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EL SAT DA A CONOCER PRÓRROGA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES DE LOS CONTRIBUYENTES

EL SAT DA A CONOCER PRÓRROGA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES DE LOS CONTRIBUYENTES

GLZ – CLIENT ALERT: EL SAT DA A CONOCER PRÓRROGA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES DE LOS CONTRIBUYENTES

EL SAT DA A CONOCER PRÓRROGA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES DE LOS CONTRIBUYENTES
Con el propósito de otorgar facilidades a los contribuyentes, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) presenta prórroga al 31 de diciembre de 2022 para los siguientes trámites:

  • Cancelación de facturas electrónicas de ejercicios fiscales anteriores a 2022.
  • El uso de factura electrónica 3.3 ya que la obligatoriedad de la versión 4.0 será a partir de 1 de enero de 2023.
  • Los contribuyentes del Régimen Simplificado de Confianza podrán expedir sus facturas electrónicas con Factura fácil y mi nómina a través de Mis cuentas sin la necesidad de contar con el Certificado de la firma electrónica (e.firma) o de un Certificado de Sello Digital hasta la fecha señalada.
  • Las personas físicas que tributan en el Régimen Simplificado de Confianza deberán contar con su firma electrónica (e.firma) activa a más tardar el 31 de diciembre de 2022.
  • Se extiende la prórroga para aquellos contribuyentes que no hayan habilitado su Buzón Tributario o registrado o actualizado sus medios de contacto, a efecto de que durante dicho periodo no les sea aplicable una multa.

El SAT es una institución que constantemente busca mejoras, por esta razón, para el caso de la obligatoriedad de las facturas electrónicas 4.0 y la cancelación de facturas electrónicas de ejercicios fiscales anteriores a 2022, se pretende que los contribuyentes tengan un mayor periodo de adaptación para recibir, emitir o cancelar facturas.

Quedamos a sus órdenes para atender cualquier duda o aclaración y brindarles la asesoría correspondiente en caso de que así lo requieran.

https://glzabogados.com/alert/clientalert-24-2022/

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¿MARCAS DE COLOR AISLADO EN MÉXICO?

¿MARCAS DE COLOR AISLADO EN MÉXICO?

GLZ – CLIENT ALERT: ¿MARCAS DE COLOR AISLADO EN MÉXICO?

Recientemente el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) concedió el registro de la marca consistente en la protección del color amarillo para productos de la clase 5 -Clasificación Internacional de Niza- “vendas para apósitos”.
¿MARCAS DE COLOR AISLADO EN MÉXICO?

La Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPPI) en su artículo 173 fracción V establece que no serán registrables como marcas “Las letras, los dígitos o su nombre, así como los colores aislados, a menos que estén combinados o acompañados de otros signos que les den un carácter distintivo”. En este caso, la marca concedida se refiere a un color aislado, sin estar acompañado de ningún otro elemento.

Sin embargo, el mismo artículo 173 en su segundo párrafo establece una excepción al impedimento mencionado consistente en que no será aplicable “cuando derivado del uso que se hubiese hecho en el comercio en los productos o servicios para los cuales se solicita la marca, ésta haya adquirido un carácter distintivo en territorio nacional, de conformidad con lo dispuesto por el Reglamento de esta Ley.”

La excepción anterior se refiere a la figura del derecho de marcas conocida como Distintividad Adquirida o Secondary meaning (por su término en ingles), la cual se refiere a signos que, en un principio no son distintivos y que adquieren dicha distintividad por el uso que como marca se hace de ellos en relación con determinados productos o servicios y modifican la percepción que de ellos se tienen por parte del público consumidor, por ejemplo marcas que en un principio se consideran descriptivas o genéricas o, como en el presente caso colores aislados.

Al día de hoy, no se ha emitido el reglamento de la LFPPI y se continúa aplicando el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial (Ley que fue abrogada por la LFPPI y que entró en vigor el 5 de noviembre de 2020), siendo que, el actual reglamento no establece ninguna disposición relacionada con la “Distintividad Adquirida” ni las reglas a través de las cuales se entiende que una marca ha adquirido ese carácter distintivo.

En el caso de la marca concedida por el IMPI para el color amarillo, se concedió la protección únicamente para “vendas para apósitos” y su titular, mediante la presentación de diversas pruebas logró demostrar el reconocimiento del público consumidor del origen empresarial respecto del color amarillo para los productos mencionados, derivado del uso constante e ininterrumpido en el mercado.

El titulo se concedió con las siguientes leyendas especiales:

“La impresión del signo distintivo en este título, puede presentar variaciones en el tono de los colores respecto al presentado en la solicitud de registro. El registro se otorga con fundamento en los artículos 1, 2, fracción I, 230 y 231 de la LFPPI. El IMPI reconoce que aun cuando la marca se considera carente de capacidad distintiva en sí misma, se ha aportado evidencia suficiente, a fin de acreditar que derivado del uso que se le ha dado en el comercio ha adquirido tal cualidad, porque lo es viable su registro en términos de lo que al efecto prevé el artículo 173 de la LFPPI”

Es importante tomar en consideración que el registro del color amarillo para “Vendas para apósitos” se otorgó como una excepción a la regla general, en donde el IMPI consideró que se demostró la distintividad adquirida del color amarillo para distinguir vendas.

