Una administración del agua equitativa, sustentable y con participación ciudadana es esencial para enfrentar la crisis en México, señala Carlos Vargas.
México enfrenta una grave crisis de sequía. Si bien la situación se ha gestado desde hace unos años —la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ya había advertido en 2020 la segunda sequía más severa de este siglo—, surgen preocupaciones de que este periodo no solo se prolongue, sino que impulsado por las actuales condiciones del mundo, se recrudezca.
Según previsiones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para 2050 las sequías afectarán a tres cuartas partes de la población y acentuarán la inseguridad alimentaria, pobreza y desigualdad, sobre todo en los llamados “países en desarrollo”.
Es ante este aciago panorama que la organización Agua para Todos, Agua para la Vida, propone una serie de medidas estructurales de mitigación y prevención para garantizar un uso equitativo y sustentable de este recurso a través de la participación ciudadana y gubernamental.
Su principal apuesta consiste en la implementación de una Ley General de Aguas que reemplace a la Ley Nacional de Aguas vigente desde 1992 y en la que se establecieron las bases para concentrar el agua del país en unos cuantos propietarios.
La ley actual que fungió como “requisito para la firma del TLCAN, tuvo como objetivo principal el concesionamiento de las aguas del país y no su cuidado, además de establecer a la Conagua como ‘autoridad del agua’ sin contrapesos mientras que solo la faculta a inspeccionar y vigilar, fiscalizar o sancionar, sin obligación ni consecuencia si no lo hace”, acusa la organización en la exposición de motivos de su iniciativa.
Agua para Todos, Agua para la Vida respalda sus afirmaciones en los resultados que han obtenido de un arduo análisis del Registro Público de Derechos de Agua (Repda), el cual pone a disposición del público información sobre las concesiones, permisos o autorizaciones otorgados por la Conagua.
Con base en estos datos, la organización reveló en 2020 que el 61.4 por ciento del volumen concesionado para uso consuntivo está en manos del 2 por ciento de usuarios entre los que destacan el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), cerveceras como Cuauhtémoc Moctezuma y Modelo; empresas automotrices como General Motors y Volkswagen, así como inmobiliarias y el sector agroindustrial.
A esto se suman los hallazgos de los investigadores de la UNAM, Wilfrido Gómez y Andrea Moctezuma, quienes a través del análisis del repda descubrieron que una quinta parte del agua concesionada (22.3 por ciento) está en manos del 1.1 por ciento de usuarios (3 mil 304) a los que llamaron “millonarios del agua”.
“Estamos convencidos de que la sequía está siendo magnificada por los grandes acaparadores que concentran grandes volúmenes de agua”, subrayó el investigador e integrante de la red AgUAM, Carlos Vargas Cabrera en entrevista para El Financiero.
Vargas señaló que con la Ley General de Aguas se impondría el marco legal necesario para poner orden a las concesiones otorgadas por Conagua y así resarcir la escasez y contaminación del agua en el país.
“La ley actual no nos da dientes para ponerle alto a los grandes contaminadores o quitarle concesiones a los grandes usuarios, no podemos, tiene que haber una nueva ley en donde se ponga orden a todo esto”, agregó.
Sin embargo, el proyecto se ha visto frenado por los intereses económicos y empresariales representados por algunos miembros de la Cámara de Diputados.
Es el caso del presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, el exdiputado Federal por Chihuahua, Mario Mata, quien es acusado de encabezar al grupo que cobija a los grandes acaparadores.
Aunado a esto, la organización se enfrenta a una engañosa interpretación del artículo cuarto constitucional por parte de los legisladores, quienes solo buscan normar el derecho humano al agua otorgando 50 litros a cada persona por día.
“No le están haciendo caso a que además del derecho humano el agua y saneamiento, su administración debe de ser de manera equitativa, sustentable y con participación ciudadana, esos tres puntos son esenciales para sacar de la crisis al territorio nacional”, destacó el investigador.
¿Cuáles son los objetivos de la Ley General de Aguas?
Desde que el artículo cuarto constitucional fue reformado en 2012 para reconocer el derecho humano al agua, investigadores, pueblos originarios y organizaciones se han reunido para establecer el contenido de la Ley General de Aguas.
Después de más de 300 encuentros realizados a lo largo del país, estos actores han llegado a 12 acuerdos que sustentan la norma propuesta, estos son:
1. Respeto a la Naturaleza.
2. Respeto a las aguas de los pueblos, ejidos y comunidades.
3. Coadministración del agua en el territorio.
4. Reconocimiento del derecho ciudadano a vetar proyectos dañinos.
5. Prohibir agua para minería tóxica y fracking.
6. Acabar con el acaparamiento, contaminación e impunidad por grandes usuarios.
7. Cerrar la puerta a la privatización.
8. Democratizar los servicios del agua.
9. Priorizar el agua para la soberanía alimentaria.
10. Garantizar el acceso pleno a la información.
11. Asegurar los recursos públicos suficientes.
12. Erradicar la corrupción y la impunidad.
FUENTE: elfinanciero