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EN NUESTRA OPINIÓN

NORMALIZACIÓN Y LA OBLIGACIÓN DE LA AUTORIDAD DE ESTANDARIZAR

EN NUESTRA OPINIÓN: NORMALIZACIÓN Y LA OBLIGACIÓN DE LA AUTORIDAD DE ESTANDARIZAR

«Lo que no sedefine nosepuede medir.Lo que no se mide, no se puede mejorar.Lo que no semejora,sedegrada siempre».

Lord William Thomson Kelvin

Lanormalización podría definirse como la instauración de criterios de calidad estándar para productos y procedimientos. En la actualidad, la interconexión e intercambio de información a nivel global, requiere el establecimiento de disposiciones comunes que rijan las relaciones sociales, políticas y comerciales.
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Cabe aclarar que, a diferencia de la palabra norma, que implica aspectos jurídicos, a través de la normalización, no se busca legislar, sino más bien el establecimiento de estándares que faciliten maneras de funcionar que sirvan a un conjunto de ciudadanos lo más amplio posible.

Estos estándares se establecen en torno a consensos de gran alcance y con la participación de técnicos cualificados, quienes integran un cuerpo colegiado, habitualmente denominado Comité Técnico de Normalización.

Al respecto, la Organización Mundial del Comercio, se ha pronunciado en el sentido de que las actuaciones encaminadas a lograr la normalización hade facilitar las actividades de las organizaciones que interactúan y promover la participación colectiva en el proceso de negociación que implica su toma de decisiones.[1]


[1] Organización Mundial del Comercio, recuperada el 23 de julio de 2002 de https://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/agrm4_s.htm

En este sentido, las autoridades de certificación nacionales e internacionales, como organismos que deben asegurar el proceso de normalización y velar por su observancia, resultan muy relevantes.
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En el plano internacional, existen antecedentes de autoridades de estandarización desde 1947, en concreto con la formalización de la Organización Internacional de Normalización (ISO por sus siglas en inglés).

Esta organización es independiente y no-gubernamental, y se forma por las organizaciones de normalización de 164 países que se han adherido como miembros.

Una de las labores más importantes de la normalización internacional ha sido facilitar el comercio mundial al proporcionar estándares comunes entre países, los cuales abarcan desde productos manufacturados y tecnología a seguridad alimenticia, agricultura y salud, mediante más de veinte mil estándares.[1]


[1]About ISO recuperada el 25 de julio de 2022 de https://www.iso.org/about-us.html

Los estándares también sirven para proteger a los consumidores y usuarios finales de productos y servicios, asegurando que los productos certificados se ajusten a los mínimos normalizados.[1]


[1]Idem

En México, cuentan con facultades de normalización,diversas dependencias que en el ámbito de su competencia, se les considera normalizadoras -a través de los Comités Consultivos Nacionales de Normalización-, mientras que la Dirección General de Normas adscrita a la Secretaría de Economía es responsable de coordinar el sistema de normalización y evaluación de la conformidad.
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El marco normativo que regula la normalización en nuestro país es la Ley de Infraestructura para la Calidad, misma que obliga a que, anualmente, se emita un programa de normalización que enlista las normas que pueden ser objeto de emisión o modificación durante el ejercicio fiscal de que se trate. Si un proyecto de norma no se encuentra incluido en el Programa -o su suplemento- no puede realizarse ningún avance en su elaboración o actualización.

Resulta importante mencionar, que el objeto de la referida Ley, es fijar y desarrollar las bases dela política industrial en el ámbito del Sistema Nacional de Infraestructura de la Calidad, a través de lasactividades de normalización, estandarización, acreditación, Evaluación de la Conformidad y metrología,promoviendo el desarrollo económico y la calidad en la producción de bienes y servicios, a fin de ampliar lacapacidad productiva y el mejoramiento continuo en las cadenas de valor, fomentar el comercio internacionaly proteger los objetivos legítimos de interés público.[1]


[1] Ley de Infraestructura de la Calidad, artículo 1.

Por su parte, la denominación de la estandarización en México es Normas Oficiales Mexicanas (NOM), y se les considera regulaciones técnicas de observancia obligatoria, que establecen las características a reunir por los procesos o servicios cuando estos puedan constituir un riesgo para la seguridad de las personas o dañar la salud humana,así como las que se refieran a su cumplimiento y aplicación.

