Reactivación de «Quédate en México» convierte en ollas de presión a ciudades fronterizas del país

Reactivación de «Quédate en México» convierte en ollas de presión a ciudades fronterizas del país

Los albergues acusan ya alarmantes signos de saturación; lo que más preocupa a organizaciones sociales es la delicada situación de vulnerabilidad en que colocan a retornados, primero porque se trata de personas que vienen huyendo de sus países y porque son obligadas a esperar en ciudades violentas y a merced de la delincuencia organizada.

El pasado miércoles 8 de diciembre, llegaron a Ciudad Juárez, Chihuahua, las primeras dos personas retornadas a México por las autoridades migratorias de Estados Unidos, bajo los pomposamente llamados Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, por su sigla en inglés), mejor conocidos por el imperativo «Quédate en México» ─reactivados por orden judicial─, que obliga a los solicitantes de asilo a permanecer en territorio mexicano mientras las cortes estadounidenses deciden si les dan o no refugio.

Con ello, las ciudades de la frontera norte de México son hoy como una olla de presión que se le puso nuevamente al fuego, pero teniendo la válvula extraviada.

Y es que con ello inició una peligrosa etapa de apremio para las localidades donde los albergues para inmigrantes mexicanos (sobre todo los desplazados por la violencia) y extranjeros que buscan cruzar a Estados Unidos, acusan ya alarmantes signos de saturación.

Todo ello en el marco de la ambigüedad e incertidumbre legal, ausencia de políticas públicas y humanitarias por parte de los gobiernos estadounidense, federal mexicano, estatales y municipales, tanto para atender a los miles de migrantes varados ya en esas orillas de México, como los miles que caminan hacia allá, alentados por el incentivo perverso que generaron las noticias de la reapertura de la frontera a viajes no esenciales y la reactivación del programa «Quédate en México», con todo y que es considerado por organizaciones de la sociedad civil y por el propio gobierno estadounidense, como inhumano e ineficiente.

En ese escenario, lo que más preocupa a organizaciones de la sociedad civil que tienen como causa la protección a migrantes, es la delicada situación de vulnerabilidad en que colocan a esas personas, primero porque se trata de personas que vienen huyendo de sus países (por ello buscan refugio) y porque son obligadas a esperar en ciudades violentas y a merced de la delincuencia organizada. 

Ya eran muchos… y llegarán del norte y del sur

El pasado lunes 6 de diciembre, el gobierno de Estados Unidos reactivó los Protocolos de Protección a Migrantes, que son considerados como uno de los programas insignia de la política (anti) migratoria que implementó el presidente Donald Trump, quien lo aprobó en enero de 2019. Estuvo vigente hasta el 20 de enero de 2021, cuando el presidente Joe Biden lo derogó, el primer día de su administración.

Durante su primera etapa, operó inicialmente, como un programa piloto, en el puerto de entrada de la ciudad de San Ysidro, California, vecina de Tijuana, Baja California. Luego se expandió a las ciudades de Calexico, vecina de Mexicali, Baja California; El Paso, vecina de Ciudad Juárez, Chihuahua; Laredo, vecina de Nuevo Laredo, Tamaulipas;  Brownsville, vecina de Matamoros, Tamaulipas; Eagle Pass, vecina de Piedras Negras, Coahuila, así como en San Luis, vecina de San Luis Río Colorado, Sonora y Nogales, Arizona, vecina de Nogales, Sonora.

Sin embargo, el 14 de agosto pasado, el juez federal con asiento en Texas, Matthew Kacsmaryk, ordenó reanudarlo con el argumento de que el gobierno del presidente Biden no consideró sus “beneficios” para disuadir la llegada de migrantes indocumentados a esa nación, además de que la revocación no siguió el procedimiento adecuado. La Corte Suprema estadounidense ordenó reanudarlo tomando en cuenta esa resolución y la de otro juez de Misuri.

El día de su reimplementación, la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaky calificó al programa como ineficiente e inhumano.

De acuerdo con Human Rigts Watch, el gobierno del presidente Donald Trump envió a más de 71,000 solicitantes de asilo a México bajo ese programa.

