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Fusilamiento de Ignacio Aldama Abogado e insurgente novohispano que participó en la guerra de la independencia de México

“Al conmemorar cada año el inicio de la gesta de independencia, los mexicanos reafirmamos los valores de libertad, soberanía del pueblo, justicia e igualdad, que enarbolaron los héroes insurgentes, y que siguen siendo valores que guían e inspiran a México como nación.”Mabel Gómez OliverEmbajadora de México ante Marruecos   

Ignacio Aldama, es fusilado el 20 de junio de 1811 en Monclova, Coahuila. Fue un abogado e insurgente novohispano quien junto a personalidades como su hermano Juan Aldama, Josefa Ortiz de Domínguez, Ignacio Allende, Miguel Hidalgo y Costilla y Miguel Domínguez lograron llevar a cabo el movimiento armado que daría fin al mando de la corona en la Nueva España. Participó en la guerra de la Independencia de México[1].

El insurgente Ignacio Aldama nació en medio de una familia criolla el 7 de mayo de 1769 en San Miguel el Grande, ahora San Miguel de Allende, Guanajuato. Comenzó sus estudios en su estado natal para más tarde mudarse a la Ciudad de México en donde logró obtener su título como abogado, pero tiempo después decidió regresar a Guanajuato y dedicarse a la agricultura y el comercio.

Debido a que comenzó a sentir un gran descontento hacia el mandato de la Corona española y su hermano Juan Aldama se desempeñaba como capitán de regimiento del ejército virreinal y también como uno de los miembros de la Conspiración de Querétaro, Ignacio decide unirse a su hermano al movimiento de Independencia y es así como ingresó a las juntas de la segunda conspiración de Querétaro. El 16 de septiembre de 1810, se encontraba en Aculco, Guanajuato, cuando se enteró de que la conspiración había sido descubierta. Regresó a San Miguel el Grande, donde preparó a sus adeptos para recibir a Miguel Hidalgo que lo nombró presidente del ayuntamiento, motivo por el que el Colegio de Abogados lo dio de baja. Ignacio Aldama logra instaurar el primer gobierno insurgente y reconoce el liderazgo de Miguel Hidalgo, además de apoyar el movimiento armado suministrando alimentos a las tropas insurgentes e interceptando cargas de pólvora que se dirigían a las minas de Zacatecas[2].

Posterior a la derrota en Aculco, Miguel Hidalgo nombra al insurgente Ignacio Aldama como embajador en Estados Unidos para que éste solicitara apoyo económico y la compra de armas, sin embargo, en marzo de 1811 estalló en el norte de México una contrarrevolución dirigida por el sacerdote José Manuel Zambrano, quien al saber que Ignacio Aldama se encaminaba al norte del país, lo detuvo en Bejar, remitiéndolo prisionero a Monclova, en Coahuila, lugar donde se le instruyó proceso sumario y se le condenó a muerte[3].

Al concluir la guerra de Independencia, en 1821, el nombre de Ignacio Aldama fue inscrito con letras de oro en el recinto de la Cámara de Diputados.

FUENTE: cndh.org

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México, reprobado en combate a la corrupción: Colegio de Abogados de NY

A pesar de contar con un marco jurídico sólido y completo, México presenta pocos esfuerzos legales y deficiencias para prevenir y corregir la corrupción. Con una calificación final de 5.51 puntos, donde cero es la calificación más baja y diez la más alta, nuestro país se posicionó en el antepenúltimo lugar de la Evaluación Anticorrupción en Latinoamérica 2020.    

El estudio regional realizado por Lawyers Council for Civil and Economic Rights (Consejo de Abogados por los Derechos Civiles y Económicos) del Vance Center for International Justice, también detalla que las autoridades anticorrupción en México no tienen la independencia material necesaria para prevenir, investigar y procesar la corrupción efectivamente.  

Los expertos participantes en el informe advierten que a pesar de que una de las banderas de la administración actual es la lucha contra la corrupción, la voluntad política tiene mucha influencia en este aspecto, pues mencionaron que “existe mucho interés por perseguir casos de corrupción de administraciones pasadas, pero no casos de funcionarios actuales”. 

Aunado a que se identificó al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) como un órgano eficaz para la prevención de la corrupción a través de las políticas de transparencia, y a la Secretaría de la Función Pública (SFP) como la menos eficaz.  

La medición para ocho países (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, México, Panamá, y Perú), señala que, en el caso de México, el cual obtuvo la segunda mejor calificación (9.05) en materia de legislación para combatir la corrupción, sólo por debajo de Perú (9.09), ha sido difícil la aplicación de una o más de las leyes o regulaciones anticorrupción, ello debido a una falta de especificidad, claridad o definición en relación con otras legislaciones o regulaciones. Los expertos consultados destacaron su falta de aplicación, o su aplicación basada en líneas políticas, por lo que México obtuvo una calificación de 4 sobre la implementación de las leyes.  

Por otro lado, el documento, que recoge la visión de profesionales del derecho dedicados a la práctica anticorrupción de diversos sectores, incluidas firmas de abogados, empresas, academia, organizaciones de la sociedad civil, defensores de derechos humanos, entre otros, añade que aunque en nuestro país existen mecanismos de prevención de la corrupción al interior de la administración pública, como Políticas y procedimientos para identificar y gestionar conflictos de intereses o medidas que requieran a los funcionarios públicos rendir declaraciones patrimoniales, hay casos como en las contrataciones públicas, donde la autoridad busca excepciones para llevar a cabo adjudicaciones directas, lo cual es un espacio importante para la discrecionalidad y la corrupción. 

Se subrayó que mientras en México personas jurídicas de carácter privado pueden ser sujetos de la responsabilidad administrativa, penal y civil, existe un área de oportunidad para obligar a las empresas a implementar programas de cumplimiento y políticas anticorrupción. 

