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Diputados aprueban reforma a la Ley del ISSSTE para garantizar casas de día a adultos mayores

05 de Mayo de 2022 

Para establecer con carácter de obligatorio las residencias de día para adultos mayores, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por 489 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, una reforma a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE). 

Al fundamentar el dictamen, la diputada Angélica Ivonne Cisneros Luján (Morena), presidenta de la Comisión de Seguridad Social, señaló que esta medida abona a la implementación del sistema de cuidados en torno a una vejez digna para las y los mexicanos.

“Hoy toca pensar en garantizarles una vida digna. Hoy toca pensar en la necesidad de que existan espacios en donde tengan una atención integral mientras sus familias están desarrollando otras actividades”, apuntó la diputada.

En la discusión en lo particular, fueron aceptadas dos reservas para cambiar el término “Residencias de día” por “Casas de día para adultos mayores jubilados y pensionados derechohabientes del Instituto”; y para garantizar el presupuesto para estas residencias.

“Esta instancia, las Casas de Día, han sido estandarte del ISSSTE desde el año 2014 y es un pilar para la atención de adultos mayores”, señaló la diputada Rosa Hernández Espejo, de Morena.

En tanto, la diputada Alma Griselda Valencia Medina, también de Morena, explicó que se “busca brindar certeza presupuestaria para la implementación de esta reforma; además, establece una fecha límite para que el Instituto emita las disposiciones necesarias”.

El dictamen aprobado fue remitido al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

FUENTE: canaldelcongreso

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Tras ley minera, México debe indemnizar a inversionistas conforme a acuerdos comerciales

La semana pasada, el Congreso de la Unión aprobó en fast track la Ley minera para reservar el litio y otros minerales estratégicos, al estado mexicano y cerrar la participación del sector privado, vía concesiones, en la explotación, exploración y aprovechamiento de los minerales.

En caso de que el gobierno de México revoque o deje sin efecto las concesiones otorgadas a los privados en el sector minero, luego de modificar la ley en dicha materia, estará obligado a indemnizar a los inversionistas conforme a los acuerdos internacionales, como el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), advirtió la Cámara de Comercio Internacional (ICC).

La reforma a la Ley Minera aprobada en el Congreso de la Unión sobre el litio, “es violatoria del CPTPP y de otros instrumentos comerciales y podría obligar al gobierno de México a indemnizar a las empresas que actualmente cuentan con concesiones en la materia”, alertó la Comisión de Comercio y Políticas de Inversión y el Comité de Arbitraje de Inversión de la International Chamber of Commerce México (ICC México).

Y es que explicó que acorde a los artículos 9.12 y 10.7 del CPTPP, se prohíbe que las partes modifiquen su marco normativo para introducir restricciones en actividades o sectores que no se reservaron en el Anexo I o II de dicho instrumento.

El sector empresarial a nivel internacional mencionó que México se reservó como actividad al Estado Mexicano la exploración, explotación y aprovechamiento del litio.

De modo que otras disposiciones del CPTPP y de APPRIS en vigor, podrían también haber sido violadas, incluyendo disposiciones de APPRIS celebrados con Australia, China y el Reino Unido.

La semana pasada, el Congreso de la Unión aprobó en fast track la Ley minera para reservar el litio y otros minerales estratégicos, al estado mexicano y cerrar la participación del sector privado, vía concesiones, en la explotación, exploración y aprovechamiento de los minerales.

ICC México reconoce que el litio, al igual que otros recursos minerales, son patrimonio de la nación, tal como lo consagra el artículo 27 Constitucional”, dijo a través de un comunicado.

Sin embargo, dicho reconocimiento no debe confundirse con el derecho que tienen los inversionistas mexicanos y extranjeros de participar, a través de concesiones, en actividades económicas relacionadas con la exploración, explotación y producción de recursos minerales.

De acuerdo con la Secretaría de Economía, México se ubica entre los 10 principales productores de 17 diferentes minerales que, al igual que el litio, son propiedad del Estado Mexicano y en los que actualmente participa el sector privado: en plata, en fluorita, en celestita, en sulfato de sodio, en wollastonita, bismuto, molibdeno, plomo, cadmio, sulfato de magnesio, en zinc, diatomita, barita, yeso, sal, oro y cobre.

FUENTE: eleconomista

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PAN presenta iniciativa de reforma a la Ley de Contrataciones Públicas en Guanajuato

La iniciativa de de reforma a la Ley de Contrataciones Públicas se turnó a la Comisión de Hacienda y Fiscalización para su análisis

Redacción
Guanajuato.- Las disposiciones normativas de los procesos de compras públicas resultan ser instrumentos fundamentales para la protección de la hacienda pública. Así lo afirmó el diputado Alfonso Borja al presentar una iniciativa de reforma a la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato.

A nombre del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, el legislador señaló que las normas en materia de adquisiciones permiten identificar con transparencia los proveedores que ofertan servicios que exigen los entes públicos. Además, ordenan los procesos de compra y garantizan procesos competitivos para atender las exigencias de cuidado que marca la norma constitucional sobre el uso de recursos públicos.

Propuesta plantean tres ejes

En este sentido, detalló que la iniciativa se centra en tres principales ejes. El primero es homologar el tratamiento de la cancelación del registro de proveedores en el padrón correspondiente con la legislación federal. También reconocer de forma detallada las notificaciones electrónicas que practican las áreas de contrataciones.

Además, establecer de forma exhaustiva hipótesis relativas a la enajenación de bienes muebles. Si bien existen en la norma vigente supuestos, se estima necesario detallarlos a fin de establecer mayores mecanismos de control en ellos.

“Las compras de gobierno, tanto en el ámbito federal como en el local significan una herramienta importante para el desarrollo de las empresas en el país y el impulso a la economía local. Hoy son una de las alternativas con las que cuentan todos los gobiernos para poder tener acciones que permitan reactivar la economía en nuestra entidad, ante los efectos ocasionados por la pandemia de COVID-19”, agregó.

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La iniciativa de de reforma a la Ley de Contrataciones Públicas se turnó a la Comisión de Hacienda y Fiscalización para su análisis y dictamen.