Asimismo, es importante hacer notar que, a través de los procesos de normalización, en general, se logra homologar criterios respecto a los siguientes aspectos:

  • Racionalización. Referida a variedades y tamaños; este criterio resulta mayormente aplicable a productos, si bien en el caso de servicios puede considerarse en la normalización, cuando se consensa respecto algún insumo que requiere el propio servicio.
  • Seguridad. Regula la obligación de cumplir con una serie de requisitos de seguridad a efecto de evitar accidentes, y en el caso de salud efectos adversos.
  • Calidad. Además de integrar indicadores de racionalización y seguridad, tiene en cuenta el equilibrio entre los avances de la tecnología y las posibilidades reales de los sistemas productivos y las necesidades y expectativas de consumidores y usuarios. Es por ello que el modelo de calidad de los bienes y servicios se centra en indicadores tales como materiales,muestreos, ensayos y requisitos.

En este orden de ideas, la normalización dota de criterios claros y homogéneos, busca mejorar procesos de producción y atención, y vela por la seguridad del usuario final, aspecto que cobra especial relevancia en el caso de normalización en materia de salud.
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En este particular, cabe mencionar que, en la práctica médica, se ha desarrollado un proceso denominado medicina basada en la evidencia, por el que se busca seleccionar los mejores argumentos científicos para la resolución de los problemas y casos a los que se enfrentan en la atención de los pacientes, los profesionales en salud.

Por lo anterior, resulta especialmente importante en materia de salud, contar con estándares consensuados de atención, que incluyan criterios médicos eficientes y eficaces, que garanticen la menor afectación en otras áreas de bienestar de los pacientes, y procurando mejorar su calidad de vida.
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El marco legal prevé que las NOM deben ser revisadas cada 5 años a partir de su entrada en vigor, para lo cual, el Comité Consultivo Normalizador, debe analizar cada norma que haya cumplido este periodo de vigencia en el año anterior, a efecto de, en su caso, decidir la modificación, cancelación o ratificación de cada Norma.

Es claro entonces que resulta primordial el que las autoridades normalizadoras realicen los procesos de emisión y revisión de NOMs que les corresponda, a efecto de poder contar y garantizar criterios y estándares racionales, de calidad y seguros. En materia de salud, este aspecto es doblemente importante e incide en el ámbito del interés público.

Preocupa un poco, sin embargo, que las actuales autoridades estén interpretando con demasiada severidad el ya referido artículo 1o. de la Ley de Infraestructura de la Calidad, respecto a que el objeto de la misma es establecer las bases de la política industrial.

De ser este el caso, se entendería -no justificaría- la resistencia gubernamental a normalizar en materia de prevención y control de enfermedades, que ha derivado en una parálisis de normalización en el último año, ya con minorización de trabajos desde el año pasado.
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Sobre el particular, se estima, que como fue mencionado con anterioridad, el proceso de normalización, si bien impacta en la producción de bienes y la prestación de servicios, la materia de salud no se encuentra exenta, incluso a nivel internacional existe todo un sistema que procura la seguridad y salud en el trabajo (ISO 45001).

Podría pensarse, en todo caso, que la autoridad normalizadora en materia de salud, está procurando establecer criterios de atención mediante otros instrumentos de medicina basada en la evidencia, y si bien cualquiera de ellos, ya sean protocolos o guías de atención, pueden concentrar algoritmos de tratamiento, ninguno de ellos cumple con los beneficios de transversalidad, homogeneidad y obligatoriedad que sí otorga una NOM, mismas que, además, apuntalan el compromiso humano y constitucional de garantizar el derecho a la salud.

En este sentido, esperemos que la dilación en el proceso normalizador en materia de salud atienda a un criterio temporal de reorganización interna de prioridades, que pueda finalizar a la brevedad; y no a una interpretación equívoca de los beneficios y garantías que otorgan las NOMs en este ámbito.

Asimismo, resulta procedente recordar a los que de algún modo u otro nos encontramos inmersos en el bienestar físico de las personas el dicho popular que atinadamente menciona “La salud no lo es todo, pero sin salud no hay nada”, y en este sentido con mayor razón a las autoridades normalizadoras en salud, que los beneficios de contar con criterios claros homogéneos, seguros, de calidad, eficaces y racionales para la atención de diversos padecimientos, facilitan la práctica clínica e impactan en la calidad de vida y bienestar de los pacientes.