En materia de denuncia, se dijo que, pese a que existen medios y mecanismos para que los ciudadanos presenten denuncias por corrupción, tanto en la vía administrativa como en la penal (inclusive, de manera digital), “este marco de protección a informantes o denunciantes es insuficiente, y debería operar a nivel nacional, de acuerdo con el Sistema Nacional Anticorrupción, y no ser funcional únicamente para el ámbito de aplicación de la Secretaría de la Función Pública federal”.  

Además de que no existe en México la previsión de compensaciones económicas por la realización de reporte o alerta, ni por la recuperación de activos del Estado como consecuencia de las denuncias o alertas de ciudadanos. 

Sobre las autoridades especializadas en materia anticorrupción, los expertos mostraron preocupación por la falta de nombramiento de los magistrados anticorrupción del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. De manera particular, mencionaron que la Unidad de Inteligencia Financiera y la Secretaría de la Función Pública trabajan “a petición del presidente”. 

Por último, el análisis subraya que pese a que en la Constitución y en la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción, está previsto un mecanismo de cooperación y coordinación interinstitucional para prevenir, combatir, investigar y sancionar la corrupción, denominado el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, que está conformado por diversas dependencias  federales, “el SNA no ha operado a plenitud ni con plena eficiencia en los últimos 2 años por falta de voluntad política, aunque la Secretaría Técnica de este sistema ha presentado avances”. 

La Evaluación Anticorrupción en Latinoamérica 2020 busca mapear los esfuerzos legales para prevenir y combatir la corrupción y a diferencia de otros esfuerzos que se enfocan en medir la corrupción o la percepción de la corrupción, este estudio se enfoca desde la práctica jurídica para analizar los esfuerzos legislativos, regulatorios y el marco institucional para prevenir, sancionar y combatir la corrupción.

FUENTE: eleconomista

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México: Deficientes investigaciones de feminicidios en el Estado de México violan los derechos de las mujeres.

La falta de investigación vulnera su derecho a la vida, a la integridad personal y al acceso a la justicia.

20 de septiembre de 2021

Las investigaciones sobre feminicidios precedidos de desaparición, realizadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), presentan graves deficiencias por la inacción y negligencia de las autoridades, lo que ha llevado a la pérdida de evidencias, a que no se examinen todas las líneas de investigación y a que no se aplique correctamente la perspectiva de género. Esas insuficiencias obstaculizan el proceso judicial y aumentan las probabilidades de que los casos queden impunes, dijo Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy.

Juicio a la Justicia. Deficiencias en las investigaciones penales de feminicidios precedidos de desaparición en el Estado de Méxicoestablece que los errores antes referidos coinciden con las de otras investigaciones que han sido puestas de manifiesto por organizaciones de la sociedad civil y por personas titulares de derechos, y con casos como los feminicidios de Ciudad Juárez, Chihuahua, ocurridos hace más de 20 años. Esto sugiere que la violencia feminicida y las deficiencias en su investigación y prevención forman parte de una realidad más amplia del país.

“Las autoridades estatales deben prevenir, investigar y sancionar con la debida diligencia los feminicidios. Como parte del Estado mexicano, están obligadas a cumplir con los tratados internacionales en los que México es parte, incluyendo las Convenciones de Belem do Pará o de la CEDAW, y las sentencias emitidas contra el Estado mexicano por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), que establecen un conjunto de normas, estándares y principios para garantizar los derechos de las mujeres”, declaró Edith Olivares Ferreto, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México.

“El impacto de cada feminicidio es terrible en las familias de las víctimas, quienes en su búsqueda del acceso a la verdad, justicia y reparación del daño, padecen además la revictimización de las autoridades”

Edith Olivares Ferreto, Amnistía Internacional

“El impacto de cada feminicidio es terrible en las familias de las víctimas, quienes, en su búsqueda del acceso a la verdad, justicia y reparación del daño, padecen además la revictimización de las autoridades. Por ello, seguimos insistiendo en que el tema de la violencia contra las mujeres ocupe un lugar prioritario en la agenda del gobierno federal y de los gobiernos locales”, precisó Edith Olivares Ferreto.

Tan solo en 2020, se registraron 3.723 muertes violentas de mujeres en México, de las cuales 940 fueron investigadas como feminicidios por las 32 entidades federativas del país, sin que exista una sola entidad libre de feminicidios.

En el informe, Amnistía Internacional documentó cuatro casos emblemáticos de feminicidio precedidos de desaparición, analizando específicamente las deficiencias en las investigaciones penales de los mismos. Los casos fueron los de Nadia Muciño Márquez, asesinada en 2004; Daniela Sánchez Curiel, desaparecida en 2015 y aún con paradero desconocido, y cuya familia presume que fue víctima de feminicidio; Diana Velázquez Florencio, desaparecida y asesinada en 2017; y Julia Sosa Conde, desaparecida y asesinada a finales de 2018.

El informe demuestra que las autoridades estatales no inspeccionan correctamente el lugar de los hechosno resguardan de forma apropiada las evidencias recolectadas; y no realizan pruebas periciales o diligencias, causando la pérdida de datos, objetos o sustancias y testimonios.

Las autoridades no siempre examinan todas las líneas de investigación y su falta de actuación conlleva a las familias de las víctimas –generalmente a las mujeres– a asumir el liderazgo de las investigaciones invirtiendo sus propios recursos. También se dan casos en que las autoridades amenazan y acosan a las familias para que no llamen la atención de sus superiores. Asimismo, las autoridades no siempre aplican la perspectiva de género durante todo el proceso penal, lo que contraviene los protocolos para la investigación de muertes violentas de mujeres.

