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Exigen que se apruebe ley de matrimonio igualitario en Jalisco

Guadalajara, Jal. Colectivos de la diversidad sexual recordaron que este miércoles 26 de enero se cumplieron seis años de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al Congreso del Estado armonizar la ley referente al matrimonio igualitario, al considerar discriminatorio el Código Civil del Estado por dejar fuera a las parejas del mismo sexo, pese a lo cual los legisladores siguen ignorando el ordenamiento.

“Como cada año, desde entonces exigimos al Congreso de Jalisco que acate la orden. Sabemos que esta instancia puede seguir ignorando la agenda pendiente referente a la población LGBTI+, pero ya hemos hecho de su conocimiento que si nuestras peticiones no son atendidas antes del 17 de mayo 2022, tendremos que recurrir a los recursos de amparo por omisiones legislativas”, advirtieron colectivos como Unión Diversa de Jalisco o Marcha del Orgullo de Guadalajara.

Recordaron también que entre las exigencias que han hecho a las autoridades jaliscienses está la prohibición y castigo a quien practique “las mal llamadas terapias de conversión”, una ley de identidad de género, la tipificación del delito de crimen de odio, transfeminicidio, además de políticas públicas medibles y tangibles.

“Queremos anunciar que de no atenderse la agenda LGBTI+ por parte del Congreso del Estado tendremos que salir, a partir del sábado 11 de junio, todos los sábados a marchar hasta que la deuda histórica quede saldada, hasta que gocemos de los derechos que nunca debieron ser negados”.

Sólo los dos diputados que integran el grupo parlamentario del partido local Hagamos se sumaron al llamado que cada año realizan las organizaciones LGBTQ+ y pidieron al resto de la Legislatura que se agenden los temas pendientes en la materia, en especial la reforma a los artículos 260, 261 y 267 bis del Código Civil del Estado de Jalisco, declarados inconstitucionales.

FUENTE: lajornada

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AMLO: reforma eléctrica no afecta al T-MEC

«No se afecta en nada el tratado (…), el T-MEC no tiene nada que ver con la corrupción y eso fue lo que le dijimos a Kerry. Nosotros vamos a cumplir y queremos tener siempre una buena relación con Estados Unidos (…) no nos vamos a pelear con el gobierno de Estados Unidos pero no aceptamos la corrupción», dijo López Obrador.

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó el jueves que una propuesta suya para reformar el sector eléctrico en México y que aún debe ser sometida a discusión y votación en el Congreso, afecte al tratado comercial de Norteamérica (T-MEC), como han advertido funcionarios de Washington y otros sectores.

Así, López Obrador respondió a una pregunta sobre las declaraciones del enviado especial estadounidense para el clima, John Kerry, quien dijo el miércoles que instó al mandatario a garantizar que los cambios planeados en el sector eléctrico no infrinjan el tratado.

López Obrador se reunió el miércoles con Kerry, quien realizó una visita para abordar entre otros temas una discutida reforma del sector eléctrico local, la cual ha causado preocupación en Estados Unidos y Canadá ya que podría afectar inversiones de ambos países y favorecería a la empresa estatal CFE.

«Fue una conversación amable, respetuosa (…) Le aclaramos que estamos a favor de las energías limpias y en contra de los negocios sucios y vamos a convencer y persuadir que a todos nos conviene que no se (…) destruya a la CFE», expresó López Obrador en su conferencia mañanera.

«No se afecta en nada el tratado (…), el T-MEC no tiene nada que ver con la corrupción y eso fue lo que le dijimos a Kerry. Nosotros vamos a cumplir y queremos tener siempre una buena relación con Estados Unidos (…) no nos vamos a pelear con el gobierno de Estados Unidos pero no aceptamos la corrupción», sostuvo.

La reforma constitucional propuesta por López Obrador prioriza a la estatal de electricidad, CFE, frente a actores privados, algo que ha levantado críticas de varios sectores que aseguran que el cambio socavaría la inversión en energías limpias.