Tan sólo hasta el 31 de diciembre de 2019, según estadísticas del Instituto Nacional de Migración (INM), Estados Unidos habían devuelto a México 62,144 personas solicitantes de asilo para esperar en México. De esas 30.14% fueron retornados por Ciudad Juárez, 27.55% por Matamoros, 18.06% por Nuevo Laredo, 11.62% por Tijuana, 10.84% por Mexicali y el resto por otras.

Las cifras revelan que de esos 62,144 retornados en ese lapso, 25.16% fueron personas de origen hondureño, 25% guatemalteco y 13% salvadoreño. El resto de otras 17 nacionalidades.

Gretchen Kuhner, directora del Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi) indicó que más de 40% de las personas que fueron retornadas bajo los protocolos MPP durante los dos años que duró la primera fase, eran mujeres y 30% niños. Muchos de esos casos se trataron de madres de familia con niños pequeños.

Los albergues ya están saturados

De acuerdo con María Inés Barrios de la O, investigadora del Colegio de la Frontera Norte, cuando el programa fue suspendido, en enero de 2021, aún había más de 25,000 casos activos, es decir personas que ya habían acudido a sus primeras citas en la Corte y todavía estaban esperando la resolución de su caso.

De marzo a julio pasado, de esas 25,000 personas, cerca de 18,000 llevaron su proceso con el acompañamiento del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que los registró en una plataforma y tenían que estar pasando de manera paulatina y esperar dentro de Estados Unidos para dar seguimiento a su caso.

La especialista explicó que durante la primera etapa de  ese programa, la dinámica consistía en que los migrantes entraban a Estados Unidos, se registraban en este proceso, les asignaban una cita para la Corte de migración y eran regresados a México.

Lo que ocurrió, relató, fue que, pronto los espacios de atención en México se vieron rebasados. Los albergues tuvieron que cambiar sus dinámicas de trabajo, porque anteriormente atendían a personas que permanecían en sus instalaciones no más de una semana.

Con la entrada de los Protocolos de Protección a Migrantes comenzaron a recibir migrantes retornados que tenían la necesidad de permanecer mucho más tiempo en las ciudades receptoras. Entonces duraban meses en los albergues.

Eso se debió a que esas personas podían ir hasta una quinta Corte y no tenían una resolución favorable a su caso.

Hay registros de personas que esperaron hasta un año y nueve meses antes de que Estados Unidos les diera una resolución final y no en todos los casos fue favorable, destacó la académica.

Diversas organizaciones de la sociedad civil señalaron que el Gobierno mexicano no implementó políticas para atender de manera integrar a ese tipo particular de migrantes durante su proceso de espera.

Además, Barrios de la O destacó que las intervenciones gubernamentales no fueron homogéneas a lo largo de la frontera. En algunos casos se establecieron centros integrales de atención a migrantes, pero solamente en una primera etapa y sólo en Ciudad Juárez, donde funcionó el centro “Leona Vicario” y en Tijuana, donde se habilitó el albergue “Carmen Serdán”. Fueron insuficientes.

El problema fue que los migrantes en espera no estaban solamente en esas dos ciudades fronterizas. 

Además, ocurrió que muchas personas fueron devueltas a México por la garita de Nogales, Sonora, pero su juicio se activaba en la Corte estadounidense en El Paso Texas.

Lo delicado era que en Nogales no había algún mecanismo para atenderlos o para apoyarlos para trasladarlos a Ciudad Juárez, la vecina de El Paso.

Muchas personas que no pudieron trasladarse de Nogales a El Paso no se presentaron a la Corte indicada el día y hora asignados e inmediatamente sus casos fueron desactivados.

Con la reactivación hay mucha preocupación de organizaciones civiles, porque hay una concentración muy importante de migrantes a lo largo de toda la frontera, no sólo los que buscan asilo, sino los que simplemente quieren pasar a Estados Unidos.

Barrios de la O indicó que tan sólo en Ciudad Juárez hay cerca de 2,800 personas en la red de alrededor de 24 albergues, más los que no se encuentran en refugios. La mayoría de esos lugares operan a más de 70% de capacidad.

Comentó que, previo a los Protocolos de Protección a Migrantes, en Ciudad Juárez habían sólo tres espacios de atención para migrantes, pero, luego de la implementación, organizaciones de la sociedad civil habilitaron alrededor de 20 espacios emergentes.

