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Entraron en vigor los cambios en la Ley de Movilidad de CDMX: cuáles son los beneficios

Las modificaciones buscan simplificar algunos trámites de control vehicular, como el alta de placas de automóviles nuevos y usados, el cambio de propietario o el refrendo de la tarjeta de circulación, entre otros

Realizar trámites vehiculares en la Ciudad de México ahora será mucho más sencillo.

Esta semana, el gobierno capitalino dio a conocer los cambios que introdujo en el reglamento de la Ley de Movilidad estatal, y que simplificaránla gestión de algunos procesos habituales, como el alta de placas de vehículos nuevos y usados, la baja de un automóvil, la reposición de la Tarjeta de Circulación, o el cambio de domicilio, de motor o propietario.

“La cantidad de trámites que se tenían que realizar para que las personas se reemplacaran en la ciudad, si tenían vehículo emplacado en otra entidad de la República, o para cambio de propietario, pues era prácticamente imposible de cumplir”, dijo al respecto la jefa del ejecutivo estatal, Claudia Sheinbaum.

Las modificaciones se publicaron en la Gaceta de la Ciudad de México el pasado martes y entraron en vigor este miércoles 24 de noviembre. Básicamente, se eliminan múltiples requisitos que antes sí se exigían y dificultaban los procesos.

“Parecen menores digamos las modificaciones, pero el [hecho de] que para hacer un cambio de propietario uno tuviera que tener el papel de la tenencia pagada de hace seis años, cuando se puede ver directamente si tiene deudas o no con la tesorería, pues no tiene mucho sentido”, agregó Sheinbaum.

Con las nuevas medidas, los propietarios de vehículos particulares o de ruta fija, taxis o transporte de carga no tendrán que presentar un comprobante de domicilio. Para acreditar sus datos personales, bastará con mostrar el INE o facilitar una carta firmada bajo protesta de decir verdad, que incluya el nombre, dirección y número de teléfono del titular. Además, tampoco será obligatorio el pago de infracciones al momento de realizar la gestión. Los conductores podrán completar el trámite y después, más adelante, abonar sus multas.

El subsecretario de transporte de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (SEMOVI), dijo que los cambios tienen fundamentalmente tres ejes.

“El análisis contempló pues, cómo facilitamos estos tipos de trámites, cómo lo hacemos más accesible para el ciudadano, y tenemos ahí tres rubros importantes: uno que se refiere a la revisión de pagos; otro al que se refiere a la revisión de infracciones y otro que se refiere a la actualización de los datos personales del interesado al hacer un trámite de control vehicular”.

Al simplificar esos tres puntos a través del programa integral, se espera ayudar a los ciudadanos a cumplir con sus obligaciones y que esto tenga una repercusión en la Tesorería estatal, aumentando los ingresos de la capital.

“De manera muy sintética, lo que permite es que los ciudadanos tengan una experiencia mucho más sencilla, con mucho menos espacio para la corrupción y que, de manera más rápida puedan regularizar sus vehículos y cumplir con sus obligaciones ante la Ciudad de México”, apuntó el director general del Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), Eduardo Clark García Dobarganes.

Cambios al reglamento de la Ley de Movilidad: ¿Cuáles son los beneficios?

– Se facilitará el alta de placas de vehículos nuevos y usados, baja de vehículos, la reposición de la Tarjeta de Circulación, cambios de domicilio, de motor y de propietario.

– No se pedirá ningún documento para certificar la revisión de pagos: antes se pedían seis documentos de pago. Ahora se verificará de forma automatizada por el webservice de SEMOVI y la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

– El pago de infracciones ya no será un requisito, así que los usuarios podrán realizar sus trámites vehiculares y después, cumplir las infracciones. La revisión del cumplimiento de pagos de sanciones seguirá vinculada a la verificación vehicular o al ser remitidos al corralón.

– Ya no se requerirá un comprobante de domicilio para comprobar tus datos personales. Ahora bastará con la credencial del INE o con una carta bajo protesta de decir verdad en la que figure el nombre, domicilio y teléfono del titular o en su caso, correo electrónico.