FUENTE: eleconomista

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CDMX agrega cuidado de ‘lomitos’ como trabajo comunitario si infringes Ley de Cultura Cívica

El trabajo comunitario es una modalidad de pago opcional a la multa y a las horas de arresto.

Seis hombres y cinco mujeres convivieron con perros, los pasearon y efectuaron labores de limpieza en sus áreas de estancia. (Cuartoacuro).Por Redacciónfebrero 01, 2022 | 16:44 pm hrs

Quienes infrinjan la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México realizarán trabajo comunitario con animales, así lo informó en un boletín la Consejería Jurídica y de Servicios Legales (Cejur).

Detalló que el lunes seis hombres y cinco mujeres convivieron con perros, los pasearon y efectuaron labores de limpieza en sus áreas de estancia y pernocta, como parte del trabajo comunitario.

La Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica -adscrita a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales- y la Brigada de Vigilancia Animal se coordinaron para beneficiar a los huéspedes animales objeto de protección y cuidados, apoyados desde ahora con el trabajo de personas infractoras.Así surgió el Barrio Chino de la CDMX


El trabajo comunitario es una modalidad de pago opcional a la multa y a las horas de arresto. El juez cívico establece la sanción y la persona infractora decide si prefiere el trabajo comunitario. 

En este primer mes de 2022, un total de 160 personas infractoras se han presentado a desarrollar trabajo comunitario en alguna de las actividades programadas, algunas de ellas son:

  • Balizamiento de banquetas.
  • Riego de jardines.
  • Limpieza y recuperación de espacios públicos.
  • Participación en brigadas del Instituto de la Juventud (INJUVE).
  • Asistencia a talleres de prevención del delito, adiciones y Cultura Cívica.

FUENTE: elfinanciero

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Presentan proyecto para elevar a dos semanas el mínimo de vacaciones en México

El Senado de la República recibió ayer un nuevo proyecto que busca elevar el mínimo de vacaciones al que tienen derecho los trabajadores en México y duplicar el piso actual contemplado en la Ley Federal del Trabajo (LFT), uno de los más bajos a nivel global. Con esta nueva propuesta, la Cámara Alta suma tres iniciativas en este sentido.

La senadora Patricia Mercado (MC) presentó este jueves a nombre de su bancada una iniciativa para que las personas trabajadoras gocen de un periodo vacacional de al menos 12 días al cumplir el primer año de servicio en una empresa, mismo que incrementará en dos días por cada año subsecuente hasta acumular 20 días. Posteriormente, como se contempla en el esquema actual, aumentará en dos días al completar un ciclo de cinco años de antigüedad.

Actualmente la LFT establece un período mínimo de vacaciones de seis días. De acuerdo con el World Policy Analysis Center, nuestro país es una de las economías donde los trabajadores gozan de menos días de vacaciones, un nivel que se equipara a la realidad de naciones como Nigeria, China, Uganda, Filipinas, Malasia o Tailandia, que conforman el grupo de países con un período por debajo de los 9 días.

A nivel de Latinoamérica la historia no es diferente, México también es uno de los países en la región con la regulación más precaria en esta materia. En Cuba, Panamá o Nicaragua, por ejemplo, los trabajadores gozan de 30 días de vacaciones en su primer año de servicio, para que un mexicano iguale esa cantidad, debería trabajar por 45 años continuos en una misma empresa.  

“Las pobres condiciones laborales que enfrentan las personas trabajadoras en nuestro país afectan significativamente la calidad de vida de la ciudadanía, lo cual se ve reflejado en que nuestro país ocupe el lugar 39 de 40 en el Índice para una Vida Mejor”, señala en su iniciativa Patricia Mercado, secretaria de la Comisión de Trabajo del Senado.