En GLZ estamos atentos a los cambios y tendencias en materia de Propiedad Intelectual, esperando que esta información sea de utilidad, quedamos a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

https://glzabogados.com/alert/clientalert-23-2022/

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REQUISITOS PARA DEDUCCIONES

Client Alert REQUISITOS PARA DEDUCCIONES

GLZ – CLIENT ALERT: REQUISITOS PARA DEDUCCIONES

En fechas recientes, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, puntualizó respecto de los requisitos que deben de cumplir los gastos que hacen empresas y personas físicas, para que éstos se consideren deducibles para efectos del Impuesto Sobre la Renta.
REQUISITOS PARA DEDUCCIONES

Como es sabido, no cualquier gasto resulta deducible de impuestos, sino que la propia Ley del Impuesto Sobre la Renta, establece diversos requisitos para tales efectos. Requisitos que tradicionalmente se han considerado los siguientes:

  • Que si el gasto supera el monto de 2,000 pesos, éste haya sido realizado mediante transferencia, cheque o tarjeta de crédito o débito.
  • Que resulte estrictamente indispensable para las actividades del contribuyente.

Ahora bien, la Sala Especializada en Materia de Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo, del citado Tribunal Federal, consideró que en adición a los requisitos anteriormente citados, es indispensable que el contribuyente pueda acreditar la existencia efectiva de los gastos y de los servicios o bienes recibidos a cambio, pues de lo contrario -concluyó la Sala-, las autoridades podrán rechazar el efecto fiscal de dichos gastos y por tanto su deducibilidad.

Es por lo anterior, que es de gran importancia que los contribuyentes realicen una revisión de los gastos que deducen, para considerar si cumplen con los requisitos marcados por la ley y por criterios, particularmente que cuenten con elementos para demostrar a las autoridades que efectivamente recibieron los servicios contratados o bienes adquiridos, mediante elementos de prueba como contratos, cotizaciones, comunicaciones con los proveedores, comprobantes de entrega en almacén o de recepción en términos generales, etc. Pues de lo contrario, podrían ubicarse en supuestos de rechazo a las deducciones que hayan realizado.

Quedamos a sus órdenes para atender cualquier duda o aclaración y brindarles la asesoría correspondiente en caso de que así lo requieran.

https://glzabogados.com/alert/clientalert-22-2022/

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En Oaxaca, reforman ley para evitar que mujeres embarazadas sufran de violencia obstétrica

Con 29 votos a favor, el Congreso de Oaxaca aprobó una reforma a la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género

Por Óscar Rodríguez 

Oaxaca, Oax.- Para proteger la vida de las mujeres y evitar que sufran violencia obstétrica, el Congreso de Oaxaca armonizó la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género, con la disposición federal.

Con 29 votos a favor, el Pleno de la 65 Legislatura local aprobó la reforma a la fracción X del artículo 7 de la ley mencionada, con lo cual se modifica el concepto de violencia obstétrica conforme a lo establecido en la norma federal en la materia.

La iniciativa propuesta por la diputada Elvia Gabriela Pérez López, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), destaca la importancia de que las mujeres embarazadas reciban una atención médica de los profesionales de la salud pública y privada, de una manera humanizada, con perspectiva de género e interculturalidad y de conformidad con sus orígenes, creencia y cultura.

Con esta modificación legislativa, se pretende que ninguna embarazada viva discriminación ni sus consecuencias dañinas en lo físico y psicológico al acudir a los servicios de salud.

“La violencia obstétrica vulnera y cambia el desenlace de un embarazo. Por ello, exijo que en nuestro estado los servicios de salud sean más justos e igualitarios, en los cuales prevalezca el respeto íntegro a los derechos humanos, a la vida e integridad de las mujeres embarazadas”, señaló la legisladora.

Con la reforma autorizada, se trata de violencia obstétrica toda acción u omisión de profesionales y personal de la salud en el ámbito público y privado, que cause daño físico y psicológico a la mujer, durante el embarazo, parto o puerperio, que se exprese en la falta de acceso a servicio de salud sexual o reproductiva, trato cruel, inhumano o degradante, abuso de la medicalización en los procesos biológicos naturales, la práctica innecesaria o no autorizada de intervenciones o procedimientos quirúrgicos, la manipulación o negociación de información; y en general, en cualquier situación que implique la pérdida o disminución de su autonomía y la capacidad de decidir de manera libre e informada, a lo largo de dichas etapas.

A diferencia de lo establecido anteriormente en la ley, en la modificación actual se eliminó el daño al producto de la concepción, al argumentar que considerar este aspecto como violencia obstétrica estaría en contra del avance legislativo en Oaxaca para garantizar el derecho humano de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, “es inconstitucional el reconocimiento de la vida desde la concepción”.

Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

De acuerdo con el dictamen aprobado, en Oaxaca el 26.1% de las mujeres que estuvieron embarazadas entre 2011 y 2016, afirmaron haber sufrido violencia obstétrica. Las personas más vulnerables y marginadas son las mujeres indígenas. En el estado, existe una población indígena de tres millones, 967 mil 889 habitantes.