FUENTE: periodicocorreo

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Buscan incluir violencia vicaria en la ley para visibilizarla como violencia de género

El objetivo de los atacantes es dañar a las mujeres a través de sus seres queridos.

Arturo R. Pansza | La Prensa

El grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, promueve incluir la violencia vicaria en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

La diputada morenista Nancy Núñez Reséndiz, fundamentó que ello permitirá visibilizar este tipo de actos como una violencia de género, tipificar como delito contra las mujeres y buscar las medidas de protección necesarias para las familias.

Definió la violencia vicaria como “el acto o situación en la que la persona agresora causa daño físico, psicológico, emocional y que consigue su grado más elevado de crueldad con la sustracción u homicidio hacia un descendiente, ascendiente o cualquier persona significativa para la víctima, con el fin de provocarle sufrimiento emocional, psicológico o patrimonial a las mujeres”.

Violencia vicaria, sin sanción legal

Refirió que en la misma, confluyen conductas de violencia familiar, física, psicológica, de género, económica, institucional y patrimonial que no sólo son ejercidas por particulares sino también por autoridades.

Al respecto, Núñez Reséndiz promueve una iniciativa para incluir y reconocer a la violencia vicaria como una modalidad de violencia en el Artículo 7 de la Ley de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México.

Aclaró que se trata de una propuesta de justicia social para las mujeres porque busca reconocer a la violencia vicaria como una modalidad de la violencia en razón de género, puesto que esta violencia tiene como objetivo dañar a las mujeres a través de sus seres queridos y especialmente de sus hijas e hijos.

“Acuñar el término de vicario es reconocer una serie de delitos que ya están estipulados en el Código Penal del Distrito Federal pero que en su conjunto formulan una violencia dirija hacia las mujeres. El adjetivo vicario hace referencia a la sustitución o reemplazo de la violencia, puesto que las víctimas indirectas o colaterales pueden ser los hijos, hijas, personas queridas de las víctimas o en algunos casos hasta las mascotas”, declaró.

Hizo notar que el padre llega a ejercer una violencia extrema contra sus criaturas, que incluso les causa la muerte y, en muchas ocasiones, utilizan recursos de particular crueldad para la eliminación de los cadáveres. El ánimo de causar daño a su pareja o expareja a toda costa supera cualquier afecto que pueda sentir por ellas y ellos.

La congresista por Morena expuso que el asesinato de las hijas o hijos es la parte más visible de esta forma de violencia extrema que destruye a la mujer para siempre; pero es habitual la manipulación de los menores de edad para que se pongan en contra de la madre o incluso la agredan. Esos infantes sufren un daño irreparable y son también víctimas de violencia de género.

Abundó que el objetivo último de la violencia vicaria, es el control y el dominio sobre la mujer, en un alarde máximo de posesión y relación de poder que se sustenta en la desigualdad.

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Refrendó que es una expresión de la violencia de género, debido a que tiene como fin principal y último causar dolor a las madres por medio de agresiones físicas, psicológicas y emocionales a los hijos de las víctimas.

Comentó que, por ello, desde 2012 la psicóloga clínica forense Sonia Vaccaro acuño el término “violencia vicaria” que consiste en infligir acciones a otras personas o elementos instrumentales, por tal de infligir dolor a una persona en concreto que no es contra quien se está tomando la acción directamente, pero sí quien sufrirá las consecuencias.

Nancy Núñez recordó que en el caso mexicano a través del Comunicado DGDDH/074/2022 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), este organismo urge a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a impulsar acciones para la atención y erradicación de la violencia contras las mujeres.

Abundó que desde los primeros meses de 2020, la CNDH recibió diversas solicitudes de apoyo e intervención por parte de mujeres que han sido identificadas como víctimas de la violencia vicaria por parte de autoridades, pero también ejercida por progenitores de los menores.

Ello se debe a múltiples casos que han salido a la luz pública sobre agresiones de los progenitores hacia sus hijos con el fin de torturar emocionalmente a las mujeres, como ocurrió, en Tijuana, Baja California, donde Eimar Ovalle Escobar, de aproximadamente 40 años de edad, asesinó a sus tres hijos, luego de que por un ataque de celos amenazara a su pareja con que encontraría una “sorpresa” por no compartir su ubicación, narró.

Mientras, en la Ciudad de México se realizó una primera audiencia por violencia vicaria tratándose del caso de la pequeña, Nitké de cuatro años de edad, quien fue sustraída con violencia y engaños en julio del año pasado. La afectada informó que lleva 465 días sin poder abrazar a su hija y actualmente sólo le han permitido hablar con ella algunos instantes de manera virtual, y enfatizó que por la lucha que lleva para recuperarla, ha recibido amenazas de muerte y constantemente es seguido por personas y vehículos sospechosos.

FUENTE: laprensa

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SCJN admite trámite contra Ley de Instituciones de Crédito

Sesión de trabajo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Foto Jesús Villaseca / ArchivoAuto-Lectura

Ciudad de México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad promovida por senadores de oposición en contra de las reformas a la Ley de Instituciones de Crédito (LIC) promulgadas el 11 de marzo pasado, que norman las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para asegurar cuentas bancarias de personas posiblemente involucradas en algún ilícito.

Este juicio constitucional fue promovido desde el mes pasado por los senadores de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, y cuestiona la validez de diversos puntos de la LIC, entre ellos el que establece que se podrán asegurar las cuentas de quienes se “cuente con indicios suficientes de que se encuentra relacionada con los delitos de financiamiento al terrorismo, operaciones con recursos de procedencia ilícita o los asociados con los delitos señalados”.

Al dar entrada a esta acción de inconstitucionalidad, la SCJN emplazó al Poder Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión para que en 15 días hábiles contesten a esta demanda mediante un informe por escrito, así como que envíen copia certificada de las normas impugnadas, tal y como fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación.

FUENTE: jornada

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Nueva ley ambiental, compromiso legislativo, asegura Marcela González

Ofrece trabajo objetivo en la elaboración y actualización del marco normativo para la protección del ambiente.

