El 2021 fue uno de los años más difíciles para el Bufete Ruiz Durán S. C. por los litigios de alto impacto a los que se enfrentó; no obstante, estos fomentaron su crecimiento y unión. Así, el reto más importante, en esta nueva etapa, fue volver a la normalidad, tanto en la etapa de investigación como en el proceso, en específico, ante el Consejo de la Judicatura Federal, resaltaron los abogados Diego Ruiz Durán, Enrique Saldaña Baranda y Ricardo Cajal Díaz, socios de la Firma.

Ante el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, el Mtro. Carlos Emilio Sánchez Colorado, comentó que el Despacho tiene una gran ventaja, que cuentan con la atención de personas especializadas en el litigio de este sistema, además de la experiencia que cuenta en el sistema tradicional anterior.

Asimismo, los socios afirmaron que aún no se implementa correctamente, pues está diseñado para ser una línea de producción de asuntos, ya que se usa como una instrucción judicial ajena a los principios del sistema. Por lo que, desde 2018, hay un retroceso en los derechos fundamentales de los ciudadanos, además de que aún se recurre a los viejos vicios del anterior modelo.

“Lo que trataron de hacer, en su origen, fue despresurizar o quitar la población de los reclusorios, lo que ocasionó que fueran más rápidas las salidas alternas para evitar los conflictos. Pero se advierten más violaciones a los derechos humanos con este nuevo sistema”, declaró el Mtro. Sánchez Colorado.

En lo que respecta a la cultura de la denuncia, el Lic. Saldaña Baranda, socio, explicó que para fortalecerla se debe llegar a una pronta resolución. Cuando se tiene un final adecuado, los ciudadanos confiarán en la institución, pero si se tiene un retroceso, sólo se ven como un trámite para cumplir con una aseguradora o cualquier otra organización.

Asimismo, el Dr. Ruiz Durán añadió que la policía no hace el trabajo de indagar, pero también aceptó que no se les permite, es decir, están limitados en su actuar. Así, dijo que no existe una verdadera cultura de la investigación para llegar a la verdad, y si se logra una resolución es porque existen intereses de terceros, sean económicos, políticos o sociales.

El Derecho Constitucional forma parte de sus áreas de práctica, por lo que el Mtro. Cajal Díaz explicó que hay un avance en la práctica, pero se tiene un retroceso en la protección de los derechos individuales. Por su parte, el Dr. Ruiz Durán expuso que algunas resoluciones han sido parteaguas para ciertos casos, pero en la justicia distributiva es absoluto este paso atrás.

Sobre los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, dijeron los litigantes que su promoción beneficia en lo económico, procesalmente, pues deja de costarle capital al Estado; además, permiten que este se enfoque en asuntos de verdadera relevancia y otorgan a la ciudadanía un acceso inmediato a la justicia.

“Las partes cuentan con un mecanismo mucho más rápido para satisfacer sus intereses. De esta manera, se está ante una justicia restaurativa que favorece a ambas partes y todas las salidas tienen como requisito, sine qua non, resarcir el daño a la vícti ma”, declararon.

Por otra parte, el Dr. Ruiz Durán opinó que el amparo, como mecanismo para cumplir lo establecido en la Constitución, es insuficiente, pues no cumple el cometido para el que se diseñó, específicamente en materia penal. “Es obsoleto no por la acción, sino por la práctica, ya que se evade el problema y no hay verificación de si existe violación alguna”.

Continuar con el éxito de la Firma es posible cuando se está al pendiente de la atención brindada al cliente, autoridades y representación social, apuntó el Lic. Saldaña Baranda, respaldado por el Dr. Ruiz Durán; y añadió que el Despacho es la prestación de un servicio que tiene diferentes áreas, desde humanas hasta ejecutivas, y en conjunto forman un servicio integral que los clientes se merecen.

Además, su asistencia pro bono, que actualmente representa el 50 % de los asuntos que llevan, permite que personas de escasos o nulos recursos cuenten con una representación de calidad, especializada, humanista y de confianza. “La idea principal es que este pro bono crezca al 60 %; y tenemos sinergias con fundaciones, como la Barra Mexicana de Abogados, Reinserta o Proyecto Justicia, para llevar a cabo este proceso”, concluyó el Dr. Diego Ruiz Durán.