FUENTE: diariomarca

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Congreso debe incluir a la sociedad civil en la creación la ley de ciberseguridad; su exclusión es antidemocrática e ignora enfoque de DDHH

  • Desde hace años se ha intentado emitir una ley en materia de ciberseguridad de manera opaca y excluyente de la sociedad civil, con contenidos que criminalizan el uso cotidiano y legítimo de la tecnología al ejercer la libertad de expresión en internet, y que no contribuyen a la seguridad de las personas usuarias. 
  • Actualmente hay más de 15 proyectos de iniciativas legislativas emitidos por partidos políticos e instituciones de seguridad pública que retoman los vicios mencionados.
  • El proceso ahora vigente de creación de ley ha solicitado únicamente la opinión de actores gubernamentales y empresariales, dejando fuera de la discusión al sector de la sociedad civil especializado en evitar violaciones a derechos humanos.

Ciudad de México, a 12 de julio de 2022 – Las Comisiones de Ciencia y Tecnología de las Cámaras de Diputados y Senadores de México han cerrado la puerta a organizaciones, activistas y personas defensoras de derechos humanos para participar en el proceso de creación de una Ley Federal de Ciberseguridad. 

Durante los últimos años, la sociedad civil ha expuesto los numerosos intentos de crear una ley de ciberseguridad de manera opaca y excluyente, rechazados por ser iniciativas que: (1) no permiten la participación activa, libre y significativa de la sociedad civil en ejercicios de parlamento abierto; (2) contienen tipos penales que no cumplen los estándares internacionales de derechos humanos y afectan la libertad de expresión por ser amplios, vagos e imprecisos, además de que criminalizan el uso legítimo de la tecnología por las personas usuarias; y (3) amenazan la actividad de investigación en materia de seguridad, lo que atenta contra el supuesto objetivo de la ley de proteger la seguridad informática de las infraestructuras clave para nuestra democracia. Hoy en día, los más de 15 proyectos de iniciativas legislativas emitidos por partidos políticos e instituciones de seguridad retoman estos vicios. 

En el proceso actual se incluyó únicamente la opinión y perspectivas de actores gubernamentales y empresariales, dejando afuera de la discusión a quienes se especializan en evitar las violaciones a los derechos humanos relacionadas con la materia de esta ley. 

Por lo cual, las organizaciones de la sociedad civil firmantes exponemos lo siguiente:

  1. El acceso a (y consecuente uso de) internet es un derecho humano reconocido a nivel constitucional e internacional, ya que éste habilita el ejercicio de otros, tales como la libertad de expresión e información, educación y el acceso a la cultura, ciencia y conocimientos, por mencionar algunos. Toda regulación que pueda implicar su restricción directa o indirecta -como pretenden ser las leyes de ciberseguridad que castigan y persiguen el uso que las personas le dan a las tecnologías- debe ser analizada de forma minuciosa, de tal manera que se cumplan los criterios necesarios de legalidad, idoneidad, necesidad y proporcionalidad.
  2. El ecosistema digital y la gobernanza de internet tienen desde su origen e infraestructura un enfoque multisectorial que incluye a las entidades gubernamentales, empresas, academia, sector técnico y sociedad civil. Cada uno de estos actores tiene un papel relevante y punto de vista único que permite tener un espacio digital seguro y accesible para todas las personas. Por lo tanto, cualquier legislación o política pública en materia de seguridad informática requiere una discusión amplia, transparente y participativa de todas las partes interesadas. 
  3. El sector de la sociedad civil cuenta con un punto de vista especialmente relevante en discusiones sobre regulación de seguridad informática: el enfoque de respeto a los derechos humanos. Esta perspectiva, ni en la práctica ni en la experiencia, ha sido garantizada por el sector gubernamental ni empresarial, los cuales tienden a considerar únicamente enfoques de control y vigilancia, por un lado, y de negocios, por el otro. El Congreso de la Unión debe considerar la perspectiva de la sociedad civil experta en materia de libertad de expresión, privacidad, protección de datos personales y seguridad digital para que no se violen los derechos humanos y se nutra un debate desde las diferentes perspectivas. 
  4. La sociedad civil en México, incluyendo a la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y ARTICLE 19, se encuentra participando activamente en procesos multisectoriales de Naciones Unidas para elaborar una convención internacional para combatir el uso de las tecnologías para fines criminales. En dichos procesos, la participación de los múltiples sectores relevantes, en especial el de sociedad civil, han sido cruciales para llevar a cabo las discusiones y para evitar un menoscabo de derechos y libertades, bajo el pretexto de combatir los delitos informáticos.
  5. Los proyectos de iniciativa de ley en materia de ciberseguridad requieren de un análisis detallado enmarcado en el respeto de los derechos humanos, desde una perspectiva de género, privacidad y libertad de expresión. 
  6. Igualmente, las iniciativas en materia de ciberseguridad deben de tomar en consideración el contexto de crisis de derechos humanos en el que México está inmerso. Por ello, anexamos a este documento los 10 principios sobre ciberseguridad y derechos humanos que deben considerarse al legislar en esta materia. 

Por lo anterior, las organizaciones firmantes, en el marco de los principios de de gobierno abierto y democrático, y apelando a la naturaleza y gobernanza de internet, exigimos que se integre a la sociedad civil en el proceso de las mesas de trabajo para la creación de una Ley Federal de Ciberseguridad, así como en futuras discusiones sobre el desarrollo de políticas, legislaciones y medidas en materia de ciberseguridad en México. Esto, en aras de asegurar que cualquier legislación en materia de ciberseguridad respete los derechos humanos y contribuya realmente a la seguridad de las personas usuarias de tecnologías digitales en México. 

