SAÚL ORTEGA/NTRZACATECAS.COM
La iniciativa sobre desplazamiento forzado interno tiene un año y medio estancada en el Senado de la República, por lo que se sigue sin legislación para atender un problema que en Zacatecas se ha agravado: los cientos de familias que huyen de la violencia, sobre todo en Jerez, Valparaíso, Tepetongo y Monte Escobedo.
El 29 de septiembre de 2020, la Cámara de Diputados aprobó con 395 votos a favor el proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno, presentada por Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
El expediente con la minuta se remitió al Senado de la República, que lo recibió un día después, pero desde entonces no se retoma el tema, a pesar de que distintos organismos defensores han exhibido la vulnerabilidad de las víctimas y los casos de Zacatecas han resaltado incluso a nivel internacional.
En días recientes, grupos de desplazados de distintas partes de la República y organizaciones de derechos humanos urgieron a los integrantes de las Comisiones Unidas de Gobernación, de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos para analicen, discutan y, en su caso, aprueben una propuesta.
Para ello se plantearon mesas de diálogo, que la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) pidió abrir a las víctimas. Cabe destacar que la senadora zacatecana Claudia Anaya Mota pertenece a las dos primeras comisiones, es secretaria en la de Gobernación e integrante en la de Derechos Humanos.
Esta ley serviría para reconocer y garantizar los derechos de las personas en situación de desplazamiento forzado, establecer atribuciones y distribución de competencia entre los tres órganos de gobierno y organismos autónomos para proteger y dar soluciones duraderas.
De acuerdo con la iniciativa, se pretende buscar un mecanismo de prevención, atención, protección, generación e implementación de soluciones duraderas para el desplazamiento forzado interno y se propone la creación de un fondo específico y un Registro Nacional de Personas Desplazadas.
Mediante un comunicado, en 2020, la Secretaría de Gobernación (Segob) celebró la aprobación de esta propuesta, para la que contribuyó la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas (UPMRIP), en “un paso importante para saldar la deuda histórica que México mantiene en la materia”.
“Este nuevo marco legal protegerá a las personas que han abandonado sus hogares por motivos de seguridad pública, como la violencia de género, conflictos sociales, políticos, culturales, religiosos y por disputas de recursos naturales, desastres naturales y discriminación, entre otros factores”, se agregó en el documento.
Asimismo, en la aprobación de la iniciativa en la Cámara de Diputados, se advirtió que desde entonces ya era “inevitable postergar” atender el fenómeno, “que ha cobrado importancia por su magnitud, pues ha dejado en la indefensión a un número alarmantemente creciente de personas”.
En su Artículo 5, la ley también contempla, como causas de desplazamiento forzado interno, el castigo colectivo de una población como resultado de incumplimiento de usos y costumbres, conflictos agrarios, armados, comunales y de propiedad.
Además, se consideran los proyectos a gran escala, violaciones a los derechos humanos, violencia sexual y de género, atentados contra la libertad de expresión y el derecho a información, así como otros tipos de violencia.
En el Artículo 7 se obliga a la Federación, entidades federativas y Municipios, en el ámbito de sus competencias, a atender y proteger a las personas en estas situaciones de éxodo, acorde a lo establecido en el marco jurídico nacional e internacional.
La iniciativa también propone la creación de un programa nacional que genere un diagnóstico y líneas claras en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo; sin embargo, esta propuesta se ha convertido en un catálogo de buenas intenciones, denunció la oposición,
La CMDPDH resaltó que no se trata del primer planteamiento para atender el desplazamiento forzado, pues en 2019 se aprobó tipificarlo como delito, lo que también continúa a la espera de dictaminación en el Senado, además de otras tres iniciativas de 2021 para incluir a las víctimas en leyes específicas.
También, en octubre de 2020, los senadores Nestora Salgado García y Ricardo Monreal Ávila suscribieron la propuesta que busca expedir la Ley General para Prevenir y Atender el Desplazamiento Forzado Interno.
FUENTE: ntrzacatecas.com
