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Se aprobará una nueva ley para regular la crisis hídrica que se vive en Puebla y el resto del país: Carvajal

El Congreso de la Unión emitirá una Ley General de Aguas para dar respuesta a la crisis hídrica que se padece a nivel nacional, incluido el estado de Puebla, informó el diputado federal de Morena Alejandro Carvajal Hidalgo, quien aseguró que 30 municipios de esta entidad federativa hacen frente a una sequía grave.

Las principales afectaciones por la falta del líquido, prosiguió el legislador integrante de la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados, se tienen en la parte centro y sur del estado en lugares como Tecamachalco, Tepexi de Rodríguez, Tehuacán y Tlacotepec.

En conferencia de medios, aseguró que la sequía también afecta a la capital poblana y se hace visible en la presa Manuel Ávila Camacho, ya que se encuentra a 30 por ciento de su capacidad.

“Va a verse afectada la producción de alimentos a nivel nacional y a nivel regional porque, recordemos, la presa riega cerca de 30 por ciento del maíz en el estado de Puebla, entonces, va a haber un problema grave en la producción de alimentos en esa región”, alertó.

SCJN ordena al Congreso una nueva legislación

Alejandro Carvajal explicó que la Ley General de Aguas es un pendiente que arrastra el Congreso de la Unión desde hace nueve años, por lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le ordenó en enero pasado modificar sustancialmente la legislación y salir de esa omisión legislativa.

Aseguró que el Poder Legislativo federal atenderá la determinación de la SCJN en el siguiente periodo de sesiones que iniciará el 1 de septiembre próximo, con la expedición de una Ley General de Aguas “que regule la grave situación hídrica” que se vive en México.

En ese contexto, señaló que el incremento a las tarifas del servicio de agua potable que aprobó el Congreso estatal para Puebla capital y una zona periférica, perteneciente a cinco municipios de los alrededores, es insuficiente para garantizar el acceso al líquido.

“Se necesita generar, obligatoriamente, un proyecto integral para todo el estado en donde se genere captación de agua, reforestación y ahorro de agua”, agregó.

De paso, alertó que la junta auxiliar de Canoa, que se localiza en las faldas del volcán La Malinche, lleva cinco meses sin agua, debido a que los pozos de riego no tienen acceso a energía eléctrica, puesto que se debe 12 millones de pesos por ese concepto. El alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, se ha negado a apoyar a la población, reprochó.

FUENTE: lajornadadeoriente

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EN NUESTRA OPINIÓN

NORMALIZACIÓN Y LA OBLIGACIÓN DE LA AUTORIDAD DE ESTANDARIZAR

EN NUESTRA OPINIÓN: NORMALIZACIÓN Y LA OBLIGACIÓN DE LA AUTORIDAD DE ESTANDARIZAR

«Lo que no sedefine nosepuede medir.Lo que no se mide, no se puede mejorar.Lo que no semejora,sedegrada siempre».

Lord William Thomson Kelvin

Lanormalización podría definirse como la instauración de criterios de calidad estándar para productos y procedimientos. En la actualidad, la interconexión e intercambio de información a nivel global, requiere el establecimiento de disposiciones comunes que rijan las relaciones sociales, políticas y comerciales.
EN NUESTRA OPINIÓN

Cabe aclarar que, a diferencia de la palabra norma, que implica aspectos jurídicos, a través de la normalización, no se busca legislar, sino más bien el establecimiento de estándares que faciliten maneras de funcionar que sirvan a un conjunto de ciudadanos lo más amplio posible.

Estos estándares se establecen en torno a consensos de gran alcance y con la participación de técnicos cualificados, quienes integran un cuerpo colegiado, habitualmente denominado Comité Técnico de Normalización.

Al respecto, la Organización Mundial del Comercio, se ha pronunciado en el sentido de que las actuaciones encaminadas a lograr la normalización hade facilitar las actividades de las organizaciones que interactúan y promover la participación colectiva en el proceso de negociación que implica su toma de decisiones.[1]


[1] Organización Mundial del Comercio, recuperada el 23 de julio de 2002 de https://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/agrm4_s.htm

En este sentido, las autoridades de certificación nacionales e internacionales, como organismos que deben asegurar el proceso de normalización y velar por su observancia, resultan muy relevantes.
EN NUESTRA OPINIÓN

En el plano internacional, existen antecedentes de autoridades de estandarización desde 1947, en concreto con la formalización de la Organización Internacional de Normalización (ISO por sus siglas en inglés).

Esta organización es independiente y no-gubernamental, y se forma por las organizaciones de normalización de 164 países que se han adherido como miembros.

