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Por nuestras semillas, no a la Reforma a la Ley Federal de Variedades Vegetales

Como Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País (CNSMNHP) advertimos que la reforma propuesta a la Ley Federal de Variedades Vegetales (LFVV) implica: 

  • La privatización de las semillas y, por tanto, la protección de intereses comerciales de grandes trasnacionales, a costa de las comunidades campesinas y originarias.
  • La cancelación de las tradiciones milenarias de uso e intercambio de semillas de las y los productores; la criminalización y pauperización del libre intercambio de semillas. 
  • La promoción de la propagación de semillas genéticamente modificadas (GM) y, junto con ellas, la contaminación de semillas nativas. 
  • Que la biodiversidad, la cultura alimentaria y la existencia de comunidades enteras estarían en riesgo. La reforma viola nuestro derecho a la conservación de la biodiversidad de las generaciones actuales y futuras, el derecho a una alimentación adecuada, el derecho de las comunidades al libre intercambio de semillas, entre otros derechos humanos.

Queremos resaltar que México es uno de los principales centros de origen de especies utilizadas en la agricultura mundial, somos un país megadiverso, centro de origen, diversificación y domesticación de más de 100 especies vegetales creadas, preservadas y diversificadas milenariamente por las comunidades campesinas e indígenas del país. 

Esta enorme riqueza se encuentra bajo la amenaza de ser apropiada y explotada por parte de las corporaciones transnacionales semilleras, a través de una iniciativa de reforma a la LFVV, presentada como propuesta en la Cámara de Diputados que ha sido suscrita por legisladoras y legisladores de diversos partidos.

El proceso de diversificación vegetal de nuestro país, desarrollado por las comunidades campesinas, es una condición sin la cual no podremos adaptarnos y mitigar el calentamiento global y cambio climático, al proveer variedades heterogéneas resistentes a las condiciones ecológicas y climáticas cambiantes, además de ser una alternativa económica competitiva para el desarrollo nacional e internacional. 

Al prohibir y restringir las prácticas milenarias de uso y manejo de organismos vegetales como el intercambio de semilla, su selección, resguardo para la siguiente siembra y venta, se detienen los procesos que originan y mantienen la diversidad dinámica de éstas y su entorno. En ese sentido, de aprobarse esta iniciativa genera una dependencia a la compra de semillas a las pocas corporaciones que controlan el mercado mundial de semillas (Bayer-Monsanto, Corteva, Syngenta-ChemChina dominan el 65 por ciento de las ventas mundiales de agroquímicos y el 61 por ciento del mercado de semillas (FAO, 2017).

A su vez, amplía el material protegido a la cosecha y a los productos transformados a partir de la cosecha, mientras actualmente la protección se limita al material de propagación, lo cual impacta en el control privado de los múltiples posibles aprovechamientos derivados de las propiedades de cada variedad vegetal, como son medicamentos, combustibles y materiales.

Se limita el libre uso e intercambio de semillas por las comunidades campesinas, pues las variedades generadas a través de estas actividades estarán cada vez más acotadas a un número restringido de semillas no sujetas al reclamo de propiedad intelectual, por ser variedades consideradas “esencialmente derivadas”. Este número de semillas puede llegar a ser nulo, como consecuencia de la inevitable e incontrolable contaminación de variedades protegidas hacia aquellas nativas.

La reforma permite a cualquier persona o empresa registrar como propio cualquier descubrimiento de organismos vegetales que no estén registrados previamente, sea patrimonio de comunidades originarias, pueblos campesinos o de cualquier otra persona. Con una mínima modificación a las semillas o a cualquier parte vegetativa de las plantas domesticadas y desarrolladas con mejoramiento autóctono desde hace milenios por los pueblos originarios y los campesinos mexicanos, las empresas podrían privatizar y apoderarse del patrimonio de los campesinos y campesinas de México.

La criminalización: multas altísimas. La iniciativa establece sanciones que configuran una perspectiva punitiva desproporcionada con la realidad del sector campesino mexicano, incluso cuando el perjudicado lo manifieste como “temor fundado”, contraviniendo el Principio de Congruencias establecido en la Constitución Mexicana. Además, el procedimiento administrativo de nulidad, revocación e infracción administrativa previsto en la iniciativa es muy complejo y desfavorable para los campesinos que pudieran verse afectados.

Por tanto, si se aprueba esta reforma nunca será posible llegar a la soberanía alimentaria en México, porque dejaremos que las corporaciones transnacionales se apropien de nuestras semillas. Se fomenta la irreversible dependencia de semillas y sus insumos para el campo y se pierde el derecho a decidir qué y cómo sembrar. Se regalará el poder sobre nuestro sistema alimentario a corporaciones como Bayer-Monsanto (inventor y principal productor del glifosato y transgénicos) que actualmente controla más de 30% del mercado mundial de las semillas (Grupo ETC). 

Para defender sus intereses, las grandes empresas semilleras y sus países organizaron La Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), mecanismo al que los países se pueden afiliar ya sea con base en su Acta de 1978, en la cual se encuentra México, o conforme al Acta UPOV 1991 que es lo que pretenden ahora con la reforma a la LFVV.

Es falso que esta reforma a la ley proteja los derechos campesinos y que se puedan usar granos de uso propio. En la práctica se criminaliza a las personas productoras que intercambian semillas, así como a aquéllas que introducen semillas de otras variedades y las combinan con las variedades nativas, lo que ocurre desde hace cientos y miles de años. Se argumenta que está permitido el intercambio de semillas, pero si la persona productora cuenta con una semilla que tiene genes o segmentos de información genética de variedades patentadas, las variedades nativas “acriolladas” pertenecerán a quien tiene la patente. Esto ya ocurre en demandas interpuestas por Monsanto a personas agricultoras cuyas siembras fueron contaminadas con polen de variedades patentadas en Estados Unidos y Canadá. 

Exigimos mantener la protección a las semillas nativas y criollas que permite la UPOV78 como hasta ahora, sin dejar de cumplir con las especificaciones del Tratado de Integración Progresista de Asociación TransPacífico (TIPAT) y el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Por las consideraciones anteriores y con el fin de salvaguardar los derechos de los pueblos indígenas exhortamos que la iniciativa de reforma a la LFVV sea sometida al proceso de consulta previa, libre e informada de acuerdo con los estándares del convenio 169 de la OIT y con los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además, a un proceso de parlamento abierto, que nos permita escuchar las opiniones de las comunidades campesinas, académica, de las y los consumidores y de las y los fitomejoradores del país, de tal forma que sea claro que la adhesión de México a la UPOV 91 violará los derechos humanos y comprometerá gravemente la soberanía del país.

¡Hacemos un llamado a las organizaciones agricultoras afectadas, a los pueblos originarios, a las y los fitomejoradores honestos, y en general, a la sociedad civil, a movilizarse para impedir que se apruebe en la Cámara de Diputados el proyecto de Reforma a la Ley Federal de Variedades Vegetales!

Diputadas y diputados federales: ¡No dejen que pase ese proyecto de Nueva Ley de Variedades Vegetales contrario al Bien Común! 

Contacto 

Leticia López, correo: leticia.lopez@anec.org.mx celular: 55 5408 0466

Malin Jönsson, correo: malin@semillasdevida.org.mx celular: 55 2118 7492

FUENTE: greenpeace.org