Además, García Dobarganes indicó que están trabajando para digitalizar trámites como el refrendo de la tarjeta de circulación y el alta de vehículos foráneos.

Trámite a trámite: ¿qué requisitos se exigirán ahora?

Alta nuevos vehículos: identificación oficial (o comprobación digital de identidad); factura o carta factura; y tarjeta INE o carta firmada bajo protesta de decir verdad, para comprobar el domicilio.

Alta vehículos usados: identificación oficial (o comprobación digital de identidad); factura o carta factura; y tarjeta INE o carta firmada bajo protesta de decir verdad, para comprobar el domicilio.

Baja de vehículos: identificación oficial (o comprobación digital de identidad); placas de matrícula y/o acta digital, Tarjeta de circulación y/o acta digital.

Reposición Tarjeta de Circulación (TDC): identificación oficial (o comprobación digital de identidad); tarjeta de circulación y/o acta digital.

Cambio de propietario: identificación oficial (o comprobación digital de identidad); factura o carta factura; INE o carta bajo protesta de decir verdad para comprobar domicilio; Tarjeta de Circulación y/o acta digital.

Cambio de domicilio: identificación oficial (o comprobación digital de identidad); INE o carta bajo protesta de decir verdad para comprobar domicilio.

Cambio de motor: identificación oficial (o comprobación digital de identidad); Tarjeta de Circulación y /o acta digital.

Refrendo de Tarjeta de Circulación: identificación oficial (o comprobante digital de identidad).

FUENTE: infobae

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Aplican modificaciones a la Ley de Bibliotecas

  • Las modificaciones a la Ley de Bibliotecas del estado ya entraron en vigor, y entre ellas se establece que las autoridades diseñarán programas permanentes que fomenten el hábito de la lectura.
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Las modificaciones a la Ley de Bibliotecas del estado ya entraron en vigor, y entre ellas se establece que las autoridades diseñarán programas permanentes que fomenten el hábito de la lectura, incluyendo material en lengua maya y resguardar información mediante el uso de la tecnología.

En el Periódico Oficial del Estado se publicó la promulgación del decreto 146, por el cual se reforma la fracción I del artículo 2 y se adiciona un párrafo segundo al artículo 3 y un párrafo segundo a la fracción V del artículo 16.

De esta manera, el artículo 2 fracción I señala que el acervo es la recopilación y clasificación de un conjunto de colecciones bibliográficas, hemerográficas, auditivas, visuales, audiovisuales, digitales y, en general, cualquier otro medio que contenga información afín.

El artículo 16 habla de lo que le corresponde al estado y a los municipios, respecto de las bibliotecas públicas a su cargo, por lo que, estas instancias además de asegurar de modo integral y conservar en buenas condiciones las instalaciones, el equipo y el acervo bibliográfico.

También resguardar en medios electrónicos y digitales que deberán actualizar conforme avance la tecnología, el acervo que contenga información que se refiera a la historia y cultura del estado y los municipios y, de manera general la información que sea única.

Ante esta situación, el Poder Ejecutivo estatal deberá considerar una partida presupuestal para el cumplimiento del decreto dentro del presupuesto de egresos del gobierno para el ejercicio fiscal 2022.

Incluso, meses atrás, ya se había modificado esta ley, ya que se ordenó al estado y a los municipios dentro de su competencia, garantizar que las personas con discapacidad cuenten con el libre acceso y facilidad de desplazamiento en los espacios de las bibliotecas públicas, conforme a las especificaciones arquitectónicas y urbanísticas apropiadas, previstas en la Ley para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad del estado.

Mientras que el artículo 3 establece que el estado y los municipios diseñarán programas permanentes que fomenten el hábito de la lectura entre la población, incluyendo material bibliográfico en lengua maya.

FUENTE: lucesdelsiglo

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Propone Melissa Vargas “Ley Quemón”, base de datos de personas sentenciadas por delitos contra menores y mujeres

No tenemos un registro de los agresores que nos permita seguirlos y señalarlos de manera puntual, resaltó la diputada priista.

