sentencia en ese sentido. De la misma manera, el dictamen puede ser utilizado por los congresos locales que decidan modificar la ley, como ha hecho Guerrero, para usarlo a favor de la despenalización del aborto en los Estados.

La noticia ha sido recibida con gran emoción por grupos feministas a las afueras del Congreso en Chilpancingo, capital del Estado, que han estallado en vítores y aplausos al conocer la decisión de los legisladores. “Por fin se despenaliza el aborto y no se ataca a la mujer que termina con el embarazo, incluso más allá de las 12 semanas pueden abortar sin ser criminalizadas”, celebra Rebeca Ramos, directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), una organización a favor de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en México.

Las feministas de Guerrero llevaban 15 años tratando de colocar la reforma del aborto en el debate legislativo, pero su discusión había sido postergada en numerosas ocasiones. La semana pasada, sin ir más lejos, no se llegó al cuórum necesario para que se produjera la votación por el boicot de los diputados más conservadores de la cámara. Tras alcanzar la mayoría en el Congreso durante las pasadas elecciones, Morena, el partido en el Gobierno y impulsor de la medida, ha conseguido los votos necesarios para sacar adelante la reforma. “Mejoremos la condición de vida de las mujeres, no las castiguemos por la pobreza y la violencia que han vivido durante décadas. Les invitó a discutir este dictamen en libertad, con la responsabilidad de un Estado laico; por la vida de las mujeres, por su libertad y por sus derechos”, ha dicho en su ponencia la diputada morenista Beatriz Mojica, una de las impulsoras de la reforma.

Guerrero es uno de los Estados más azotados por la violencia en el país y con uno de los mayores índices de pobreza y desigualdad, donde es muy difícil acceder a servicios de salud. También es una de las entidades con mayor número de embarazos infantiles y con mayor número de muertes maternas, en las que un elevado porcentaje tiene que ver con abortos que se practican de manera insegura. A lo anterior, hay que sumarle altos índices de violencia machista y feminicida, con dos alertas declaradas por violencia de género. “Esta lucha la han ganado las guerrenses para que se proteja la vida de las mujeres y las niñas. Muchas de ellas son violadas y obligadas a continuar su embarazo”, ha señalado Mojica en entrevista con Milenio. La decisión es un paso importantísimo para la conquista de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en México, a la altura de la despenalización que ya se produjo en Ciudad de México en 2007, en Oaxaca en 2019 o en Veracruz en 2021. “Ha habido mujeres encarceladas en el Estado por abortos espontáneos, por eso era importante garantizar a las más pobres el acceso a un aborto libre, seguro y gratuito”, ha agregado la diputada de Morena.

En la región, Argentina, Chile y Colombia han logrado dar pasos hacia adelante en el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y han marcado la pauta de la Marea Verde en el continente, mientras esta continúa como una onda expansiva. El Congreso argentino despenalizó el aborto hasta la semana 14, igual que Chile; mientras que la Corte Suprema en Colombia lo reguló hasta la semana 24. A medida que el sur legisla a favor de los derechos de las mujeres, algunos países del norte se han vuelto más restrictivos, como sucede con Estados Unidos o Polonia. El Tribunal Supremo del país vecino pretende anular la sentencia Roe contra Wadeque permitía el aborto en el país, desatando una gran polémica a nivel nacional.

FUENTE: elpais

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Critican que nueva Ley de Publicidad en CDMX inundará con anuncios las calles

Recientemente, Sheinbaum, envió una iniciativa para reformar la Ley de Publicidad Exterior que busca mejorar el espacio urbano y eliminar la publicidad en azoteas.

Aabye Vargas | El Sol de México

Más publicidad en las calles, en parques, así como ambigüedades en los formatos para otorgar permisos que abren la puerta a actos de corrupción, es lo que provocará la nueva la Ley de Publicidad Exterior en la Ciudad de México, criticó Jorge Carlos Negrete Vázquez, presidente de la Fundación por el Rescate y Recuperación del Paisaje Urbano (FRRPU).

Recientemente la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, envió una iniciativa para reformar la Ley de Publicidad Exterior, la cual busca mejorar el espacio urbano y eliminar la publicidad que se encuentre instalada en azoteas por considerarla un riesgo.

Sin embargo, de acuerdo con Jorge Carlos Negrete Vázquez, esta reforma a la ley traerá mayor publicidad en las calles, pues las compañías que se instalan en azoteas buscarán espacios en piso. Además, permitirá la colocación de anuncios en muros a nivel de piso por medio de una valla, aspecto prohibido en la ley actual.

También plantea la posibilidad de instalar publicidad en parques, siempre y cuando la rehabilitación del espacio esté a cargo de la compañía que busca publicitarse. Este aspecto también está prohibido en la ley actual, por lo que según la FRRPU, las reformas a la ley la convierten en mucho más permisiva y traerá mayor contaminación visual.PUBLICIDAD

«El desastre que tenemos arriba lo vamos a pasar abajo, que también es un desastre, pero lo vamos a hacer mucho mayor (…) Se abren puertas que no deberían ya abrirse. Quieren utilizar los muros ciegos, paredes que no tienen ventanas y que den a la calle, para poner publicidad en vallas a nivel de piso. Entonces, de nueva cuenta la gran cantidad de muros que no tienen publicidad ahora les vamos a poner.

Estos formatos en vez de abonar a que recuperemos los espacios públicos, abrirán espacios que estaban cerrados para que puedan ser utilizados», aseguró Negrete Vázquez.

Para la FRRPU, la ley, además de ser mucho más permisiva, tiene aspectos que resultan poco claros, como el formato de publicidad en «medios de conexión elevada interurbana», que se refiere a espacios en donde circulan bicicletas; sin embargo, debido a que es poco clara, puede prestarse a interpretaciones y así presentarse actos de corrupción para el otorgamiento de permisos. «Si nadie entiende lo que dice la ley, todos pueden hacer cualquier cosa», dijo.

4T no aplica la ley

El presidente de la Fundación por el Rescate y Recuperación del Paisaje Urbano comentó que el gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum no ha aplicado la ley, pues aún hay espectaculares y publicidad envolvente (mantas que se instalan en edificios cubriendo ventanas) en varios puntos de la ciudad, como la instalada en Avenida Paseo de la Reforma y Avenida Juárez, en el Centro Histórico.

«¿Cómo vas a aplicar la nueva si no aplicaste la vigente, si no puedes regular, combatir, terminar con los formatos que habían desaparecido en otras administraciones? Aún hay espectaculares envolventes que no se quitan y que están prohibidos en la actual Ley de Publicidad Exterior», precisó.

Esta ley, en caso de ser aprobada por el Congreso de la Ciudad de México y publicada en la Gaceta Oficial, tendrá lo que resta del año para tener su reglamento y, posteriormente, 45 días hábiles para ingresar a las empresas publicitarias en un padrón y otorgar licencias.

De acuerdo con la Fundación por el Rescate y Recuperación del Espacio Urbano, actualmente hay tres mil 400 espectaculares en la Ciudad de México y mil 200 instalados en azoteas.

FUENTE: elsoldemexico