FUENTE: articulo19.org

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Nueva Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural: una luz ante casos de plagio de textiles artesanales

Vicky, artesana ayuujk de Tlahuitoltepec, Oaxaca, advierte que al menos en los casos de plagio hacia los textiles de su comunidad no se ha hecho mucho al respecto: “Cuando ha habido casos de plagio, lo más que se hace es el escándalo público, y les piden a las marcas que hagan disculpa pública, pero nada más”.

México está entre los primeros tres países con mayor producción artesanal, más de 12 millones de personas se dedican a las artesanías. Y el sector textil ocupa el segundo puesto de producción de la gama artesanal mexicana. Sin embargo, entre 2012 y 2019, al menos 23 marcas internacionales han plagiado diseños textiles artesanales de comunidades mexicanas, de acuerdo con el conteo de la ONG mexicana Impacto

La realidad es que, a pesar de que el país cuenta con un amplio y rico patrimonio cultural, no se le ha dado protección adecuada y suficiente. El plagio de textiles artesanales ocurre por la falta de regulación para la protección de derechos de propiedad intelectual colectiva que retribuyan la autoría a las comunidades artesanas. No obstante, se perfila una luz al final del túnel, pues el 17 de enero pasado entró en vigor la nueva Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afroamexicanas, que promete visibilizar y frenar esta problemática. 

Los textiles artesanales mexicanos son parte del patrimonio cultural que debe ser protegido por esta ley, pues traen consigo técnicas y conocimientos ancestrales que se han transmitido por generaciones, además de representar en su iconografía elementos intrínsecos de los pueblos indígenas. De acuerdo con ‘Arantza’ —se usa un pseudónimo para proteger su identidad—, “nuestros textiles llevan una parte de nuestra comunidad y de nuestra esencia”. Como integrante de un colectivo de artesanas de San Antonino, Oaxaca, cuenta que, al igual que muchas otras mujeres de su comunidad, aprendió a bordar desde niña y es a lo que se dedica actualmente, además de representar al colectivo.

La joven explica que una prenda tradicional de San Antonino puede tardar hasta tres meses en ser confeccionada. Los vestidos y las blusas se hacen desde cero: se cortan las telas, se dibujan las flores típicas a lápiz y van bordando por partes hasta que unen todo para obtener la pieza final. Además, estas prendas cuentan con cuatro elementos principales:

  1. Los pensamientos, que son las flores bordadas. 
  2. El deshilado nacional. 
  3. Las semillas, que suelen ser las uniones de las piezas que componen la prenda y se hacen tejidas a gancho. 
  4. El “hazme si puedes”, que es una pequeña y delicada franja bordada con muñequitos que representan la guelaguetza, es decir, el apoyo entre las personas de la comunidad.

Vestido

Vestido del colectivo Aguja de Plata, de San Antonino, Oaxaca. FOTO: Martina Azzolina

De acuerdo con Vicky, artesana del colectivo Ääts de mujeres Ayuujk, de Santa María Tlahuitoltepec, Oaxaca, el proceso de elaboración de una prenda tradicional de Tlahuitoltepec toma aproximadamente de cinco a siete días. Al igual que las de San Antonino, las prendas tradicionales Ayuujk se hacen por partes: se cortan las telas para hacer cada pieza de la prenda, se bordan y finalmente unen todo. En la iconografía de sus bordados, se suelen encontrar magueyes, flores y soles que forman parte del paisaje de la comunidad, así como montañas, que representan la Sierra Mixe, donde se encuentra Tlahuitoltepec, y líneas que representan los largos caminos para llegar a la comunidad.

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Otro vestido

Huipil de Tlahuitoltepec, Oaxaca. FOTO: Martina Azzolina

Nuestra ropa, nuestras tradiciones 

El trabajo textil de las comunidades indígenas no son solo prendas o pedazos de tela con un valor estético, sino que representan conocimientos y técnicas ancestrales, así como significados valiosos para la comunidad. Cuando una marca o un tercero comete plagio, se roba parte de su identidad y de su tradición. Ambas artesanas han visto casos de plagio hacia los textiles de sus comunidades. Vicky afirma que “ha habido muchos casos desde el 2014, el más conocido es el de la francesa Isabel Marant”. 

La gente estuvo dispuesta a pagar por comprar la blusa plagiada por la marca internacional antes que comprarla directamente con las artesanas indígenas. Vicky dice que, al menos en los casos de plagio hacia los textiles de su comunidad, no se ha hecho mucho: “Cuando ha habido casos de plagio, lo más que se hace es el escándalo público, y les piden a las marcas que hagan disculpa pública, pero nada más”.

‘Arantza’ cuenta que también los diseños tradicionales de San Antonino han sido plagiados en varias ocasiones. Actualmente, están viviendo un caso de plagio por parte de la marca de fast fashion Shein. En este, lo que la marca hizo fue replicar el patrón de las flores bordadas de la comunidad en un tipo sello que se estampa en las blusas y luego se borda a máquina. Esto hace que el tiempo de producción se reduzca significativamente y, por lo tanto, los costos disminuyen, lo que les permite vender las blusas mucho más baratas que las artesanas de la comunidad de San Antonino. 

