En México, durante los últimos 20 años, el Derecho Penal, a diferencia de los países de primer mundo, se ha convertido en aquel que cada vez es más requerido por la sociedad, esto en razón del desmedido incremento de actos delictivos que han colocado al país en niveles de inseguridad nunca antes vistos.
De esta forma, mientras que en países del llamado primer mundo y principalmente de la Unión Europea, como Noruega, Islandia o Suecia, ya el Derecho Penal es prácticamente una “Figura decorativa” y las prácticas legales comunes lo son el Derecho Corporativo, Internacional o nuevas modalidades, como el Aeroespacial y Cibernético, en México, día a día, es el Derecho Penal al que más se tiene que acudir, llevando esto al colapso por la saturación de las instituciones de procuración e impartición de justicia en la materia.
Es de destacarse que esta exagerada intervención del Derecho Penal no es exclusiva solo de nuestro país, en idénticas o peores circunstancias se encuentran Centro y Sudamérica y, más aún, Estados Unidos no escapa de esta alarmante tendencia.
En este escenario, en México, hoy por hoy, es ridículo pretender que las fuerzas armadas no intervengan en el combate a la delincuencia organizada, pues ello implica de manera definitiva entregar el país al crimen organizado, o bien provocar una Revolución Civil armada de resistencia.
Si hemos específicamente hablar de México, existen fuertes discusiones respecto de si las Fuerzas Armadas deben abandonar las calles y el combate a la delincuencia organizada, pues bien, esto equivale a que el Ejército, la Marina y hasta la Guardia Nacional simplemente se “guarden” y abandonen a su suerte al pueblo de México. ¿De verdad quienes desean sacar a las Fuerzas Armadas de las calles buscan apoyar al pueblo?, pues parece más lógico y claro que obedecen a los intereses de los criminales para que estos últimos ya no tengan obstáculos o “inconvenientes” para poder tomar todos y cada uno de los Municipios y someter a la totalidad del pueblo mexicano.
¿Eliminar la prisión preventiva oficiosa? Puede ser para delitos de menor impacto, pero ¿También a secuestradores, narcotraficantes, homicidas, extorsionadores, etc.? ¿Si estos son liberados podremos realmente volverlos a aprehender? Y de ser así, ¿cuánta sangre será derramada en el proceso?
El desconocimiento del tema penal no solo en teoría, sino en la práctica, provoca ignorantes manifestaciones que, cobijados bajo el supuesto respeto absoluto y extremo de las garantías del posible autor de un delito de alto impacto, que el mismo sea puesto en libertad después de haber sido capturado, esto como si en México se contara con la infraestructura suficiente para capturar en caso de sustracción de la justicia a una misma persona y por los mismos hechos varias veces, situación que se agrava infinitamente cuando se trata de temas relacionados al narcotráfico, trata de personas, secuestro, etc., donde evidentemente el crimen organizado cuenta con muchísima mayor capacidad económica y armamentística que el propio Estado, provocándose en ese caso una labor titánica y prácticamente imposible de ser llevada a cabo.