"Criterio jurídico, herramienta estratégica del litigio"

Más de 30 años de ejercicio profesional responsable, apegado a la ley y con resultados positivos dentro de los juzgados, convierten a Guerra González Abogados en la Firma boutique más grande y de mayor prestigio en materia de Litigio Civil y Mercantil.

“Nos hemos destacado como una Firma muy especializada sobre todo en Refinanciación y Concursos Mercantiles de empresas que han entrado en problemas de crisis”, destaca el socio Fundador, Mtro. Jaime Guerra González.

Su liderazgo legal los ha llevado a participar en casos de gran envergadura como la reestructuración financiera de Altos Hornos de México, el concurso mercantil de Vitro e ICA, y las expropiaciones en contra de gobiernos de Estado; experiencias que han marcado un precedente y permitido a los socios contar con un criterio jurídico amplio e inigualable, producto de la constante aplicación de la ley y el estudio de la jurisprudencia.

“Los abogados somos como los cangrejos: caminamos hacia adelante pero viendo para atrás, porque los antecedentes son los que te generan la experiencia en los distintos procedimientos, así se conoce el know how de cómo llevar a cabo los juicios”, recalca el Litigante.

Como especialista en Litigio, el Mtro. Jaime Guerra González resalta la visión humanista con la que actualmente se llevan a cabo los procesos judiciales, tomando en consideración tratados internacionales, sin embargo, dice, resulta paradójico determinar hacia dónde se encamina el Poder Judicial debido al dinamismo del Derecho.

“Una ley se pone a prueba conforme va avanzando y se va ajustando a través de los procesos jurisprudenciales, porque la ley nunca puede prever todos los presupuestos de la actitud humana, tanto de la Corte como de los tribunales”, refiere.

Ética y especialización se han convertido en dos pilares fundamentales que enmarcan el éxito de Guerra González Abogados, tanto que han decidido hacer de lado otras áreas legales para reforzar y consolidar su dominio en el Litigio Civil y Mercantil.

“No vamos a cambiar nuestro derrotero, ya llevamos 30 años en esto, hemos ido consolidando al Despacho y no me gustaría abrir otra área”, explica el Socio Fundador.

El Mtro. Guerra González reflexiona sobre la responsabilidad social que conlleva el Derecho y cómo la sociedad ocupa un papel preponderante para fomentar los valores y obtener justicia.

“Una sociedad que no ejerce el Derecho es una pobre sociedad y por desgracia en México son muy pocos los que lo ejercen en gran medida porque existe una gran impresión en la sociedad mexicana de que no existe una correcta administración de justicia lo cual es falso. La cosa es ejercer el Derecho, si no se ejerce se queda estático”, argumenta.

La administración de justicia es una delicada labor que desempeñan los poderes judiciales de los estados al resolver los conflictos entre particulares y particulares en contra de actos de autoridad, con la observancia estricta del orden jurídico preestablecido, de los derechos humanos de las personas y del sentido común.

Conforme a nuestra Constitución Política la designación de los ministros de la Suprema Corte de la Nación es facultad del Presidente de la República el presentar ante la Cámara de Senadores una terna de candidatos para que dentro de alguno de ellos, la propia Cámara ratifique la propuesta realizada por el ejecutivo de la nación.

También nuestra Constitución Política establece claramente que los tres poderes que conforman la administración pública son independientes, soberanos y autónomos. No obstante lo anterior, previo el presupuesto que presenta el poder judicial a la Cámara de Diputados para su aprobación en cuanto a los egresos y gastos del mismo durante su ejercicio anual, ha sido costumbre que el mismo nunca ha sido aprobado en las cantidades y términos de las necesidades que el poder judicial va a realizar durante dicho año conforme a sus requerimientos.

Si se desea una verdadera fortaleza y total independencia del poder judicial en nuestro país, se estima que la designación de los ministros de la corte debe ser llevada a cabo no por propuesta de terna del ejecutivo de la nación con la aprobación de la Cámara de Senadores, sino que esta designación debe corresponder al propio poder judicial entre los magistrados de los distintos Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito que existen en el país, previa selección de parte del Consejo de la Judicatura Federal de 25 magistrados entre ellos, para que estos presenten a los ministros de la corte su sentir de la forma de llevar a cabo tan sagrada labor en caso de ser designados ministros y sugerencias para mejorar una administración de justicia.

El Consejo de la Judicatura Federal, tiene los expedientes de todos los magistrados y tiene perfecto conocimiento de la forma de actuar de cada uno de ellos y su desarrollo profesional. Con independencia de la capacidad e integridad que las personas actualmente fungen como ministros de la corte, las cuales no se ponen en duda, la enorme ventaja de que uno de los magistrados del mismo poder judicial sea aprobado como nuevo ministro de la corte, es el conocimiento, del sistema judicial y criterios jurisprudenciales emitidos por los distintos tribunales de justicia y que por derecho al escalafón laboral tendrían derecho. Muchos tratadistas consideran que la independencia y autonomía del poder judicial esta propiamente en la integridad de las personas, sin embargo, se estima que generaría una mayor y total independencia de los nuevos ministros, si estos no son propuestos por el ejecutivo y aprobados por la Cámara de Senadores, porque puede prestarse a compromisos partidistas por la propia designación.

LA FORTALEZA E INDEPENDENCIA DE UN PODER JUDICIAL

Por Mtro. Jaime Guerra González

La autonomía de un poder judicial también se ve afectada si los presupuestos del ejercicio anual sean aprobados o desaprobados por la Cámara de Diputados, en virtud de que para conocer la organización y funcionamiento de un poder judicial se debe de estar imbuido en el mismo para saber las necesidades y requerimientos que este tiene.

Por lo tanto, para lograr esta fortaleza e independencia añorada de la Suprema Corte de Justicia deben de observarse las anteriores consideraciones y reformarse la Constitución Política Mexicana para que se cumpla con estas cualidades que se indican, aunado a que dicha institución no se le debe de otorgar facultad de decisiones políticas, porque evidentemente su función es observar y hacer observar el orden jurídico preexistente, conforme a los derechos humanos y al sentido común.

En mi experiencia de 50 años de haber recibido mi título profesional de Licenciado en Derecho otorgado por nuestra más alta casa de estudios, he visto la necesidad de que se lleven a cabo estas reformas para garantizar en su totalidad, la fortaleza, independencia y autonomía de nuestro poder judicial. La máxima fortaleza del poder judicial es el decidir y aplicar la ley, observando la correcta interpretación de la misma, los derechos humanos y el sentido común. La sociedad que no ejerce el derecho y este no es otorgado por el poder judicial, es una sociedad con un pobre orden jurídico y carente de valor, ya que el administrar justicia es uno de los fines más sagrados a lograr dentro de la sociedad.

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