El informe demuestra también que las autoridades de la FGJEM no tienen las condiciones necesarias para llevar a cabo las investigaciones, debido a una sobrecarga de trabajo y carencia de insumos materiales para llevar a cabo algunas tareas. Adicionalmente, el personal debe pagar, con sus propios medios, parte del material necesario para llevar a cabo las investigaciones y las oficinas no tienen depósitos adecuados para resguardar las evidencias, favoreciendo su contaminación y destrucción. El personal de la FGJEM requiere una mayor formación especializada para llevar a cabo investigaciones adecuadas.

Las deficiencias detectadas en las investigaciones implican una violación a los derechos humanos de las mujeres a la vida, a la integridad personal, a la protección judicial de las familias de las víctimas y al acceso a la justicia.

Para proteger los derechos de las víctimas, Amnistía Internacional recomienda:

  • A la FGJEM, que la Fiscalía Central para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género cuente con los recursos humanos y financieros necesarios para llevar a cabo su función de forma eficiente y en condiciones de trabajo dignas, así como el diseño e implementación de capacitaciones sobre cómo investigar desapariciones y muertes violentas de mujeres desde una perspectiva de género.
  • Al Congreso del Estado de México, que la FGJEM, especialmente la Fiscalía Central para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género, cuente con los recursos humanos y financieros para cumplir con su labor de manera adecuada.
  • A la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, que investigue la problemática de las deficiencias en las investigaciones penales de los delitos de violencia contra las mujeres, en especial de los feminicidios y las desapariciones de tal forma que emita recomendaciones que aborden los aspectos resaltados en este informe.
  • A las autoridades federales, que reconozcan públicamente la magnitud del problema de los feminicidios y las desapariciones en México, así como las deficiencias en las investigaciones de los delitos.

De manera paralela a la publicación del informe, Amnistía Internacional lanzó la campaña #HastaSerEscuchadas, con el objetivo de que las autoridades reconozcan públicamente las deficiencias que han cometido en las investigaciones de los feminicidios, cumplan con las recomendaciones hechas por el movimiento e inicien el proceso de reparación del daño causado por dichas deficiencias.

“Desde Amnistía Internacional seguiremos alzando la voz junto con las familias de las víctimas, acompañándolas en su búsqueda de verdad, justicia y reparación del daño, hasta ser escuchadas”, dijo Edith Olivares Ferreto.

FUENTE: es.amnesty.org

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Desafíos de la abogacía en México

Por: Contacta Abogado®

Publicado: 16 marzo 2021

Lectura: 3 minutos

Los abogados en México no sólo enfrentan competencia sino, además, aspectos de la modernidad que, de no actualizarse, los pueden dejar obsoletos ante las nuevas necesidades de la sociedad

En México la carrera de Derecho es una de las que más demanda tiene. De acuerdo con un artículo publicado en Hechos y Derechos (revista del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM) en nuestro país hay más de 1,600 instituciones de educación superior que ofrecen planes de estudio para esta profesión. Asimismo, en América Latina, el índice de titulación es de los más notables con 44.7% superior a otras carreras de humanidades.

De esta manera, los abogados en México no sólo enfrentan competencia sino, además, aspectos de la modernidad que, de no actualizarse, los pueden dejar obsoletos ante las nuevas necesidades de la sociedad. A continuación, te presentamos los desafíos que un abogado tiene en esta época.

La modernización: el primer gran reto de los abogados

El sector legal es de los que más resistencia ha presentado a los avances tecnológicos; ello, a pesar de que, según cifras del INEGI, el rango de edad de un abogado en ejercicio de la profesión en nuestro país es de 35.9 años, y 80 de cada 100 profesionales de las leyes tiene menos de 50 años. Lo anterior, significa que los abogados en México corresponden a un sector relativamente joven que no desconoce la tecnología.

A raíz de la pandemia por Covid-19 se hizo más necesario el uso de las tecnologías de la comunicación; los softwares de comunicación y mensajería como Skype, Meet o Zoom que ya existían, se hicieron indispensables para seguir en contacto durante el confinamiento. De la misma manera, el mundo de las leyes aceleró la modernización que venía teniendo.

En la abogacía, existen herramientas tecnológicas como: gestión de contratos, agendas, bibliotecas virtuales, y firmas electrónicas, entre otras; todas ellas, ayudan a los profesionales del derecho a realizar su trabajo. Asimismo, la capacitación, la educación e, incluso, la posibilidad de conseguir clientes o contactar con otros colegas utilizando la tecnología es hoy una realidad. Así, la educación en modalidad online es parte de nuestra vida y, expertos como el Doctor José Antonio Lozano Diez, Presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa, ha declarado públicamente que, en el mundo post Covid, esta alternativa de la educación se quedará con nosotros. Un ejemplo de esto son los cursos impartidos por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) que ofrece cursos de litigación oral penal online y talleres de litigación oral online; así también, los Market places que hacen posible conseguir asesoría legal en cualquier ámbito. Sin embargo, a pesar de esta realidad, persiste la resistencia de los abogados para actualizarse y mejorar sus procesos de trabajo. Para saber las razones de esto, te invitamos a leer nuestro artículo ¿Por qué los despachos se resisten a la tecnología?

El auge de la tecnología está presente en el mundo del ejercicio de la abogacía. Por poner solamente algunos ejemplos, los tribunales de lo familiar en la Ciudad de México y algunos otros estados han implementado medidas para poder llevar a cabo audiencias virtuales. Asimismo, los tribunales federales cuentan con oficialías de partes común en línea o el sistema en línea del Consejo de la Judicatura Federal.

Actualización, una tarea pendiente

En todas las áreas del conocimiento es indispensable estar actualizado para ofrecer un mejor desempeño y el ramo legal no es la excepción. En rangos de estudio de los abogados son los siguientes: el 90.3% tiene licenciatura; un 9.2% tiene maestría y, únicamente, el 0.5% cuenta con doctorado.