Finalmente, cabe reflexionar sobre las palabras con las que iniciamos este artículo, «Lo que no se define no se puede medir. Lo que no se mide, no se puede mejorar. Lo que no se mejora, se degrada siempre«, así que procuremos seguir midiendo y mejorando para no degradar la atención en salud en nuestro país, con la dirección que las autoridades gubernamentales marquen para este fin.
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DIVERSIDAD E INCLUSIÓN EN LOS CENTROS DE TRABAJO

DIVERSIDAD E INCLUSIÓN EN LOS CENTROS DE TRABAJO

EN NUESTRA OPINIÓN: DIVERSIDAD E INCLUSIÓN EN LOS CENTROS DE TRABAJO

La diversidad e inclusión están relacionados entre sí y hace referencia a la igualdad de oportunidades para todas las personas, sin importar su apariencia física, creencias o intereses personales para formar parte de un todo, permitiendo que las personas se sientan seguras de ser quienes son y apreciadas por sus particularidades.
DIVERSIDAD E INCLUSIÓN EN LOS CENTROS DE TRABAJO

Las personas somos diversas, tenemos talentos y habilidades diferentes en conjunto con características individuales que nos distinguen sin importar nuestra edad, origen étnico, apariencia física o nuestra forma de pensar, sentir y preferencia sexual; todas y todos poseemos algo en común que con el suficiente apoyo y la formación necesaria podemos desempeñarnos productivamente en un puesto de trabajo acorde a nuestras capacidades e intereses.

Todas las personas tenemos derecho a un trabajo digno, con salario justo e igualdad de trato en el ámbito laboral, las empresas deben trabajar con talento diverso y evitar la discriminación y la desigualdad.

Como parte de la sociedad, las empresas y organizaciones pueden beneficiarse al incorporar la diversidad en todos sus niveles y procesos de reclutamiento con un equipo de trabajo heterogéneo al promover la creatividad y el debate al interior de un centro de trabajo, aportando mayor flexibilidad en la solución de problemas y en las decisiones que se toman.

Los beneficios para los empleados y la empresa que impulsan políticas de inclusión laboral son múltiples, como mejorar el bienestar de las personas con discapacidad, otorgándoles libertad y autonomía; los equipos de trabajo están más motivados y la productividad de la empresa puede aumentar en áreas específicas, además de que los empleados valoran y respetan la diversidad como parte de su entorno laboral.

Las competencias, los objetivos, la experiencia profesional, los conocimientos y las habilidades individuales son elementos que los reclutadores deben evaluar al momento de seleccionar personal, por lo que, al redactar las descripciones de las vacantes, los reclutadores deberían poner especial énfasis en todos los requisitos que están estrechamente relacionados con la profesión, más allá de los atributos físicos, el género o la condición.

Es importante tomar en cuenta que los programas de inclusión laboral no solo fomentan que los empleados se sientan parte fundamental de su centro de trabajo, sino que también pueden aumentar la productividad y lograr mejores resultados pues el talento depende de la capacidad de un individuo para convertir los objetivos en realidad. Actualmente, esto puede ser un reto para muchas empresas, que no se dan cuenta de que la única forma de mantenerse competitivos hoy en día es atraer la mayor cantidad de talento posible.
DIVERSIDAD E INCLUSIÓN EN LOS CENTROS DE TRABAJO

De acuerdo con el “Estudio de Remuneración PageGroup México y Centroamérica 2021[1]” el 48% de los encuestados indica que la empresa para la cual labora está comprometida en fortalecer sus políticas de diversidad en inclusión. Entre las principales acciones que promueven, están la diversidad de género (60%); la edad (53%); la cultural (39%) y la orientación sexual (34%).


[1]https://www.michaelpage.com.mx/contenidos/investigaciones-y-encuestas/estudio-de-remuneraci%C3%B3n

Una empresa puede tener dos opciones, la primera es contratar profesionales que puedan sensibilizar al personal sobre la importancia de la inclusión laboral desde el proceso de contratación hasta el inicio su incorporación a la plantilla laboral. Y otra opción es continuar ignorando la inclusión laboral y potencialmente perder muchas oportunidades.

Lamentablemente a veces esta inclusión se ve limitada por actitudes negativas basadas en la ignorancia, los prejuicios y los estereotipos; junto a eso existe un poco disposición para adaptar los entornos y servicios para que sean realmente accesibles para cualquier persona lo que genera barreras físicas que dificultan la participación de todas las personas y producen más este tipo de acciones discriminatorias al reducir nuestra visión de la realidad y niegan a las personas el derecho básico de desarrollar una vida digna y autónoma.

La realidad es que nos enfrentamos a una sociedad diversa y en constante cambio, el compromiso para superar estos obstáculos y lograr una sociedad más inclusiva debe partir por cada uno de nosotros ya que más allá de las diferencias individuales todos podemos enriquecernos de un ambiente laboral inclusivo.

