Empresarios mexiquenses solicitan que se generen modificados para acceder al Dictamen de Giro y la obtención de licencia de funcionamiento.
Derivado de que ya entraron en vigor las nuevas modificaciones a la Ley de Competitividad del Estado de México, los empresarios mexiquenses pidieron al Congreso local que se pueda reformar nuevamente este marco jurídico.
En conferencia de prensa, el presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México (Concaem), Gilberto Sauza Martínez, explicó que con esta nueva ley se le pide a las unidades económicas (de venta de alimentos, bebidas alcohólicas, rastros, refacciones y aquellas dedicadas a la comercialización de autopartes) que cuenten con un Dictamen de Giro para poder obtener su licencia de funcionamiento, precisamente la fecha límite para obtenerlo es el 1 de abril.
Sin embargo, no se consideró que los ayuntamientos no están teniendo la capacidad para autorizar los dictámenes de giros, ya que necesitan de más facultades jurídicas para generarlos; a la par, hay una sobredemanda para obtener este trámite.
“El sector empresarial del Estado de México hace un llamado urgente a la LXI Legislatura de la entidad para que corrija la catástrofe reglamentaria y el estado de desprotección en el cual se encuentran miles de unidades económicas de la entidad”, dijo.
“La precaria redacción que tuvo la reforma que inició su aplicación en enero del 2021 no consideró el hecho de que los ayuntamientos no tienen facultades jurídicas para autorizar o verificar establecimientos en materia sanitaria, por lo que cual los Dictámenes de Giro que pudieran aprobar son inválidos ante una revisión de Coprisem o autoridades en materia de salud”, refirió.
Detalló que en cuanto comiencen a efectuarse las revisiones, se podría suspender las operaciones de las unidades económicas por no contar con los nuevos permisos.
“Esto implica las 70,000 unidades económicas del sector restaurantero y bares, además de 10,000 unidades económicas que concentran rastros, tiendas de autoservicio, departamentales y refacciones en la entidad que a partir del mes de abril se encontrarán en el limbo jurídico”, detalló.
“La situación es grave ya que estos sectores representan para el Estado de México más de 500,000 empleos directos y alrededor de 2 millones de dependientes económicos”, agregó el líder empresarial.
Propuestas
Sauza Martínez dio a conocer que como sector privado están planteando una ruta de solución, primero que se modifique la ley vigente, posteriormente que se establezca un nuevo reglamento que garantice certeza jurídica a los empresarios del sector.
Y finalmente, puntualizó, que se defina una hoja de ruta y calendarización viable para el cumplimento de la nueva norma y se acompañe a los municipios en capacitación para su implementación.
FUENTE: eleconomista