Una de las labores más importantes de la normalización internacional ha sido facilitar el comercio mundial al proporcionar estándares comunes entre países, los cuales abarcan desde productos manufacturados y tecnología a seguridad alimenticia, agricultura y salud, mediante más de veinte mil estándares.[1]


[1]About ISO recuperada el 25 de julio de 2022 de https://www.iso.org/about-us.html

Los estándares también sirven para proteger a los consumidores y usuarios finales de productos y servicios, asegurando que los productos certificados se ajusten a los mínimos normalizados.[1]


[1]Idem

En México, cuentan con facultades de normalización,diversas dependencias que en el ámbito de su competencia, se les considera normalizadoras -a través de los Comités Consultivos Nacionales de Normalización-, mientras que la Dirección General de Normas adscrita a la Secretaría de Economía es responsable de coordinar el sistema de normalización y evaluación de la conformidad.
EN NUESTRA OPINIÓN

El marco normativo que regula la normalización en nuestro país es la Ley de Infraestructura para la Calidad, misma que obliga a que, anualmente, se emita un programa de normalización que enlista las normas que pueden ser objeto de emisión o modificación durante el ejercicio fiscal de que se trate. Si un proyecto de norma no se encuentra incluido en el Programa -o su suplemento- no puede realizarse ningún avance en su elaboración o actualización.

Resulta importante mencionar, que el objeto de la referida Ley, es fijar y desarrollar las bases dela política industrial en el ámbito del Sistema Nacional de Infraestructura de la Calidad, a través de lasactividades de normalización, estandarización, acreditación, Evaluación de la Conformidad y metrología,promoviendo el desarrollo económico y la calidad en la producción de bienes y servicios, a fin de ampliar lacapacidad productiva y el mejoramiento continuo en las cadenas de valor, fomentar el comercio internacionaly proteger los objetivos legítimos de interés público.[1]


[1] Ley de Infraestructura de la Calidad, artículo 1.

Por su parte, la denominación de la estandarización en México es Normas Oficiales Mexicanas (NOM), y se les considera regulaciones técnicas de observancia obligatoria, que establecen las características a reunir por los procesos o servicios cuando estos puedan constituir un riesgo para la seguridad de las personas o dañar la salud humana,así como las que se refieran a su cumplimiento y aplicación.

Asimismo, es importante hacer notar que, a través de los procesos de normalización, en general, se logra homologar criterios respecto a los siguientes aspectos:

  • Racionalización. Referida a variedades y tamaños; este criterio resulta mayormente aplicable a productos, si bien en el caso de servicios puede considerarse en la normalización, cuando se consensa respecto algún insumo que requiere el propio servicio.
  • Seguridad. Regula la obligación de cumplir con una serie de requisitos de seguridad a efecto de evitar accidentes, y en el caso de salud efectos adversos.
  • Calidad. Además de integrar indicadores de racionalización y seguridad, tiene en cuenta el equilibrio entre los avances de la tecnología y las posibilidades reales de los sistemas productivos y las necesidades y expectativas de consumidores y usuarios. Es por ello que el modelo de calidad de los bienes y servicios se centra en indicadores tales como materiales,muestreos, ensayos y requisitos.

En este orden de ideas, la normalización dota de criterios claros y homogéneos, busca mejorar procesos de producción y atención, y vela por la seguridad del usuario final, aspecto que cobra especial relevancia en el caso de normalización en materia de salud.
EN NUESTRA OPINIÓN

En este particular, cabe mencionar que, en la práctica médica, se ha desarrollado un proceso denominado medicina basada en la evidencia, por el que se busca seleccionar los mejores argumentos científicos para la resolución de los problemas y casos a los que se enfrentan en la atención de los pacientes, los profesionales en salud.

Por lo anterior, resulta especialmente importante en materia de salud, contar con estándares consensuados de atención, que incluyan criterios médicos eficientes y eficaces, que garanticen la menor afectación en otras áreas de bienestar de los pacientes, y procurando mejorar su calidad de vida.
EN NUESTRA OPINIÓN

El marco legal prevé que las NOM deben ser revisadas cada 5 años a partir de su entrada en vigor, para lo cual, el Comité Consultivo Normalizador, debe analizar cada norma que haya cumplido este periodo de vigencia en el año anterior, a efecto de, en su caso, decidir la modificación, cancelación o ratificación de cada Norma.

Es claro entonces que resulta primordial el que las autoridades normalizadoras realicen los procesos de emisión y revisión de NOMs que les corresponda, a efecto de poder contar y garantizar criterios y estándares racionales, de calidad y seguros. En materia de salud, este aspecto es doblemente importante e incide en el ámbito del interés público.

Preocupa un poco, sin embargo, que las actuales autoridades estén interpretando con demasiada severidad el ya referido artículo 1o. de la Ley de Infraestructura de la Calidad, respecto a que el objeto de la misma es establecer las bases de la política industrial.