Arled Jarillo | El Sol de Tlaxcala

La presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Congreso Local, Marcela González Castillo, reconoció las aportaciones realizadas durante el Foro Estatal de Consulta y Socialización del proyecto de Ley de Protección al Ambiente y Desarrollo Sostenible del Estado de Tlaxcala, que clausuró la Gobernadora, Lorena Cuéllar Cisneros, como parte del ejercicio de parlamento abierto para la integración de la nueva norma.

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En ese sentido, se comprometió a que el Poder Legislativo tomará en cuenta las aportaciones que diversos sectores realizaron durante el foro, pues tienen el deber, obligación y responsabilidad de actuar para contrarrestar los efectos negativos al medio ambiente.PUBLICIDAD

Por ello en un ejercicio de parlamento abierto en el que se ha contado con la participación en las mesas de trabajo de las autoridades municipales, del sector educativo, empresarial y de la sociedad civil hemos recabado opiniones y propuestas que permitan crear una Ley que considere e incluya las demandas de todos los sectores socialesapuntó.

González Castillo mencionó que las aportaciones recabadas son elementos valiosos para elaborar una disposición armonizada con la legislación federal y que pueda resolver la problemática ambiental de Tlaxcala.

Han demostrado su interés por hacer propuestas para enriquecer la norma, también quiero reconocer la brillante exposición de nuestros ponentes quienes con su experiencia de conocimientos especializados en la materia nos muestran la problemática ambiental existente y las alternativas de solución que podemos realizar para revertir el daño causado al medio ambiente,aseveró.PUBLICIDAD

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En las mesas de trabajo participaron autoridades y estudiantes del:

  • Centro de Investigación en Biotecnología Aplicada – Instituto Politécnico Nacional (CIBA-IPN) Tlaxcala,
  • Colegio de Tlaxcala (Coltlax), Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx),
  • Universidad Tecnológica de Tlaxcala (UTT),
  • Secretaría de Medio Ambiente (SMA)
  • Procuraduría del Medio Ambiente,
  • delegados estatales del sector ambiental,
  • secretarios de estado,
  • presidentas y presidentes municipales,
  • regidores y titulares de direcciones municipales de ecología,
  • representantes de cámaras empresariales, entre otros.

La diputada local indicó que Tlaxcala cuenta con un parlamento comprometido con la sociedad, abierto al diálogo y al consenso, que busca impulsar un trabajo legislativo objetivo, responsable e incluyente en la elaboración y actualización de todo el marco normativo necesario para la protección del medio ambiente.

FUENTE: elsoldetlaxcala

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Peligra maíz mexicano con Ley de Variedades Vegetales

La iniciativa de reforma a Ley Federal de Variedades Vegetales que fue enviada a la Cámara de Diputados pone en riesgo el cultivo y producción de los granos así como de quienes los producen, pues abre la puerta a que las razas nativas pierdan su diversidad genética y sean reemplazadas por transgénicas de empresas muy cuestionadas como Bayer-Monsanto.

En la época prehispánica, el cultivo del maíz fue una de las actividades más importantes de México.

Desde entonces en el país se ha utilizado como parte del consumo diario; no obstante, su cultivo y podría estar bajo amenaza si en la Cámara de Diputados se aprueba la reforma a la Ley Federal de Variedades Vegetales (LFVV), pues expertos indican que sometería al campo mexicano y a los productores a una dinámica grave donde se privatizaría gran parte de las semillas que usan.

El proyecto de reforma a la Ley Federal de Variedades Vegetales limitaría el libre uso e intercambio de semillas por las comunidades campesinas e impulsaría en México la siembra masiva de organismos genéticamente modificados.

De ser aprobada, expertos indican que generaría una dependencia de compra a corporaciones que controlan el mercado mundial de semillas, como Bayer-Monsanto, las cuales dominan casi el 65 por ciento de las ventas de agroquímicos y el 61 por ciento del mercado de semillas.

Al respecto, el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, se ha pronunciado en contra de esta iniciativa y de los transgénicos, en especial del maíz.

‘En México, el maíz no es autosuficiente’

México utiliza su propio maíz blanco para producir tortillas; no obstante, depende de las importaciones de maíz amarillo de Estados Unidos, el cual, en su mayoría, es transgénico.

De acuerdo con la doctora June Simpson, jefa del Departamento de Ingeniería Genética del Cinvestav Irapuato, en el caso del país vecino, no distinguen si es transgénico, o no.

“El problema es que México no es autosuficiente en su producción de maíz y por eso es necesario importarlo del extranjero. La situación es que importamos las mezclas que ellos preparan y mandan, principalmente de Estados Unidos y Argentina”, indica la especialista a Reporte Índigo.

Una de las situaciones que analiza Simpson y le genera temor, es que los materiales transgénicos podrían contaminar y erosionar el germoplasma nacional. Hace ocho años ella, junto con un equipo del Cinvestav, fueron a diferentes regiones del país y encontraron en casi todas las muestras la presencia de transgenes, sobre todo en la frontera norte, que si bien fue en proporciones bajas, a futuro podrían afectar los campos de cultivo.

“Estos transgénicos fueron introducidos por accidente, no es que los agricultores compraran estas semillas, porque en México el maíz tiene sus propias características, están adaptados y crecen bajo ciertas condiciones climatológicas, son seleccionados por diversos propósitos, así que no les interesan las variedades del extranjero”, expresa June.

Además casi no existen estudios avalados sobre las contraindicaciones del maíz transgénico, y en Estados Unidos, en alrededor de 20 años no ha habido efectos negativos sobre la salud de los consumidores.

La doctora observa entre las ventajas de cultivar maíz transgénico un mayor rendimiento, casi de un 30 por ciento, es decir, se puede producir más en menor tiempo y un mayor ahorro en el uso del suelo a diferencia de los maíces criollos, los cuales suelen tener granos más pequeños y tienden a rendir menos.

“Las variedades comerciales industrializadas, producidas por las compañías grandes necesitan regímenes de fertilización, riego, aplicación de pesticidas particulares y solamente se pueden obtener bajo estas condiciones, mientras que las variedades criollas pueden ser mucho más adaptables bajo condiciones de crecimiento y climáticas”, añade.