La propuesta plantea que los días acumulados por la antigüedad previo a la entrada en vigor de la reforma, serán respetados y sumados al nuevo mínimo legal.

En las cinco décadas de vigencia de la Ley Federal del Trabajo, el marco regulatorio de las vacaciones no ha sido reformado, paradójicamente, la misma vigencia tiene el convenio 132 de la Organización internacional del Trabajo (OIT) en el que recomienda un piso mínimo de 18 días de vacaciones pagadas.

“Resulta pues impostergable disponer mejoras significativas y palpables para las personas trabajadoras en la garantía de sus derechos y las condiciones en que desempeñan sus actividades, en consenso con el sector empleador, las organizaciones sindicales y la ciudadanía que vive a diario la precariedad”, apunta la legisladora.

Este rezago en el esquema de vacaciones, opina Patricia Mercado, está alineado a un bono cultural que da mayor valor al trabajo de las personas por el número de horas que destina al trabajo y no por lo que aportan. Sin embargo, el descanso también es importante para la productividad.

Beneficio con impacto múltiple

A través de redes sociales, legisladores de Movimiento Ciudadano han creado el movimiento #VacacionesDignasYa para promover la mejoría de esta prestación laboral. Esta propuesta se suma a las iniciativas presentadas por el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Encuentro Social (PES) en el Senado para elevar a 10 y 18 días, respectivamente, el piso mínimo.

“La mejora de las condiciones laborales es también condición para reducir los altos índices de informalidad en el país, generando mayores atractivos para que las personas decidan incorporarse al mercado forma”, expone Patricia Mercado.

Entre los argumentos de las iniciativas, también destaca el impacto positivo para el sector turístico al garantizar más días de vacacionas pagadas.

Aunque se ha hablado poco del tema desde el ejecutivo, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó en una de sus conferencias matutinas que el período vacacional es bajo y es justo; en ese tenor, prometió atender este asunto.

FUENTE: eleconomista

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Presentan Iniciativa de Ley: “Los derechos de la naturaleza”

En reunión de trabajo, se realizó la propuesta que busca lograr se reconozca a la naturaleza como sujeto de derecho, también se aclaró que esta Iniciativa se ha impulsado en otras partes de América Latina.

Tuxtla Gutiérrez, 8 de febrero de 2022.- La Comisión de Selvas y Bosques de la LXVIII legislatura de Chiapas, ejidatarios de las Cascadas de Bascan, en Palenque y el ambientalista Julio César Romari Cortés, presentaron la iniciativa de ley: “Los Derechos de la Naturaleza”.

En reunión de trabajo, se realizó la propuesta que busca lograr se reconozca a la naturaleza como sujeto de derecho, también se aclaró que esta Iniciativa se ha impulsado en otras partes de América Latina.

La diputada presidenta de la Comisión, María Luisa López Sánchez anotó que no solo tiene que observarse en un solo rubro la protección del entorno ambiental, sino en toda la entidad chiapaneca, pues hay mucho que atender y observar, para el bien de la naturaleza y del ser humano.

Romari Cortés, indicó que espera que, de lograrse, se deje un legado para las nuevas generaciones.

Romari Cortés, indicó que espera que, de lograrse, se deje un legado para las nuevas generaciones y al estar en la Constitución del Estado, pueda ya verse desde un ángulo distinto donde se anote que todos somos parte de la naturaleza y no ella de nosotros, de ahí el nombre que se asume como iniciativa.

Se acordó sostener nuevas reuniones que permitan ir enriqueciendo el trabajo, para así dar un trabajo formal y que encuadre el proceso legal, ya que aún se está a tiempo de atender el fenómeno del cambio climático, el agua, la tierra, flora y fauna, deben tener la protección legal, concluyó.

FUENTE: chiapasparalelo

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AMLO anuncia programa de compensación para extrabajadores de Luz y Fuerza

La pensión busca beneficiar a 8 mil 892 familias de los extrabajadores de la compañía de manera permanente.

