Publicado el Deja un comentario

Licencias Obligatorias (artículo en colaboración)

Uno de los principales objetivos del derecho es regular la satisfacción de necesidades y dar solución a los nuevos problemas que surgen diariamente en la sociedad, como es el caso de la falta de acceso a diversos servicios básicos, así como la protección de la salud y la obtención de los medicamentos que lo garanticen.

Tomando en consideración los diversos problemas que existen en países en vías de desarrollo, tales como desabasto y poco acceso a medicamentos, los cuales son provocados en gran medida a partir de la pandemia generada por el virus COVID 19, situación que motiva a los dirigentes de estos países a obtener provecho de todas y cada una de las herramientas jurídicas disponibles para lograr el máximo aprovechamiento de algunas flexibilidades contenidas en los diversos ordenamientos jurídicos, tanto nacionales como extranjeros; situación por la cual fue necesaria la creación de Licencias Obligatorias, figura que busca alcanzar el acceso a medicamentos y servicios de salud para la sociedad en general.

– Breve historia de las Licencias Obligatorias

La intención de las Licencias Obligatorias es garantizar el acceso a los medicamentos, buscando imitar el poder que tienen los titulares de las patentes sobre sus invenciones.

El concepto de Licencia Obligatoria se contempla en la legislación mexicana desde hace algunos años, y en otros países, como Inglaterra, desde 1963 ya formaba parte del Estatuto de los Monopolios del Reino Unido. En 1873, en el Congreso de Viena, se intentó lograr una reforma en materia de Patentes, en la cual, los legisladores Austriacos discutieron que el monopolio de la explotación de la patente debería ser revisado en los casos requeridos por el interés público. Es decir, debería de tener un peso diferente la argumentación en las invenciones que fueran a ser útiles a la generalidad social. Por otro lado, fue hasta 1883, mediante el Convenio de Paris, que se estipuló y se incluyeron estas excepciones a la normativa internacional al incluir las regulaciones generales para la concesión de una licencia obligatoria, en un intento de fortalecer su aplicación en contra de los ejercicios abusivos de los derechos sobre las patentes. Sin embargo, las reglas específicas y uniformes para la licencia obligatoria sólo fueron establecidas en la revisión del convenio en Estocolmo, en 1967.

– Generalidades de las Licencias Obligatorias.

Actualmente la Organización Mundial del comercio (OMC), a través de las normas contenidas en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) firmado en el año de 1994, contempla y regula esta figura de Propiedad Intelectual. El concepto que emplea la propia OMC es:

“Por licencias obligatorias se entiende el permiso que da un gobierno para producir un producto patentado o utilizar un procedimiento patentado sin el consentimiento del titular de la patente. Se trata de una de las flexibilidades que permite en lo que respecta a la protección de las patentes, el Acuerdo de la OMC sobre Propiedad Intelectual”.

Si bien la definición anterior es primordialmente pragmática, no abarca todos los confines a los que se debe hacer referencia. La construcción de esta figura a lo largo de los años ha sido primordialmente legal y no tanto de carácter doctrinario, sin embargo, existen posturas generadas desde las académicas que facilitan el entendimiento de su alcance, por ejemplo: “la licencia obligatoria es el término dado a un enfoque legal que permite la manufactura de medicamentos genéricos sin el consentimiento del titular de la patente”. Por otro lado, Margaret Duckett establece su postura sobre este tema con las siguientes palabras:

“(La licencia obligatoria), como una medida orgánica positiva en el sistema de patentes tendiente a provocar que no surja una distorsión entre el interés público y el interés particular del patentado. No se trata de una excepción, sino de un elemento regular que integra y delimita el derecho de las patentes”.

Derivado de lo anterior, estamos de acuerdo con Regina Küchle, Alejando López y Juan C. Macouzet, cuando en su trabajo señalan la siguiente definición:

“Las licencias obligatorias permiten a un gobierno a autorizar a una empresa, agencia gubernamental, o a un tercer el uso y explotación de una patente sin el consentimiento de su titular, con el ánimo de tratar de preservar el equilibrio entre los intereses públicos y los privados sobre la base de una decisión que corresponde a una autoridad competente que otorga derechos exclusivos a una persona, quien debería generalmente compensar al titular por medio del pago de una remuneración”.

Con base en lo anterior, la regulación de las licencias obligatorias contiene ciertas limitantes, una de las más importantes es que éstas únicamente pueden operar cuando la copia genérica del medicamento se produce principalmente para el mercado interno, no para la exportación. En otras palabras, si hablamos de estadística, las licencias obligatorias tienen una mayor eficacia en países productores de medicamentos.

Otra de las principales situaciones, es el hecho de que el titular de la patente sigue teniendo derechos sobre ella, no existe ningún tipo de limitación a su propia producción o se estaría frente a algún tipo de expropiación. Además, uno de los derechos que están incluidos es el de recibir un pago por las copias autorizadas de los productos.

Por lo que, a priori a la determinación de invocar el uso de una Licencia Obligatoria, el Acuerdo sobre los ADPIC establece en su artículo 31 una serie de condiciones para emitirlas. En particular:

 “Normalmente, la persona o la empresa que solicite una licencia tiene que haber intentado previamente negociar, en términos comerciales razonables, una licencia voluntaria con el titular de la patente. Sólo si ello no es posible puede emitirse una licencia obligatoria, y aunque se haya emitido una licencia obligatoria, el titular de la patente tiene que recibir una remuneración; el Acuerdo sobre los ADPIC establece que “el titular de los derechos recibirá una remuneración adecuada según las circunstancias propias de cada caso, habida cuenta del valor económico de la autorización”, pero no define lo que se entiende por “remuneración adecuada” o “valor económico”.