De acuerdo con ‘Arantza’, la gente no suele valorar el trabajo manual y, al ver una opción más barata, prefiere comprar en Shein y no con las artesanas. Por lo tanto, además de robarles el patrimonio de la comunidad, las marcas les quitan clientes y las invisibilizan. Por ahora, algunas mujeres de su comunidad están intentando levantar una demanda en contra de Shein, pero aún no se sabe cuál será el resultado.

Plagian y ganan 

Así como estos casos de plagio, ha habido muchos más de distintas marcas y diseñadores hacia varias comunidades indígenas mexicanas. Un ejemplo ocurrió en 2017: Mango, la multinacional española, lanzó un suéter con diseños bordados de Tenango de Doria, Hidalgo. 

Tras los mensajes de molestia y presiones en redes sociales, el director de comunicación de Mango, Guillermo Corominas Palomar, respondió que los dibujos y diseños mexicanos eran como “una fuente de inspiración” y que los habían encontrado en internet. Se comprometieron a sacar la prenda del mercado y a apoyar a estas comunidades a través de su departamento de Acción Social, que analizaría vías de colaboración para resarcir los posibles daños causados.

Telar

Telar de cintura de Teotitlán del Valle, Oaxaca. FOTO: Martina Azzolina

Un año más tarde, en 2018, bordadoras de Aguacatenango, Chiapas, acusaron a la marca española Zara de plagiar una vez más sus textiles tradicionales. 

La ONG Impacto ha apoyado a estas artesanas para denunciar públicamente el plagio. La entonces directora de Impacto, Adriana Aguerrebere, dijo a eldiario.es: “Hay una protección al patrimonio individual con los derechos de autor, pero no al patrimonio colectivo que lleva cientos de años. La legislación no las protege porque no hay una organización colectiva que pueda hacer vinculante una ley y las autoridades no atienden estos casos”. Por lo tanto, en ese momento no se pudo proceder a una demanda o denuncia legal que indemnizara a las tejedoras de Aguacatenango por parte de la marca del grupo Inditex. 

Otro caso que se dio a conocer fue en 2019, cuando la marca Carolina Herrera realizó y vendió un vestido basado en el sarape de Saltillo. Al igual que en el caso de Mango, se hizo un escándalo en redes sociales, además de que la Secretaría de Cultura envió una carta a Wes Gordon, director creativo de la marca, y a Carolina Herrera, por el plagio del patrimonio cultural mexicano. Sin embargo, de acuerdo con la declaración que hizo el director del Instituto Municipal de Cultura de Saltillo, Iván Márquez, a Notimex: “Aunque el sarape de Saltillo cuenta con registro de propiedad industrial, la obra creativa permanece sin respaldo; por lo tanto, no se pudo proceder mediante acciones legales contra la firma internacional Carolina Herrera”.

La luz al final del túnel 

Así como estos, ha habido muchos casos más en los que se ha plagiado el patrimonio cultural mexicano y en los que no se han podido tomar acciones legales al respecto. Es por esto que, con el fin de encontrar una solución, la senadora por Oaxaca, Susana Harp, presentó en 2018 una iniciativa de ley para proteger y regular el uso del patrimonio cultural. 

Tras tres años de revisión y proceso legislativo, en noviembre de 2021 se aprobó la ley en el Senado y entró en vigor el 17 de enero de 2022. 

La abogada Begoña Cancino, experta en el derecho de propiedad intelectual, explica que la nueva legislación representa un gran avance, tomando en cuenta que hasta hace muy poco se consideraban de dominio público las expresiones culturales de las comunidades indígenas; es decir, que podían ser usadas y explotadas libremente por cualquier persona del mundo. La ley viene precedida de una reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor en la que el patrimonio cultural se dejó de reconocer de dominio público.

De acuerdo con el artículo 1 de la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural, esta legislación “tiene por objeto reconocer y garantizar la protección, salvaguardia y el desarrollo del patrimonio cultural y la propiedad intelectual colectiva de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas”. Asimismo, de acuerdo con el artículo 2, busca “establecer las sanciones por la apropiación indebida y el uso, aprovechamiento, comercialización o reproducción, del patrimonio cultural, conocimientos y expresiones culturales tradicionales de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, según corresponda, cuando no exista el consentimiento libre, previo e informado de dichos pueblos y comunidades o se vulnere su patrimonio cultural”. 

Esta ley busca crear nexos entre distintas secretarías con la Secretaría de Cultura, que es la encargada de ejercer y administrar la ley. También debe asegurar que existan contratos entre las comunidades indígenas y terceros en caso de consentimiento del uso de elementos del patrimonio cultural; estos deben ser temporales (de no más de cinco años), se deben firmar ante las autoridades y se requiere que estén presentes traductores para que las comunidades estén al tanto de lo que se está firmando. Por otro lado, la ley contempla que se apliquen las sanciones necesarias en caso de violación a lo estipulado.

A pesar de tener algunas limitaciones, la nueva Ley de Protección al Patrimonio Cultural intenta abrir camino para eliminar o al menos disminuir casos de plagio de las expresiones culturales tradicionales. Aún falta que se publique el reglamento adjunto a la legislación, en el que se deben aclarar algunos puntos y procedimientos que aún no están del todo definidos.

Mercado artesanal

Mercado artesanal en Teotitlán del Valle, Oaxaca. FOTO: Martina Azzolina

¿Qué nos toca hacer? 