En septiembre de 2018, El Financiero publicó que la Barra Mexicana, Colegio de Abogados y la Asociación Civil “México SOS”, firmaron un convenio para actualizar el ejercicio de la abogacía. Lo anterior, porque, de acuerdo con la nota, el 90% de los abogados litigaba sin actualizarse en su profesión y sin control alguno. Esto significa un desface muy importante porque los ordenamientos legales se modifican continuamente.

No cabe duda de que entre los deberes de un abogado debe ser primordial la actualización constante, para así poder brindar una asistencia legal adecuada y eficaz.

El abogado en la era digital

Como ha quedado demostrado en este artículo, la tecnología está abarcando muchos aspectos del derecho y, con ello, se está volviendo inevitable que los abogados tengan que digitalizar sus servicios y brindar consultoría jurídica online. La e-justicia crece cada vez más en América Latina y, si bien se ha presentado cierta resistencia debido a los viejos sistemas judiciales, los abogados pueden optar digitalizarse y prestar un mejor servicio. Esta decisión depende del profesional del derecho pues, a no dudarlo, hay diferentes tipos de abogados y, habrá quienes deseen ser digitales y brindar un mejor servicio. Para saber más sobre la e-justicia y la Legaltech visita nuestro artículo ¿Qué es la E-justicia y cuál es su situación en México y América Latina?

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Fuentes:

Hechos y Derechos: ¿Demasiados abogados?

Instituto Nacional de Estadística y Geografía: “Estadísticas a propósito del día del abogado (12 de Julio)”

90% de los abogados litigan sin actualizarse

Foro Jurídico: Retos y futuro de la abogacía en México: ¿renacer, trascender o morir?

Foro Jurídico: Los desafíos del abogado del siglo XXI

FUENTE: contactoabogado

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Aborto en México: leyes, sentencias y dificultades

Solo cuatro Estados cuentan con una ley de plazos para interrumpir el embarazo, los demás caminan entre obstáculos y penalizaciones.

La interrupción del embarazo avanza a pasitos en México, uno de los grandes países de Latinoamérica que aún no tiene resuelto este asunto y que no cuenta con una legislación federal. Este martes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha dado un paso importantísimo en esta materia y ha declarado inconstitucionales los artículos del Código Penal del Estado de Coahuila que castigan la interrupción del embarazo, lo que representa una decisión histórica en la despenalización del aborto en el país, ya que sienta jurisprudencia para el resto de entidades. Hasta ahora, la regulación del aborto en México ha dependido de las decisiones de los tribunales y de la legislación de cada Estado. La decisión de este martes es un paso histórico, y el más reciente en un camino que inició hace 14 años.

El primer Estado en establecer una ley de plazos fue Ciudad de México, en 2007, donde ya puede decirse que está consolidado este derecho y que ha recibido a miles de mujeres en estos años para abortar. Su ley de plazos señala 12 semanas de gestación en las que es posible interrumpir el proceso sin dar explicaciones para ello. Así lo han legislado también Oaxaca y recientemente Hidalgo y Veracruz.MÁS INFORMACIÓNEl Estado mexicano de Hidalgo aprueba la despenalización del abortoLa Suprema Corte de México se decanta por la despenalización del aborto

El resto de los Estados legislaron para despenalizar esta práctica en caso de violación y algunos añaden otros supuestos como el riesgo para la vida o la salud de la gestante o malformaciones fetales. Pero en la práctica, estas salvedades no siempre se tienen en cuenta y miles de mujeres se someten a intervenciones caseras que en ocasiones acaban con su vida o son derivadas a un hospital desangradas y sometidas a humillaciones médicas. Las denuncias y la cárcel están a la orden del día. Entre un 4,7% y un 13,2% de la mortalidad materna en el mundo puede atribuirse a los abortos inseguros. Y en África y Latinoamérica, tres de cada cuatro interrupciones de la gestación son inseguras.

México está a la cabeza de la OCDE en embarazos adolescentes con 77 nacimientos por cada 1.000 mujeres de 15 a 19 años. Y se cuentan cerca de 340.000 embarazos anuales entre niñas y adolescentes para cuya reducción se puso en marcha una estrategia gubernamental. Desde el Ejecutivo de Andrés Manuel López Obrador se ha señalado en varias ocasiones que el embarazo de niñas debe ser considerado inmediatamente una violación. Y actuar en consecuencia. Pero no es fácil abortar en México, siquiera tratándose de un delito. Sonados han sido los casos de niñas en Veracruz que pasaban por un calvario cuando se quedan embarazadas, en muchos casos fruto de abusos entre sus familiares y conocidos.

A falta de legislación federal, que ni la hay ni se la espera, la Ley General de Víctimas, que estipula que basta la palabra de la embarazada para garantizar que su feto es producto de una violación, la Norma Oficial Mexicana y la Ley General de Salud, que establece como causa para el aborto el riesgo para la salud tanto física como emocional de la mujer, contribuyen en algunos casos a salvar situaciones indeseables.

Pero los avances suelen llegar después de largos procesos en tribunales. Las sentencias de la Corte han avalado la prevalencia de estas leyes sobre las restricciones estatales. El pasado 7 de julio, la Suprema Corte declaró inconstitucional los plazos establecidos para practicar un aborto si el embarazo había sido fruto de una violación. Fue otro motivo de alegría para quienes llevan años queriendo declarar el aborto libre en este país. En este caso se trataba de un pleito que nació en Chiapas mucho tiempo atrás. Una muchacha de 17 años con parálisis cerebral fue violada, pero cuando la familia se dio cuenta de su embarazo era tarde según los plazos establecidos en este Estado. Lo pelearon, acompañadas por personal de la organización GIRE, siempre dedicada a esta causa. Y lo ganaron. Pero ya había pasado mucho tiempo. A pesar de ello, la Sala votó por unanimidad y sentó precedente para futuros casos.