Un entorno inclusivo crea mejores condiciones de trabajo que optimizan la experiencia laboral y la productividad. Para que su empresa promueva efectivamente la inclusión laboral, no basta con contratar personas con discapacidad, enfermedades crónicas o que pertenezcan a minorías, debe proporcionar un entorno seguro en el que puedan desarrollarse pacíficamente y fomentar su desarrollo y crecimiento continuo.

En ese sentido, la legislación cuenta con la Norma Oficial Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación, que es un mecanismo de adopción voluntaria para reconocer a los centros de trabajo que cuentan con práctica en materia de igualdad laboral y no discriminación, favoreciendo el desarrollo integral de los trabajadores.

Los principales ejes de la NMX-R-025-SCFI-2015 son:

  • Incorporar la perspectiva de género y no discriminación en los procesos de reclutamiento, selección, movilidad y capacitación
  • Garantizar la igualdad salarial
  • Implementar acciones para prevenir y atender la violencia laboral
  • Realizar acciones de corresponsabilidad entre la vida laboral, familiar y personal de sus trabajadores, con igualdad de trato y de oportunidades

La certificación está dirigida a todos los centros de trabajo públicos, privados y sociales en la República Mexicana; además, los centros de trabajo deberán recibir una auditoría para verificar que sus políticas y prácticas cumples con los requisitos de igualdad laboral y no discriminación.

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LIBERTAD DE EXPRESIÓN

La transición política de México fue pensar la democracia en términos liberales

EN NUESTRA OPINIÓN: LIBERTAD DE EXPRESIÓN

“La política no es una técnica como la mecánica.
Es, más bien, como la cocina.
Ningún libro de recetas, por muy completo que
sea o por claras que sean sus ilustraciones,
puede servir a quien no tiene sazón”.

-Michael Oakeshott-

La transición política de México fue pensar la democracia en términos liberales, con elecciones libres –organizadas por un órgano autónomo del gobierno-, equilibrio de poderes, rendición de cuentas, descentralización del poder, libertades civiles y políticas, siendo la libertad de expresión un pilar fundamental.

En el libro “Los Límites de la libertad de expresión”, Eduardo Lima Gómez señala que, hay tres visiones respecto a la libertad de expresión: la primera, plantea una autoregulación –siendo algunos periodistas quienes han propuesto esto-. Quedando en ellos determinar hasta dónde hay una afectación y que cada uno, en su ejercicio, encontrará los límites de su libertad de expresión. Siendo ellos los únicos que autodeterminen hasta dónde llevar su ejercicio. Destacando que, el Estado no debe intervenir.

La segunda visión plantea que, los límites a la libertad de expresión están en la Constitución (art. 6º y 7º, teniendo como complemento el Derecho de Réplica), en la legislación nacional (sanciones administrativas, sanciones civiles y penales) y en los tratados (art 32.2 Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática”).

Y una tercera visión señala que hay que replantear la libertad de expresión a través de la educación y del planteamiento que se haga como sociedad. Construir la sociedad que queremos.

De igual forma, agrega Lima Gómez en su libro que, la libertad de expresión tiene dos vertientes particulares: Una crítica al poder (enfocada al servidor público, donde la crítica fortalece al estado democrático) y una que tiene que ver con los particulares (personas que no son servidores públicos).

En su esencia, la democracia implica respetar las distintas visiones de cómo hacer las cosas. Generando consenso. Respetando opiniones divergentes. En suma, cuidando la conservación de espacios donde las diferentes opiniones se expresan.

Es saludable para toda sociedad ejercer su derecho a la libertad de expresión en sentido amplio y, particularmente, a través de periodistas comprometidos con la verdad y críticos del actuar gubernamental. La libertad de expresión como ejercicio de libertad, ¿se puede acotar?. No. Sólo se le confronta con evidencia científica y datos duros. La vida del país será más saludable cuando el debate público cuente con información veraz y se permita el derecho de réplica. Máxime, cuando hoy día hay visos de una restauración autoritaria.

En 1978, el politólogo Juan Linz publicó el libro “La quiebra de las democracias”, donde advierte cuatro señales que caracterizan a los políticos antidemocráticos: 1) rechaza, ya sea de palabra o mediante acciones, las reglas democráticas del juego. 2) niega la legitimidad de sus oponentes, 3) tolera o alienta la violencia, y 4) indica su voluntad de restringir las libertades civiles de sus opositores, incluidos los medios de comunicación.