De acuerdo con las artesanas, Vicky, del colectivo Ääts, y ‘Arantza’, del colectivo artesanal de San Antonino, Oaxaca, los pasos para consumir y portar las prendas o textiles artesanales de forma respetuosa son:

  1. Procurar comprar directamente con las artesanas. 
  2. Tener curiosidad, preguntar o saber quién hizo la prenda.
  3. Conocer la técnica y el proceso de elaboración, reconocer todo el trabajo que hay detrás y respetar el precio que las artesanas asignaron a cada prenda.
  4. Evitar modificar la prenda, por ejemplo, no acinturarla o cortarla, etcétera.
  5. Portarla con respeto y orgullo, saber que ese trabajo textil representa a la comunidad y es parte de su esencia.

FUENTE: animalpolitico

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Por ley, quien deba pensión alimentaria no podrá ocupar cargos públicos en Yucatán

Mérida.- Ningún hombre con historial de violencia de género podrá ocupar cargos públicos en el estado de Yucatán, se establece en la ley 3 de 3 que entró en vigor.

Las alcaldesas y los alcaldes de la Tierra del Faisán y el Venado se sumaron al esfuerzo para lograr este cambio en beneficio de las mujeres y con lo que se construye un estado más justo.

Este martes, el Gobierno y Congreso del Estado en trabajo conjunto con los ayuntamientos de Yucatán dieron un paso firme con dicha ley para que quienes tengan historial de violencia de género no puedan ocupar cargos públicos
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Ello se suma a las acciones impulsadas,  por el gobernador  Mauricio Vila Dosal, desde el inicio de su administracion, para empoderar a las mujeres, acabar con las violencias y garantizar sus derechos a través del trabajo en equipo.

De acuerdo con la ley, no pueden ocupar cargo público alguno, quienes sean deudores alimentarios, acosador sexual y agredir por razones de género; ello contribuye a lograr un estado más justo y seguro para las féminas.

Asimismo, en la ley quedó especificado que para asegurar que la mujer no sea objeto de agresión alguna se establecen 3 ejes: fortalecimiento institucional, prevención y atención a las violencias y empoderamiento económico y social.

Los 106 municipios del estado cuentan con su Instituto Municipal de la Mujer, instancia que aporta a la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra este sector y el acceso a sus derechos; así como el fortalecimiento de los Centros Regionales Violeta.

Y el gobernador Vila Dosal brinda impulso a diversos esquemas con la capacitación a personal operativo del transporte público, con la estrategia ‘Camina Segura, Transita Libre’, para prevenir el acoso callejero y la violencia sexual.

También, se creó la Red de Titulares de Unidades de Igualdad de Género y, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), se capacitará a la Policía municipal de las 106 localidades, en temas de violencias y protocolos de actuación.

En materia de prevención y atención de agresiones, se estableció el Distintivo Violeta, para que compañías y colegios contribuyan con el empoderamiento y desarrollo integral del sector, estrategia de la que son parte 18 cámaras empresariales y 100 universidades públicas y privadas de la entidad, creando espacios seguros para las estudiantes con capacitación constante, al personal y alumnado en estos temas.

Con estas acciones, el gobernador Vila Dosal reafirma su compromiso y voluntad para erradicar y prevenir cualquier tipo de violencia hacia la mujer y ofrecer oportunidades para su independencia y empoderamiento,  a través del trabajo en equipo, a fin de seguir transformando a Yucatán, mediante un marco legal más incluyente y seguro para las yucatecas.

FUENTE: eluniversal

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Congreso de Jalisco: Plantean reformar la Ley estatal de Justicia Alternativa

Se trata de actualizar la ley con cambios en puntos como la certificación a los mediadores y ampliar las facultades del Sistema para el DIF.

Con el argumento de flexibilizar los principios de mediación y fortalecer la legalidad de los convenios, el diputado Enrique Velázquez González presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Justicia Alternativa del Estado.

El legislador del partido Hagamos explicó que se trata de actualizar la ley con cambios en puntos como la certificación a los mediadores y ampliar las facultades del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). También facilitar que a nivel estatal y municipal funcionen espacios de mediación y de educación en el tema de la negociación.

“Se agrega también la figura del facilitador, pero para que este opere exclusivamente en la materia penal como lo establece la ley nacional. También se añade el concepto de justicia restaurativa y por lo mismo el nombre del Instituto, será el de Instituto de Mecanismos Alternativos para la Solución de Controversias y Justicia Restaurativa del estado de Jalisco; para entonces establecer que estos procedimientos se llevarán en conflictos escolares, comunitarios y sociales en general; por lo que el mediador certificado deberá desarrollar estas competencias”, expuso el diputado.

Velázquez González sostuvo que las enmiendas que plantea tendrían como efecto disminuir la carga laboral del Poder Judicial, al promover los medios alternativos de solución de conflictos.

El vocal de la Comisión legislativa de seguridad y justicia refirió que su apuesta es que la iniciativa sea discutida vía parlamento abierto para que expertos en la materia realicen observaciones y propuestas.

FUENTE: informador

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Por primera vez la Ley Olimpia favoreció a un hombre al ser amenazado por su ex esposa en Coahuila

La mujer difundió fotografías íntimas de su ex esposo para ganar la patria protestad de sus hijas.