Oaxaca fue el segundo Estado donde ondearon los pañuelos verdes, en 2019. Sin embargo, pasado el tiempo, muchas activistas se quejan de la lentitud y los obstáculos que se encuentran en el camino a pesar de contar con una legislación a favor.

Después llegó Hidalgo, en junio de este mismo año. Se establece el citado periodo de 12 semanas para interrumpir el embarazo sin tener que alegar un motivo concreto, sino la decisión libre de la mujer sobre su cuerpo. Pero, a cambio, se penaliza con multa o cárcel a aquellas que lo hagan después de esa fecha.

Y Veracruz. Un mes después. Las modificaciones a la ley en este Estado modernizan las causales del delito de aborto a partir de los tres meses y los vuelven más específicos. Por ejemplo, se establece que el aborto será delito si se realiza en contra de la voluntad de la mujer embarazada.

La llegada al Palacio Nacional de Andrés Manuel López Obrador y su partido, Morena, que se declara de izquierda, no ha supuesto mucho en este terreno. El presidente considera que es un asunto espinoso que “provoca enfrentamientos”. Se limita a “respetar” el activismo de las mujeres a este respecto. Y poco más.

Otro de los obstáculos que encuentran las mujeres para ejercer sus derechos en México es la objeción de conciencia de médicos. Cuando la capital aprobó la ley de plazos, algunos Estados se blindaron con normas que avalaban la vida desde el momento de la concepción. Eso insufló temor entre los facultativos, que se negaron a atender los abortos haciendo uso de su libertad de conciencia. De nuevo la Corte tuvo que señalar el camino dictando que había que proveer el servicio por encima de la voluntad de los médicos. Pero la debilidad de la justicia en México es grande y las leyes son muchas pero escurridizas en su aplicación. Por no hablar de la complejidad para denunciar violaciones, por ejemplo.

El mundo entero celebró la despenalización del aborto en Argentina, donde la lucha fue intensa y constante. Ellas inventaron los pañuelos verdes que todavía reclaman ese derecho por medio mundo. Ahora es México el que está a punto de dar un gran paso en este sentido, lo que sentaría un avance en Latinoamérica que puede abrir la senda a otros países.

FUENTE: elpais

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El cambio cultural, clave para avanzar en la digitalización de la abogacía

La abogacía ha incorporado el uso de la tecnología a su actividad diaria, pero hace falta darle un impulso para avanzar en la digitalización y aprovechar mejor las oportunidades que ofrece. Así lo ha destacado el informe “El sector legal cree en la tecnología” elaborado por Women in a Legal World y el Consejo General de la Abogacía, que ha sido presentado en la sede del Consejo.

“La pandemia ha convertido en una necesidad el uso de la tecnología, con la que se ha conseguido una mayor eficiencia”. Así lo ha destacado la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega.

La autora del informe, Adriana Scozzafava ha destacado que casi el 80% de los encuestados creen que es importante implantar tecnología como palanca para ganar eficiencia y prestar un mejor servicio. Y el 81% cree que su implantación en el conjunto de la sociedad aportará nuevos negocios al sector legal. Sin embargo, un 50% no dispone de tecnologías avanzadas (big data, inteligencia artificial, blockchain…), y un 25% reconoce que carece de las competencias necesarias.

El informe concluye que el cambio cultural es el principal reto para avanzar en la digitalización. “Se ha hecho mucho, pero hace falta hacer mucho más, desde la formación”, destacó la presidenta de Women in a Legal WorldMarlen Estévez, quien subrayó que “la transformación digital pasa por la transformación cultural y eso no se consigue solo con tecnología”.

El vicesecretario general del Consejo General de la Abogacía, Jordi Albareda. ha afirmado que la tecnología “ofrece nuevas oportunidades de negocio” y comentó que el tópico del abogado “que se resiste a los avances tecnológicos” ya ha quedado superado.

Para avanzar en la digitalización, Scozzafava ha incidido también en la necesidad de una mayor inversión, así como de un acercamiento entre el sector legal y el tecnológico.

Women in a Legal World, en colaboración con el Consejo General de la Abogacía Española, ha querido contribuir al impulso de la tecnología en el sector Legal, aportando una radiografía de su grado de digitalización desde la perspectiva de los profesionales que ejercen el derecho en las empresas y los despachos profesionales. El objetivo es, partiendo del conocimiento de la situación de partida, plantear acciones que contribuyan a acelerar la digitalización del sector.

Ortega recordó el Plan de Recursos Digitales puesto en marcha por el Consejo General de la Abogacía, con una dotación de casi un millón de euros, para ayudar a la digitalización de despachos de abogados que se hayan visto perjudicados por la pandemia.

FUENTE: legaltoday

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Las ramas del Derecho que prefieren hoy los abogados

Sobresale el administrativo, comercial, penal, derechos humanos, contratación pública, urbano y el internacional.

Teniendo en cuenta el amplio ámbito de aplicación que tiene el Derecho como ciencia social, existen varios campos que hoy despiertan mayor interés de los abogados al momento de elegir su ejercicio profesional.

Sin embargo, antes de entrar en este análisis, es clave identificar cuáles son las dos divisiones que separan a esta profesión: una el Derecho público y la otra el privado. En la primera, se encuentran el Derecho administrativo, constitucional, penal, tributario y laboral; y en la segunda, el Derecho mercantil o comercial y el civil.

Para Angélica Armenta, decana del Colegio Jurídico de la Institución Universitaria Colegios de Colombia (Unicoc), una las disciplinas que más están eligiendo los abogados tiene que ver con el Derecho Administrativo, seguido por el Penal, Derechos Humanos, Ambiental, Contratación Pública y Urbano.