El entorno democrático y fortalecimiento institucional que se ha construido a lo largo de estos años ha ofrecido una importante resistencia. Y dependerá del electorado fortalecer los contrapesos de nuestra democracia, apoyando a aquellos actores políticos que aceptan las reglas del juego democrático y se someten a las mismas, a sus formas y ciclos. Actores políticos que, en su probado actuar como gobierno, se hayan caracterizado por el fortalecimiento de las instituciones.

Parafraseando a Federico Reyes Heroles, si algo creemos benéfico para nosotros deberá serlo para los demás. El sentido de comunidad nace del principio de simpatía y empatía. Hay cuestiones que simplemente no son negociables en ninguna circunstancia. Las libertades de creencias, de expresión, de información, de organización, entre otras. Pues son condiciones básicas para el funcionamiento de una democracia liberal. No existe el pensamiento único.Parafraseando a Federico Reyes Heroles, si algo creemos benéfico para nosotros deberá serlo para los demás. El sentido de comunidad nace del principio de simpatía y empatía. Hay cuestiones que simplemente no son negociables en ninguna circunstancia. Las libertades de creencias, de expresión, de información, de organización, entre otras. Pues son condiciones básicas para el funcionamiento de una democracia liberal. No existe el pensamiento único.

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LA UNIVERSALIDAD EN LA SALUD

LA UNIVERSALIDAD EN LA SALUD

EN NUESTRA OPINIÓN: La Universalidad en el Acceso a la Salud: Recientes modificaciones a la estructura del sistema en México

En últimas fechas hemos sido -todas y todos- testigos de lo importante que se ha vuelto priorizar los temas de salud en las agendas de todos los gobiernos, de las corporaciones y de la sociedad civil.

Generalizo ello con total certeza, pues la reciente experiencia de la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) alrededor del mundo, ha tenido evidentes implicaciones desfavorables, pues éste ha costado muchas vidas a lo largo de más de año y medio del primer caso que, de esta cepa, se presentó en China. Con más de 140 millones de casos confirmados a nivel mundial -a la fecha de elaboración de este documento- en doscientos veintidós países notificados en las seis regiones de la Organización Mundial de la Salud, OMS por sus siglas; esto es, en América, Europa, Asia Sudoriental, Mediterráneo Oriental, Pacífico Oriental y África, con una tasa de letalidad internacional que asciende al 2.1%, este virus se ha convertido en el acontecimiento sanitario más mortal en los últimos años.

De esas seis regiones de la OMS, es muy importante mencionar que la de América es la más afectada con casi 60 millones de casos, seguidos de Europa con casi 50 millones, Asia Sudoriental con casi 18 millones, Mediterráneo oriental con 8.5 millones, África con poco más de 3 millones y el Pacífico Oriental con poco más de dos millones de casos. [1]


[1] Panel de Control de la Enfermedad por Coronavirus de la OMS (COVID-19).

México, por su parte, ha sido uno de los países mayormente impactados, con más de 2 millones trescientos mil casos confirmados y 212,339 decesos que, como cifras oficiales, la Secretaría de Salud ha registrado al 18 de abril pasado.[1] Esto quiere decir que el índice de mortalidad en México es del 9.2%; cifra muy por encima de la tasa de letalidad mundial.


[1] Informe técnico diario COVID-19 México. Secretaría de Salud. Al 18 de abril de 2021.

Existen diversas hipótesis y puntos de vista sobre el cómo debió manejarse la emergencia sanitaria en México, resultado de la pandemia; sin embargo, a pesar de las diversas opiniones, algo que es un hecho y la mayoría pudimos constatar, es que el sistema de salud mexicano quedó rebasado ante la ocupación hospitalaria que durante las diversas oleadas de contagios -en diferentes momentos de la pandemia- se presentaron; desde el primer trimestre de 2020 al día hoy, provocando la saturación en la demanda de los servicios de salud, la incapacidad material y de infraestructura y, por supuesto, el evidente desgaste físico, mental y moral de nuestro personal sanitario, quienes claramente, han librado esta larga y compleja batalla desde la primera línea de defensa.

Este antecedente de la pandemia resulta importante traerlo al contexto de este artículo, pues en cada lugar del mundo en donde se dieron los casos, éstos se presentaron de manera repentina, sorpresiva e imprevista, y provocó desestabilidad en la rutina ordinaria de todos los países, sin importar lo robusto o débil que pudieran ser los respectivos sistemas de salud. Algo que en definitiva sí quedó al descubierto, es la necesidad de invertir más en los sistemas sanitarios de algunas naciones, pues coincidentemente, en los países en donde más decesos se han presentado son justamente aquellos cuya inversión está por debajo de los estándares; México, no es la excepción.