De ser este el caso, se entendería -no justificaría- la resistencia gubernamental a normalizar en materia de prevención y control de enfermedades, que ha derivado en una parálisis de normalización en el último año, ya con minorización de trabajos desde el año pasado.
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Sobre el particular, se estima, que como fue mencionado con anterioridad, el proceso de normalización, si bien impacta en la producción de bienes y la prestación de servicios, la materia de salud no se encuentra exenta, incluso a nivel internacional existe todo un sistema que procura la seguridad y salud en el trabajo (ISO 45001).

Podría pensarse, en todo caso, que la autoridad normalizadora en materia de salud, está procurando establecer criterios de atención mediante otros instrumentos de medicina basada en la evidencia, y si bien cualquiera de ellos, ya sean protocolos o guías de atención, pueden concentrar algoritmos de tratamiento, ninguno de ellos cumple con los beneficios de transversalidad, homogeneidad y obligatoriedad que sí otorga una NOM, mismas que, además, apuntalan el compromiso humano y constitucional de garantizar el derecho a la salud.

En este sentido, esperemos que la dilación en el proceso normalizador en materia de salud atienda a un criterio temporal de reorganización interna de prioridades, que pueda finalizar a la brevedad; y no a una interpretación equívoca de los beneficios y garantías que otorgan las NOMs en este ámbito.

Asimismo, resulta procedente recordar a los que de algún modo u otro nos encontramos inmersos en el bienestar físico de las personas el dicho popular que atinadamente menciona “La salud no lo es todo, pero sin salud no hay nada”, y en este sentido con mayor razón a las autoridades normalizadoras en salud, que los beneficios de contar con criterios claros homogéneos, seguros, de calidad, eficaces y racionales para la atención de diversos padecimientos, facilitan la práctica clínica e impactan en la calidad de vida y bienestar de los pacientes.

Finalmente, cabe reflexionar sobre las palabras con las que iniciamos este artículo, «Lo que no se define no se puede medir. Lo que no se mide, no se puede mejorar. Lo que no se mejora, se degrada siempre«, así que procuremos seguir midiendo y mejorando para no degradar la atención en salud en nuestro país, con la dirección que las autoridades gubernamentales marquen para este fin.
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Comisión de Educación presentará propuesta de Ley de Educación Superior

Servirá como punto de referencia y material comparativo con la “iniciativa modelo” que se discutirá el próximo cinco de agosto en Culiacán.

Rumbo al foro regional que organizan las comisiones de Educación de la Cámara Federal de Diputados y la Cámara de Senadores el próximo cinco de agosto, la Comisión de Educación Pública y Cultura del Congreso de Sinaloa acordó presentar este martes una iniciativa de Ley de Educación Superior del Estado de Sinaloa.

El presidente de la comisión, José Manuel Luque Rojas, explicó que esta iniciativa, junto con otra que presentó el PAS sobre el mismo tema, servirán como punto de referencia y material comparativo con la “iniciativa modelo” que se discutirá en el foro regional sobre leyes estatales de educación superior que se realizará en el Modular Inés Arredondo (MIA) de Culiacán para recoger propuestas y opiniones.

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En la reunión de trabajo de este lunes, Luque Rojas explicó que el foro regional lo organizan las comisiones de Educación de la Cámara Federal de Diputados y la Cámara de Senadores, conjuntamente con la Secretaría de Educación Pública y Cultura y la Universidad Nacional Autónoma de México, y además de Sinaloa participarán representantes de las dos Baja California, Sonora, Durango y Chihuahua.

Agregó que se invita a participar a todas las instituciones de educación superior en dicho foro, y para quienes tengan interés de hacerlo puso a su disposición la correspondiente convocatoria, además de que también estarán en la página web del Congreso, www.congresosinaloa.gob.mx las iniciativas de la Comisión como la del PAS, para que sean analizadas.

Posterior a este evento, agregó, el Congreso de Sinaloa realizará cuatro parlamentos abiertos para trabajar en la ley estatal.

El diputado José Manuel Luque aseguró que se retomarán todas las observaciones y sugerencias para expedir la Ley de Educación Superior del Estado de Sinaloa.

También participaron las diputadas Elizabeth Chía Galaviz y Juana Minerva Vázquez González y los diputados Ambrocio Chávez Chávez y Sergio Mario Arredondo Salas, secretaria y vocales, respectivamente, de la Comisión de Educación Pública y Cultura.

FUENTE: elsoldemazatlan

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La ley de la (auto)confianza

¿Para qué tener que rendir cuentas y cumplir con requisitos si se tiene fe absoluta de que lo que se está haciendo es lo correcto?