June Simpson opina que en México hace falta desarrollar variedades transgénicas que realmente sirvan bajo las condiciones climatológicas del país para que los productores puedan aprovecharlas.

Sin embargo, debido a las polémicas que han surgido alrededor de los transgénicos, las instituciones que se dedicaban a su investigación y desarrollo han tenido que parar.

El gran ganador

Para el maestro Luis Andrés Cabrera Mauleón, ingeniero Agrónomo Fitotecnista y profesor de tiempo completo de la UPAEP, la iniciativa de reforma a la Ley Federal de Variedades Vegetales ha caído también en un tema mercantil, pues en lo general beneficiaría más a las grandes empresas que se dedican a la producción de semillas, como Bayer-Monsanto.

“Son empresas con un gran alcance mundial, muy poderosas económicamente, por lo que tienen los recursos para hacer todos estos procesos de investigación y generación de las variedades que ellos registran, patentan y que también les generan un beneficio económico, lo que no está muy bien visto, porque, de alguna forma, es lucrar con la alimentación de la población humana”, explica el ingeniero.

Bayer-Monsanto ha sido señalada por grupos ecologistas de diversas partes del mundo de fomentar la producción de semillas transgénicas. Greenpeace, por ejemplo, ha dicho que la multinacional quiere “convertir la producción agrícola y alimentaria mundial en un gran experimento genético, totalmente dependiente de sus semillas patentadas”.

De acuerdo con Greenpeace, el gigante de la agroindustria tiene más de 10 mil demandas en todo el mundo en contra por los daños que ocasiona el glifosato a la salud de las personas y de los ecosistemas.

En México, Monsanto fue acusada por la Misión de Observación Ciudad de México-Campeche, un grupo de 22 organizaciones de la sociedad civil, de vender semillas de soya genéticamente modificadas en los municipios de Campeche.

Para Cabrera Mauleón, si desde la Secretaría de Agricultura o el Conacyt se destinaran los recursos necesarios para la investigación, se podría apoyar la generación de variedades locales y no serían necesarios los organismos genéticamente modificados del maíz en México.

“Con la investigación y la tecnología necesaria se podría lograr en cinco o 10 años, cuando mucho, un mejoramiento genético de las variedades locales de nuestro país. Lo pueden generar nuestros productores, se podrían registrar las variedades y así las ganancias se quedarían en México. Creo que hay mucho por hacer en ese sentido en vez de estar dando pauta a la importación o a la compra de semillas de empresas transnacionales”, afirma Cabrera.

FUENTE: reporteindigo

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IMSS PONE EN FUNCIONAMIENTO EL PROGRAMA ELSSA

IMSS PONE EN FUNCIONAMIENTO EL PROGRAMA ELSSA

IMSS PONE EN FUNCIONAMIENTO EL PROGRAMA ELSSA – GLZ CLIENT ALERT

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) presentó el nuevo programa de salud voluntario Entornos Laborales Seguros y Saludables (ELSSA), que tiene como objetivo mejorar la salud y el bienestar de los trabajadores, así como prevenir factores de riesgo psicosociales y ergonómico.

Sólo las empresas que cuenten con su registro patronal ante el Instituto podrán registrarse al programa y recibir sus beneficios e incentivos.

ELSSA está diseñado por y para las empresas a través de una plataforma en línea, la cual ofrece de manera gratuita autoevaluaciones para detectar áreas de oportunidad en materia de riesgos de trabajo, asesorías y cursos no punitivos, materiales de apoyo, acceso a la red de infraestructura deportiva, cultural y de capacitación, entre otros beneficios.
IMSS PONE EN FUNCIONAMIENTO EL PROGRAMA ELSSA

Los centros de trabajo que se adhieran al programa deberán considerar los componentes que forman parte de ELSSA, a saber:

1. Prevención de accidentes en mano y tobillo; uso seguro de máquinas y herramientas.

2. Prevención de trastornos musculo esqueléticos en espalda; de acuerdo a la exposición a factores de riesgo ergonómicos.

3. Vigilancia de la salud en el trabajo; conocer y cuidar la salud de los trabajadores para tomar acciones de mejora.

4. Prevención y mitigación de factores de riesgo psicosocial en el trabajo; para el cumplimiento de la NOM-035-STPS.

5. Promoción de la salud y el bienestar en los centros de trabajo; a través de acciones dirigidas a cuidar el estado físico y emocional de los trabajadores.

Aquellas organizaciones que cuenten con el distintivo ELSSA después de realizar su autoevaluación, tendrán como beneficio el incremento a su productividad e información en materia de prevención al desarrollo de enfermedades y accidentes de trabajo, ya que el sitio de trabajo es un factor importante para los cambios en los hábitos de la salud.

Esperando que esta información sea de utilidad, quedamos a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

https://glzabogados.com/alert/clientalert-15-2022/

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LA UNIVERSALIDAD EN LA SALUD

LA UNIVERSALIDAD EN LA SALUD

EN NUESTRA OPINIÓN: La Universalidad en el Acceso a la Salud: Recientes modificaciones a la estructura del sistema en México

En últimas fechas hemos sido -todas y todos- testigos de lo importante que se ha vuelto priorizar los temas de salud en las agendas de todos los gobiernos, de las corporaciones y de la sociedad civil.

Generalizo ello con total certeza, pues la reciente experiencia de la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) alrededor del mundo, ha tenido evidentes implicaciones desfavorables, pues éste ha costado muchas vidas a lo largo de más de año y medio del primer caso que, de esta cepa, se presentó en China. Con más de 140 millones de casos confirmados a nivel mundial -a la fecha de elaboración de este documento- en doscientos veintidós países notificados en las seis regiones de la Organización Mundial de la Salud, OMS por sus siglas; esto es, en América, Europa, Asia Sudoriental, Mediterráneo Oriental, Pacífico Oriental y África, con una tasa de letalidad internacional que asciende al 2.1%, este virus se ha convertido en el acontecimiento sanitario más mortal en los últimos años.