Además, las licencias obligatorias deben cumplir algunos requisitos adicionales:- No pueden ser otorgadas en exclusiva a los licenciatarios -es decir, el titular de la patente puede continuar la producción-, y deben estar sujetas a revisión judicial en el país de que se trate. Así, el Acuerdo sobre los ADPIC establece que el titular de la patente también debe tener la posibilidad de recurrir en ese país, cumpliendo con los siguientes requisitos:

A) Tipicidad.- Existen, una serie de circunstancias que deben cumplirse necesariamente para que se pueda autorizar la ejecución de estas licencias, las cuales deben estar expresamente señaladas en el derecho positivo de cada uno de los países donde se pretende aplicar.

B) No exclusividad.- Las licencias obligatorias son exclusivamente para robustecer la producción nacional y no pueden ser emitidas para exportación o beneficio de quien designe el Estado, por lo que las licencias no otorgan ningún tipo de derecho exclusivo a los licenciatarios, ya que el inventor no es privado de seguir explotando su invención.

C) No Transmisibilidad.- En congruencia con el apartado anterior, si el licenciatario no dispone de ningún tipo de exclusividad sobre el producto, es lógico entender que no puede transmitir los derechos que el estado le confiere, ni subcontratar a algún tercero para realizar la producción.

D) Remuneración.- El inventor tiene derecho a recibir una contraprestación, que es obligación del Estado, ya que el titular de la patente con licencia conserva el derecho a seguir percibiendo regalías que deberán estar de acuerdo con las circunstancias señaladas en el apartado de la tipificación de cada Estado.

E) Alcance y temporalidad.- Debido a que es una excepción al derecho de patente originada por causas de fuerza mayor, las Licencias Obligatorias deben delimitar sus tiempos de aplicación y el objetivo que deben de cumplir, estas licencias estarán vigentes siempre y cuando persistan las circunstancias que la originaron.

F) Otorgamiento en forma casuística.- Las Licencias Obligatorias son aplicables únicamente para solucionar las necesidades de un caso de emergencia en particular.

G) Revocación en caso de modificación de las circunstancias.- Se pueden revocar las Licencias Obligatorias, siempre y cuando las circunstancias por las cuales se originaron desaparezcan.

H) Disponibilidad de revisión judicial o independiente.- Tanto la concesión como la remuneración que habrá de pagarse están sujetas a revisión judicial a cargo de las autoridades pertinentes de cada Estado o bien a cargo de alguna entidad independiente en beneficio del titular de la patente, con esto se evitan las decisiones leoninas y se pretenden proteger los derechos de inversión internacional.

I) Negativa a tratar.- Por regla general, las Licencias Obligatorias proceden cuando el titular de la patente se niega a otorgar una licencia voluntaria que le ha sido solicitada en términos comerciales razonables.

Las licencias obligatorias pertenecen a la gama de disposiciones legales cuyo uso sólo aplica en momentos caóticos, que si bien son escenarios poco habituales, no dejan de ser probables, por lo que siempre es mejor contemplarlas. Por lo anterior, México tuvo a bien modificar, años antes de la entrada en vigor del TLCAN –ahora Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá-, su sistema jurídico por lo que modificó su legislación en materia de propiedad intelectual para generar las condiciones necesarias para aplicarla.

– Panorama Mexicano

Para que el Gobierno Federal pueda tener en consideración el tomar la decisión de emitir la declaratoria de enfermedad grave de atención prioritaria, decisión que vendría acompañada del proceso de otorgamiento de licencias obligatorias por causa de emergencia nacional, que en términos del artículo 5 y 153 de la Ley Federal para la Protección de la Propiedad Industrial (LFPPI) y el 51 del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, en concordancia con lo dispuesto en el Convenio de Paris, en el ADPIC, en el T-MEC y en el TLCAELC-MX tendría que desahogar las siguientes etapas:

  • A pesar de la existencia de licencias obligatorias, se impida, se encarezca o se entorpezca la producción o distribución de medicamentos para la población.
  • La enfermedad de la que se trate sea reconocida por la Organización Mundial de Salud como una enfermedad grave de atención prioritaria.
  • Habiendo emitido la declaratoria, las farmacéuticas podrían solicitar la concesión de una licencia de utilidad voluntaria o pública ante el IMPI.
  • La Secretaría de Economía, la Secretaría de Salud y el titular del Ejecutivo Federal tomarían la decisión de elegir llevar a cabo la explotación de ciertas patentes, mediante la concesión de licencias públicas.
  • Las condiciones de producción y calidad, duración y campo de aplicación de la licencia será dictada a discreción de la Secretaría de Salud.
  • El IMPI será el encargado de establecer el monto razonable de las regalías, determinando que la licencia de utilidad no será exclusiva ni transferible, de igual forma, determinará que el tiempo de duración de la licencia de utilidad pública será por el tipo que dure la emergencia que la origina.