“Las ciudades están llegando a punto de saturación”. No es creíble  que las autoridades de Estados Unidos tengan la capacidad de procesar el número de solicitudes que les llegarán y menos que tengan una resolución en seis meses”.

Dijo que se trata de un reto, no sólo para los albergues, sino para las ciudades fronterizas el saber cómo gestionar y atender esos flujos de migrantes. “No es solamente la sobresaturación que pueden tener esos espacios ya establecidos, sino la respuesta que pueda dar la ciudad.

Son personas que van a estar esperando y que van a demandar otras cosas, no solamente un espacio, por ejemplo, acceso a servicios de salud, en lo cual las ciudades se puedan ver rebasadas, sobre todo porque buena parte de los migrantes provienen de países caribeños y no están acostumbrados a las bajas temperaturas de varios grados bajo cero que se registran en el invierno en la zona norte del país.

Comentó que en 2019 se realizó un encuentro entre migrantes que habían llegado a Ciudad Juárez y cerca de 30% manifestó haber tenido algún problema de salud, principalmente en vías respiratorias.

Por otra parte mencionó que también representa un reto para los albergues el hecho de que buena parte de los migrantes son núcleos familiares y 40% son menores.

José Ascención Moreno Mena, presidente de la Coalición Prodefensa del Migrante, refirió que la reactivación de los Protocolos de Protección a Migrantes toma a los albergues y ciudades del norte del país en una situación bastante crítica. Dijo que tan sólo entre 42 y 45 refugios que operan en Baja California están en una situación de saturación.

Eso se debe a que están recibiendo a muchos migrantes, principalmente retornados a México bajo el Título 42, que permite a las autoridades estadounidenses sacar de su país, de manera inmediata, a migrantes aduciendo razones de salud, particularmente por la pandemia de la Covid-19.

Además están llegando a Baja California muchos haitianos, sobre todo luego de la reapertura de la frontera a viajes no esenciales y la reactivación del programa para solicitantes de asilo en Estados Unidos.

Apuntó que los albergues de Tijuana tienen información de que las autoridades estadounidenses van a retornar a México bajo los Protocolos de Protección a Migrantes  alrededor de 26,000 personas, de los cuales 9,500 son por Tijuana, aunque no se tiene claro en qué tiempo.

Indicó que eso generaría una situación de crisis en la ciudad, porque no hay donde albergarlos, toda vez que todos los albergues juntos del estado pueden alojar a alrededor de 6,500 personas.

En estos momentos se calcula que hay alrededor de 5,000 personas en esos lugares. “Además hay otro tanto que están en casas particulares, y vecindarios”. Tan sólo en el campamento de El Chaparral están alrededor de 1,000 personas.

A su vez Pat Murphy, director de la Casa del Migrante en Tijuana comentó que casi todos los albergues están llenos, incluido ese.

Mencionó que el domingo pasado no pudieron aceptar a ningún migrante porque están llenos totalmente.

Informó que durante la pandemia han operado con un promedio de entre 90 y 100 personas, lo que significa estar trabajando prácticamente al límite de su capacidad de atención. Además, los que recién van llegando son enviados a un sitio para estar en cuarentena y descartar que estén contagiados de la Covid-19; después pueden pasar al albergue donde pueden estar hasta 40 días. De las 80 personas que había en ese lugar a media semana, 30 eran niños.

Comentó que a principios de 2021 llegó a la ciudad de Tijuana mucha gente de Honduras y El Salvador y durante los últimos meses se ha notado un incremento considerable en la llegada de mexicanos desplazados, principalmente de Michoacán y Guerrero, escapando de la violencia. En las últimas semanas comenzaron a llegar principalmente haitianos.

En tanto, Juan Francisco Loureiro, director del albergue Juan Bosco de Nogales, informó que ese lugar tiene capacidad para atender hasta 150 personas y actualmente atienden entre 100 y 150 personas diariamente de distintas nacionalidades, principalmente de Centroamérica y Haití, muchos de ellos expulsados de Estados Unidos bajo el Título 42. Mencionó que ha habido noches en que se alojan hasta 200 personas.