Nuestro gasto sanitario representa el 5,5% del Producto Interno Bruto (PIB), mismo que se encuentra entre los más bajos de los países OCDE; de esa cifra el gasto es mitad público y la otra mitad es privado. La cobertura de seguro de salud para las poblaciones vulnerables ha mejorado, pero persisten las brechas. La cobertura de un conjunto básico de servicios de salud en México es

la más baja en la OCDE con 89,3%. Los gastos de bolsillo siguen siendo altos, con un 41% del gasto total en salud. Los indicadores resaltan dificultades en la calidad de la atención: por ejemplo, los ingresos evitables por diabetes son casi el doble del promedio de la OCDE (249 por 100 000 personas), y la mortalidad a los 30 días después de un ataque cardíaco es casi cuatro veces el promedio de la OCDE (27,5%). Las tasas de tabaquismo (7,6%) y de bebedores dependientes (1,3%) son relativamente bajas en México. Dietas mal equilibradas y estilos de vida sedentarios contribuyen en gran medida a que una gran proporción (72,5%) de la población mexicana. [1]


[1]https://www.oecd.org/mexico/health-at-a-glance-mexico-ES.pdf

Adicionalmente a la mejora en conceptos cuantitativos relativos a la imperante necesidad de invertir más en salud en México y alcanzar así los estándares internacionales debidos -al menos los de la OCDE-, las variables en las que radican el contar con campañas de prevención debidamente comprensibles y socializadas, enfoques para atender anticipadamente las principales enfermedades que aquejan a la sociedad, y la posibilidad de establecer estrategias inmediatas pero con una visión a mediano y largo plazo que permitan reducir la brecha epidemiológica a la que México se enfrentará en las próximas 3 décadas, son imprescindibles.

Debemos tener en cuenta que los cambios en el perfil epidemiológico en nuestro país ha ido evolucionado desde hace al menos 6 décadas, ya que en los 50´s la mayor incidencia en las enfermedades eran infecciosas; desde hace al menos veinte años, la incidencia pasó de ser infecciosa a enfermedades no transmisibles pero crónicas, siendo que las enfermedades del corazón y la diabetes, solo por mencionar algunas, son las de más prevalencia y las que más vidas están costando, sin dejar de mencionar los altos costos que para el Estado Mexicano éstas presentan.

Los malos hábitos como lo son el sedentarismo y la mala alimentación, aunado a otros factores como lo es el estrés, no abonan en la mejora de los escenarios; los mexicanos estamos dirigiéndonos hacia un estadio en el que seremos una sociedad adulta -con expectativa de vivir más años- pero con menor calidad de vida, lo que implica que viviremos más pero mal; seremos también muy costosos, pues requeriremos de mayor atención médica, y seremos menos productivos. He aquí en donde las piezas no empatan y la principal razón por la que es necesario pensar en el futuro, actuando desde ahora, y así contrarrestar un inminente escenario fatal que descompense drásticamente las finanzas nacionales y destruya de facto el sistema de salud mexicano.

En términos del cuarto párrafo del Artículo 4° de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La connotación que a la interpretación de esas diez palabras pueden dársele, debido a su amplitud, pueden ser infinitas, pero para intentar acotar el sentido y  la intención que el legislador ha querido darle, podemos sintetizarlas en: i) toda mexicana y mexicano, sin importar su edad, raza, profesión, estrato, género, preferencia sexual, religiosa y política, puede beneficiarse de los alcances de este precepto; ii) los derechos que la Constitución consagra están equiparados a los Derechos Humanos y a los Derechos Universales, sin dejar mencionar que, además, son una Garantía Individual; iii) al ser un derecho, significa que no es susceptible de negación y, por consecuencia, el Estado debe proveerlo y velar porque se respete y aplique.

