La minería en México es una de las actividades con más tradición, actualmente el país es el Primer destino en inversión en exploración minera en América Latina y el 4° en el mundo de acuerdo con un reporte publicado por SNL Metals & Mining. Esta posición ha sido ganada gracias a que México es un país con importante vocación minera, siendo la visión de VHG el otorgar la mayor certeza jurídica posible en el sector en el que coadyuvan las autoridades regulatorias y abogados especializados en la materia como lo son el Licenciado Alberto Vázquez Sánchez y Miguel García Fernández, socios de VHG Servicios Legales, S.C.
“Desde hace 20 años nos dedicamos a apoyar y asesorar a inversionistas interesados en seguir fortaleciendo económicamente a México a través del sectorminero,una actividad que a veces es estigmatizada pero en realidad, es esencial para la población ”, explica el Licenciado Vázquez Sánchez.
Esta industria es tan importante que en la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19, cerró las operaciones de acuerdo a lo ordenado por el Gobierno Federal, tiempo en el que los empresarios hicieron un esfuerzo por mantener los salarios y los empleos.
“La minería es la madre de todas las industrias, en cualquier actividad tenemos materiales extraídos de la tierra. De hecho, 80 por ciento de nuestro día convivimos con ese sector sin notarlo”, detalla el abogado con más de 20 años de experiencia en esa especialidad; es por esta razón que posteriormente la minería fue declarada como actividad esencial y las empresas mineras retomaron actividades no sin antes implementar los protocolos correspondientes para evitar al máximo el contagio y la propagación del Covid-19 en las unidades mineras y en los Municipios en donde llevan a cabo sus actividades.
En su transición a la nueva normalidad, la Firma VHG Servicios Legales, S.C. ha centrado sus esfuerzos en hacer aportaciones para el reconocimiento de la Industria Minera como actividad esencial en la cadena económica de México. “Actualmente hemos apoyado a diversas empresas en la implementación de los citados protocolos ya que es una gran responsabilidad el regreso a las actividades dentro del sector, dando prioridad a la salud de los trabajadores, sus familias, comunidades y municipios en donde se están reactivando actividades”, manifiesta el también socio García Fernández.
De acuerdo con datos de la CAMIMEX, la minería representa el 2.4% del PIB Nacional y 8.2% del PIB Industrial y representa 379,000 empleos directos en total a nivel nacional e indirecto a casi 2 millones. “Es un sector juzgado
pero es una de las actividades con mayor control, la legislación que regula la materia es muy estricta en sus parámetros. Nuestro compliance corporativo incluye, además del cumplimiento del marco jurídico aplicable, la presentación de informes de prevención de lavado de dinero ante las autoridades competentes, y el estricto cumplimiento de políticas anticorrupción”, asegura el Licenciado cuya práctica está enfocada principalmente a las Áreas de derecho migratorio, corporativo e inversiones extranjeras.
El sector minero está regulado por alrededor de 36 leyes y reglamentos vigentes, entre los cuales destaca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley de Inversión Extranjera, Ley Agraria, Ley Minera, Ley de Aguas Nacionales, Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación así como tratados internacionales ratificados por México.
“Es muy importante que dejemos de ver a la minería como el patito feo del cuento. Estamos viviendo un boom y deberíamos aprovecharlo. Ya tenemos la infraestructura y siendo una de las industrias más reguladas por autoridades administrativas como SEMARNAT, CONAGUA, PROFEPA, SEDENA, Secretaría de Economía, Dirección General de Minas, Registro Público de Minería, Procuraduría Agraria y Registro Agrario Nacional, la industria minera no es negativa para el país ni para las comunidades en donde se desarrolla esta actividad”, sentencia el abogado Juan Coronado Avila, quien es parte de este despacho 100 por ciento mexicano.
Incluso, el equipo de VHG Servicios Legales, S. C., refiere que con sus casi 20 años de vida laboral en esa materia, puede afirmar que es uno de los sectores de mayor transparencia. “No hay una sola empresa que hayamos asesorado que tenga intenciones de destruir la cultura mexicana, de afectar los usos y costumbres de los Ejidos y Comunidades ya sean Agrarias o Indígenas; tampoco tienen intención de afectar las tradiciones ancestrales pero si, brindar una mejor calidad de vida en el México rural. Al contrario, están dispuestos apegarse a las reglas, a renunciar a la protección de su gobierno cuando hacen negocios en México y a pagar todos los impuestos legalmente establecidos”, comenta el socio Alberto Vázquez.
Los impuestos generales aplicados a la industria minera más importantes son: IVA con una tasa general de 16%, el Impuesto Sobre la Renta (ISR) con una tasa de 30%, y el Impuesto General a la Importación (IGI) que va del rango de 10 a 25 por ciento pero además, es la única Industria que paga un impuesto adicional conocido como “Regalía Minera” equivalente al 7.5% de las utilidades más un 0.5% cuando la explotación es de oro, plata y platino; el dinero recaudado por esta “Regalía Minera”, originalmente la mayor parte de este impuesto debería ser distribuido en los Municipios en donde se lleva a cabo la actividad extractiva, debiendo ser utilizado en áreas como Educación, Salud, Medio Ambiente, Vías de Comunicación precisamente para beneficio de las comunidades mineras.
Lamentablemente durante esta administración, los Municipios Mineros ya no reciben completamente este beneficio, siendo el mismo destinado por la federación a nivel nacional dentro del sector educativo. “Es una industria que beneficia a todos y que por su naturaleza y rigurosidad nunca se ha visto envuelta en escándalos mediáticos por falta de probidad u honradez de funcionarios de alto nivel como se ha presentado en otras industrias, siendo básicamente los temas que se hablan de la industria, aquellos derivados de muy lamentables accidentes (como en toda industria efectivamente hay riesgos), así como por estigmas derivados de la imagen de la industria hace más de 30 años, sin considerar la evolución de la misma”, finaliza Vázquez Sánchez.
