“No debemos ser evaluados los legisladores por la cantidad de iniciativas que presentamos, sino por la calidad de éstas, por el impacto que éstas pueden tener para los destinatarios de las normas y para los operadores de estas normas jurídicas. Éste es uno de los grandes temas de este Congreso”.
“Calidad, no cantidad”, esa debe ser la premisa en el Congreso de la Unión, afirmó Olga Sánchez Cordero.
“No debemos ser evaluados los legisladores por la cantidad de iniciativas que presentamos, sino por la calidad de éstas, por el impacto que éstas pueden tener para los destinatarios de las normas y para los operadores de estas normas jurídicas. Éste es uno de los grandes temas de este Congreso”.
Al participar en el Primer Congreso Internacional en Análisis de Impacto Legislativo, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores reflexionó:
“¿Cuántas son las leyes que efectivamente se cumplen?, ¿cuántas se quedan en letra muerta por ser inviables desde un punto de vista administrativo, o desde un punto de vista presupuestario, o desde un punto de vista social o hasta jurídico, por las antinomias que pueden llegar a presentarse?”, dijo.
Celebró la realización del foro, en el que más de 600 expertos de seis países expondrán sus puntos de vista durante dos días, “con la esperanza de que los resultados de estas jornadas dejen una semilla en el campo del trabajo legislativo nacional, para que la evaluación de impacto legislativo permita que el derecho siga siendo el instrumento sustantivo más importante de la transformación social” en México.
Comentó que en los últimos años se ha formado la creencia de que la implementación de una nueva ley o la modificación de una existente puede resolver de manera exitosa una determinada problemática.
“Esta creencia ha dado como resultado que los parlamentos hayan sido los receptores de una cantidad creciente de proyectos, de iniciativas, de leyes y de decretos, determinando lo que se llama comúnmente —así se llama— inflación legislativa”.
A nivel parlamentario, explicó, la evaluación y el análisis del impacto legislativo, que se originó en Europa, sirven para contar con instrumentos técnicos y una metodología específica para revisar la viabilidad de las propuestas normativas en el gobierno, que es quien las implementa, como para todos los operadores jurídicos y, sobre todo, los ciudadanos que son quienes finalmente resienten sus efectos.
FUENTE: eleconomista