Las diputadas y diputados del grupo parlamentario del PRI impulsan la creación de los Registros nacionales, de personas agresoras de niñas, niños y adolescentes, mujeres y deudores alimenticios, cuyo objetivo es garantizar la seguridad, salud física y psicológica de mujeres, niñas, niños y adolescentes ante ese tipo de delitos.

Así lo precisaron en diversas iniciativas que fueron presentadas en la Cámara de Diputados Federal por las diputadas Melissa Vargas Camacho y Paloma Sánchez, con las que pretenden reformar diversas disposiciones con la finalidad de crear estas bases de datos que denominaron #LeyQuemón y que serían de libre consulta porque a “los agresores hay que señalarlos y hay que identificarlos para saber dónde están y evitar que se acerquen a nuestros hijos e hijas.”, apuntó Vargas Camacho.

Los registros que buscan crear las y los diputados priistas, formarían parte de un sistema de información pública que contiene datos de personas sentenciadas por violencia física, tráfico de menores, pornografía infantil, abuso sexual, violación, abandono o como persona deudora alimenticia.

La creación de estos registros abonará a la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres y al cumplimiento constitucional del principio del interés superior de la niñez. En la actualidad a nivel federal, “no tenemos un registro de los agresores que nos permita seguirlos y señalarlos de manera puntual por lo que es altamente probable que reincidan en total impunidad”, señaló Melissa Vargas al presentar esta iniciativa.

Según datos de la Unicef, se estima que en México, el 62 por ciento de los niños y niñas han sufrido maltrato en algún momento de su vida, y el 5.5 por ciento ha sido víctima de violencia de sexual.

Además los datos del Sistema de Justicia Penal muestran que aproximadamente de 50 por ciento de los delitos cometidos contra las niñas, niños y adolescentes se relacionan con actos que atentan contra su integridad física; y al observar las diferencias por sexo, las mujeres fueron preponderantemente víctimas de abuso sexual, amenazas y violación; los hombres de lesiones, robos y homicidio. Finalmente Vargas Camacho exhortó a los diputados a aprobar estas reformas, en lo que dijo, “es nuestro deber defender a los niños y niñas de este país, porque solo así defenderemos el futuro de México.” MMCF

Las diputadas y diputados del grupo parlamentario del PRI impulsan la creación de los Registros nacionales, de personas agresoras de niñas, niños y adolescentes, mujeres y deudores alimenticios, cuyo objetivo es garantizar la seguridad, salud física y psicológica de mujeres, niñas, niños y adolescentes ante ese tipo de delitos. Así lo precisaron en diversas iniciativas que fueron presentadas en la Cámara de Diputados Federal por las diputadas Melissa Vargas Camacho y Paloma Sánchez, con las que pretenden reformar diversas disposiciones con la finalidad de crear estas bases de datos que denominaron #LeyQuemón y que serían de libre consulta porque a “los agresores hay que señalarlos y hay que identificarlos para saber dónde están y evitar que se acerquen a nuestros hijos e hijas.”, apuntó Vargas Camacho.

Los registros que buscan crear las y los diputados priistas, formarían parte de un sistema de información pública que contiene datos de personas sentenciadas por violencia física, tráfico de menores, pornografía infantil, abuso sexual, violación, abandono o como persona deudora alimenticia. La creación de estos registros abonará a la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres y al cumplimiento constitucional del principio del interés superior de la niñez. En la actualidad a nivel federal, “no tenemos un registro de los agresores que nos permita seguirlos y señalarlos de manera puntual por lo que es altamente probable que reincidan en total impunidad”, señaló Melissa Vargas al presentar esta iniciativa.

Las diputadas y diputados del grupo parlamentario del PRI impulsan la creación de los Registros nacionales, de personas agresoras de niñas, niños y adolescentes, mujeres y deudores alimenticios, cuyo objetivo es garantizar la seguridad, salud física y psicológica de mujeres, niñas, niños y adolescentes ante ese tipo de delitos.