De esas seis regiones de la OMS, es muy importante mencionar que la de América es la más afectada con casi 60 millones de casos, seguidos de Europa con casi 50 millones, Asia Sudoriental con casi 18 millones, Mediterráneo oriental con 8.5 millones, África con poco más de 3 millones y el Pacífico Oriental con poco más de dos millones de casos. [1]


[1] Panel de Control de la Enfermedad por Coronavirus de la OMS (COVID-19).

México, por su parte, ha sido uno de los países mayormente impactados, con más de 2 millones trescientos mil casos confirmados y 212,339 decesos que, como cifras oficiales, la Secretaría de Salud ha registrado al 18 de abril pasado.[1] Esto quiere decir que el índice de mortalidad en México es del 9.2%; cifra muy por encima de la tasa de letalidad mundial.


[1] Informe técnico diario COVID-19 México. Secretaría de Salud. Al 18 de abril de 2021.

Existen diversas hipótesis y puntos de vista sobre el cómo debió manejarse la emergencia sanitaria en México, resultado de la pandemia; sin embargo, a pesar de las diversas opiniones, algo que es un hecho y la mayoría pudimos constatar, es que el sistema de salud mexicano quedó rebasado ante la ocupación hospitalaria que durante las diversas oleadas de contagios -en diferentes momentos de la pandemia- se presentaron; desde el primer trimestre de 2020 al día hoy, provocando la saturación en la demanda de los servicios de salud, la incapacidad material y de infraestructura y, por supuesto, el evidente desgaste físico, mental y moral de nuestro personal sanitario, quienes claramente, han librado esta larga y compleja batalla desde la primera línea de defensa.

Este antecedente de la pandemia resulta importante traerlo al contexto de este artículo, pues en cada lugar del mundo en donde se dieron los casos, éstos se presentaron de manera repentina, sorpresiva e imprevista, y provocó desestabilidad en la rutina ordinaria de todos los países, sin importar lo robusto o débil que pudieran ser los respectivos sistemas de salud. Algo que en definitiva sí quedó al descubierto, es la necesidad de invertir más en los sistemas sanitarios de algunas naciones, pues coincidentemente, en los países en donde más decesos se han presentado son justamente aquellos cuya inversión está por debajo de los estándares; México, no es la excepción.

Nuestro gasto sanitario representa el 5,5% del Producto Interno Bruto (PIB), mismo que se encuentra entre los más bajos de los países OCDE; de esa cifra el gasto es mitad público y la otra mitad es privado. La cobertura de seguro de salud para las poblaciones vulnerables ha mejorado, pero persisten las brechas. La cobertura de un conjunto básico de servicios de salud en México es

la más baja en la OCDE con 89,3%. Los gastos de bolsillo siguen siendo altos, con un 41% del gasto total en salud. Los indicadores resaltan dificultades en la calidad de la atención: por ejemplo, los ingresos evitables por diabetes son casi el doble del promedio de la OCDE (249 por 100 000 personas), y la mortalidad a los 30 días después de un ataque cardíaco es casi cuatro veces el promedio de la OCDE (27,5%). Las tasas de tabaquismo (7,6%) y de bebedores dependientes (1,3%) son relativamente bajas en México. Dietas mal equilibradas y estilos de vida sedentarios contribuyen en gran medida a que una gran proporción (72,5%) de la población mexicana. [1]


[1]https://www.oecd.org/mexico/health-at-a-glance-mexico-ES.pdf

Adicionalmente a la mejora en conceptos cuantitativos relativos a la imperante necesidad de invertir más en salud en México y alcanzar así los estándares internacionales debidos -al menos los de la OCDE-, las variables en las que radican el contar con campañas de prevención debidamente comprensibles y socializadas, enfoques para atender anticipadamente las principales enfermedades que aquejan a la sociedad, y la posibilidad de establecer estrategias inmediatas pero con una visión a mediano y largo plazo que permitan reducir la brecha epidemiológica a la que México se enfrentará en las próximas 3 décadas, son imprescindibles.

Debemos tener en cuenta que los cambios en el perfil epidemiológico en nuestro país ha ido evolucionado desde hace al menos 6 décadas, ya que en los 50´s la mayor incidencia en las enfermedades eran infecciosas; desde hace al menos veinte años, la incidencia pasó de ser infecciosa a enfermedades no transmisibles pero crónicas, siendo que las enfermedades del corazón y la diabetes, solo por mencionar algunas, son las de más prevalencia y las que más vidas están costando, sin dejar de mencionar los altos costos que para el Estado Mexicano éstas presentan.

Los malos hábitos como lo son el sedentarismo y la mala alimentación, aunado a otros factores como lo es el estrés, no abonan en la mejora de los escenarios; los mexicanos estamos dirigiéndonos hacia un estadio en el que seremos una sociedad adulta -con expectativa de vivir más años- pero con menor calidad de vida, lo que implica que viviremos más pero mal; seremos también muy costosos, pues requeriremos de mayor atención médica, y seremos menos productivos. He aquí en donde las piezas no empatan y la principal razón por la que es necesario pensar en el futuro, actuando desde ahora, y así contrarrestar un inminente escenario fatal que descompense drásticamente las finanzas nacionales y destruya de facto el sistema de salud mexicano.

En términos del cuarto párrafo del Artículo 4° de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La connotación que a la interpretación de esas diez palabras pueden dársele, debido a su amplitud, pueden ser infinitas, pero para intentar acotar el sentido y  la intención que el legislador ha querido darle, podemos sintetizarlas en: i) toda mexicana y mexicano, sin importar su edad, raza, profesión, estrato, género, preferencia sexual, religiosa y política, puede beneficiarse de los alcances de este precepto; ii) los derechos que la Constitución consagra están equiparados a los Derechos Humanos y a los Derechos Universales, sin dejar mencionar que, además, son una Garantía Individual; iii) al ser un derecho, significa que no es susceptible de negación y, por consecuencia, el Estado debe proveerlo y velar porque se respete y aplique.

