Especialistas coincidieron en abrir el espacio regulatorio, pero piden trato justo que no mate la innovación.
A cuatro años de la publicación de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, mejor conocida como ley fintech, y en vísperas de la construcción de una moneda digital emitida por el Banco de México (Banxico), especialistas y participantes de la industria coincidieron en que este marco normativo si bien regula los activos virtuales, no es suficiente para el completo y sano desarrollo del ecosistema que opera estos instrumentos.
Durante el Foro Bitcoin, México y la Economía Digital, organizado por la asociación Legions, distintos especialistas dieron su punto de vista de cómo debe de regularse el tema de las criptomonedas ante el potencial que éstas tienen para avanzar en la inclusión financiera y por ende en el desarrollo económico del país.
«Hay una Ley Fintech en México que es el marco jurídico, pero que no es suficiente para poder hablar de todos los temas sobre criptomonedas. ¿Qué tenemos que hacer? Invito a las autoridades administrativas a que tengan un criterio uniforme respecto al uso de las criptomonedas, para llegar a esto hay que hacer una interdisciplinariedad e igualmente que se abra el diálogo», detalló Rebeca Álvarez, fundadora del despacho Loxical.
En México, con la publicación de la Ley Fintech el tema de activos virtuales tomó relevancia de manera normativa. Para el sistema financiero, Banxico indicó que no permitiría que las instituciones ofrecieran estos instrumentos al público en general y sólo pueden usar la tecnología para temas internos.
A la par, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tomó la supervisión antilavado para aquellas plataformas fuera del sistema financiero y para efectos de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Para Vanessa Solis, directora de la firma Vconsulting, el marco regulatorio actual que aplica para las criptomonedas no abarca el tratamiento fiscal sobre la operación de estos instrumentos y si bien la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) ha emitido guías al respecto, que el tema no esté dentro de la ley provoca incertidumbre.
«Hay países que, sin necesidad de comprometer el sistema financiero, han creado medidas o marcos regulatorios en materia fiscal. Es importante que se adecúen los marcos a los modelos de negocio, pero hay que tener mucho cuidado porque todo exceso de la ley puede frenar el crecimiento», comentó Solis.
Solis detalló que si bien la Prodecon ha sugerido el pago de Impuesto Sobre la Renta en la operación de estos instrumentos, la realidad es que hay varias aristas que deben de ser consideradas para que esto pase, pues, por ejemplo, a veces el trading se hace en otras partes del mundo o en plataformas centralizadas o descentralizadas, por lo cual se hace imposible hablar de retención de este gravamen.
En su intervención, Silvia Matus, vicepresidenta de Práctica Externa del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), detalló que, si la operación de compraventa de criptomonedas genera ganancias, es necesario pagar ISR pese a que no esté contemplado como tal en el marco fiscal mexicano.
«A la autoridad no le importa si tenemos ingresos por trading o, por ejemplo, vender mesas. Si tienes utilidades lícitas tienes que pagar», detalló Matus.
Rebeca Álvarez enfatizó que, en caso de contemplar adecuar el marco normativo de las criptomonedas, es necesario que los conceptos que aborde la ley sean lo más amplios posible para que se puedan abarcar los nuevos modelos de negocio como por ejemplo los tokens no fungibles u otros tipos de tokens.
«Necesitamos conceptos lo más amplios posible, que sean flexibles y que vayan de acuerdo con modelos de negocio… No solamente es poner el marco jurídico, también es aplicarlo. Hoy en día tenemos reguladores en Banxico, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y de la Secretaría de Hacienda, que necesitan entender los modelos de negocio y eso es sumamente importante», acotó Álvarez.
Tratamiento de datos personales
Durante el evento que se llevó a cabo en el Senado de la República, Rodolfo Guerrero representante legal y socio de la firma Coffee Law, destacó la urgencia de regular el tema de activos digitales y su relación con la protección de datos personales, así como temas de ciberseguridad y derechos digitales.
«Se debe de seguir un principio de homologación… El hecho es reconocer lo que tenemos en la ley, así como los caminos de reforma necesarios para que aquellos puntos que forman parte de esta transformación digital, estén claros y generen esta famosa democratización de la tecnología», acotó Guerrero.
El especialista destacó que, en materia de privacidad de la información en activos digitales, es necesario realizar una reforma a la Ley Federal de Protección de Datos Personales, especialmente para que exista un camino sobre qué hacer con la identidad digital de una persona fallecida.
Asimismo, Guerrero resaltó la necesidad de aprobar una ley general en materia de ciberseguridad, además de tener claro los derechos digitales en el contexto de la rastreabilidad de la tecnología blockchain y el tratamiento de datos personales.
«Lo que hay que cuidar es la privacidad y el reconocer como parte de un derecho digital, el derecho al anonimato porque si no tenemos en cuenta esas dos figuras, vamos a generar un debate mayor sobre los privacy coins«, acotó Guerrero.
Normativa antilavado, el complemento
En distintas partes del mundo, como Islandia, India y China, las criptomonedas es un tema prohibido; sin embargo, en otros como Japón, Suecia y El Salvador estos instrumentos tienen libertad en su uso.
Para los especialistas que estuvieron en el foro, una preocupación de los gobiernos que restringen el uso de criptomonedas es por el riesgo de estos instrumentos para el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, el cual se trabaja para acotarlo ante las exigencias del Grupo de Acción Financiera Internacional.
«Las cuestiones (de criptomonedas) que importan en este momento son las reglas GAFI y la cuestión es la de ciberseguridad, para que los fondos estén debidamente protegidos», detalló Etienne Luquet Farías, líder de Asuntos Regulatorios para México de Bitso.
En su intervención, José Rodríguez, director de Talent Land Blockchain, criticó severamente la narrativa de que las criptomonedas son un foco de riesgo para el lavado de dinero, pues, la mayor parte de casos de blanqueo de capitales sucede en el sistema financiero tradicional.
«México tristemente tiene los casos de lavado de dinero más grandes en la historia de la humanidad y todo se ha hecho en instituciones financieras reguladas… Si realmente a GAFI, autoridades, bancos centrales, a todos los políticos les interesa combatir el lavado, por qué no se les han cancelado las licencias a estos grandes lavadores de dinero. Por otro lado, en las criptomonedas tienes un sistema que nace regulado y transparente», expresó Rodríguez.
Para el director de Talent Land Blockchain, esta narrativa sobre el uso de criptomonedas para el blanqueo de capitales provoca que las autoridades se concentren en políticas excesivas contra empresas o plataformas que operan estos instrumentos, lo cual provoca un freno en el avance que éstos pueden dar a la inclusión financiera.
«Si lo vemos como en El Salvador, hoy más personas tienen una Chivo wallet de acceso a bitcoin y remesas y por primera vez tienen acceso a pagos internacionales… En seis meses, ese país logró implementar un sistema que ha rebasado a todos los bancos juntos», detalló Rodríguez.
Para Ricardo Lechuga, socio de la firma Garrido Licona, para tener un marco normativo adecuado a las criptomonedas es necesario tomar en cuenta la postura del gobierno en materia de política monetaria, seguridad financiera, estructura para la inclusión financiera e incluso medio ambiente.
«En México estamos en un proceso de inclusión financiera, que hasta el momento no se ha logrado (menos de la mitad de la población está bancarizada), se sigue utilizando al efectivo como principal método de pago, eso es un tema muy complejo para poder entrar a la regulación de estos temas», acotó Lechuga.
FUENTE: eleconomista