Yessica “N” fue imputada por el delito de Violencia a la Intimidad Sexual, la conocida Ley Olimpia. Ya que la mujer durante el procedimiento de divorcio y con el fin de ganar la custodia de sus hijas, difundió fotos donde aparece desnudo su ex marido identificado como Diego “N”.

Todo comenzó cuando Yessica “N” presentó la denuncia de divorcio en 2021 ante el Poder judicial del Estado. Tras una serie de notificaciones llevadas a cabo en los juzgados de lo familiar. La demandante hizo una propuesta alterna dirigida a Diego “N”, la cual señalaba que si se cumplían ciertos puntos que ella planteaba y exigía fueran cumplidos, se suspendería el proceso.

Los cuales solicitaba el cambio de religión, la liberación de las contraseñas de todos sus dispositivos electrónicos, así como mostrar todos los recibos de nómina. Ante este pedimento, Diego “N” se negó rotundamente, y posteriormente pidió la custodia de sus tres hijas ya que alegaba señales de maltrato.

La mujer arremetió en contra de su ex esposo e inició la amenaza de compartir y publicar cierto contenido fotográfico íntimo de Diego “N” que ella poseía. Finalmente Yessica “N” procedió a difundir las imágenes, específicamente lo filtró para que llegara hasta el ambiente laboral del hombre, lo que le causó el despido inmediato.

Fue entonces que Diego “N” encontró un amparo en la Ley Olimpia y decidió llevar el caso ante un juez de control. Como era de esperarse Yessica “N” probablemente no estaba enterada de esta ley que normalmente ampara a las mujeres y actuó dejando todo rastro posible y pruebas para incriminarla.

La autoridad dio la resolución el pasado 11 de julio, durante una audiencia en el Centro de Justicia Penal de Saltillo. Yessica “N” fue acusada por el delito penal de Violencia a la Intimidad Sexual. La pena máxima por esta imputación, según el artículo 167 TER del Código Penal del estado puede ir de 4 a 6 años de prisión.

Dicha audiencia fue encabezada por la jueza Gricelda Elizalde Castellanos, quien dictó una serie de medidas cautelares a la acusada. Como no acercarse a la víctima y no hablar mal del mismo con sus hijas, esto sería durante el tiempo que se tome antes de que la vinculación a a proceso de inicio.

Si la autoridad llegara a dictaminar a favor de Diego “N”, sería la primera vez en la historia que la Ley Olimpia ampare a un hombre.

Todo sobre la Ley Olimpia

La denominada Ley Olimpia, tuvo su origen debido a la difusión de un video de contenido sexual no autorizado de la activista, Olimpia Corral Melo quien, después de ser víctima de la difusión de un video íntimo, se dedicó a promover proyectos que regularan la violencia digital en los congresos estatales. Olimpia sufrió violencia por parte de su expareja que en su adolescencia compartió un video íntimo.

Esto se dio en el estado de Puebla, y desde entonces, se impulsó una iniciativa para reformar el Código Penal de dicha entidad y tipificar tales conductas y acciones como violación a la intimidad.

La ley fue presentada en marzo del 2014 y fue aprobada seis años después. La Ley de Protección Integral contra la Violencia Digital, conocida como Ley Olimpia fue aprobada el 29 de abril de 2021 por la Cámara de Diputados de manera casi unánime. La votación para tan importante decisión obtuvo 446 votos a favor y solamente 1 en contra.

Es importante destacar que a previo a este hecho histórico, a finales de 2018 y principios de 2019, el mandato fue aprobado en Puebla, así como en 22 estados más y en la Ciudad de México.

A partir de ese histórico día, hasta el momento, 29 entidades son las que han aprobado normas en este sentido. El objetivo principal de dichas reformas a estas normas, es que se reconozcan como delitos que puedan ser sancionados con penas de cárcel toda forma de violencia digital y la violencia en los medios de comunicación.

Sanciones:

Dentro de la Ley Olimpia se contemplan sanciones de tres a seis años de prisión, de 300 a 600 días de multa para todos aquellos quienes realicen las acciones de violencia. Las multas que pueden imponerse a los imputados van de 500 a 1,000 veces el valor diario de Unidades de Medida y Actualización (UMA). En 2021 la UMA tiene un valor de 89.62 pesos diarios, según el INEGI.

Las penalizaciones pueden variar de acuerdo a la entidad, por ejemplo, en Durango, Jalisco, Michoacán, Oaxaca Veracruz y Zacatecas los años de cárcel ascienden hasta 8. En Yucatán, Querétaro, Puebla, Estado de México, Guerrero, Coahuila, Ciudad de México y Baja California van de 5 a 6 años. Mientras que en Guanajuato, Aguascalientes y Nuevo León, solo obtienen cuatro años.

Aclaración:

Cabe mencionar que la “Ley Olimpia” no es como tal una ley. Es más bien, un conjunto de reformas legislativas que reconocen la violencia digital y sancionan todos los delitos que puedan violar la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales.

Las conductas que atentan contra la intimidad sexual mencionadas, son las siguientes: “Video grabar, audio grabar, fotografiar o elaborar videos reales o simulados de contenido sexual íntimo, de una persona sin su consentimiento o mediante engaño.