En relación a las flexibilidades autorizadas a países en desarrollo conforme a la Decisión del Consejo General de la Organización Mundial del Comercio, celebrada el 30 de agosto de 2003, relativa a la aplicación del párrafo 6 de la Declaración de Doha relativa al acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública, que permiten a los países importar medicamentos genéricos fabricados al amparo de licencias obligatorias, México ha precisado que únicamente haría uso del sistema como importador en situaciones de emergencia nacional o en otras circunstancias de extrema urgencia, sin que ello haya tenido lugar, e incluso a la fecha no se ha otorgado licencia alguna por causa de utilidad pública, aun existiendo disposición expresa en la nueva LFPPI.

La LFPPI establece que en el caso de las invenciones patentadas, después de tres años a partir de la fecha de concesión de la patente o cuatro años de la presentación de la solicitud, según lo que ocurra más tarde, cualquier persona puede solicitar al IMPI que se le conceda una licencia obligatoria para explotar la invención, cuando la misma no se use en México, a menos que existan razones justificadas.

Tenemos que considerar que conforme lo establecido en la LFPPI, si un tercero presenta una solicitud de licencia obligatoria, el titular tendría un año a partir de la fecha en que el IMPI informa acerca de la solicitud de licencia obligatoria, para remediar el no uso de la invención y comience a hacer uso de la patente en México, sea mediante la exportación del producto patentado o usarlo en nuestro país directamente o a través de una licencia registrada ante el IMPI. Por lo tanto, el riesgo de una licencia obligatoria en realidad no se reduce mediante la presentación de una declaración de uso de la patente.

En caso de existir petición de una licencia obligatoria, el solicitante también tiene la obligación de proporcionar pruebas que demuestren la capacidad técnica y económica para el uso de la patente en México. Además, la LFPPI establece que después de dar la oportunidad de remediar la no explotación, debe haber una audiencia entre las partes en la que el IMPI decidirá sobre la concesión de una licencia obligatoria, y si decide concederla, será establecida su duración, condiciones, campo de aplicación y la cantidad de regalías, mismas que deberían ser justas y razonables.

– Conclusión

El problema recurrente tanto en la legislación mexicana como en los tratados de propiedad intelectual, se ve materializado en que las normas de propiedad intelectual no definen ni proporcionan ejemplos o parámetros de excusa justificada para no trabajar una patente, ni cómo debe probarse, por lo que cualquier tipo de prueba permitida por nuestra legislación debería ser aceptada por el IMPI para soportar justificación o excusa de no trabajar la patente en México como una excepción para la potencial solicitud de licencia obligatoria y eventual análisis por esta autoridad bajo la base de caso por caso.

Como se menciona en el párrafo anterior, las autoridades de todos los países tienen criterios muy establecidos en cuanto a la información que el inventor debe presentar ante las oficinas de patentes para poder ser recompensados con la protección según el derecho de propiedad intelectual.

Ante esta situación, la problemática se ramifica, ya que hasta el momento sólo tenemos como certeza el que los solicitantes deben presentar las pruebas y los datos que comprueben sus pretensiones ante el Estado, tanto para el trámite de una patente como para la obtención de un registro sanitario. De esta manera, podemos observar que estamos ante un mismo problema que ataca por igual a dos campos jurídicos interrelacionados, el sector salud y el sistema de propiedad intelectual.

Esta información carece de una protección única, es decir, aparece diseminada en párrafos u oraciones a lo largo de los textos nacionales o internacionales en materia de propiedad intelectual de todo el mundo. Por ello, una correcta identificación, redacción y regulación en pro de la protección que se merecen el cúmulo de datos que arrojan las investigaciones y desarrollan nuevas moléculas o fármacos para la creación de nuevos medicamentos resulta de imperiosa observancia e importancia.

Nuestro siguiente punto se relaciona directamente con el estado actual de perspectivas legislativas que se tiene hoy en día de los datos clínicos, respetando mediante la implementación de una visión holística de las condiciones que rodean a esta información, tanto en materia de salud, como en materia de propiedad intelectual.

De acuerdo a lo anterior, se pretende realizar una crítica constructiva para lograr determinar qué sistema de protección resulta el más adecuado para su correcta salvaguarda o si el actual es el mejor que se le puede otorgar.

Publicado el Deja un comentario

DECRETO POR EL QUE SE DECLARAN REFORMADAS Y ADICIONADAS DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL NOTARIADO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO Y AL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL (HOY CIUDAD DE MÉXICO).

El día 4 de agosto de 2021 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley del Notariado para la Ciudad de México (LNCDMX) y del Código Civil para el Distrito Federal (CCDF). Dentro de las modificaciones más relevantes encontramos las siguientes:

(i) La reforma al artículo 1805 y 1811 del CCDF, otorga la posibilidad de desvincularse de una oferta que no haya sido aceptada de manera inmediata, siempre y cuando esta se haya realizado a través de medios electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología que permita la expresión de oferta y aceptación de manera inmediata, además ya no es necesario señalar expresamente que la oferta y su respectiva aceptación se pueden concretar por medios tecnológicos;

(ii) La reforma al artículo 1834 de la LNCDMX, otorga la posibilidad de que los contratos y documentos legales, en donde se exija la forma escrita, puedan ser firmados de forma autógrafa o bien, mediado el uso de la Firma Electrónica Avanzada o Firma Electrónica de la Ciudad de México, además, cuando el acto jurídico requiera formalidad ante Notario Público, se puede realizar en protocolo físico o digital;

(iii) La reforma permite que las asambleas se puedan realizar por videoconferencias, siempre que la convocatoria señale la dirección electrónica o número de la reunión y, en su caso, la contraseña

(iv) La reforma da validez y certeza jurídica al uso cotidiano de la tecnología en los acuerdos civiles y mercantiles que acontecen diariamente entre personas físicas y/o morales;

(v) La reforma crea la figura de la actuación digital notarial, misma que es el ejercicio de la función notarial a través de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología;

(vi) La reforma traerá beneficios como la pronta localización de información debido a la implementación de índices electrónicos y sistemas informáticos para el almacenamiento de los instrumentos electrónicos, como pudiera ser los contratos de compraventa de inmuebles, contratos de arrendamiento de inmuebles, entre otros;

(vii) Las reformas entraron en vigor el pasado 5 de agosto de 2021, por otro lado, lo relacionado a la Actuación Digital Notarial entrará en vigor a los dos años a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Sin más por el momento, estamos a sus órdenes para resolver cualquier duda o consulta al respecto.