Conceptos previos han sido parte de argumentos jurídicos utilizados en procesos ejercidos por la sociedad civil ante la judicialización emprendida para poder asegurar el derecho a la protección a la salud, término que, en la jerga legal, social y política de aquellos que de alguna y otra forma hemos estado relacionados con la defensa de los temas sanitarios y el acceso a los servicios, hemos traducido simple y llanamente como Derecho a la Salud, que sin duda es ese segundo componente de nuestro concepto -salud- el que debe prevalecer en todo individuo para alcanzar un estadio de bienestar, entendiéndose a éste -a su vez- como el término para hacer referencia a un estado de satisfacción personal, o de comodidad que proporciona al individuo satisfacción económica, social, laboral, psicológica, biológica, entre otras. El primer componente -el derecho- es justamente el medio que nos permite acceder -y coactivamente exigir- lo que por definición nos corresponde y debemos procurar prevalezca; la salud.

Para quienes hemos tenido el privilegio de colaborar en la generación de políticas públicas sanitarias en nuestro país, desde una óptica legal y de asuntos públicos, hemos también sido testigos de la inercia constante de cambios que, las transiciones gubernamentales, han provocado en las modificaciones a las estrategias gubernamentales en materia de salud. Es sabido que cada titular del ejecutivo, mediante su Plan Nacional de Desarrollo, define cuáles serán las directrices que su administración tendrá respecto a los rubros sociales y económicos y en el que, al menos de lo que yo he podido observar, la salud siempre ha sido parte integrante de dicho plan. No obstante lo anterior, algunas administraciones han priorizado el rubro de la salud desde una perspectiva diferente; hay quienes han pretendido enfocar más esfuerzos en infraestructura hospitalaria o en capital humano, y quienes lo han hecho para la compra de medicamentos y otros insumos para la salud, a fin de obtener más volumen a mejores costos. En uno u otro caso, la realidad es que en materia de servicios de salud y de ese derecho a la protección de la salud, aún hay grandes brechas por cerrar, pues la cobertura universal y la gratuidad en los medicamentos y tratamientos, que ha sido una prioridad en el pasado -y lo es también para la actual administración- aún no se ha concretado, lo que claramente pareciera no ser una tarea fácil.

Cuando hablamos de acceso universal a la salud y de la cobertura universal de salud, en términos de la definición que la propia OMS ha elaborado al respecto, debemos entonces entender a estos conceptos como las implicaciones de que todas las personas y las comunidades tengan acceso, sin discriminación alguna, a los servicios integrales de salud, adecuados, oportunos, de calidad, determinados a nivel nacional, de acuerdo  a las necesidades, así como a medicamentos de calidad, seguros, eficaces y asequibles; a la vez que se asegura que el uso de esos servicios no expone a los usuarios a dificultades financieras, en particular los grupos en situación de vulnerabilidad. El acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud requieren la definición e implementación de políticas y acciones con un enfoque multisectorial para abordar los determinantes sociales de la salud y fomentar el compromiso de toda la sociedad para promover la salud y el bienestar. El acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud son el fundamento de un sistema de salud equitativo. La cobertura universal se construye a partir del acceso universal, oportuno y efectivo a los servicios. Sin acceso universal, oportuno y efectivo, la cobertura universal se convierte en una meta inalcanzable. Ambos constituyen condiciones necesarias para lograr la salud y el bienestar. [1]


[1]CD53/5, Rev. 2 y CD53/R14 OPS/OMS, 2014

En las últimas dos décadas, al menos tres gobiernos, en aras de alcanzar esa universalidad a los servicios de salud y el acceso a medicamentos gratuitos, han elaborado e intentado implementar políticas públicas para allegarse cada vez más al objetivo.

Tal es el caso de la actual administración, en la que se han presentado y publicado cambios a las normativas que de alguna manera faciliten alcanzar esa utópica expectativa. Por ejemplo, en noviembre de 2018, el Congreso Mexicano que inició el 1° de septiembre de ese año, después de una avasalladora victoria política del actual titular del ejecutivo y su movimiento político (MORENA)-resultado de las elecciones de junio, también de 2018, que le dio la mayoría en ambas cámaras del Congreso de la Unión- concedió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) facultades hegemónicas para planear, establecer y conducir la política general en materia de contrataciones públicas reguladas, así como para fungir como área consolidadora de los procedimientos de compra de bienes y contratación de servicios que la propia Secretaría determine, con base en la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF). Esta reforma se ha implementado mediante la gestión directa de la Oficialía Mayor de la SHCP.

Otra de las reformas de mayor trascendencia en el sector salud, cuya intención estaba aparejada más a un tema de “ahorros”, fue justamente la que en la Cámara de Diputados se presentó por el legislador que en ese momento coordinaba la bancada del partido con la mayoría en el Congreso y en la que justificó socialmente la misma, argumentando que la misma le permitirá a México ampliar las posibilidades para adquirir medicamentos y vacunas de alta calidad, a bajo costo, que necesitan las y los mexicanos y para que el derecho a la salud sea una realidad mediante al acceso universal a servicios de salud y medicamentos gratuitos con transparencia, eficiencia y calidad.

Bajo ese tenor es que, en agosto de 2020, el Congreso reformó el artículo 1° de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), adicionando un párrafo mediante el que se establece una excepción de aplicación cuando la adquisición se trate  de insumos para la salud y mediante la cual las dependencias u organismos gubernamentales quedan facultados para adquirir a través de organismos intergubernamentales internacionales, eximiéndose de obligaciones que para las compras públicas, la LAASSP claramente establece, es decir, la licitación, invitación y adjudicación.

Considerando que el fin que tutela la LAASSP es justamente la transacción para comprar o arrendar bienes o servicios en las mejores condiciones para el Estado y para la cual, la figura prevista para ello es justamente la de licitación pública a través de la que varios ofertantes presentan sus propuestas técnicas mismas que, de cumplir con todos los requisitos que contienen las convocatorias (antes bases de licitación) permiten a las instituciones compradoras elegir la mejor oferta en función de la calidad, la cobertura de necesidades y los costos de los bienes o servicios que se están licitando, mediante estrictos esquemas de costo-eficiencia.