PorCarla Luisa Escoffié Duarte

 25 de julio, 2022

Durante su visita a Yucatán el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, se reunió a puerta cerrada y sin la presencia de medios de comunicación con poco más de 200 empresarios. Según trascendió, en aquel encuentro el funcionario reveló a su público que el presidente Andrés Manuel López Obrador presentará en diciembre una iniciativa preferente de lo que sería una “Ley de Confianza”. Esta iniciativa tendría como objetivo “que obras de importancia inicien sin todos los permisos de los tres niveles de gobierno para que sean rápidos, incentiven la inversión y eviten tanta tramitología”.

Si bien es difícil sacar conclusiones sin contar con un texto de iniciativa que nos ayude a ver letra por letra qué es lo que estaría en juego, la información que circula hasta ahora genera mucha esperanza de que se trate de un lamentable ejercicio de teléfono descompuesto. Sobre todo porque el anuncio no se está dando en cualquier lugar, sino en una región del país que enfrenta una grave crisis ambiental por megaproyectos que generan deforestación, emisiones de CO2 y contaminación del agua. Por si fuera poco, es también el escenario del proyecto más importante de la actual administración: el Tren Maya.

Tanto al gobierno de Felipe Calderón Hinojosa como al de Enrique Peña Nieto les incomodaban todos los trámites y permisos que implicasen algún tipo de fiscalización o rendición de cuentas. La diferencia es que la actual administración ha sido más vocal con esa incomodidad. Por ejemplo, en más de una ocasión ha barajado la idea de limitar los alcances del juicio de amparo para que no pueda atender violaciones cometidas por la construcción de obra pública. La semana pasada, el diputado Juan Ramiro Robledo presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Amparo para eliminar la posibilidad de que jueces federales puedan ordenar la suspensión de obras como medida cautelar mientras dura un juicio.

También la construcción del Tren Maya ha estado plagada de un desinterés por dar cumplimiento a los requerimientos de ley en materia de obras públicas. Por ejemplo, en todos los tramos las Evaluaciones de Impacto Ambiental iniciaron cuando la construcción ya estaba en marcha.

La idea de una “Ley de confianza” sería la consagración de ese desencanto institucional por las decisiones que tienen que cumplir con reglas preestablecidas. Y el nombre es bastante revelador: ¿para qué tener que rendir cuentas y cumplir con requisitos si se tiene fe absoluta de que lo que se está haciendo es lo correcto?

Por supuesto que hay trámites y requisitos innecesarios. Por supuesto que en México la tramitología es excesivamente robusta y no en pocas ocasiones representa una pérdida de tiempo y de dinero público. Pero esa crítica debe hacerse caso por caso, punto por punto. Lo que pareciera estarse buscando es reducir a un mero carácter simbólico todo requisito y trámite que se desee, aun los que están plenamente justificados y que son estrictamente necesarios.

Como dije, ojalá y esto sea tan solo una falsa alarma producida por un chisme a la yucateca. Porque sería muy paradójico que un gobierno que se dice “antineoliberal” esté apostando por reducir el papel de control, planeación, supervisión y fiscalización del Estado. 

FUENTE: animalpolitico

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Exigen resguardar datos en ley de ciberseguridad.

CIUDAD DE MÉXICO.-Proteger el derecho a la privacidad y prevenir persecuciones o espionaje debe ser fundamental en la legislación sobre seguridad informática que se proponga en el Congreso, urgieron especialistas.
La Comisión de Innovación de la Cámara de Diputados trabaja en una nueva ley de ciberseguridad.
«Algo que preocupa mucho es que esta ley se vaya a usar para criminalizar la libertad de expresión o que afecten la privacidad y la protección de datos personales.


«La narrativa muchas veces es que esta ley tiene que proteger la seguridad nacional, eso podría terminar autorizando mecanismos que afecten a minorías y activistas», dijo en entrevista Grecia Macías, integrante de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D).


Aunque se conoce que la Cámara de Diputados trabaja en un proyecto, hasta hace una semana los esfuerzos para integrar a empresas, academia y sociedad civil habían sido pocos.
«La gobernanza de internet es un asunto que requiere de un entorno multiactor, preocupa que si no se incluye a todos los actores podría haber un sesgo dependiendo de quién la emite», mencionó Macías.


Como base, la propuesta debe tener el respeto a los derechos humanos, agregó.


A febrero pasado había 13 iniciativas para combatir los delitos cibernéticos, pero ninguna contempla tratamiento de datos personales ni una estrategia que funja como mecanismo de coordinación incluyente, dijo.


Cynthia Solís, especialista en derecho informático, consideró que la legislación deberá tener un eje transversal que promueva la colaboración entre todos los actores involucrados.


«Tendría que ser una ley enfocada a generar recursos y políticas públicas para que desde niveles básicos de educación se hablara de ciberseguridad, hubiera cursos de capacitación para servidores públicos y que se normara la colaboración entre los actores involucrados», agregó Solís.