Publicado el Deja un comentario

LEGAL & FIXER: ABOGADOS PROTEGIENDO TUS DERECHOS, BIENES, CASOS, LIBERTADES

LOGO LEGAL & FIXER

Hemos representado con gran éxito a múltiples empresas nacionales y transnacionales. Las palabras expeditez y practicidad se han convertido para nosotros en valores, que sustentan nuestro desempeño en beneficio de nuestros clientes.

¿Por qué elegirnos?

Legal & Fixer Abogados, es una firma que cuenta con dos décadas de experiencia en litigios. Uno de los servicios más importantes es brindar a las empresas la garantía de una representación con la calidad necesaria. Ello ha ameritado la especialización en el derecho administrativo, mercantil, civil-inmobiliario, licitaciones públicas, adeudos derivados de contratos celebrados con el gobierno y juicios de amparo.

Rapidez y precisión son nuestro sello

Legal & Fixer Abogados, se integra de un equipo multidisciplinario de profesionales del derecho y auxiliares especializados; quienes, dependiendo del caso en concreto, intervienen como un apoyo complementario en beneficio de cada caso, como dictaminadores contables, especialistas en identificación de inmuebles y expertos en negociación, entre otros.

Atención de asuntos de alta complejidad

Juan Carlos Mariscal Escobedo, cuenta con cerca de 2 décadas de experiencia en el campo del litigio y actualmente, la firma tiene cobertura a nivel nacional con presencia en las ciudades más importantes, como CDMX, Gdl., Mty., Tijuana y Playa del Carmen.

Nosotros somos diferentes a los despachos convencionales, quienes, en el mayor de los casos, se comportan burocráticamente

Legal & Fixer Abogados se distingue por su rapidez y practicidad de nuestro trato con el cliente y los procedimientos. Evitamos ser una firma convencional, ya que la agilidad en todo lo que hacemos y la capacidad de respuesta es uno de nuestros sellos más importantes, el cual define nuestro estilo. Adicionalmente, la confianza y transparencia son nuestros principales valores que hacen sentir cómodos a nuestros clientes, cubrimos sus necesidades jurídicas, como un despacho que funge como soporte externo. En cuanto a la calidad del servicio, tratamos los asuntos con bisturí o teodolito, procuramos en todo momento la mayor actualización de nuestro equipo.

DERECHO ADMINISTRATIVO

  • Urbanístico, ambiental, telecomunicaciones, hidrocarburos.
  • Competencia económica.
  • Recursos de inconformidad ante los órganos de control.
  • Juicios de nulidad.
  • Impugnación en contra de negativas o autorizaciones de permisos, licencias o análogos.
  • Impugnación de multas y sanciones por parte de autoridades.
  • Cumplimiento e incumplimiento de contratos celebrados con el gobierno.
  • Reclamación de deudas derivadas de contratos celebrados con el gobierno.
  • Impugnación de actos derivados de procedimientos de contratación gubernamental.
  • Agrario.

DERECHO CIVIL

  • Juicios tendentes a la regularización y protección de inmuebles.
  • Juicios de arrendamiento.
  • Nulidad de escrituras y registros de inmuebles.
  • Cumplimiento e incumplimiento de contratos civiles, celebrados entre particulares.
  • Juicios relacionados con responsabilidad civil.
  • Juicios relacionados con daños y perjuicios.
  • Cobranza judicial, en esta materia.

DERECHO MERCANTIL

  • Cumplimiento e incumplimiento de contratos mercantiles.
  • Medios Preparatorios a juicio.
  • Cobranza judicial, pagarés, cheques, entre otros en esta materia.
  • Asesoría legal contra créditos.

DERECHO CORPORATIVO

  • Elaboración y revisión de todo tipo de contratos.
  • Asesoría en cuanto a la constitución de sociedades.
  • Elaboración de actas de asamblea.
  • Registro de marcas, patentes y litigio.
  • Asesoría en escrituración de inmuebles.
  • Compliance Empresarial.

JUICIO DE AMPARO

  • Interposición de juicios de amparo directo e indirecto.
  • Recursos en el amparo.
Publicado el Deja un comentario

Ejemplo de crecimiento

Hoffman & Brassdefer es un Bufete integrado por abogados y contadores de igual modo con amplia experiencia en distintas áreas del derecho, al haber sido integrantes por muchos años en Firmas Legales Internacionales, tales como Chevez Ruiz Zamarripa, Deloitte, Basham Ringe y Correa; lo que hace que el servicio se distinga al nivel de las Firmas de Abogados más reconocidas y que cuente con un sello muy personalizado, identificándose entre cada uno de los clientes.