Por Redacciónfebrero 10, 2022 | 7:41 am hrs

El tema sobre las jubilaciones pendientes de los trabajadores que fueron despedidos de la compañía de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) en 2009 y que contaban con al menos con 19 años de servicio será finalmente atendido por el Gobierno Federal a través del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (INDEP), anunció este jueves el presidente López Obrador.

El Programa especial de compensación por justicia social a extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro a cargo del instituto está orientado a brindar un apoyo permanente a las 8 mil 892 personas que prestaron servicio a la compañía por los años señalados.

La medida “responde a una legítima demanda social para garantizar una compensación a todos aquellos extrabajadores que al 11 de octubre del 2009 tenían por lo menos 19 años, seis meses y un día de tiempo servicio”, dijo el licenciado Ernesto Prieto Ortega, titular del organismo.La mala relación de AMLO con España se puede extender por la Unión Europea: especialista


La liquidación de la compañía en octubre de 2009 tuvo como resultado que se privara de empleo a miles de personas y se truncara el proceso de jubilación de algunas de estas por lo que el gobierno decidió atender sus demandas.

“Ya son mayores muchos de ellos y del movimiento que desde entonces existe por la injusticia que significo despedir a mas de 40 mil trabajadores en el marco de la política neoliberal privatizadora. Ahora se ha decidido apoyarlos”, anunció López Obrador.

La compensación será otorgada de manera mensual e irá de los 3 mil 200 pesos a un máximo de 67 mil pesos.

De acuerdo con el desglose presentado por el INDEP, el ingreso promedio mensual de 4 mil 270 exempleados será de 3 mil 200 a 10 mil pesos; de 10 mil a 20 mil pesos, para 3 mil 673; hasta llegar a 25 personas que serían las que podrían obtener los 67 mil pesos como máximo.Amparos orillaron a AMLO a impulsar la reforma eléctrica: especialista


De acuerdo con el monitoreo elaborado por el INDEP, de los 9 mil 242 trabajadores que contaban con 19 años, seis meses y un día de haber laborado para LyFC, 352 han fallecido y cinco ya están jubilados por lo que 8 mil 892 personas con una edad promedio de 59 años serán las acreedoras del beneficio.

¿Cuáles son los requisitos?

Si estás interesado/a en obtener el apoyo, deberás cumplir con los siguiente:

  • Haber cubierto un mínimo de servicio de 19 años, seis meses y un día.
  • Desistir de la junta Federal de Conciliación y Arbitraje de todos los juicios presentes y futuros en contra del LFC, SENER, INDEP y LFCL.
  • Entregar la documentación correspondiente disponible en el portal de https://www.gob.mx/indep/es/ así como en el CAP México-Coyoacán.

¿Cómo solicitar la pensión?

Las personas interesadas deberán acudir al Centro de Atención (CAP-Coyoacán) en el horario señalado en la cita con la solicitud y documentación requerida.

Una vez cumplido con esto, se informara a la persona sobre la procedencia de su solicitud personalmente, por teléfono o por correo electrónico. Si la respuesta es positiva, se le pedirá que asista a la formalización de su convenio individual.

El tiempo para recibir la pensión desde que se realiza en trámite es de cuatro a seis meses máximo.

Cualquier duda sobre los requisitos y documentación puede ser consultada en el portal del INDEP: https://www.gob.mx/indep, al teléfono 55 91 834344 o en el Centro de Atención (CAP-Coyoacán) de lunes a viernes en un horario de 8 a 15 horas.

FUENTE: elfinanciero

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Expertos comparan iniciativas de ley de ciberseguridad en México

Las tres iniciativas en materia de ciberseguridad muestran vacíos en definiciones y tipificación de delitos, de acuerdo con las categorías establecidas por el Consejo de Expertos en Regulación y Ciberseguridad (CERC).