Si bien la regla general de las compras públicas es la licitación -por su esencia de promover la libre competencia entre los ofertantes con el fin de que éstos presenten mejores propuestas- excepcionalmente están las figuras de la invitación a cuando menos tres personas o la adjudicación directa. En ambos casos, esas modalidades de compras públicas aplican cuando haya fabricación única del bien a proveer o derechos exclusivos como las patentes, en cuyo caso no hay más ofertas en el mercado, y al ser un único proveedor, la adjudicación de la compra pública y consecuente contrato se hace a la persona que cuenta con el producto que el Estado requiere.

Además de aquellas licitaciones públicas que se llevan a cabo entre los proveedores nacionales, existen otras modalidades que permiten la ampliación del espectro para que el Estado pueda adquirir en el extranjero, bien vía tratados comerciales en los que México sea parte o licitaciones públicas internacionales abiertas, cuando la proveeduría nacional no esté en aptitud de licitar, pero en todo caso, siempre hablamos de licitación, de concursos entre los proveedores.

Lo ampliamente relevante de la reforma a la LAASSP que he mencionado previamente, es justo la posibilidad que tiene el Estado de acudir a instancias internacionales sin pasar por el proceso de licitación, yendo vía adjudicación directa; es decir, no pasa ni por licitaciones nacionales, ni bajo tratados, ni internacionales públicas abiertas; abre la posibilidad de ir mediante una figura excepcional de adjudicación directa en el mercado internacional, lo que a mi parecer, es en claro demérito de la industria nacional y una contravención a los artículos 25 y 134 de la Constitución Política de nuestro país. Resultado de ello también fue dar cabida a la figura de la UNOPS.

El objetivo de la UNOPS es ayudar al sistema de las Naciones Unidas -y a sus asociados- a proporcionar soluciones en los ámbitos de la asistencia humanitaria, el desarrollo, la paz y la seguridad. Su misión es ayudar a las personas a mejorar sus condiciones de vida y a los países a lograr la paz y un desarrollo sostenible.

Asimismo, se centran en la implementación y la eficiencia del sector privado. Son el único organismo de las Naciones Unidas que no recibe financiación básica de los contribuyentes.

Sus servicios abarcan los ámbitos de la infraestructura, la gestión de proyectos, las adquisiciones, la gestión financiera y los recursos humanos. Los asociados solicitan sus servicios para complementar sus propias capacidades, aumentar la celeridad, reducir los riesgos, fomentar la eficacia en función de los costos y mejorar la calidad. [1]


[1] www.unops.org/es/about

Si bien existen algunos datos que arrojan que la compra de insumos para la salud en otros países – como Guatemala y Honduras- mediante los esquemas de UNOPS no ha sido del todo eficiente -pues no ha logrado el total de abasto de insumos para la salud previstos en los contratos-, algo que es muy cierto es que hay una clara tendencia internacional que pretende migrar hacia estos nuevos esquemas de compras, por lo que confío en que la curva de aprendizaje por la que estamos transitando en México culminará en futuro muy temprano y se irá perfeccionado para lograr en un esquema más equitativo, competitivo y benéfico para el Estado, pero sin que ello implique un trato desigual a la industria en México.

Algo que no podemos pasar por alto, por las implicaciones sanitarias que ello puede conllevar en temas de seguridad, calidad y eficacia, son justamente los términos del Acuerdo de Equivalencias que fueron publicados en noviembre de 2020, resultado de la reforma a la LAASSP cuyo objetivo es “acelerar” el proceso de autorización sanitaria de aquellos productos que provengan del extranjero, resultado de las negociaciones que se logren con la proveeduría extranjera, mediante la figura de UNOPS.

Quienes han estado familiarizados con los procesos regulatorios en México, saben que los plazos de respuesta, en específico aquéllos relacionados a la obtención de registros sanitarios, por disposición de la normatividad mexicana, estos no son menores a seis meses. No obstante, el referido acuerdo establece plazos mucho menores de resolución a los que la industria nacional tiene para respuesta de sus trámites, sin dejar de mencionar que también se prevé la figura de afirmativa ficta ante la falta de respuesta “en tiempo” por parte de la agencia regulatoria mexicana. Esta situación genera una evidente desigualdad de trato entre la industria nacional y la proveeduría internacional.

También debe revisarse la garantía en temas de seguridad, calidad y eficacia de todos los productos provenientes del extranjero, pues el proceso “fasttrack” que establece el acuerdo, sumado a que los requisitos definidos por nuestra agencia regulatoria no son fáciles de cumplir -por las exigencias para asegurar que los productos que se internan a México, o se fabrican aquí, sean robustos-. Debemos tomar en cuenta que la COFEPRIS es una agencia certificada internacionalmente -y consecuentemente de referencia- pero no sabemos si las agencias que validan los productos en otros países cumplen con los mismos estándares.

Definitivamente, estamos frente a una clara evolución en el sistema de salud, en donde los cambios están gestándose y de los que debiéramos prever su materialización en un corto plazo, tomando en cuenta que el rubro de la salud no puede esperar.

Finalmente, en lo que a modificaciones en materia de salud se refiere, estamos siendo testigos de los nuevos aspectos que en materia de salud empiezan a surgir, como lo es el uso medicinal del cannabis, que de ser un tema que durante muchos años fue abordado con claro temor, incluso como tabú por los gobiernos y sociedades en gran número de los países del mundo, hoy se ha tornado como uno de los rubros de mayor importancia en discusiones de sobremesa y temática que, con gran amplitud, ha estado en la mira de muchos personajes de la vida jurídica, social y económica, así como también, a nivel de las agendas políticas internacionales y locales; México claramente no ha sido la excepción.

En el mundo, desde los años 60´s se ha normado el control y el uso de los estupefacientes y psicotrópicos, género del que el cannabis y sus derivados deductivamente se desprenden y que a través de sus convenciones y convenios, han pretendido establecer mecanismos que, a manera de candados regulatorios, generen contención al uso indebido de esos productos; por ejemplo, la ONU lo ha venido haciendo desde 1988 a través de la Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas.

Por su parte, nuestro país, contagiado por la efervescente inercia que amerita la discusión sobre el cannabis, desde las diferentes trincheras que conforman al Estado Mexicano, ha existido un sinnúmero de posicionamientos que han girado el timón hacia una única e inminente dirección; la próxima regulación sobre su uso y control.