El pretender que una sola ley sea la respuesta es ambicioso, es preferible que se enfoque a dar las bases de un esfuerzo más amplio.


Por ejemplo, establecer la obligación de las dependencias públicas de invertir en la correcta infraestructura para atender la ciberseguridad, opinó Solís.

FUENTE: heraldo

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El asesinato de Cecilia Monzón inspira una ley para quitar la patria potestad a los feminicidas en Puebla

La reforma de la legislación será votada en septiembre y está basada en el caso de la abogada feminista asesinada en mayo. El principal sospechoso de su muerte es el padre de su hijo.

El nombre de Cecilia Monzón está lejos de caer en el olvido. La abogada, asesinada en mayo pasado, ha inspirado una nueva iniciativa para quitar la patria potestad a los feminicidas en el Estado de Puebla, donde vivía y concentró su carrera política. La propuesta será votada en el arranque de la nueva legislatura a partir del mes de septiembre. La iniciativa de reforma hace referencia al asesinato de la también activista por los derechos de las mujeres, cuyo principal sospechoso es el el padre de su hijo, el excandidato del PRI a la gubernatura de Puebla, Javier López Zavala, vinculado a proceso como presunto autor intelectual y en prisión preventiva.

“Esta iniciativa va por ti Cecilia Monzón y por todas las mujeres que han perdido la vida a manos de un feminicida, porque quienes nos quedamos en la lucha, promoveremos acciones a favor de las niñas, niños y adolescentes a quienes han dejado sin sus madres”, recordó la diputada Mónica Silva, del Partido del Trabajo (PT), quien ha presentado la propuesta y la ha bautizado como “Ley Monzón”.

El texto persigue apuntalar un cambio de paradigma y velar en estos casos por el interés superior del menor, como exige la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas. La reforma supone la modificación de los códigos Penal y Civil y plantea suspender la patria potestad de los menores cuyo padre esté vinculado a proceso por un feminicidio o intento de feminicidio. Y de confirmarse dicha sentencia, la retirada definitiva de ese derecho.

La familia de Cecilia Monzón es quien actualmente tiene la custodia del hijo de la activista, un niño de 4 cuatro años. Sin embargo, el presunto feminicida, dada la legislación actual, conserva el derecho a la patria potestad del menor. Fuentes cercanas al caso señalan que la defensa de López Zavala, en plena batalla legal, ha llegado a plantear el ejercicio de derechos de visita del niño “aunque nunca se llegaron a ejercitar [cuando Monzón vivía] y ahora se están tratando de utilizar en el marco del procedimiento de custodia”, dice la familia Monzón a EL PAÍS. Cabe destacar que Cecilia Monzón había denunciado a Javier López Zavala desde hace años por abandono de su hijo y por impago de la pensión alimenticia. “Confiamos en que prevalecerá el Estado de derecho y el interés superior del menor, como hasta ahora ha sucedido”, dice la familia.

En ese sentido, la diputada Silva explica que el objeto de la reforma busca poner por delante el bienestar de los niños, las niñas y los adolescentes. Incluso por encima de la presunción de inocencia de los supuestos feminicidas. “El evento traumático al que son sometidos ante la pérdida de su madre, es acompañado por una incertidumbre jurídica que los revictimiza”, señala. “Tenemos documentados muchos casos en los que cuando matan a una mujer, se repiten las violencias con sus hijos. Las personas que son violentas, siguen siendo violentas en otros contextos y los hombres agresores suelen proyectar en sus hijos ese odio contra la madre”, remarca.

Cecilia Monzón fue acribillada a balazos el pasado 21 de mayo cuando viajaba en su camioneta, en la ciudad de San Pedro Cholula. Además de López Zavala, también fueron procesados por el feminicidio el exdelegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el Estado, Santiago Bárcena y el sobrino del político priista, Jair ‘N’, como presunto autor material. Aún falta por detener al segundo sicario responsable de los disparos, Silvestre ‘N’, quién sigue en busca y captura.

El cambio en la ley que buscan en Puebla plantea que sea el poder Judicial quien determine cuál es el mejor ambiente para que el menor pueda desarrollarse y prioriza, de ser posible, hacerlo con la familia de la víctima. “El juez puede incluso a discreción establecer cuál es el mejor vínculo que vele por los derechos del menor para que siempre se encuentre en las mejores manos”, ahonda Silva.

Este tipo de cambios en en la ley a favor del interés superior de los menores son recogidas por las legislaciones de otros países. En España, por ejemplo, los niños son considerados víctimas de violencia machista desde 2015 y desde 2004, la Ley de Protección contra la Violencia de Género estipula que un juez puede “suspender la patria potestad, guardia y custodia de sus hijos a un inculpado por violencia de género (…) Asimismo, adoptará las medidas necesarias para garantizar la seguridad, integridad y recuperación de los menores y de la mujer, y realizará un seguimiento periódico de su evolución”. Uno de los últimos cambios introducidos en la legislación el año pasado es la que impide establecer un régimen de visitas cuando el padre “esté incurso en un proceso penal” por violencia machista.