Conceptos previos han sido parte de argumentos jurídicos utilizados en procesos ejercidos por la sociedad civil ante la judicialización emprendida para poder asegurar el derecho a la protección a la salud, término que, en la jerga legal, social y política de aquellos que de alguna y otra forma hemos estado relacionados con la defensa de los temas sanitarios y el acceso a los servicios, hemos traducido simple y llanamente como Derecho a la Salud, que sin duda es ese segundo componente de nuestro concepto -salud- el que debe prevalecer en todo individuo para alcanzar un estadio de bienestar, entendiéndose a éste -a su vez- como el término para hacer referencia a un estado de satisfacción personal, o de comodidad que proporciona al individuo satisfacción económica, social, laboral, psicológica, biológica, entre otras. El primer componente -el derecho- es justamente el medio que nos permite acceder -y coactivamente exigir- lo que por definición nos corresponde y debemos procurar prevalezca; la salud.

Para quienes hemos tenido el privilegio de colaborar en la generación de políticas públicas sanitarias en nuestro país, desde una óptica legal y de asuntos públicos, hemos también sido testigos de la inercia constante de cambios que, las transiciones gubernamentales, han provocado en las modificaciones a las estrategias gubernamentales en materia de salud. Es sabido que cada titular del ejecutivo, mediante su Plan Nacional de Desarrollo, define cuáles serán las directrices que su administración tendrá respecto a los rubros sociales y económicos y en el que, al menos de lo que yo he podido observar, la salud siempre ha sido parte integrante de dicho plan. No obstante lo anterior, algunas administraciones han priorizado el rubro de la salud desde una perspectiva diferente; hay quienes han pretendido enfocar más esfuerzos en infraestructura hospitalaria o en capital humano, y quienes lo han hecho para la compra de medicamentos y otros insumos para la salud, a fin de obtener más volumen a mejores costos. En uno u otro caso, la realidad es que en materia de servicios de salud y de ese derecho a la protección de la salud, aún hay grandes brechas por cerrar, pues la cobertura universal y la gratuidad en los medicamentos y tratamientos, que ha sido una prioridad en el pasado -y lo es también para la actual administración- aún no se ha concretado, lo que claramente pareciera no ser una tarea fácil.

Cuando hablamos de acceso universal a la salud y de la cobertura universal de salud, en términos de la definición que la propia OMS ha elaborado al respecto, debemos entonces entender a estos conceptos como las implicaciones de que todas las personas y las comunidades tengan acceso, sin discriminación alguna, a los servicios integrales de salud, adecuados, oportunos, de calidad, determinados a nivel nacional, de acuerdo  a las necesidades, así como a medicamentos de calidad, seguros, eficaces y asequibles; a la vez que se asegura que el uso de esos servicios no expone a los usuarios a dificultades financieras, en particular los grupos en situación de vulnerabilidad. El acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud requieren la definición e implementación de políticas y acciones con un enfoque multisectorial para abordar los determinantes sociales de la salud y fomentar el compromiso de toda la sociedad para promover la salud y el bienestar. El acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud son el fundamento de un sistema de salud equitativo. La cobertura universal se construye a partir del acceso universal, oportuno y efectivo a los servicios. Sin acceso universal, oportuno y efectivo, la cobertura universal se convierte en una meta inalcanzable. Ambos constituyen condiciones necesarias para lograr la salud y el bienestar. [1]


[1]CD53/5, Rev. 2 y CD53/R14 OPS/OMS, 2014

En las últimas dos décadas, al menos tres gobiernos, en aras de alcanzar esa universalidad a los servicios de salud y el acceso a medicamentos gratuitos, han elaborado e intentado implementar políticas públicas para allegarse cada vez más al objetivo.

Tal es el caso de la actual administración, en la que se han presentado y publicado cambios a las normativas que de alguna manera faciliten alcanzar esa utópica expectativa. Por ejemplo, en noviembre de 2018, el Congreso Mexicano que inició el 1° de septiembre de ese año, después de una avasalladora victoria política del actual titular del ejecutivo y su movimiento político (MORENA)-resultado de las elecciones de junio, también de 2018, que le dio la mayoría en ambas cámaras del Congreso de la Unión- concedió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) facultades hegemónicas para planear, establecer y conducir la política general en materia de contrataciones públicas reguladas, así como para fungir como área consolidadora de los procedimientos de compra de bienes y contratación de servicios que la propia Secretaría determine, con base en la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF). Esta reforma se ha implementado mediante la gestión directa de la Oficialía Mayor de la SHCP.

Otra de las reformas de mayor trascendencia en el sector salud, cuya intención estaba aparejada más a un tema de “ahorros”, fue justamente la que en la Cámara de Diputados se presentó por el legislador que en ese momento coordinaba la bancada del partido con la mayoría en el Congreso y en la que justificó socialmente la misma, argumentando que la misma le permitirá a México ampliar las posibilidades para adquirir medicamentos y vacunas de alta calidad, a bajo costo, que necesitan las y los mexicanos y para que el derecho a la salud sea una realidad mediante al acceso universal a servicios de salud y medicamentos gratuitos con transparencia, eficiencia y calidad.