Exponer, distribuir, difundir, exhibir, reproducir, transmitir, comercializar, ofertar, intercambiar y compartir imágenes, audios o videos de contenido sexual íntimo de una persona, a sabiendas de que no existe consentimiento, mediante materiales impresos, correo electrónico, mensajes telefónicos, redes sociales o cualquier medio tecnológico”.

Casos vinculados a proceso por la Ley Olimpia

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) dio a conocer la primera vinculación a proceso de un sujeto por violación a la intimidad sexual en el estado de Sonora, permitido por la Ley Olimpia.

La titular de la Fiscalía, Claudia Indira Contreras, declaró que Luis Baltazar “N” de 26 años de edad, quedó vinculado a proceso y en prisión preventiva por dicho delito, ya que fue identificado como el posible responsable de subir y compartir fotografías de mujeres en sitios web.

Dichas fotos eran de contenido erótico, sexual o pornográfico real o alterado de amigas, excompañeras o conocidas, por lo que se interpusieron tres denuncias en contra de Luis Baltazar.

Cambiando de región, en ese mismo año, se dio en Hidalgo otro procesado. Esta vez se trató de Juan “N”, un hombre que fue acusado por 40 mujeres de divulgar fotos y videos íntimos, fue vinculado a proceso por violar la Ley Olimpia. Esto lo convirtió en el primer caso en llegar a esta parte del proceso.

Como podemos darnos cuenta, la Ley Olimpia puede fallar a favor de hombres y mujeres, un ejemplo es el caso que se dio en septiembre de 2021. Cuando un juez determinó vincular a proceso a una pareja después de que personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) cumplimentara dos órdenes de aprehensión en el Estado de México: contra un hombre y una mujer por la probable comisión del delito contra la intimidad sexual, registrado en enero de ese año en la alcaldía Venustiano Carranza.

En esa situación Guadalupe Beatriz “N” presuntamente publicó en redes sociales imágenes intimas de la víctima, las cuales le fueron proporcionadas por el hombre identificado como Óscar Yibriam “N”, ex pareja de la agraviada.

FUENTE: infobae

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Analiza Congreso Ley para la Atención y Prevención del Acoso y Violencia Escolar; Oaxaca ocupa 5º lugar en agresión escolar en menores

El Congreso de Oaxaca, analiza la aprobación de la “Ley para la Atención y Prevención del Acoso y Violencia Escolar”, para sustituirla por la Ley Contra la Violencia y Acoso entre Iguales del Estado de Oaxaca aprobada en 2015, para atender y erradicar el Ciberbullying en Oaxaca.

A nivel nacional, Oaxaca ocupa el quinto lugar en agresión escolar en menores de 12 a 15 años; Oaxaca de Juárez en primer lugar por la incidencia de casos, seguido de Santa Cruz Xoxocotlán, Juchitán de Zaragoza, Salina Cruz y Tuxtepec.

La diputada local de la Fracción Parlamentaria del PRI, Lizbeth Concha Ojeda, presentó ante el Pleno de la Sexagésima Quinta Legislatura de Oaxaca, la iniciativa de ley para establecer las bases y los lineamientos generales emitidos por instancias especializadas para atender de manera integral ese fenomeno social.

Se contempla la existencia de un observatorio que dé seguimiento y que genere los insumos para el desarrollo de una política pública efectiva y un sistema de responsabilidades para las Instituciones que por acción o por omisión sean partícipes de violencia y acoso escolar.

El acoso y violencia escolar en niñas, niños y adolescentes, es un problema que ha ido en aumento en los últimos años y es que el Bullying, como se le define de forma genérica, engloba una serie de acciones que propician un ambiente de violencia en el entorno escolar, pasando por el hostigamiento, la violencia física, psicológica, social, sexual y más recientemente el ciberbullying.

De acuerdo a Concha Ojeda, nuestro país tiene un explosivo incremento de acoso cibernético o ciberbullying en los últimos cuatro años.

Citó que el informe realizado por la Asociación Civil Bullying sin Fronteras, son ciento ochenta mil el total de casos graves de bullying y ciberbullying; “lamentablemente esta organización posiciona a México en primer lugar a nivel mundial en acoso escolar, seguido de Estados Unidos, China, España y Japón entre otros y penosamente la entidad oaxaqueña ocupa el quinto lugar en agresión escolar en menores de 12 a 15 años”.

Destacó que los resultados de los estudios realizados también por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), ubican a Oaxaca de Juárez en primer lugar por la incidencia de casos que presenta, seguido de Santa Cruz Xoxocotlán, Juchitán de Zaragoza, Salina Cruz y Tuxtepec.

Dicha Iniciativa sustituye a la Ley Contra la Violencia y Acoso entre Iguales del Estado de Oaxaca aprobada en 2015, que de acuerdon con la diputada local del PRI, esa legislación ha resultado ambigua, imprecisa, ineficiente e inoperante para la atención del fenómeno, ya que a la fecha no ha sido de utilidad para frenar ese fenomeno que se ha incrementado en Oaxaca y que previsiblemente podría acrecentarse con motivo del inminente regreso total a las aulas.

“La iniciativa es el resultado de una cuidadosa armonización de la legislación de avanzada en materia de Derechos Humanos, sin dejar de atender una realidad política y social tan compleja como la que vivimos en Oaxaca, estableciendo las bases de una coordinación eficiente y efectiva y distribuyendo competencias entre las distintas instancias involucradas en la atención del problema”.

FUENTE: pagina3.mx