De acuerdo al mandato del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado en 2017, la norma española intenta ser amplia tanto en la atención a las víctimas como en los tipos que dan lugar a las medidas de protección, por lo tanto, la suspensión o retirada de la patria potestad se da en función del procedimiento y de la gravedad del tipo penal imputado. Especialistas en derecho señalan que la ventaja que ofrece la legislación española es que la decisión del juez se da en el mismo marco del procedimiento penal, por lo que no es necesario batallar la custodia en un procedimiento civil, como actualmente sucede en México, concretamente en el caso de la familia Monzón.

La legislación vigente en México contempla que un juez puede suspender o modificar el ejercicio de la patria potestad o la custodia por las siguientes causas: “Incapacidad de quien la ejerce declarada judicialmente; por la ausencia declarada en forma; por sentencia condenatoria que imponga como pena esta suspensión; y por incurrir conductas de violencia familiar” a lo anterior, se agregaría la nueva fracción, propuesta por el PT: “Por auto de vinculación a proceso dictado por delito de feminicidio en contra de la madre”.

Entre las reformas planteadas al Código Penal, de ser encontrado culpable, el feminicida no solo perderá todos los derechos con la víctima de carácter sucesorio. El nuevo texto señala que en caso de tener hijos con la víctima “perderá sobre ellos la patria potestad, tutela, guarda y custodia, régimen de visitas y convivencias y el derecho de alimentos que le correspondiere. Sanción que se aplicará igualmente en caso de tentativa”.

“Queremos que el menor tenga, en la medida de lo posible, la mayor normalidad para su desarrollo integral para que pueda vivir su nueva realidad y llevar un duelo”, señala la diputada Silva, quien todavía necesita reunir los apoyos suficientes para sacar adelante la reforma. Helena Monzón, hermana de la víctima, ha manifestado su total respaldo a la medida: “Tengo plena convicción de que esta iniciativa liberará a las infancias de los círculos de violencia a los que les ata la ley actualmente”, ha dicho la también abogada.

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FUENTE: elpais

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Ley del Isstey: en 5 años se verán resultados, afirma diputada

La diputada panista Ingrid Santos Díaz habla de los beneficios que traería la nueva Ley del Isstey.

Ingrid del Pilar Santos Díaz, diputada del PAN, pronosticó que en cinco años se verán los resultados positivos que generará la reciente aprobada Ley del Isstey.

Los cambios incluidos en esta nueva Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, con recomendación de expertos financieros, grupos civiles organizados y sindicatos, generará a mediano y largo plazo finanzas sanas en el Isstey, consideró.

Nueva Ley del Isstey «garantiza» el pago de pensiones y jubilaciones

Además, añadió la panista, garantiza el pago de las pensiones y jubilaciones de los burócratas estatales afiliados a esta dependencia estatal

“Los diputados sabemos que es un tema complicado, definitivamente hay muchos inconformes con la aprobación de esta Ley del Isstey, pero esperamos que en cinco años veamos los beneficios de lo que hoy aprobamos los diputados que votaron a favor”, señaló. 

“Esta nueva ley garantiza el pago de pensiones y jubilaciones, los que entraron con el régimen actual y los pensionados van a continuar con el mismo monto que reciben; los que se jubilen en futuros años van a recibir el cien por ciento de su pensión”.

Admiten que habrá amparos por la Ley del Isstey

La diputada Santos Díaz reconoció que derivado de esta inconformidad por la aprobación de la Ley del Isstey lo más probable es que los inconformes tramiten amparos.

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«Es parte del derecho que tienen las personas que se sienten afectadas y es válido que recurran a ese recurso legal, sin embargo, en el Congreso del Estado están preparados para responder cuando lleguen los juicios de garantías.

¿Qué llamado le hace a los que no entienden esta reforma?, se le preguntó.

Lo principal es que se informen. Creo que hay muchas dudas, unos piensan que es malo, otros que piensan que es bueno, algunos ni siquiera saben realmente qué contiene esta ley aprobada», respondió. 

«Deben de informarse, saber bien qué puntos y cuáles son los artículos que tiene la ley, cuáles fueron los cambios y con esa información tener un juicio informado”.

¿Ve manejo político?

“Para algunos sí, es parte de ello (las inconformidades) y es válido para los que lo quieren politizar», contestó. 

«El tema para los diputados del PAN no fue hacía allá, sino hacía mejorar una situación financiera que en unos años más iba a explotar”. 