“Estos criterios están ligados a las constantes necesidades que se presentan en el día a día de la formación del estudiante, que cada vez logra identificar la transversalidad de estos campos y su necesidad patente en el derecho colombiano; además de ser áreas que permiten transitar por un enfoque interno y a la vez internacional”, explicó.

Así mismo, Armenta afirma que desde el Derecho privado, sigue teniendo una gran acogida el Derecho comercial, societario, y aduanero, “como enfoques centrales para la visión empresarial que logran desarrollar los estudiantes desde el contexto corporativo”, afirmó.

Por la misma línea está Juan Fernando Córdoba, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Sabana, quien asegura que, entre las ramas que hoy más prefieren los recién graduados para iniciar su ejercicio profesional, se destaca el Derecho de la empresa, comercial y privado, seguido por el internacional, constitucional y público.
“Este interés responde a los ámbitos en los que se desempeñan hoy en día los abogados en agencias internacionales y en la Agencia Jurídica del Estado, ante cortes internacionales. Igualmente, en la Corte Constitucional, Consejo de Estado y los tribunales”, dijo Córdoba.

​Armenta, también señala que esta acogida se asocia al interés de los recién graduados por el ámbito público, “lo que les permite contar con un mejor desempeño en los cargos oficiales del Estado, poder participar en escenarios propios de contratación del Gobierno y ampliar su mirada hacia las nuevas tendencias de la función pública; además que les permite poner en práctica las herramientas del derecho internacional y su aplicación en Colombia”.

En cuanto a las preferencias en el Derecho privado, la decana del Colegio Jurídico de Unicoc, asegura que estas responden a la tendencia que se mantiene inclusive en otros campos que están próximos al mundo empresarial, como una oportunidad al crecimiento de la economía en el marco de los aportes del profesional jurídico que desea ampliar su mirada a la creación de empresa, al impulso de las mismas y al fortalecimiento de los procesos de emprendimiento en el ámbito comercial, desde un acompañamiento jurídico integral.

De otra parte, análisis realizados recientemente por la Facultad de Derecho de la Universidad de La Sabana, revelan que las áreas que más están teniendo acogida en el momento entre los abogados son: empresa (32 por ciento); energías e hidrocarburos (12 por ciento); telecomunicaciones (8 por ciento); rama ejecutiva como la presidencia, ministerios, secretarias, superintendencias, embajadas y alcaldías (7 por ciento) y otras entidades públicas (5 por ciento).

Lo cierto es que en los últimos años los intereses de los abogados, especialmente los más jóvenes, se han venido ajustando a los mismos avances del Derecho colombiano. Por ejemplo, en este tipo de decisiones ha influido con gran importancia la regulación de la propiedad intelectual, la preponderancia de la ciencia, la tecnología y la información, el modo en que se establecen las necesidades del derecho desde la era digital, el crecimiento económico de los pequeños y medianos empresarios con el impulso del derecho marcario y el derecho aduanero, entre otros, en respuesta al proceso de globalización que incide directamente en los cambios sociales y por ende, jurídicos.¿Qué tanto cambió el derecho a raíz de la pandemia?

En medio de un entorno globalizado, dominar desde el punto de vista legal todo lo relacionado con la propiedad intelectual es fundamental.

Myriam Sepúlveda, coordinadora de la especialización en Derecho Internacional Público con énfasis en derechos humanos de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, destaca que, “en el marco de las nuevas tendencias en el ámbito del ejercicio legal nacional e internacional, es importante repensar el proceso de formación para complementar el componente técnico propio de la profesión. Las nuevas tendencias nos obligan a considerar con mayor interés áreas como la bioética, el bioderecho, la responsabilidad médica, el derecho informático, la IA y los derechos humanos”, dijo.
Junto con eso, la profesión debe proyectarse localmente para que, tanto los estudiantes como los futuros abogados, se formen, precisamente, con una base axiológica, llevándolos a intervenir eficientemente en estas nuevas circunstancias.

“Lo importante es que estamos llamados a hacer cambios, e ir más allá del derecho tradicional y trascender de la norma taxativa, permitiéndonos intervenir en las necesidades que se presenten”, agregó Sepúlveda.Un giro a la profesión 

De acuerdo con Luis Alfonso Acevedo, gerente corporativo del Centro Jurídico Internacional, tanto en escala local como global, las exigencias que se les hacen a los profesionales del Derecho son mayores. Y no solo en lo relacionado con la especialización en cada uno de sus campos de acción profesional; también en las áreas conexas y afines a los temas propios de su consultoría.

“La revolución de la información y las exigencias actuales cambian el concepto tradicional de la especialización en un solo tipo de ejercicio jurídico, porque todos los saberes legales se encuentran conectados, evidenciando, por ejemplo, que un concepto civil puede tener implicaciones en áreas tributarias, contables e, incluso, penales”, explicó.
A eso se suma el espacio inmaterial de la internet, un nuevo escenario que con bastante frecuencia crea desafíos, consideraciones y conflictos que deben ser solucionados por nuevas generaciones de abogados, preparados para actuar en un mundo cada vez más binario.

FUENTE: portafolio

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El acta de independencia y Juan Francisco Azcarate

Varios abogados del Colegio, entre ellos Juan Francisco de Azcarate, Carlos María de Bustamante y José Miguel Guridi y Alcocer, estuvieron en la primera línea durante el enfrentamiento entre el ayuntamiento de la Ciudad de México y la Real Audiencia en 1808, hasta el triunfo del Ejército Trigarante y de Agustín de Iturbide en 1821, que tuvo como consecuencia la firma del Acta de Independencia.

El Acta de Independencia del Imperio Mexicano fue el documento mediante el cual el Imperio Mexicano declaró su independencia del imperio español. El documento se firmó por la Junta Provisional Gubernativa en fecha 28 de septiembre de 1821.

