Durante más de una década y media Pérez Johnston Abogados, S.C. ha labrado una envidiable reputación en la prestación de servicios legales para clientes nacionales e internacionales. Este mismo ímpetu, ha llevado a la Firma a especializarse en áreas esenciales como Derecho Administrativo, Constitucional, Derechos Humanos y de Propiedad Intelectual, para así tejer una sinergia única entre enfoques tradicionales y contemporáneos en la prestación de sus servicios.

Bajo esa tónica, su socio fundador, Raúl Pérez Johnston, reveló que este Despacho vivió una transformación importante motivada por el paso de la pandemia por COVID-19, hecho que los hizo adoptar un modelo híbrido de trabajo que hoy funciona a la perfección para enfrentar retos significativos en la parte económica, política y social de este país y fuera de él.

“Ha habido un reajuste importante después de la pandemia, tanto en la organización, como en los esquemas de trabajo, en las relaciones con los clientes, en la forma de comunicarse con ellos. Esta nueva normalización también representó retos que no podemos dejar de lado, que son inherentes al factor país, pero del cual obviamente las Firmas de abogados no somos inmunes”, recalcó.

Dicho esto, como especialista en Derecho Constitucional, compartió su percepción acerca de la posible mejora y evolución de la Carta Magna y las tendencias contemporáneas que en esta cuestión afectan a todos los documentos de este tipo. No obstante, sin expresar su oposición absoluta a la idea de una nueva Constitución, priorizó la importancia de aprender a vivir y cumplir con la Constitución actual, generando primero una cultura de respeto al Estado de Derecho, lo cual ha sido un reto histórico en la sociedad para que, aplicando la Constitución podamos realmente ver qué ajustes necesita su texto.

Basado en su experiencia, mencionó su preocupación por la tendencia que pareciera imponerse con más fuerza que en otras épocas en México y en el mundo de gobiernos que, en el discurso parecen mostrar una voluntad de mantener un Estado de Derecho, pero que en la realidad han optado por vivir una simulación constitucional, a pesar de que cada uno de sus funcionarios, realizaron el juramento de proteger y respetar la Constitución al asumir sus funciones.

Con relación a las más de 700 modificaciones que ha sufrido la Constitución de 1917 a la fecha, el abogado plasmó desde su perspectiva que a lo largo del tiempo, la estructura estatal mexicana sigue siendo prácticamente la misma desde 1857, con cambios importantes, pero que mayormente no han alterado ni la forma de Estado, ni de gobierno. Por ello, recalcó su deseo de ver el desarrollo de una cultura constitucional de respeto a la Constitución que le dé funcionalidad y nos permita desarrollar el proyecto de Nación ahí contenido, sin privilegiar intereses de grupo u otras realidades fácticas ajenas a la Constitución.

Asimismo, también observó el actual relieve que aún persiste en el incumplimiento de los principios constitucionales y la imperiosa necesidad de conciliar los intereses estatales con los derechos humanos tanto individuales como colectivos. En ello, señaló además que aún prevalecen muchas dudas en la armonización de conflictos aparentes entre los distintos derechos, haciendo hincapié en la importancia de un enfoque objetivo y ponderado en materia de interpretación por parte de autoridades legislativas, ejecutivas y judiciales para salvaguardar esta práctica.

En materia de resolución de estos conflictos de derechos, “es como cuando tienes una cobija: Si jalas para un lado, algo tapas de ese lado, pero algo destaparás del otro; y me parece que lo mismo pasa en una sana ponderación de derechos. Hay que ver y priorizar, no a quién destapamos, sino a quién tapamos. Dentro de cualquier sistema de derechos humanos habrá una diferencia entre una armonización razonable, y un atropello en nombre de los derechos. Por ello, y para mantener un esquema de justicia constitucional viable, los operadores jurídicos requieren hoy en día de mucha más creatividad y de mayor estructura legal en materia de interpretación y argumentación jurídica, para avanzar de manera importante y justa en materia de derechos humanos”, subrayó. Por ello, concluyó en la importancia que en el Estado Constitucional ha adquirido el juez constitucional, quien tiene la encomienda de interpretar y armonizar la Constitución.

En este contexto, se le preguntó sobre la llegada de la Ministra Norma Lucía Piña a la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde comentó, “creo que la actual Ministra está haciendo un buen trabajo, enfocándose en garantizar la autonomía del sistema judicial en todos los niveles. Además, como jueza, ha demostrado coherencia en sus criterios y en su línea jurisprudencial. Es importante recordar que la Suprema Corte debe juzgar conforme a la Constitución, sin verse influenciada por programas políticos, partidos o ideologías”.

En este sentido, la encomienda de la Firma Pérez Johnston Abogados, S.C se finca en perseguir la promoción del Estado de Derecho y en brindar una eficaz asesoría a sus clientes, participando además en litigios estratégicos y a través de la práctica Pro Bono del despacho. Estas acciones como lo menciona su socio fundador hacen que, “con ese granito de arena podamos nosotros contribuir desde aquí al fortalecimiento del Estado de Derecho en México, hoy, mañana y siempre”.