“Es un tema controversial. Lo hemos analizado y se nos presentó con bastantes meses de anticipación la situación».

«Ya teníamos conocimiento de la situación urgente que tenía el Isstey, sin embargo, los otros gobiernos no le dieron importancia y patearon la lata». 

¿Cómo se preparó la nueva Ley del Isstey?

«Este gobierno se dio a la tarea de analizar qué se puede hacer, ya sabía el problema y buscaba posibles soluciones y recurrió a una comisión especial de expertos que estuvo trabajando durante varias semanas».

«Se escuchó a los diferentes grupos organizados interesados, sindicatos, a los interesados en el tema y se llegó a la conclusión de que se tenía que generar cambios”.

“Cuando se hizo la ley del Isstey hace 47 años la situación era otra, la esperanza de vida era muy diferente a la situación actual. Dada la urgencia financiera, estos cambios vienen a generar que a mediano y largo plazo pueda tener finanzas sanas el Isstey”, reiteró.

¿Beneficia a los trabajadores esta nueva ley?, se le preguntó.

“Definitivamente sí, muchos que no contaban con certeza jurídica hoy van a tenerla. Sabemos que la molestia viene por el tiempo, por los años de trabajo, por la edad, sin embargo, la esperanza de vida era distinta hace 47 años”, recalcó. 

“Hoy vivimos más tiempo, el hecho de que trabajen más también significa que van a poder mantener tanto sus ingresos y su trabajo al final, en estos tiempos complicados que vivimos el tener un trabajo es algo muy bueno”.

FUENTE: yucatan

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Manifestantes exigen nueva ley de arrendamiento y detener gentrificación

Ciudad de México. Diversas organizaciones e integrantes de la comunidad mazahua exigieron una nueva ley de arrendamiento que evite desplazamientos, luego de realizar el Carnaval por la vivienda digna, en el que expresaron su rechazo a la gentrificación, “la mafia inmobiliaria” y a los desalojos no sólo con el uso de la fuerza, sino sicológicos.

La movilización duró cuatro horas y recorrió avenida Chapultepec, Reforma, Insurgentes, Bucareli y Balderas, lugares donde los manifestantes visitaron los predios que habitaron por décadas en las colonias Juárez y Centro.

Algunos inmuebles están abandonados, en otros los residentes son presionados con alzas en la renta para obligarlos a irse, mientras varios fueron remodelados y ampliados por constructoras cuyos modernos departamentos ahora son rentados por una sola noche.

“#Ni un vecino menos. Se dice que hace mucho tiempo (antes de Airbnb) en este edificio hubo vida real; cuando el cártel inmobiliario se agandalla tu colonia, te desalojan aunque estés al corriente con tu renta”, se leía en los letreros que pegaban con engrudo en postes y paredes de las construcciones.

En la protesta se conocieron casos de familias desplazadas al estado de México y Querétaro por no contar con un lugar para vivir en la capital, además de personas de la tercera edad que después de ser desalojadas de un edificio en la calle Liverpool enfermaron y fallecieron.

Denunciaron que con el desplazamiento social también se aniquiló el comercio de vecinos del barrio, por lo que las tienditas desaparecieron y ahora hay sofisticadas cafeterías o restaurantes y la renta de 2 mil a 5 mil pesos se incrementó a 30 mil.

Albina Téllez, quien representa a la comunidad mazahua, recordó que en octubre fueron desalojados por un grupo de golpeadores del predio de Turín 46, a pesar de que el hombre al que pagaban renta desapareció desde el sismo de 2017, por lo que dijo que seguirán en la lucha por tener una vivienda.

Carlos Acuña recordó que fue sacado del edificio Trevi y no recuperó las rentas ni depósitos pagados y, al igual que a otros residentes de un predio en Liverpool y Bruselas, se les negó el derecho al tanto, es decir, a tener la opción de comprar el departamento en el que habitaron por años.

FUENTE: jornada

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PAN Puebla advierte voto en contra de la Ley de Voluntad Anticipada

La iniciativa fue presentada de manera formal en el Congreso del Estado; la diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia externó su negativa.

El grupo legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) podría ir en contra de la iniciativa de Ley de Voluntad Anticipada u “Ortotanasia” que fue presentada de manera formal en el Congreso del Estado, y la bancada anunció que pese a ello analizará la propuesta.

La diputada, Mónica Rodríguez Della Vecchia, presidenta de la Comisión de la Familia dijo que sin tener todos los detalles de la propuesta del Partido del Trabajo (PT) no darían el respaldo porque existe una línea muy delgada entre evitar alargar el sufrimiento de un enfermo terminal y la eutanasia.

Reconoció que no se puede obligar a una persona a someterse a un tratamiento médico para seguir con vida, pero a costa de la calidad con la que pasarán sus últimos días, por lo que resulta un tema complejo.