De las trece iniciativas en materia de ciberseguridad que se han presentado a los legisladores en México, nueve son propuestas de modificaciones de ley; cuatro son propuestas de ley de ciberseguridad y de éstas, tres fueron analizadas por el comité de Asuntos Regulatorios del Consejo de Expertos en Regulación y Ciberseguridad (CERC) formado por la empresa de ciberseguridad Metabase Q y distintos especialistas del sector público y privado.

Las iniciativas de la senadora por Morena, Lucía Trasviña; del senador del PRD, Miguel Ángel Mancera, y del diputado de Morena, Javier Salinas Narváez, fueron las tres propuestas de ley analizadas por los integrantes del CERC durante el primer año de operación de este consejo. El análisis compara las definiciones de términos como ciberdelito y ciberamenaza, entre muchos otros, contenidas en las iniciativas de ley; así como la infraestructura institucional en materia de ciberseguridad que estas contemplan para México y los delitos que tipifican.

Vacíos

Las tres iniciativas muestran vacíos de acuerdo con las categorías establecidas por el consejo. Según el estudio, mientras que la iniciativa de la senadora Trasviña carece de una definición de ciberdelito, la del diputado Salinas Narváez no cuenta con una definición de riesgo y al senador Mancera le faltó incluir una definición de ciberdelincuencia en su propuesta.

Las iniciativas también presentan diferencias respecto de la infraestructura institucional con la que debe contar el Estado mexicano para garantizar la seguridad de los ciudadanos en el ciberespacio. La senadora Trasviña propone la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Informática, una dependencia que dependería de la Secretaría de Seguridad Pública; el diputado Salinas plantea la creación de una plataforma nacional de ciberseguridad, que sería administrada por el Cert MX, y para el senador Mancera, la mejor institución en materia de ciberseguridad sería un Centro Nacional de Ciberseguridad, que pertenecería al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En cuanto a los delitos, la iniciativa que presenta más deficiencias es la del diputado Salinas Narváez, pues no tipifica delitos como la alteración del funcionamiento de un sistema, el causar vulnerabilidades a sistemas informáticos, la suplantación de identidad. Al mismo tiempo, las iniciativas de los senadores Trasviña y Mancera carecen de una definición de las infracciones a la ley por sujetos obligados de carácter público y privado.  

Durante 2021, México sufrió 156,000 millones de intentos de ciberataques, lo que representa en promedio un total de 427 millones de ciberataques diarios. Con esta cifra, México pasó a ocupar el primer lugar entre los países objetivo de ciberataques en América Latina, seguido por Brasil, Perú y Colombia, de acuerdo con la compañía de ciberseguridad Fortinet. 

Recomendaciones

La aplicación de mejores prácticas internacionales y la coordinación entre los distintos sectores de la sociedad son las principales recomendaciones de los expertos del CERC acerca de las regulaciones en materia de ciberseguridad que se encuentran en el Poder Legislativo en México. De acuerdo con Liliana Jiménez, directora de Vinculación Institucional de Metabase Q, las recomendaciones se han hecho llegar a los legisladores a través de la Mesa de Ciberseguridad del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y también han establecido contacto con la Secretaría de Educación Pública y la Cancillería federales.

El consejo también recomienda darle seguimiento a la Estrategia Nacional de Ciberseguridad creada por la administración de Enrique Peña Nieto en 2017, la cual nunca fue llevada a la práctica. En 2020, distintas organizaciones de la sociedad civil alertaron sobre los riesgos de violación a los derechos humanos que suponían las propuestas de los senadores Trasviña y Mancera.

Manuel Molano, consejero en México Unido contra la Delincuencia y miembro del CERC, dijo que este análisis de nuevo trae a la mesa el debate acerca de si es necesaria una legislación específica en materia de ciberseguridad o si sólo es necesario atender a los procedimientos legales de la regulación actual. «Muchas de estas conductas ya están reguladas y lo que necesitamos es un esfuerzo en la parte de hacer cumplir la ley», dijo.