Recordó que en la primera etapa del programa regresaban por Nogales alrededor de 50 personas diarias, pero como era gente que debía ir a otras ciudades para seguir su proceso, no se quedaban en la localidad.

Comentó que se espera que en esta etapa sean más las personas que lleguen por ese lugar, pero también tendrán que moverse a Ciudad Juárez o a otros sitios para estar cerca de los lugares en donde les asignen presentarse ante la Corte.

Comentó que en Nogales, además del Juan Bosco, opera otro albergue que sólo recibe a familias y tiene un comedor.

Los migrantes están expuestos en ciudades inseguras

Gretchen Kuhner manifestó que uno de los retos más importantes a lo largo de la frontera norte de México es la seguridad física de las personas.

Recordó que organizaciones sociales documentaron que en el país se cometieron actos violentos en contra de personas que esperaban proceso de asilo, tanto de organizaciones criminales como de las propias autoridades.

En ese sentido recalcó que los retornados tienen que esperar en ciudades fronterizas altamente violentas. “Es como ponerlos en bandeja de plata a personas que pueden aprovecharse de ellos. Además el crimen organizado sabe dónde los van a regresar y como un bueno número de esa gente tiene familiares en Estados Unidos, los criminales los extorsionan”.

Expuso que también se documentaron casos de violaciones a mujeres, sobre todo porque se trata de personas que están en una situación de alta vulnerabilidad. Muchas vienen traumadas por la violencia de la que están huyendo y aquí vuelven a ser víctimas de violencia.

Reimplementación de los MPP, incentivo para migrar

Tanto los directores de casas de migrantes, organizaciones de atención a ese sector de la población y académicos consultados por este periódico señalaron que la preocupación más grande es que, ante la reactivación de los protocolos, se incremente el flujo migratorio ante las ciudades fronterizas.

María Inés Barrios de la O recordó que actualmente en el centro y sur del país ya hay una conglomeración de migrantes, principalmente haitianos, centroamericanos e incluso sudafricanos. Muchos de ellos estaban en un proceso de regulación migratoria a través de la Comisión de Ayuda a Refugiados.

Destacó que de enero a noviembre de 2021 se había registrado más de 100,000 solicitudes de refugio.

Llamó la atención que buena parte de esas personas tienen como objetivo conseguir la condición de asilo en México, pero lo hacen para continuar su viaje al norte del país para intentar cruzar a Estados Unidos ya sea de manera regular mediante la solicitud de asilo o ilegal.

Es por ello que con esta reactivación (de los MPP) todo ese flujo que ya está en territorio mexicano comience a subir a las ciudades fronterizas para inscribirse en esa lista que estará procesando en Estados Unidos para acogerse a los Protocolos de Protección a Migrantes.

Por su parte Gretchen Kuhner, explicó que, debido a que durante la pandemia estuvo cerrada la frontera de Estados Unidos, ahora, la reactivación de los MPP genera un incentivo perverso en los migrantes para trasladarse a la frontera con la ilusión de poder obtener el refugio y entrar a esa nación.

Son retornos que violan leyes 

Por otra parte  María Inés Barrios de la O destacó que la propia reactivación del programa constituye una violación al debido proceso de la solicitud de asilo en Estados Unidos y va en contra de su propia política de migración.

Recordó que muchas de las organizaciones de la sociedad civil esperaban que México no aceptara recibir a los migrantes devueltos por Estados Unidos por ese programa.

Destacó que México planteó para aceptar que las personas no tengan que esperar más de seis meses en territorio mexicano, que sean vacunados contra la Covid-19 y que tengan asistencia jurídica por parte de abogados de Estados Unidos.

Sin embargo, mencionó que eso no es realista, sobre todo si se observa a la luz de la experiencia de cuando se aplicó por primera vez el programa.

Además, durante la primera etapa de los Protocolos de Protección a Migrantes se estableció que sólo serían retornados a México personas que hablan español, particularmente de Centroamérica, pero ahora prevé que ciudadanos de más países se acogerán a ese programa, con lo cual van a enviar e México a personas provenientes incluso de naciones donde no se habla español. Tal es el caso de los haitianos.