Así lo precisaron en diversas iniciativas que fueron presentadas en la Cámara de Diputados Federal por las diputadas Melissa Vargas Camacho y Paloma Sánchez, con las que pretenden reformar diversas disposiciones con la finalidad de crear estas bases de datos que denominaron #LeyQuemón y que serían de libre consulta porque a “los agresores hay que señalarlos y hay que identificarlos para saber dónde están y evitar que se acerquen a nuestros hijos e hijas.”, apuntó Vargas Camacho.

Los registros que buscan crear las y los diputados priistas, formarían parte de un sistema de información pública que contiene datos de personas sentenciadas por violencia física, tráfico de menores, pornografía infantil, abuso sexual, violación, abandono o como persona deudora alimenticia.

La creación de estos registros abonará a la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres y al cumplimiento constitucional del principio del interés superior de la niñez. En la actualidad a nivel federal, “no tenemos un registro de los agresores que nos permita seguirlos y señalarlos de manera puntual por lo que es altamente probable que reincidan en total impunidad”, señaló Melissa Vargas al presentar esta iniciativa.

FUENTE: https://www.milenio.com/politica/diputada-melissa-vargas-propone-ley-quemonmilenio

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Reforma a la ley antilavado obligaría a CNBV vigilar activos virtuales: UIF

Mireya Valverde Okón, directora de asuntos Normativos de la Unidad de Inteligencia Financiera, comentó que las reformas a la ley antilavado buscarían el robustecimiento de facultades de algunas autoridades, como la próxima Guardia Financiera, la CNBV, las unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica de los Estados, así como de la Agencia Nacional de Aduanas.

Las reformas que se prevén que se realizarán a la Ley para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, conocida como ley antilavado, conllevarían cambios en la supervisión de distintas autoridades, pues, por ejemplo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) sería la encargada de supervisar las operaciones de activos virtuales, facultad que hoy recae en el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

En su participación en el foro anual de la firma GMC360, Mireya Valverde Okón, directora de asuntos Normativos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), indicó que el proyecto de reformas a la ley antilavado, actualmente atorado en el Senado desde el 2019, también buscarían el robustecimiento de facultades de algunas autoridades, como la próxima Guardia Financiera, la CNBV, las unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica de los Estados, así como de la Agencia Nacional de Aduanas.

En este contexto, Valverde Okón comentó que, con las reformas, se prevé que la CNBV tome la supervisión directa de las operaciones con activos virtuales o criptomonedas.

Se pretende trasladar la facultad de supervisión que actualmente tiene el SAT a la Agencia Nacional de Aduanas de México respecto a la prestación de servicios de comercio exterior como agente o apoderado aduanal y a la CNBV por lo que hace al ofrecimiento de intercambio de activos virtuales por parte de sujetos distintos a las entidades financieras”, destacó.

En su momento, Santiago Nieto Castillo, extitular de la UIF, manifestó su intención de que la CNBV fuera la encargada de supervisar las operaciones con criptomonedas para efectos de prevención de lavado y financiamiento al terrorismo, dado el conocimiento técnico y la tecnología con la que cuenta este regulador para vigilar estos movimientos.

A raíz de la entrada en vigor de la ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, en marzo del 2018, también se obligó al SAT a tomar la supervisión de las plataformas de intercambio de activos virtuales como actividad vulnerable para fines de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

En este sentido, actualmente aquellas operaciones que superen el equivalente a 57,800 pesos deben ser reportadas, mediante avisos, al SAT y a la UIF. Según datos de la unidad ahora a cargo de Pablo Gómez, del 2020 a septiembre de este año, se han presentado 4,779 avisos de las 23 plataformas que reportan dicha información.

Otras facultades

La funcionaria de la UIF puntualizó que las reformas a la ley antilavado también generarían que esta unidad pueda coordinar con la próxima Guardia Financiera, los mecanismos de recepción y análisis de información, prevención y detección en materia de lavado de dinero.

Asimismo, Valverde Okón apuntó que con las reformas también se crearían las reglas para que la UIF promueva la implementación de las unidades de inteligencia patrimonial económica de las entidades financieras, para que puedan generar información a nivel local para apoyar las investigaciones de dicha instancia.