El Consejo de Expertos en Regulación y Ciberseguridad está compuesto por 17 expertos de distintas disciplinas provenientes de los sectores público, privado, organizaciones de la sociedad civil y la academia, organizados en cuatro comités: Asuntos Regulatorios, Educación, Concientización y Elaboración de Documentos. Entre los integrantes de este consejo también se encuentran: Alma Rangel, directora ejecutiva de Codeando México; Carlos González, director general y jefe regional de Pagos Globales y Gestión de Efectivo en HSBC; Silvia Dávalos, directora general de Políticas Públicas y Comisiones en el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y Ricardo Cavazos, director general y socio fundador de MBCA Consultores. 

Puedes acceder al estudio del CERC y Metabase Q aquí: https://global-uploads.webflow.com/5fffaaff80401ac09b3ae4ff/601b2f5330d97e365260b9c7_271120_Comparativo_de_Iniciativas_Congreso_VF.pdf

rodrigo.riquelme@eleconomista.mx

FUENTE: eleconomista

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CLIENT ALERT #5

OBLIGACIÓN DE EMPRESAS

OBLIGACIÓN DE EMPRESAS DE DOCUMENTAR A BENEFICIARIOS CONTROLADORES

A partir del presente año, las personas morales y fideicomisos, deben de recabar y mantener datos y documentación de sus “beneficiarios controladores», entendiéndose por estos los accionistas, socios, integrantes de consejos de administración, fideicomitentes, fideicomisarios y fiduciarios. Lo mismo aplica a quienes por relaciones contractuales o de otra naturaleza, ejercen un control sobre personas morales.

Dicha documentación e información, deberá ser entregada al Servicio de Administración Tributaria en caso de que esa autoridad lo solicite. De no hacerlo así, procedería la imposición de multas hasta por la cantidad de $2 ́000,000.00 (dos millones de pesos), por cada beneficiario controlador.

En GLZ, nos encontramos analizando las situaciones particulares de cada cliente para asesorarlos en el puntual cumplimiento de esta nueva normatividad desde un punto de vista corporativo y fiscal, para que con ello, eviten contingencias ante autoridades tributarias.

Sin más por el momento, invitamos a nuestros clientes a que, en caso de tener duda sobre el tema, nos contacten a efecto de brindarles una asesoría al respecto.

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CLIENT ALERT 2022 “CRIPTOMONEDAS”

RÉGIMEN FISCAL APLICABLE A “CRIPTOMONEDAS”

Los activos virtuales, conocidos como “Criptomonedas” o monedas virtuales, se caracterizan por ser comercializados de forma descentralizada (es decir, sin intervención directa de entidades del sistema financiero) y por ser diseñados para el intercambio de información digital. Actualmente, la inversión en dichos activos virtuales es muy común, así como su compraventa y utilización para la adquisición de bienes y servicios. Es por ello, que es importante conocer las implicaciones fiscales de dichas operaciones.

En la legislación fiscal mexicana no existe un régimen específico en el que se prevea el esquema tributario para quienes obtienen este tipo de ingresos, lo anterior, en virtud de que las criptomonedas no cumplen con los requisitos para ser consideradas como una moneda de curso legal. Es por ese motivo, que los ingresos obtenidos por ese concepto deberán de tributar, con base en lo dispuesto en el régimen fiscal de enajenación de bienes, al ser considerados como ingresos derivados de la compraventa de activos virtuales.

Considerando lo anterior, es que, en principio a la compraventa de criptomonedas, les resultaría aplicable una retención del 20% del precio, por concepto del Impuesto Sobre la Renta, sobre el total de la transacción.

Ahora bien, es importante insistir que aun cuando en México no existe regulación fiscal específica en materia de criptomonedas, los ingresos obtenidos por la realización de las operaciones comentadas causarán impuestos.