Esta experiencia ha permitido desarrollar y consolidar a un gran equipo de trabajo que cumple con todas y cada una de las expectativas de servicio que requieren nuestros clientes y amigos. Actualmente contamos con más de 50 colaboradores dentro de la firma y dos oficinas en la Ciudad de México, permitiendo a su vez, operar en toda la República Mexicana.

Nos hemos distinguido al convertirnos en una extensión de la empresa de nuestros clientes, dándoles la seguridad de acompañarlos en todo momento para resolver cualquier proyecto que se presente, anticipando soluciones, diseñando nuestros servicios de acuerdo a sus necesidades en diferentes rubros, especializándonos para estar orientados a resultados específicos.

Hoffman & Brassdefer se ha consolidado participando con nuestros clientes en diferentes prácticas, mostrando ser expertos en el ramo en situaciones de diversas dimensiones, perfeccionando en todo momento nuestros procesos para mantener el más alto nivel de servicio, certificándonos constantemente para sostener los niveles mas altos de calidad y con un profundo conocimiento de la realidad y las tendencias de nuestra materia, logrando ofrecer soluciones innovadoras, tendientes a una debida estrategia y manejo de los recursos, confiando por ello en nosotros por su Firma de preferencia.

Publicado el Deja un comentario

36 años en Pro de las causas justas

Desde 1984, Nassar y Nassar Abogados se ha distinguido por su compromiso ético y responsabilidad social dentro de la abogacía. Incluso, fue reconocida por esta Casa Editorial en 2020, no sólo por promover las causas justas, sino por impulsar acciones al interior de la Firma y en todos los foros en los que participan tanto el Lic. José Luis Nassar Daw, como su hijo José Luis Nassar Peters.

“Es un honor recibir este Galardón al Compromiso Ético y a la Responsabilidad Social 2020. Es muy importante la labor que hace Los Mejores Abogados de México de reconocer a quienes aportamos nuestro granito de arena por tener un mejor país”, refiere José Luis Nassar Peters, a quien en esta edición reconocemos como Abogado en Ascenso y Promesa de la Abogacía.

Y es que el socio y Director General, José Luis Nassar Peters es un líder nato, que asume el compromiso que conlleva desarrollarse en el ámbito Penal, una materia de gran responsabilidad considerando que está en juego la libertad de las personas. “Nosotros estamos muy conscientes del deber que tenemos con los clientes, porque ellos se ponen en nuestras manos y nosotros no nos podemos dar el lujo de parar”, refiere al recordar los meses de inactividad en los juzgados a consecuencia de la pandemia del COVID-19.

Con una expertise de casi 40 años, Nassar y Nassar Abogados se posiciona entre las Firmas más importantes en Litigio y asesoría en materia Penal en sus diversas manifestaciones e instancias. Sus clientes los distinguen con su preferencia por sus valores de confidencialidad, profesionalismo y excelencia.

Si bien la Firma tuvo la capacidad cualitativa de adaptarse y afrontar los retos que significó la crisis ocasionada por la cuarentena voluntaria y las medidas de sana distancia, “la justicia no espera y lo delicado de los asuntos no pueden ser tratados sólo vía remota. Son temas tan sensibles, que en ese momento se convierten en la prioridad de la persona, que tú como abogado no puedes decirle que te platique el asunto mediante una computadora”, explica José Luis Nassar Peters.

Con esta visión, el joven abogado señala la importancia de que, en todo momento, las autoridades gubernamentales den certeza de tener Estado de Derecho. “Debe haber un balance entre todos los poderes, que son autónomos y que ello garantice que puedes acudir a los Tribunales a defenderte”.

En esa congruencia, considera fundamental “el respeto a las instituciones pero también el respeto a las normas. Más allá de un sistema de protección, todo empieza por uno mismo. La situación en México no va a cambiar en tanto no cambien las bases. Nos hace falta educación cívica”.

Esta integridad es el legado que la Firma Nassar y Nassar Abogados defiende e inculca en el equipo de asociados para conducirse bajo un compromiso moral con sus clientes y con sus instituciones. “Tenemos que seguir en la enseñanza, en la escuela, sobre todo de permear, lo que siempre hemos hecho, trascender no sólo es ser un buen abogado, hay que ser un abogado bueno”.

Publicado el Deja un comentario

Una nueva estirpe de abogados

El área Penal tiene muchas aristas. Nosotros nos hemos enfocado en temas como fraude, delitos fiscales, responsabilidad interna, en cuanto a directores, gerentes, administrativos, etc.”, así describe su profesión el Lic. Joaquín Adrián Xamán McGregor, quien a los 23 años creó su propio despacho.

Quince años después, Xamán McGregor y Asociados Abogados se consolida como uno de los Despachos Penalistas más destacados en las modalidades de Litigio, Asesoría y Auditoría a nivel nacional.

Con sede en Guadalajara y una fuerte presencia en Sinaloa, Nuevo León, Tamaulipas, Colima, León, Morelia, Querétaro y la zona del Bajío, Xamán Mc Gregor y Asociados Abogados pertenece a aquella generación de Despachos que si bien su liderazgo no ha pasado de generación en generación, se ha logrado posicionar como producto de la transparencia con la que llevan cada caso “explicarle al cliente, del uno al cien, cómo va a ir su caso, cuáles son las estrategias, qué es lo que se está haciendo, de modo tal que, al final del asunto, el cliente prácticamente sabe de Derecho Penal”, expresa el Fundador de la Firma.

