“Con los arreglos laborales del T-MEC es mucho lo que está en juego. Una exitosa implementación, traducida en el despliegue de un modelo laboral en México con observancia de las leyes y trabajo bien pagado, podría hacer de Norteamérica una región no sólo integrada, sino más prospera y competitiva”.
El nuevo tratado comercial de Norteamérica (T-MEC) ha traído un flujo de recursos apreciables de Estados Unidos a México destinados a mejorar sus procesos y sistemas de aplicación de las leyes del trabajo. El objetivo inmediato es impactar la ruta hacia un nuevo modelo laboral y una mejor distribución del ingreso. El más de fondo, evitar que la depresión laboral y el dumping social sean bases del comercio internacional; exactamente como México modeló para el mundo y Norteamérica amparado en el tratado previo, el TLCAN o NAFTA.
El Congreso de Estados Unidos acordó 180 millones de dólares para contribuir a traducir la reforma laboral mexicana –mandatada desde el T-MEC—en hechos, mediante acciones concertadas desde el Departamento del Trabajo (DOL, por sus siglas en inglés). Esa cantidad se sumó a los 90 millones de dólares invertidos desde 2016 en México para actividades similares.
En el contexto nacional de recursos escasos e institucionalidad precaria, son fondos muy necesarios, pues vienen a nutrir los esfuerzos por crear el andamiaje institucional que soporte un sistema de relaciones industriales del que México siempre ha carecido. Esto es un sistema en que los agentes productivos libremente pactan, regulan, organizan y distribuyen los productos e ingresos del trabajo. El relieve de estos recursos crece frente a la estructura de arreglos laborales única que Estados Unidos ató para firmar un nuevo tratado con México. Este evento es de una trascendencia mayor, tanta que puede afectar los términos de comercio del mundo. Entendámoslo.
Estados Unidos abrió este siglo en la encrucijada de actuar como el heraldo del libre comercio en el mundo, además de la necesidad de actuar frente a su pérdida de competitividad en industrias estratégicas como la automotriz. La encrucijada era —como lo sigue siendo— mayúscula.
Como geografía es destino y tomar la posición de heraldo de una causa significa empezar por casa, Estados Unidos encaraba el desafío de actuar primero por el hemisferio. Con planes sobre la mesa para firmar acuerdos de libre comercio con una gama de países de la región, la perspectiva lucía desafiante. Los resultados de la experiencia del NAFTA eran desastrosos. Sin ningún mecanismo ni interés serio de vigilar los derechos laborales, los corporativos se estaban moviendo a ritmos cada vez más acelerados hacia México, donde podían producir y accesar a los mercados haciendo lo que querían con los trabajadores. Incluyendo pagar una fracción por sus servicios. El tradeoff era implacable: en casa se cerraban las fábricas y arrojaban la gente a la calle, aún en ciudades enteras. Como el antiguo mototown, Detroit, que pasó a ser un pueblo fantasma.
Con una tradición similar o peor de poner a un lado los derechos laborales, un libre comercio irrestricto con aquel resto de países latinoamericanos no era opción.
Por eso, Estados Unidos, desde el acuerdo con Chile entre 2002-2003 inició el camino de negociar arreglos laborales no paralelos —como en NAFTA-—, sino centrales. Y con creciente centralidad. Serían aproximaciones sucesivas las logradas con los países del ALCAC-RD (2004), Perú (2006) y de Colombia a Panamá (2006-2007). Mandatado por el Congreso y bajo la vigilancia de AFL-CIO, inició una generación de acuerdos comerciales condicionados al respeto de los Derechos Fundamentales en el Trabajo de la OIT, reforma a las leyes laborales; recursos para la aplicación e inspección de la ley y mecanismos de sanción y reparación en casos de violación de los derechos del trabajo.
El caso de México y el T-MEC
Los acuerdos laborales para firmar el T-MEC, no obstante, fueron más allá de recuperar las experiencias alcanzadas en los tratados anteriores en la región. Entretejen normas, mecanismos y recursos cuyo objetivo último es generar un nuevo modelo de libre comercio. Éste se puede resumir en hacer contingente el libre flujo comercial entre los países al cumplimiento de las leyes laborales. A ese efecto, en el T-MEC se amarraron cuatro elementos:
- Un mecanismo de Respuesta Rápida para procesar denuncias por violaciones laborales aunado a una serie de ventanillas, incluyendo espacios para denuncias anónimas y verificaciones in situ que aseguren que cualquier violación pueda ser visibilizada y remediada;
- Un conjunto de paneles y consultas para seguir el tratamiento de las violaciones en donde se aseguran tener la última palabra sobre la ocurrencia de una remediación;
- La figura de observadores laborales que les permiten tener ojos adicionales sobre la manera en que el gobierno mexicano atiende sus compromisos; y
- Recursos de asistencia para mejorar el tramado organizacional que contribuyan a cambiar el panorama de no cumplimiento a uno de respeto a las leyes del trabajo.