La funcionaria de la UIF destacó la necesidad de aprobar el proyecto de reformas a la ley antilavado, pues actualmente México está bajo seguimiento intensificado por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) contra el blanqueo de dinero, por lo que se debe fortalecer el marco legal en materia de combate al financiamiento al terrorismo

“La justificación de esta reforma es cumplir con las deficiencias identificadas por el GAFI y también cumplir con los estándares internacionales y los compromisos que tenemos con la red global. Esta reforma, pretende robustecer el régimen antilavado para actividades vulnerables, que es un universo de 100,000 sujetos obligados”, acotó la funcionaria.

kg

FUENTE: eleconomista

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Ley de Economía Circular busca romper patrones insostenibles

El Senado aprobó la Ley de Economía Circular que obliga al reciclaje, prohíbe los plásticos de un solo uso, con excepción de aquéllos de uso médico, de preservación de alimentos, higiene o inocuidad que no cuenten con otra alternativa, y establece que los residuos generados por envases y empaques plásticos estarán sujetos a un plan de manejo integral y se creará un padrón de pepenadores.

Se destaca que los planes de manejo deberán tener para monitoreo metas progresivas, plazos de acopio, reciclaje y contenido mínimo de material reciclado, acciones de coordinación, diagnóstico y acciones preventivas.

Con esta nueva ley se promueve la prevención, reducción del uso y consumo de los plásticos, su rediseño, óptima recuperación de reciclaje y reintegración a una cadena de valor.

El objetivo esencial de la ley es que el valor de los productos, materiales y recursos se mantengan vigentes dentro del ciclo económico durante el mayor tiempo posible, para así reducir al mínimo la generación de residuos. Además, busca disminuir la generación de los residuos y su carga contaminante para minimizar el impacto en el medio ambiente y la salud humana.

Entre las metas que se establecen en este ordenamiento está el reciclado de plástico de 20 por ciento para 2025 y 30 por ciento para 2030.

Se resalta que, en el caso de las botellas de plástico, cada minuto se compran un millón de botellas de plástico a nivel mundial y se usan al año 500 mil millones de bolsas de plástico, mientras cerca de 8 millones de toneladas acaban en los océanos cada año, lo que amenaza a la biodiversidad marina.

En el caso de los residuos electrónicos, según estimaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, actualmente en el mundo se desechan cerca de 50 millones de toneladas al año.

Como en muchos países del mundo, en México la gestión de residuos representa un gran desafío, ya que se producen más de 44 millones de toneladas al año y se recicla menos de 10 por ciento.

Con esta ley se contribuirá a romper esos patrones insostenibles de producción y de generación de basura, ya que la reducción, reutilización y reciclaje serán los caminos para el aprovechamiento equilibrado de los recursos.

De funcionar adecuadamente esta ley, se podría reducir entre 80 y 99 por ciento de los residuos industriales según el dictamen aprobado.

La economía circular se basa en el cambio de los esquemas de producción y consumo sustentados en una economía lineal de extracción-producción-consumo-desperdicio, para pasar a un sistema en el que se cierren los ciclos de producción y se mantenga un flujo constante de los recursos naturales, sin que el producto pierda valor en sus procesos.

En este sentido, un esquema circular está elaborado con la primicia de la reducción de residuos desde su primer paso. Los productos y los empaques son diseñados para tener una mayor duración y ser más resistentes, utilizando más materiales sustentables que puedan ser reciclados.

Los gobiernos municipales serán responsables de regularizar e integrar un padrón oficial de las personas acopiadoras que realicen alguna actividad de acopio, mientras la Federación establecerá los instrumentos fiscales o económicos necesarios para registrar a los grupos informales de personas acopiadoras dentro de un régimen fiscal preferente que les permita salir de la informalidad fiscal, comercializar sus productos con personas físicas o morales cuya actividad esté relacionada con las materias primas secundarias, y que les brinde oportunidades para acceder a los programas instrumentados en el marco de la presente Ley.

La ley considera multas hasta por 5.3 millones de pesos y tres veces ese monto en caso de reincidencia; además, prevé sanciones como arresto administrativo hasta por 36 horas, reparación del daño y servicio comunitario.

FUENTE: lajornada