Los firmantes hacen alusión a los 300 años que la nación mexicana no tuvo voluntad propia; con dicha acta sale de la opresión en la que vivió, así, la Junta del Imperio declaró ser una nación soberana e independiente de la antigua España.

Uno de los abogados firmantes más importantes es Juan Francisco de Azcarate, al haber estado siempre presente. Azcarate nació en la Ciudad de México, fue colegial de San Pedro, San Pablo y de San Ildefonso en donde hizo sus primeros estudios de derecho.

El 4 de octubre de 1790 se matriculó en el Ilustre y Real Colegio de Abogados de México. En 1804 fue regidor honorario y síndico personero de la Ciudad de México, posteriormente en 1812 fue secretario de la Junta de Caridad, consiliario y examinador del Colegio de Abogados.

Azcarate fue ministro plenipotenciario ante Inglaterra por Iturbide, aunque nunca fue a dicho país. En el tema de tratados con las naciones indígenas tuvo un papel muy importante; en el que destaca el Tratado celebrado entre el Imperio Mexicano y la Nación Comanche el 13 de diciembre de 1822.

FUENTE: zarateabogados

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LA HISTORIA DEL ILUSTRE Y nACONAL COLEGIO DE ABOGADOS DE MÉXICO

HISTORIA

LOS INICIOS DEL COLEGIO

En enero de 1759 se reunieron varios distinguidos letrados del foro novohispano para acordar la fundación del que luego fue el Ilustre y Real Colegio de Abogados de México, quienes elaboraron sus primeros estatutos, los cuales recibieron la confirmación del Rey D. Carlos III, mediante una real cédula fechada el 21 de junio de 1760.

El Colegio se erigió inspirado en corporaciones análogas existentes en el antiguo régimen, especialmente en el Colegio de Abogados de Madrid. Los propósitos que tenía eran; el ejercicio del mutualismo y de ciertos actos de piedad, al igual que elevar el nivel de la práctica jurídica. Para cumplirlos contaba con un enorme privilegio: sólo los matriculados serían aceptados como litigantes en las Audiencias de la Corte de México.

DE LA HISTORIA AL DÍA DE HOY

LARGA TRADICIÓN DE HONOR Y RESPETABILIDAD.

A pesar de las enormes dificultades políticas y económicas, de la incomprensión y desinterés de muchos abogados, de la decadencia general del foro y de la ciencia jurídica, el Colegio ha logrado mantenerse y sortear los abundantes peligros que lo acometieron a lo largo de los últimos ciento treinta y nueve años.

Orgullosamente es heredero de mucho de los más insignes juristas de antaño que formaron parte de él y que, incluso, lo dirigieron. Por sólo mencionar algunos, los primeros que saltan a la memoria, tenemos a D. Manuel de la Peña y Peña, D. José María de Lacunza, D. Teodosio Lares, D. José María Lafragua, D. José María Iglesias, D. José Urbano Fonseca, D. José María del Castillo Velasco, D. Juan Nepomuceno Rodríguez de San Miguel, D. Pablo Macedo, D. Luis Méndez, D. Sebastián Lerdo de Tejada, D. Agustín Rodríguez, etcétera.

Los anteriores personajes, independientemente de sus debilidades humanas e ideas políticas, son orgullo del foro y de la ciencia jurídica nacionales.

Entre otros ilustres abogados que han sido miembros del Colegio encontramos a D. Germán Fernández del Castillo, D. Javier Cervantes, D. Toribio Esquivel Obregón, D. David Casares, D. José Arce y Cervantes, D. Manuel Escobedo, D. Álvaro Espinosa Barrios, D. Gustavo R. Velasco, D. Francisco Xavier Gaxiola, D. Francisco García Jimeno, D. José Luis de la Peza M., y muchos otros abogados altamente reconocidos en el foro mexicano como hombres probos, éticos y grandes estudiosos del Derecho.

Hoy el Colegio mantiene su ya bicentenaria tradición de ser una casa abierta al estudio del Derecho y preocupada por la excelencia de la profesión. Sus ideales, recientemente consagrados en un Código de Ética Profesional y nuevos estatutos.

EX-PRESIDENTES

1906-1920 Agustín Rodríguez.

1920-1929 Miguel S. Macedo.

1929-1936 Rafael Ortega.

1936-1941 Rafael Martínez Carrillo.

1941-1944 Salvador I. Reynoso Híjar.

1944-1948 Germán Fernández del Castillo.

1948-1952 Pablo Macedo.

1952-1963 Javier de Cervantes.

1963-1984 Francisco Javier Gaxiola.

1984-1988 Jesús Rodríguez Gómez.

1988-1996 Francisco Javier Gaxiola Ochoa.

1996-2000 Bernardo Fernández del Castillo.

2000-2004 Fernando Yllanes Martínez.

2004-2008 Gabriel Ernesto Larrea Richerand.

2008-2012 Óscar Cruz Barney.

2012-2014 Rafael Ramírez Moreno Santamarina

2014-2016 Alfonso Pérez-Cuéllar Martínez

FUENTE: incam

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Los abogados en México. Una percepción

“La vida del abogado está expuesta permanentemente a tentaciones y flaquezas. Bajo el puente de nuestra profesión pasan todas las miserias del mundo. Se dice, por ello, que la abogacía puede ser ‘la más noble de las profesiones o el más vil de los oficios’ [Couture]”. José Campillo Sáinz.

En México, el 12 de julio se celebra el día del abogado. Dicha conmemoración comenzó a partir de 1960, cuando el periódico El Diario de México solicitó al presidente Adolfo López Mateos que se proclamara una fecha para estos profesionistas, siendo una remembranza de la fundación de la primera cátedra para la enseñanza jurídica en la Nueva España, un 12 de julio de 1533.

