Se han descobijado programas y secretarías de Estado al adelgazar sus estructuras operativas y sus presupuestos a tal nivel que resultan totalmente inoperantes.
Ante el hackeo que dejó en cueros a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de inmediato surgen todo tipo de conjeturas y de propuestas para que, el atentado contra la seguridad nacional, no se vuelva a repetir, sin embargo, el problema principal se ciñe a la falta de recursos presupuestales para reforzar la ciberseguridad de las dependencias federales, sobre todo de aquellas que se consideran estratégicas.
Con el antifaz de llevar a cabo una política de austeridad que raya en la austeridad franciscana, pero que en el fondo no se trata de otra cosa, más que de reunir recursos para fondear las tres obras insignia de este sexenio, Santa Lucía, Dos Bocas y Tren Maya, y los programas de política social con tintes electorales, amén de cumplir con el pago de las pensiones, servicios de la deuda, rescate de Pemex y CFE, han colapsado a la administración pública.
Subyace en el manejo de los recursos públicos, la mala administración que ha hecho el presidente López Obrador, quien ha metido en una grave crisis financiera a su gobierno por las decisiones que ha tomado y que ha puesto en un brete a país con la necesidad de contratar más deuda pública en lo que resta en su sexenio, lo que lo ubicará en la administración que más ha endeudado a México en los últimos sexenios.
Se han dejado descobijados programas y secretarías de Estado al adelgazar sus estructuras operativas y sus presupuestos a tal nivel que resultan totalmente inoperantes.
Se corrieron a cientos de servidores públicos y se eliminaron programas sustantivos que, meses después, dañan a toda la población.
En el caso del robo de información a la Sedena, por el ciberataque, es una falla de este sistema burocrático que ha sido vulnerado desde adentro por las propias decisiones asumidas por el presidente de la República.
Ahora, tratan de tapar el pozo, luego del niño ahogado, incluso con ajustes a las leyes que se ocupan de la seguridad cibernética, empero insistimos, primero hay que dotar de presupuesto suficiente a la Sedena para garantizar el adecuado encriptamiento de sus datos digitales.
Desde San Lázaro, se reporta que este año se presentará una iniciativa de Ley Federal de Ciberseguridad que contemple las necesidades, opiniones y propuestas de los sectores público, privado y social, indicó el diputado Javier López Casarín (PVEM), presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Durante la celebración de la Mesa de Trabajo Permanente para impulsar la iniciativa, realizada de forma coordinada entre las comisiones de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados y del Senado, López Casarín indicó que México está rezagado en la legislación en la materia, lo que implica riesgos para las instituciones del Estado.
“Es evidente que debemos proteger a nuestro país con un marco jurídico que permita combatir los ataques cibernéticos, cada vez más agresivos”, señaló en legislador verde.
“El hecho de que en un ciberataque, como el que sufrió recientemente la Sedena, no veamos al enemigo, no quiere decir que no exista, no quiere decir que no hayamos sufrido un ataque a nuestro país, a nuestro gobierno”, dijo el diputado.
Hay que recordar que no es el primer ataque cibernético importante a las instituciones del Estado, pues previamente se tiene registro de intervenciones no deseadas a las bases de datos de Pemex, Bancomext, la Secretaría de Economía y la Lotería Nacional.
Es impostergable crear leyes que tipifiquen los delitos cibernéticos y que promuevan la prevención de ataques, sin atentar contra las libertades y derechos de los usuarios de Internet.
Ciertamente, el país carece de una legislación especial en ciberseguridad, que esté al mismo ritmo de las mañas los delincuentes, quienes encuentran nuevas rutas a través de las plataformas digitales, por lo que es importante renovar constantemente el campo en la materia.
En el Congreso se ha instalado una Mesa de Trabajo Permanente en materia de ciberseguridad que fue instalada en febrero de este año, a la cual se han sumado más de 100 instituciones y organismos del sector público, privado y social. Este interés por nutrir la normativa ha obligado a ampliar el periodo de análisis e integración de la propuesta legislativa.
FUENTE: elfinanciero