“Tendría que ver los términos, no sé si haya algo extra en la presentación de la reforma, pero decir que la Constitución de Puebla, protege la vida desde la concepción hasta la muerte natural”.

Rodríguez Della Vecchia resaltó que la ideología de PAN es defender la vida desde su concepción hasta la muerte natural por lo que realizarán un análisis a fondo y objetivo sobre la iniciativa Ley de Voluntad Anticipada para poder definir el sentido de su voto.

PT pide evitar confusiones

El diputado del PT, José Miguel Huerta Rodríguez, uno de los promoventes señaló que hay que analizar el documento para que las personas que enfrentan una enfermedad terminal puedan decidir libre, inequívoca, consciente e informada de someterse o no a medios, tratamientos, o procedimientos médicos que propicien la abstención médica.

Advirtió que en los últimos años se está abordando en la legislación local con un enfoque diferente, esto debido a legislaciones que llevan la delantera en el derecho comparado, y que han puesto en el debate sobre los derechos humanos la forma de cómo justificar el derecho que tienen las personas que padecen enfermedades terminales o crónicas y que viven en el tormento del dolor a que estas puedan decidir de manera libre e informada sobre cómo enfrentar el desenlace clínico sobre la propia vida.

Precisó que resulta frecuente que la muerte digna sea confundida con la eutanasia y el suicidio asistido, sin embargo, esos tres procedimientos no son equiparables a pesar de que todos tienen la finalidad de garantizar una muerte digna.

La voluntad anticipada tiene por objeto que toda persona en pleno uso de sus facultades mentales manifieste su voluntad libre, inequívoca, consciente e informada de someterse o no a medios, tratamientos, o procedimientos médicos que propicien la abstención médica.

“Se entiende a la muerte digna como el derecho que posé una persona que padece de una enfermedad irreversible y cuyo estado de salud es terminal de rechazar procedimientos invasivos en su cuerpo, y evitar así prolongar el sufrimiento”.

El legislador señaló que la voluntad anticipada puede ser entendida como la decisión que toma una persona de ser sometida o no a medios, tratamientos o procedimientos médicos que pretendan prolongar su vida cuando se encuentre en etapa  terminal y por razones médicas sea imposible mantenerla de forma natural, protegiendo en todo momento la dignidad de la persona.

FUENTE: intoleranciaradio

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Presidente del Supremo de México defiende proyecto de ley contra feminicidios

El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) de México, Arturo Zaldívar, defendió este miércoles su propuesta de Ley para prevenir, investigar, sancionar y reparar el feminicidio y señaló que existe mayor preocupación por precisar si él presentó una iniciativa que por buscar soluciones al problema.

Además, calificó de «ridículo y patético» que algunos legisladores digan que por presentar ese proyecto se ha roto el orden constitucional en México.

«Yo presenté un proyecto, un documento de trabajo de una Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el feminicidio (…) y el día que la presenté en la Comisión Permanente del Congreso expliqué que no tengo la facultad para presentar una iniciativa», dijo Zaldívar en conferencia de prensa mensual.

«Este es un proyecto de trabajo que se pone a consideración de los legisladores (…) pero hay más gente que esté preocupada por si presenté o no un iniciativa, que no fue iniciativa, y no preocupada por encontrar soluciones para resolver los problemas», añadió.

Dijo que se trata de legisladoras o legisladores «que tendrían, en su caso, que estudiar este y otros proyectos para avanzar hacia lo mejor en beneficio de las mujeres de México».

El ministro explicó que se trata de una ley «que no puede cambiar por sí misma la realidad pero también es un hecho que cuando tenemos un marco inadecuado no se pueden solucionar un problema tan grave como el de los feminicidios».

El 6 de julio, la SCJN entregó al Senado y a la Cámara de Diputados un proyecto de iniciativa de Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el Feminicidio con el objetivo de robustecer la definición conceptual y legal de este tipo de crímenes.

En los últimos años en México las cifras de feminicidios y violencia contra las mujeres han ido en aumento, además del alto índice de impunidad que permite que agresores y asesinos sigan en las calles.

En México, en promedio, más de 10 mujeres son asesinadas cada día entre homicidios dolosos y feminicidios, asesinatos clasificados por razón de género.

El Gobierno mexicano registró 1.004 víctimas de feminicidio en el país en 2021, un 2,66 % más que en 2020.

En la conferencia, Zaldívar precisó que al presentar el proyecto «no hay ninguna violación constitucional ni se ha roto el orden constitucional, es verdaderamente ridículo y patético decir eso».

Recordó que en México «están matando niñas y mujeres y están más preocupados que si presenté un proyecto, que si es deficiente, que si no es deficiente, me parece verdaderamente una mezquindad llegar a ese punto».

FUENTE: efe