Esto derivó en la formación de la Real y Pontificia Universidad de México antecedente de la actual Universidad Nacional Autónoma de México. A partir de entonces, la enseñanza de la jurisprudencia se impartió en todas las instituciones de nivel superior en el país.

A pesar de la noble finalidad de la profesión, la persona que no es jurista, es decir, que no es el abogado que defiende una causa o el juez que dicta sentencia, tiende a criticar la carrera, llegando a la burla y la sátira. Todos hemos escuchado bromas que tienden a menospreciar al licenciado en Derecho, resaltando corrupción o vicios, además de expresiones como “los juicios los ganan los abogados y los pierden los clientes”, son producto de los leguleyos y de los huizacheros, personas que ejercen como abogados, algunos con cédula profesional, pero que sólo siguen fórmulas e ignoran cómo funcionan las cosas, buscando prolongar pleitos y no hallar soluciones.

Si bien existe está clase de individuos dentro del gremio, hay muchos más que postulan con la dignidad y el decoro suficiente para con sus clientes y en sus funciones públicas, por lo que la dignidad del abogado es trascendental para la correcta marcha del Estado de Derecho.

Para delimitar las bases deontológicas a la que todo técnico del Derecho debe sujetarse, varios autores han publicado mandamientos, decálogos o postulados de abogado, resaltando los de Ángel Ossorio y Gallardo y Eduardo J. Couture:

  • Los abogados deben ser coadyuvantes de la justicia, teniendo por consecuencia que su deber profesional es defender con diligencia los derechos de su cliente.
  • Los abogados deben actuar con probidad y buena fe, evitando la práctica de la impunidad, la invención de hechos o la falsificación de documentos, así como cualquier gestión dilatoria en los asuntos encomendados y el empleo de formalidades y recursos innecesarios.
  • Los abogados, bajo sus convicciones morales, tienen la libertad para aceptar o rechazar asuntos, incluso los que tengan un salario fijo o iguala.
  • Los abogados están sujetos a servir a sus clientes con eficiencia y empeño, evitando asegurarle que su asunto saldrá avante y con éxito, ya que tal circunstancia depende de muchas variables, algunas incluso ajenas al procedimiento judicial.
  • En el mismo tenor, los abogados deben guardar el secreto profesional, entendido como la no divulgación de información proporcionada por su cliente, así como de sus colegas. En los países con sistema jurídico anglosajón, el secreto profesional es más estricto, y es entendido como el privilegio Abogado-Cliente (Attorney-Client Privilege).
  • Si bien la naturaleza de su profesión obliga al abogado a colaborar en la aplicación de justicia, se debe establecer una contraprestación justa por sus servicios, dependiendo de la complejidad y novedad del asunto, aunado a la experiencia, reputación y especialidad del profesionista.
  • En relación con el punto que antecede, el abogado puede prescindir de honorarios, llegando a desarrollar trabajos pro bono en donde representa o asesora a individuos o grupos vulnerables que no pueden costear servicios legales. Aquí, aportan sus conocimientos de manera desinteresada, gratuita y respetando estándares de calidad.

Aunado a lo anterior, y en busca de esta dignidad y decoro a la profesión jurídica, abogados de diversas latitudes se han organizado para formar Colegios de Abogados, resaltando la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, con distintos capítulos en varios Estados de la República.

Estas organizaciones buscan la colegiación obligatoria de los abogados para brindarle mayor seguridad a las personas que requieran servicios legales, para lo cual los agremiados deberán especializarse en una o varias áreas del Derecho.

En concordancia con esto, han surgido firmas “boutique”, que contrastan con los antiguos despachos de abogados (tratados como “vacas sagradas”) que atendían asuntos de toda índole. La calidad de “boutique” se refiere al alto grado de especialización de sus integrantes en una rama específica, para satisfacer las necesidades que sus clientes exigen.

Si usted pretende contratar servicios legales, se recomienda acudir con un profesionista entendido en la materia. Es muy común que, ante un problema laboral, por ejemplo, el empresario acuda con la persona encargada de recursos humanos de su empresa o, si es de índole fiscal, con el contador, en lugar de ir con un abogado.

Si bien la idea natural es confiar en el abogado de mayor edad, ya que se percibe que tiene más experiencia, esto puede ser erróneo. Debemos precisar que el Derecho positivo, léase las leyes y ordenamiento aplicables, siempre está en constante cambio, la misma sociedad se transforma con el paso del tiempo.

En ese entendido, es probable que el recién egresado de una institución de estudios superiores conozca más acerca del procedimiento penal acusatorio –por poner un ejemplo– que el abogado con treinta años de práctica. Ante estas circunstancias, todo abogado debe estar en incesante actualización y especialización bajo el riesgo de tener una desventaja competitiva ante sus colegas.

A su vez, el abogado debe adentrarse en las herramientas tecnológicas que tiene al alcance, incluso en el uso de redes sociales para compartir conocimiento o como marketing y dar a conocer sus servicios ante terceros.

El mundo jurídico y sus ramas no se limitan a “embargar planchas” o “sacar borrachos de la cárcel”, como comúnmente menciona el vulgo. El jurisconsulto tiene un gran ámbito de actividad con temas que ya resultan gastados, pero inconclusos como el aborto o la legalización de drogas, así como más novedosos como la bioética o el derecho informático.

Finalmente, hay que puntualizar que la piedra angular que caracteriza a un excelente abogado y que reafirma todo lo dicho hasta este punto, es la vocación. Sin esto, el profesionista no tendría la pasión suficiente para enfrentar los retos que impone la vida profesional y no sobresaldría del resto. Si ya tiene un abogado de cabecera con estas características, consérvelo; si no es así, búsquese uno.

FUENTE: strategamagazine