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EN NUESTRA OPINIÓN

En Nuestra opinión

La evolución de los Derechos Humanos de las mujeres y niñas.

A partir de las Declaraciones Universal y Americana de Derechos Humanos se desarrolló una serie de instrumentos internacionales en la materia, de carácter universal, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles, Políticos y Regional, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos; de contenido general, y específico, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), de naturaleza declaratoria y vinculante.

Un aspecto importante es el tránsito de la utilización de “derechos del hombre” a “derechos humanos”, que tuvo lugar justamente con su internacionalización, desde la Declaración Francesa de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 y, posteriormente, en diversas constituciones, como en México la de 1857, en la que se utilizó el término “derechos del hombre”, con implicaciones no sólo gramaticales, sino sustantivas. Un ejemplo de ello lo podemos observar con claridad en el artículo seis de la Declaración Francesa, que otorgaba a todos los ciudadanos los derechos políticos, pero las mujeres entonces no gozaban de tal estatus.

Fue Eleonor Roosevelt quien participó en la elaboración de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, la que fomentó en la versión en inglés que se utilizara la locución “Human Rights”, para ya no hablar de los derechos del hombre o de la mujer, sino utilizar una expresión neutral y plural; no obstante, la versión en español cambió “derechos del hombre” hasta 1952, mediante una Resolución de Asamblea General de rubro “Adopción en español del término ‘derechos humanos’ en vez de “derechos del hombre””.

Las mujeres y niñas tienen derecho a no sufrir discriminación ni violencia por el hecho de haber nacido mujeres. Tienen derecho a no ser maltratadas ni asesinadas por sus parejas o exparejas, a no vivir con el miedo constante a ser agredidas sexualmente con impunidad, a no ser discriminadas en el trabajo ni en el acceso a los recursos económicos y de producción, a vestirse como quieran, a estudiar lo que quieran, a decidir sobre su cuerpo, su sexualidad y su reproducción sin coacción ni presiones. Tienen derecho a expresarse libremente, a hablar alto y reclamar sus derechos sin miedo a ser encarceladas, perseguidas o asesinadas por ello.

Hace 70 años, las naciones del mundo adoptaron el compromiso de fomentar los derechos humanos y libertades sin distinción de sexo, raza, idioma y religión. Desde entonces se han puesto en marcha numerosos mecanismos y leyes, a nivel internacional, regional y nacional, para asegurar que dichos derechos y libertades llegan de manera efectiva a esa mitad de la población, las mujeres.

  • En 1979 se aprobó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, instrumento clave de Naciones Unidas en la protección de los derechos de las mujeres.
  • Desde el 2000 se han aprobado ocho resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el impacto desproporcionado de los conflictos en las mujeres y las niñas y que promueven su participación en el mantenimiento de la paz. 
  • En 2010 se creó ONU Mujeres, organismo de Naciones Unidas centrado en impulsar la igualdad de género en el mundo. 
  • En 2011 se aprobó el Convenio de Estambul, con el objetivo de abordar todas las formas de violencia hacia las mujeres en Europa. 
  • En 2015 se aprobó la Agenda 2030  para el Desarrollo Sostenible que incluyó la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres dentro de sus Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
  • En 2018 el Foro Económico Mundial hizo un llamamiento para que ese año fuera “el año en que las mujeres prosperen”, dando luz a otro ámbito, el laboral y económico en el que también son discriminadas.
  • En 2018 la Comisión Europea puso en marcha la plataforma “European Network forWomen in Digital” para reducir la brecha de género digital en la UE.
  • En 2018 el Consejo de Europa publicó su segunda Estrategia de Igualdad de Género que busca la igualdad de hombres y mujeres en todos los niveles.

El problema que aún existe en diversas partes del mundo es que las mujeres sufren discriminación violencia continuamente, ya sea institucionalizada por ley o en la práctica, incluso en países con leyes que garantizan la igualdad. Y aunque se han conseguido avances significativos, en ningún país del mundo se ha alcanzado la plena igualdad de género.

