La impunidad en los asesinatos de activistas de derechos humanos y de comunicadores supera 90 ciento.
Maritza Pérez
Luego de que organizaciones sociales hicieran público su reclamo por no ser tomados en cuenta en el anuncio de la reestructuración del Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores, este jueves, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, invitó a quienes integran la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas a iniciar un proceso de reflexión, análisis y revisión para reformar el marco normativo de éste.
Al encabezar la 101 sesión de Junta de Gobierno, Encinas Rodríguez, reconoció que “han pasado años y ya se ha mostrado la viabilidad, los alcances y las limitaciones en la operación de este mecanismo, y creemos que es oportuno hacer una revisión a fondo para que estemos a la altura de los nuevos requerimientos”, sostuvo.
Por ello, consideró que se tienen que revalorar los mecanismos de coordinación y de colaboración de todas las instituciones públicas en los tres órdenes de gobierno, y los poderes Judicial y Legislativo porque, dijo, no se han logrado remontar los niveles de impunidad que prevalecen frente a las agresiones que sufren las personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
Por su parte, el titular de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y coordinador del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Enrique Irazoque Palazuelos, recalcó que prevalece la impunidad en los homicidios de personas defensoras de derechos humanos; en 99% de los casos no existen sentencias y en el tema de las y los periodistas, 93 por ciento.
Por lo cual anunció que ya existe acercamiento con el Congreso de la Unión para iniciar una discusión que permita avanzar en la revisión de la ley y las reformas que se requieren para fortalecer al mecanismo, para darle mayor capacidad y fuerza institucional para deslindar y definir cuáles son las competencias de los distintos órdenes de gobierno y de los órganos autónomos y poder dar garantía plena a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
FUENTE: eleconomista