Un albergue de Ciudad Juárez recibió una llamada en la que le informaron que enviarían a un grupo de 250 haitianos bajo los Protocolos de Protección a Migrantes.

También se prevé que retornen a México a personas que actualmente están en centros de detención en Estados Unidos.

Gretchen Kuhner expuso que lo delicado es que se reimplementó el «Quédate en México» sin que se hicieran los cambios necesarios en ese programa para evitar situaciones conflictivas que se enfrentaron en su primera etapa.

Además, llamó la atención en que el Gobierno mexicano no ha sido claro en definir cuál será su política migratoria. “Por eso es muy difícil entender qué es lo que va a pasar en México”. 

En su opinión, México ha dado señales de evasión y de no cumplimiento del derecho al debido proceso y a la no devolución que tienen las personas solicitantes de asilo.

Lo más preocupante es que el Gobierno mexicano sigue presentando su política migratoria a través de comunicados de prensa. No está en ninguna ley lo que hace. No hay ningún acuerdo firmado. El gobierno mexicano, por portarse de esta forma, está debilitando al Estado de Derecho, pues la gente no puede saber qué va a pasar, nada está puesto en una política oficial. Todo es a través de comunicados de prensa”.

Subrayó que entre los retos que plantea el reinicio del programa destacan el cumplimiento del debido proceso, lo cual implica que los migrantes tengan acceso a acompañamiento legar en sus procesos. Eso supone el cumplimiento del derecho a conocer el trámite en su idioma.

Recordó que en los dos primeros años de los Protocolos de Protección a Migrantes, sólo 10% de los solicitantes pudieron ser asesorados por abogados estadounidenses conocedores de las leyes en cuestión.

Dijo que además se enfrenta el problema de que los abogados han expresado abiertamente al Gobierno de Estados Unidos que no quieren ser cómplices de violaciones a derechos humanos a través de ese programa.

Por otra parte, llamó la atención en que durante la experiencia anterior ocurrió que el Gobierno mexicano sacó del territorio nacional a extranjeros que habían sido retornados de Estados Unidos mediante los Protocolos de Protección a Migrantes, violando el derecho a la no devolución de personas solicitantes de asilo.

Eso a pesar de que México es firmante de la Convención de apoyo a refugiados que lo obliga a proteger a los solicitantes de asilo, particularmente no regresándolos al país de donde están huyendo.

OIM buscara mitigar vulnerabilidad de retornados

Alberto Cabezas, coordinador de Comunicación de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) México, ONU Migración, recalcó que esa instancia quiere que se ponga fin lo antes posible y de manera definitiva al programa, pues se trata de una política inhumana y contraria al derecho internacional. Creemos que pone en peligro a las personas en contextos de movilidad.

Para el funcionario del organismo internacional  que lo más importantes es que se mantenga la dignidad y el  bienestar de las personas migrantes.

Sin embargo, dijo que la OIM va a tener un rol en el retorno de migrantes en búsqueda de asilo a México para tratar de reducir los riesgos que enfrentan los retornados bajo ese programa, mientras se encuentren en el país.

«Vamos a tratar de mitigar las condiciones de vulnerabilidad de estas personas y nos vamos a centrar en la protección de la infancia, la prevención de violencia de género, evitar que sean víctimas de redes de trata de personas y para apoyarles en casos de salud mental y ayuda psicosocial».

Recordó que, desde 2019, ha proporcionado asistencia humanitaria a las personas en la frontera entre Estados Unidos y México y lo seguirán haciendo para beneficio de cualquier persona  migrante o desplazada y esto incluye a las sujetas a los Protocolos de Protección a Migrantes.

Informó que les van a facilitar transporte, desde los puntos de entrada, hasta el albergue que las autoridades mexicanas ofrezcan y han contratado unos laboratorios para realizarles pruebas de Covid-19, con el fin de que sólo lleguen a los albergues quienes no estén contagiadas con esa enfermedad.

También les ofrecerán información sobre los procedimientos que siguen para ellas, sobre todo cuando y a qué hora tienen audiencia ante la Corte. Además, les proporcionarán transporte para que acudan a esas citas.

En esas condiciones se reanudó el «Quédate en México«, la presión comienza a elevarse.

diego.badillo@eleconomista.mx

FUENTE: eleconomista