LA UNIVERSALIDAD EN LA SALUD

Desde 2017, la actividad legislativa mexicana tuvo presencia cuando la Ley General de Salud y el Código Penal Federal abrieron el umbral para otorgar cierta permisibilidad al cannabis -cuando éste tuviera fines médicos o científicos-, siendo que para octubre de 2018, la propia agencia regulatoria sanitaria mexicana, emitiera unos lineamientos administrativos que permitían la importación de productos cannabinoides, situación que de alguna manera se vio también apalancada por la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que declaró que la prohibición del uso recreativo del cannabis era inconstitucional por su afectación al Libre Desarrollo de la Personalidad.

Si bien los acontecimientos de 2018 no tendrían necesariamente que estar relacionados entre sí -y que los lineamientos de COFEPRIS fueron revocados posteriormente-, lo que es cierto es que ambos partieron de un tema que coyunturalmente los encontró, y éste es el cannabis y el cómo sí se puede.

Como resultado de las reformas antes mencionadas, después de tres años de espera, el pasado 12 de enero fue finalmente publicado el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario para la Producción, Investigación y Uso Medicinal de la Cannabis y sus Derivados Famacológicos, lo que claramente refleja una voluntad política del Estado para avanzar en este tema, y si bien aún faltan temas por precisar, el contar una la política pública de esta naturaleza, es un gran avance en beneficio de los pacientes mexicanos y el acceso de éstos a nuevas alternativas farmacológicas.

Por su parte, en una clara intención de dar banderazo legislativo y bajo una evidente expectativa de avanzar en el tema, en octubre de 2019, las Comisiones Unidas de Justicia, Salud y de Estudios Legislativos -con opinión de la Comisión de Seguridad Pública- todas ellas del Senado de la República, presentaron un anteproyecto de dictamen por el que se pretendía expedir la Ley General para la Regulación y Control de Cannabis, que buscaba reformar y adicionar -respectivamente- diversas disposiciones de la Ley General de Salud; pretendiendo también reformar diversas disposiciones del Código Penal Federal, así como de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, y la Ley de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

Si bien el proyecto referido -en ese momento- trastocaba una serie de rubros, el mismo conllevaba algunas deficientes implicacioneslegales, técnicas y sociales,desincentivando la esencia pretendida; el crecimiento económico. Las deficiencias se han ido subsanando, pero han existido cambios relevantes, empezando porque la última versión que fue enviada por el Senado a la Cámara Baja     -revisada y modificada por ésta en marzo pasado y enviada de nuevo al Senado-, se deslinda completamente de los temas de salud, en el entendido que todo lo referente al rubro deberá ser regido por la Secretaría del ramo; es decir, la de Salud.

LA UNIVERSALIDAD EN LA SALUD

Cabe mencionar que, extraordinariamente, se ha solicitado una nueva prórroga por parte del Senado de la República -a la Suprema Corte de Justicia de la Nación- para que este tema en el Congreso se discuta hasta el siguiente periodo de sesiones, que iniciará en septiembre próximo.

En efecto y como hemos venido mencionando, la ley que -de manera general- regule el uso y control del cannabis se vislumbra inminente, sin embargo, aún pareciera que existen algunas piezas del rompecabezas por embonar y que de alguna manera deben asegurar que en México consideremos cada uno de los detalles que nos apunten hacia un referente internacional, pues si la intención del legislador es realmente analizar la transversalidad del tema y con ello potencializar una oportunidad como ésta para que nuestro país sea líder del tema, con un claro reconocimiento mundial y en donde el beneficio sea holístico -incluyendo a las comunidades vulnerables de nuestro México-, entonces pienso que será requisito sine qua non que todos los actores involucrados desde la sociedad civil deban ser escuchados; la oportunidad que el tema da, en definitiva, es mucho mayor que el riesgo que pudiera implicar, siempre y cuando las cosas se hagan bien desde sus cimientos. 

Por lo destacado en este artículo, puedo concluir que la salud es un rubro que, multifactorialmente, tiene un impacto en la vida de cada individuo, lo que nos hace priorizar los derechos que sobre ésta existan, y es ese el motivo por el cual he emitido esta opinión, a titulo personal, pero siempre bajo la franca intención de sumar activamente a la mejora de las condiciones de vida de la sociedad a la que pertenezco. El ejercicio de la abogacía para mí ha sido el honor más grande que profesionalmente he recibido, y si con ello puedo abonar a una causa tan noble como es la promoción del Derecho a la Salud, mi mayor satisfacción será ver materializado este beneficio en cada niña, niño, hombre y mujer que habite en México.

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PRÓRROGA PARA TERCERA ETAPA DE REFORMA LABORAL

Client Alert

CLIENT ALERT – GLZ

Se aprobó por unanimidad en la Cámara de Senadores, la minuta que modifica el artículo Quinto transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de mayo de 2019, el cual reforma la Ley Federal del Trabajo, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Ley Federal de la Defensoría Pública, Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley del Seguro Social en el ámbito de justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva.
Prórroga para tercera etapa de Reforma Laboral

Por lo que se aplazó al próximo 3 de octubre del presente año el término de inicio de funciones de las instituciones laborales locales correspondiente a la tercera etapa.

Esta tercera, y última etapa debía concluir el 2 de mayo de 2022; sin embargo, el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social expresó que con la reforma laboral de 2019 se han logrado importantes avances en favor de la justicia laboral, la democracia y la libertad sindical, y que con esta ampliación se va a garantizar los resultados positivos que se han podido observar hasta ahora en las dos etapas anteriores, de igual manera explicó que la ampliación se debe a la complejidad de los asuntos que se resuelven en dichas entidades federativas que conforman la tercera etapa.
Prórroga para tercera etapa de Reforma Laboral

Las entidades que solicitaron la prórroga son la Ciudad de México, Coahuila, Chihuahua, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Yucatán. La reforma avalada se remitió al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Esperando que esta información sea de utilidad, quedamos a tus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

ghttps://glzabogados.com/alert/clientalert-14-2022-2/