Al egresar de la carrera su primer reto fue generar confianza, posteriormente integrarse al mercado y consolidarse. La solución: ofrecer un valor agregado que consiste en la aplicación de estrategias apoyadas en el conocimiento de otras ramas del Derecho que se entrelazan con la penal, tales como Mercantil, Civil o Laboral, lo que les ha valido para posicionarse a nivel nacional.

Xamán Mc Gregor y Asociados Abogados posee una amplia experiencia en negociaciones de conflictos, tomando siempre en cuenta que estos impactan siempre en el ámbito familiar, de libertad personal y de la generación de recursos desde la perspectiva de la empresa; tres componentes que actualmente influyen en el cliente al momento de recurrir a los servicios de un despacho. A decir del Lic. Xamán Mc Gregor: “cuando tú acomodas todos estos factores, y ofreces una estrategia que permite que siga el negocio, que permite que la relación personal del cliente no se afecte en demasía por el problema, es mucho más fácil para el cliente tomar la decisión”.

Ante la perspectiva de un nuevo modelo de justicia penal, el Lic. Xamán Mc Gregor ve con buenos ojos las mejoras en cuanto a la participación y habilidades de negociación del abogado, pues a este último en muchas ocasiones le corresponde acordar una solución satisfactoria para los involucrados.

Gran parte del sentido crítico de la Firma se ve expresado en artículos que el Socio Fundador ha publicado con el paso de los años en medios dedicados a las áreas legales y empresariales. En dichos textos reflexiona sobre temas como la responsabilidad penal del empresario, la prevención del delito, el fraude, el lavado de dinero, el crimen organizado, es decir, los llamados “delitos de cuello blanco”.

En cuanto a la cuestión digital, la Firma tiene la particularidad de que sus clientes se encuentran distribuidos en todo el país, por lo que las reuniones presenciales son sustituidas por videoconferencias. Por extensión, la adaptación de los miembros de la Firma a las restricciones sanitarias impuestas a causa del COVID-19, no representó mayor complicación, pues ya se encontraban familiarizados con las dinámicas de trabajo a distancia. A raíz de esta táctica de expansión, el Fundador enfocó sus áreas de oportunidad pensando en una falla recurrente de algunos colegas de otros estados, “lo que se vuelve interesante es que este nicho que encontramos en Jalisco hace 16 años, curiosamente, se repite en el resto de las entidades: abogados que no le dicen a su cliente qué es lo que van a hacer, que no quieren dar información, poco preparados técnicamente, y que no piensan en el negocio del cliente, en sus estrategias legales”.

A partir de un enfoque empresarial y profesional, la Firma demuestra su responsabilidad ética y social no sólo con sus clientes sino con su propio equipo de trabajo con una clara visión hacia dónde dirigirán sus esfuerzos.

“Desde nuestro punto de vista tenemos muy claro cuál es el diagnóstico: turbulencia, esa es la palabra, pero ante la turbulencia hay que saberse adaptar. Con base en esto tenemos estrategias muy específicas, muy precisas, de cómo nos vamos a adaptar a esta turbulencia, no sólo para sobrevivir, si no para salir mucho más fortalecidos”, concluye el Lic. Xamán Mc Gregor.

Publicado el Deja un comentario

El amparo digital: su evolución frente a la pandemia

Con motivo de la expedición en el año 2013 de la actual Ley de Amparo, se consignó como novedosa y relevante la modernización en la tramitación del juicio de amparo, a partir de la Firma Electrónica, como una forma de garantizar la impartición y administración de justicia por parte de los tribunales, los que deben estar expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, conforme al artículo 17 Constitucional.

Por su parte, el artículo 6, párrafo tercero Constitucional, también ya elevó a tal rango el derecho humano de acceso a las tecnologías de la información y comunicación.

Por tal motivo, la Ley de Amparo incluyó las bases de la modernización en la tramitación del juicio de amparo, en sus artículos 3, 30, 80, 108 y 117, consignando que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), mediante reglas de Acuerdos Generales, determinará la forma en que se deberá integrar en su caso el expediente electrónico y emitirá los Acuerdos Generales que considere necesarios a efecto de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la Firma Electrónica.

En tales condiciones, a partir del año 2013, tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), como el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), han emitido diversos Acuerdos sobre el particular en los años 2013, 2014 y 2015, los cuales incrementaron su número, frecuencia, velocidad y detallamiento, a partir del 11 de marzo del 2020, fecha en la que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró al COVID-19 como pandemia y el Gobierno de México empezó a emitir diversos Decretos y Acuerdos estableciendo medidas tendientes a la seguridad sanitaria de la población en sus actividades privadas, sociales, laborales y educativas, entre otras.

Tal situación de salud pública en nuestro país, ha impactado severamente el procedimiento a partir de la interposición de demandas, la fase probatoria, las notificaciones, los emplazamientos, las sesiones de los órganos impartidores de justicia, la emisión de sentencias y la interposición y tramitación de toda clase de recursos, enfrentando la impartición de justicia a la fecha, curvas de aprendizaje para todos los participantes en los juicios de amparo, así como de diversa casuística no prevista en los Acuerdos Generales emitidos con motivo de la pandemia.

No obstante lo anterior, resulta necesario continuar con la dinámica de evolución y modernización del juicio de amparo en el Poder Judicial Federal, para lograr procedimientos jurisdiccionales constitucionales a través del uso adecuado de las tecnologías de la información y la comunicación que permitan el mejor aprovechamiento estratégico de las mismas en beneficio de la impartición y administración de justicia en nuestro país.