En numerosos lugares del mundo a las mujeres se les niega la igualdad de derechos, lo que limita su autonomía y poder de decisión, su acceso a la justicia, a la educación, a la salud y a los recursos económicos, en un intento de convertirlas en ciudadanas de segunda. También son perseguidas por exigir sus derechos y alzar la voz contra la injusticia, por difundir información e ideas o, incluso, por su forma de vestir.

La falta de acceso en igualdad a la participación en la vida pública y política hace más difícil que las voces de las mujeres sean escuchadas, y cuando se atreven a defender sus derechos son perseguidas, amenazadas, agredidas e incluso pagan con su vida. Además, se les dificulta el acceso a cuestiones tan vitales como la tierra y la propiedad, lo que les sume en la pobreza.

Aunque casi la mitad de la mano de obra agrícola del mundo es femenina, las mujeres poseen menos del 20 por ciento de las tierras de cultivo. Al mismo tiempo, el 60 por ciento de las personas que padecen hambre crónica en el planeta son mujeres o niñas.

Según el Banco Mundial, 104 países tienen leyes que impiden a las mujeres realizar determinados trabajos y 18, leyes que permiten a los maridos impedir legalmente el trabajo a sus esposas. Y la Organización Internacional del Trabajo estima que 740 millones de mujeres trabajan en la economía informal, sin protección legal y con acceso o limitado o nulo a los sistemas de seguridad social. Además, existen 59 países que carecen de leyes sobre el acoso sexual en el lugar de trabajo.

Por si no fuera poco, las mujeres siguen soportando una carga desproporcionada del trabajo no retribuido y de cuidados. El 65% de las personas sin pensión regular de jubilación son mujeres y casi 750 millones no tienen permiso de maternidad.

El número de hijos, cuándo y con quién tenerlos, o poder acceder al aborto, son cuestiones sobre las que las mujeres deberían tener la primera y la última palabra. Sin embargo, la sexualidad y la reproducción son objeto de numerosas leyes o prácticas ideadas para que otros controlen y tomen decisiones sobre el cuerpo de las mujeres, lo que hipoteca sus opciones de vida.

La violencia contra las mujeres es la consecuencia más extendida y visible de la discriminación de género y tiene múltiples formas. La violencia en las relaciones de pareja, la violencia sexual, la violación de mujeres y niñas en contextos de guerra o prácticas como la mutilación genital femenina son caras de una violencia que se ejerce contra las mujeres por el hecho de serlo.

Según la ONU se estima que el 35 por ciento de las mujeres de todo el mundo ha sufrido violencia física y/o sexual por parte de un compañero sentimental o violencia sexual por parte de otra persona distinta a su compañero sentimental (estas cifras no incluyen el acoso sexual) en algún momento de sus vidas.

violencia sexual es, asimismo, una de las formas más significativas de la violencia contra las mujeres y la mayoría de los perpetradores gozan de impunidad. En algunos países la legislación incluso discrimina a las supervivientes, las estigmatiza y agrava su sufrimiento. En el mundo 150 millones de niñas menores de 18 años han sufrido agresión sexual, en la Unión Europea, una de cada tres mujeres ha sufrido agresiones o abusos sexuales desde los 15 años de edad. Esta cifra se agrava en los países en conflicto dónde tan solo en el año 2018, la ONU documentó más de 2.500 incidentes de violencia sexual. Las redes sociales son un nuevo escenario de abusos contra las mujeres y niñas, algo que documentó Amnistía Internacional en un informe realizado sobre Twitter en países como Argentina, India, Reino Unido y Estados Unidos. En estos espacios son frecuentes los insultos misóginos, incluidas amenazas de violación.

Aún falta mucho camino por recorrer en el mundo, para que exista una igualdad de género y los Derechos Humanos sean equitativos.