El recuento ilustra por qué con los arreglos laborales del T-MEC es mucho lo que está en juego. Una exitosa implementación, traducida en el despliegue de un modelo laboral en México con observancia de las leyes y trabajo bien pagado, podría hacer de Norteamérica una región no sólo integrada, sino más prospera y competitiva. En tal caso, se estaría modelando desde aquí los términos que podrían regular el libre comercio global en el futuro.
He aquí por qué es crucial el uso adecuado de los recursos escasos para transformar las prácticas e instituciones del trabajo. La experiencia del DOL apoyando los acuerdos laborales en los tratados comerciales de Estados Unidos con los países citados del hemisferio, empero, no da para el optimismo. Revela una gama de iniciativas importantes, pero de resultados extraordinariamente limitados, país tras país. De Centroamérica a la Región Andina y de éstas a el Caribe, acercando dos décadas de tratados e intervenciones laborales, persisten las violaciones a los derechos laborales tanto como la brecha que separa ley y realidad del trabajo.
Así se muestra en los estudios de Orbie et al., 2017; León Palencia, 2012; ILO, 2017; Dewan & Ronconi, 2014; Covarrubias, 2021; Covarrubias & Dufour, 2022; dentro de otros. Si bien estas realidades están mucho más allá del DOL y revelan la complejidad y resistencia de los países de la región para cambiar sus prácticas e instituciones del trabajo, el alcance de lo avanzado debiera de invitar a repasar medios, fines, estrategias y acciones de intervención.
Por eso llama la atención que el DOL esté administrando los recursos hacia México bajo las mismas prácticas que ha seguido para el resto de países latinoamericanos. Es un esquema en el que, pese a que se abren convocatorias para recibir y valorar proyectos, así como equipos de intervención, los resultados son invariablemente los mismos. En ello, un grupo reducido de poderosas consultoras y lobistas de Washington terminan por recibir el grueso de los recursos. Por ejemplo, IMPAQ-AIR, desde la firma del T-MEC, ha recibido un tercio de los recursos del DOL para proyectos en México (alrededor de 40 millones de dólares). Proceden entonces a subcontratar a otro reducido grupo de especialistas, confeccionando así un singular tipo de maquila calificada.
De inicio, el problema del esquema es doble. Por una parte, como en toda subcontratación, aquellas entidades guardan para si la estructura de decisiones y puestos directivos, o bien los cubren con expatriados cuyo conocimiento de la realidad laboral mexicana es superficial y secundario en el mejor de los casos. Lo que arriesga curvas de aprendizaje prolongadas y decisiones sesgadas. Por otra parte, descansan en una jerarquizada estructura administrativa de puestos y ayudantías hacia donde canalizan gran parte de los recursos. Luego, como esas estructuras están basadas en Estados Unidos y se pagan a tarifas y en moneda de ese país, los costos administrativos devienen en onerosos frente al trabajo técnico y la intervención que se hace en el país.
Mis estimaciones son que dos tercios del presupuesto de un proyecto se van en esos puestos y labores facilitadoras. El detrimento, pues, lo paga el trabajo sustantivo que es el técnico, de intervención efectiva en la realidad laboral. De confirmarse estas estimaciones, lo invertido en el mundo del trabajo del país se reduciría a 33 centavos de cada dólar, proporción que pone en duda la plausibilidad de cualquier programa de intervención.
En suma, habida cuenta la gran trascendencia de lo que está en juego con el éxito o fracaso de la reforma laboral en México y los acuerdos relativos concertados en el T-MEC, es más que oportuno repasar los términos, criterios y resultados con que se vienen operando proyectos y recursos para apoyar la transformación del mundo del trabajo.
*El autor coordina la Red Innovación y Trabajo en la Industria Automotriz Mexicana (RedItiam) y el Grupo Interdisciplinario de Transporte Eléctrico y Movilidades Avanzadas (TEAMs). Es miembro del TinkTank para el Transporte Eléctrico Estados Unidos-México de la Alianza MX de la Universidad de California y la SER.
FUENTE: eleconomista