Publicado el Deja un comentario

Oportunidades en tiempo de crisis

El 2020 fue un año muy importantes para la Firma Barrera Betancourt Abogados S.C., ya que inició con un proceso de expansión que se vio acelerado por la pandemia. Su especialidad en las áreas Bancaria, Bursátil y Financiera permitió que comenzaran con mucho trabajo en casos de Fusiones y Adquisiciones, así como en el sector de Microfinanzas en México.

Al día de hoy, además del licenciado Barrera, esta Firma boutique se encuentra liderada por tres socios el licenciado René Alfonso Zoreda, Luis Trápala y Julio Gómez-Peña y un equipo de abogados especialistas con presencia en la CDMX la cual brinda servicios a nivel nacional e internacional a bancos pequeños y de nicho, así como a intermediarios financieros no bancarios. La expansión permitió contar ahora con especialistas en Materia de Litigio Civil, Mercantil y Laboral, Competencia Económica, así como en Derecho Penal, lo que les ha permitido ampliar sus áreas de práctica. Bajo un nuevo esquema y filosofía de trabajo, el Despacho ha tenido que adaptarse a los cambios tecnológicos, lo que ha permitido aminorar los gastos de sus clientes foráneos gracias a las herramientas de trabajo remoto.

“Eso trajo un trato más humano del abogado con el cliente y principalmente en el sector financiero, eso es algo que yo rescato y celebro de la pandemia”, considera el Lic. Enrique Barrera Betancourt, Socio Fundador.

Barrera Betancourt Abogados ha incrementado su trabajo de manera exponencial, pues, con la caída de la economía a raíz del COVID-19, distintas empresas que enfrentan pluralidad de contingencias legales y económicas solicitan ahora sus servicios. Esto para la Firma fue una oportunidad de servir mejor, de manera expedita, de la mano de nuevas tecnologías, por medio de organización interna y alianzas estratégicas.

En el ámbito de las empresas financieras reguladas las autoridades tomaron medidas para proteger al sector bancario y a sus clientes, dentro de las que el Lic. Barrera Betancourt destaca el acuerdo que reconoce la validez legal de las notificaciones de oficios vía correo eléctronico y las reglas para el registro de cartera vencida como consecuencia de la contingencia sanitaria por COVID-19, otorgando intervalos de espera para poder liquidar deudas, así como las reglas que fortalecen la seguridad cibernética para evitar hackeos de cuentas bancarias y robo de identidad.

A su vez, el Lic. Barrera Betancourt considera que la pandemia y sus consecuencias económicas permitieron que otros países voltearan a México, buscando invertir sus recursos en empresas financieras altamente reguladas en captación de recursos, visualizándolas como una oportunidad de refugio de capitales. De esta manera, se podrían salvar empleos y compañías que en México se vieron muy afectadas.

En un año en el que todos hemos tenido que apoyarnos, el Despacho

se ha solidarizado con sus clientes en agradecimiento a la confianza y fidelidad que les han demostrado a lo largo de una década. “Nosotros no tenemos menos que apoyarlos y nos adaptamos a las necesidades del cliente. En tiempos de crisis económica hemos privilegiado mantener al cliente en el Despacho más que cobrar comisiones y honorarios”, destaca el Socio Fundador.

Barrera Betancourt Abogados cuenta con un compromiso hacia el sector social de la economía y esto se refleja en el apoyo que brindan a cooperativas de ahorro y préstamo, manejando costos razonables de servicio con la más alta calidad.

Dentro de sus planes a futuro está crear una alianza con un Despacho Internacional, al igual que conseguir clientes trasnacionales del sector Financiero, Energético y Hotelero.

Publicado el Deja un comentario

Talento y creatividad legal

El Derecho Mexicano ha experimentado cambios radicales en varias de sus ramas tras la puesta en marcha de tratados internacionales como el T-MEC, regulaciones en el espacio digital como la Ley Olimpia y reformas administrativas como el Sistema Nacional Anticorrupción. La necesidad de modernizar los parámetros con que opera el Sistema de Justicia Mexicano ha impulsado a las autoridades a tomar cartas en el asunto, teniendo como objetivo su integración a las dinámicas globales.

Con más de 20 años de experiencia en las áreas Administrativa, Constitucional y de Derechos Humanos, Pérez Johnston Abogados, S.C. ha afrontado la transición del sistema jurídico a través de la formación de nuevas generaciones y adquisición de personal más talentoso. En un ejercicio de retroalimentación, la Firma combina la experiencia de su fundador y la creatividad de un joven equipo que utiliza herramientas digitales. “Me gusta mucho ese aire fresco y la creatividad que muchas veces brinda; me parece que siempre ha sido una fórmula exitosa paratrabajarenlaformacióny desarrollodejóvenesdentrodel sector de la abogacía”, expresa el fundador de la Firma, el Mtro. Raúl Pérez Johnston.

A decir del Mtro. Pérez Johnston, el mundo del litigio despertó en él, desde sus primeros contactos con la materia, la inquietud de entender los sistemas que las sociedades han creado para garantizar la convivencia pacífica entre seres humanos y regular la prevalencia del Estado de Derecho, puesto que “los derechos y las normas constitucionales principalmente se entienden como principios que tienen que armonizarse con otros principios con los que muchas ocasiones entran en colisión”. La finalidad de dicha colisión es considerar la delgada línea roja que delimita la frontera entre nuestros derechos, otorgándoles prioridad a unos sobre otros.

Actualmente, el abanico de servicios legales en los que la Firma demuestra su maestría se extiende en forma de asesorías, litigios, arbitrajes y negociaciones, abarcando los sectores Energético, Educativo, de Protección Animal, Telecomunicaciones y de Libertad de Expresión, entre otros, ya sea para el sector público y privado. Pese a la suspensión de actividades, producto de la pandemia de COVID-19, el derecho no se detiene, de manera que la interacción persona a persona ha tenido adaptaciones en relación a la impartición de justicia. Paradójicamente, algunos de estos cambios han ido más allá del marco de la pandemia, propiciando el respetodelasautoridadesa las leyes, resultado de un trabajo de constante capacitación y experimentación tecnológica.

Una de las grandes facetas de la Firma es su labor pro bono. Tras la huella de devastación dejada por el terremoto de 2017, el equipo de abogados no dudó en brindar sus servicios de manera gratuita a las víctimas, en un acto de solidaridad, responsabilidad social y concordancia con una filosofía humanitaria que dicta “que es un deber social de todo profesionista tomar casos que puedan tener un impacto benéfico en la sociedad, incluso desde una perspectiva de carácter ético”.

La inventiva del Mtro. Pérez Johnston se presta para los actuales retos en torno a dinámicas virtuales, prueba de ello queda asentada en la anécdota con la que concluye el encuentro “el día de ayer tuve una conversación muy seria con uno de mis hijos […] me decía que había visto un video en Tik Tok de cómo un abogado decía que él tiene un derecho humano a poder estar en clases con la cámara apagada, porque eso impactaba su derecho a la privacidad, a lo que el maestro haciendo uso de su experiencia en la materia y su sentido crítico respondió: le tuve que explicar que desafortunadamente, en primer lugar, el derecho a la imagen está sujeto a consentimiento, y ese consentimiento lo dan los padres; y, segundo, que en el tema del derecho a la privacidad, la afectación se tiene que ponderar con el derecho a la educación; y que por ello no podía tomar clases con la cámara apagada”.

Publicado el Deja un comentario

El futuro de las empresas y su crecimiento en México

En los últimos años, los abogados se han enfocado en desempeñar una labor especializada a consecuencia de las cambiantes necesidades corporativas y transaccionales de sus clientes, quienes a menudo cambian de giro, hacen adecuaciones, expanden el alcance de sus operaciones o desaparecen.

Arconsa & Rea es una Firma joven especializada en las ramas Corporativa, Financiera e Inmobiliaria a nivel nacional e internacional, además de brindar asesoría en las áreas Laboral, Regulatoria y Contenciosa. El equipo conformado por Mario Rea, Vanessa Camarillo, Francisco Conzuelo y Alejandro Obregón brinda acompañamiento a las pequeñas, medianas y grandes empresas desde el momento de su concepción y durante la vida de las mismas. Se trata de un equipo con más de 20 años de experiencia que ofrece un servicio integral para todo tipo de negocio.

“Muchos empresarios inician sus actividades como personas físicas, migran a ser pymes, y ese cambio a persona moral genera una cierta desorganización que requiere un importante acompañamiento para la continuidad del negocio”, comparte el Lic. Alejandro Obregón, respecto a los casos más comunes que en la actualidad lleva la Firma en el sector privado.

Mediante el apoyo de su equipo de abogados, los integrantes de Arconsa & Rea ponen en práctica la experiencia profesional que los ha posicionado entre las Firmas más prestigiosas. Uno de los temas donde han puesto especial énfasis es la entrada en vigor del T-MEC, ciertas industrias han pasado por ciertos reajustes para cumplir con los requisitos legales que se requieren para entrar a las nuevas dinámicas de competitividad.

“Nuestro trabajo consiste en brindar a los empresarios el apoyo legal para lograr los objetivos comerciales que quieren alcanzar, encontrar la mejor forma de tener éxito”, expresa el Mtro. Mario Rea.

Proveer servicios profesionales de excelente calidad a un costo razonable se ha vuelto el estandarte de la Firma ante las actuales circunstancias sanitarias, puesto que las autoridades han tenido que limitar la actividad laboral, delimitando la industria solamente a actividades esenciales. La fórmula de su éxito radica en encaminar las actividades de sus clientes hacia el debido cumplimiento de las normas, siempre apostando por un comportamiento responsable.

“Nos dio más dinámica en las actividades tener que adaptarse a la tecnología, en medios electrónicos que permitan dar continuidad a las actividades a distancia”, asevera el Mtro. Francisco Conzuelo al compartir la reacción de Arconsa & Rea de adaptar sus estrategias de trabajo a las plataformas digitales.

No es de extrañar que estas herramientas comunicativas sean el futuro para la impartición de justicia, tampoco que los nuevos retos de los funcionarios tiendan a la regulación de los espacios públicos y digitales. De hecho, la Firma es consciente de que habrá muchos cambios que beneficiarán de forma permanente la comunicación con el cliente y las autoridades, por lo que su capacitación en temas digitales no cesa.

“Si hay algo positivo en este tema es que nos ha demostrado a muchos que podemos hacerlo, podemos hacer el trabajo desde casa, y también lo que implica ese ahorro de tiempo de desplazamiento”, comparte la Lic. Vanessa Camarillo sobre los nuevos retos y áreas de oportunidad que representan la pandemia y las condiciones producto de lanuevanormalidadparaMéxico.