Bajo ese tenor es que, en agosto de 2020, el Congreso reformó el artículo 1° de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), adicionando un párrafo mediante el que se establece una excepción de aplicación cuando la adquisición se trate  de insumos para la salud y mediante la cual las dependencias u organismos gubernamentales quedan facultados para adquirir a través de organismos intergubernamentales internacionales, eximiéndose de obligaciones que para las compras públicas, la LAASSP claramente establece, es decir, la licitación, invitación y adjudicación.

Considerando que el fin que tutela la LAASSP es justamente la transacción para comprar o arrendar bienes o servicios en las mejores condiciones para el Estado y para la cual, la figura prevista para ello es justamente la de licitación pública a través de la que varios ofertantes presentan sus propuestas técnicas mismas que, de cumplir con todos los requisitos que contienen las convocatorias (antes bases de licitación) permiten a las instituciones compradoras elegir la mejor oferta en función de la calidad, la cobertura de necesidades y los costos de los bienes o servicios que se están licitando, mediante estrictos esquemas de costo-eficiencia.

Si bien la regla general de las compras públicas es la licitación -por su esencia de promover la libre competencia entre los ofertantes con el fin de que éstos presenten mejores propuestas- excepcionalmente están las figuras de la invitación a cuando menos tres personas o la adjudicación directa. En ambos casos, esas modalidades de compras públicas aplican cuando haya fabricación única del bien a proveer o derechos exclusivos como las patentes, en cuyo caso no hay más ofertas en el mercado, y al ser un único proveedor, la adjudicación de la compra pública y consecuente contrato se hace a la persona que cuenta con el producto que el Estado requiere.

Además de aquellas licitaciones públicas que se llevan a cabo entre los proveedores nacionales, existen otras modalidades que permiten la ampliación del espectro para que el Estado pueda adquirir en el extranjero, bien vía tratados comerciales en los que México sea parte o licitaciones públicas internacionales abiertas, cuando la proveeduría nacional no esté en aptitud de licitar, pero en todo caso, siempre hablamos de licitación, de concursos entre los proveedores.

Lo ampliamente relevante de la reforma a la LAASSP que he mencionado previamente, es justo la posibilidad que tiene el Estado de acudir a instancias internacionales sin pasar por el proceso de licitación, yendo vía adjudicación directa; es decir, no pasa ni por licitaciones nacionales, ni bajo tratados, ni internacionales públicas abiertas; abre la posibilidad de ir mediante una figura excepcional de adjudicación directa en el mercado internacional, lo que a mi parecer, es en claro demérito de la industria nacional y una contravención a los artículos 25 y 134 de la Constitución Política de nuestro país. Resultado de ello también fue dar cabida a la figura de la UNOPS.

El objetivo de la UNOPS es ayudar al sistema de las Naciones Unidas -y a sus asociados- a proporcionar soluciones en los ámbitos de la asistencia humanitaria, el desarrollo, la paz y la seguridad. Su misión es ayudar a las personas a mejorar sus condiciones de vida y a los países a lograr la paz y un desarrollo sostenible.

Asimismo, se centran en la implementación y la eficiencia del sector privado. Son el único organismo de las Naciones Unidas que no recibe financiación básica de los contribuyentes.

Sus servicios abarcan los ámbitos de la infraestructura, la gestión de proyectos, las adquisiciones, la gestión financiera y los recursos humanos. Los asociados solicitan sus servicios para complementar sus propias capacidades, aumentar la celeridad, reducir los riesgos, fomentar la eficacia en función de los costos y mejorar la calidad. [1]


[1] www.unops.org/es/about

Si bien existen algunos datos que arrojan que la compra de insumos para la salud en otros países – como Guatemala y Honduras- mediante los esquemas de UNOPS no ha sido del todo eficiente -pues no ha logrado el total de abasto de insumos para la salud previstos en los contratos-, algo que es muy cierto es que hay una clara tendencia internacional que pretende migrar hacia estos nuevos esquemas de compras, por lo que confío en que la curva de aprendizaje por la que estamos transitando en México culminará en futuro muy temprano y se irá perfeccionado para lograr en un esquema más equitativo, competitivo y benéfico para el Estado, pero sin que ello implique un trato desigual a la industria en México.

Algo que no podemos pasar por alto, por las implicaciones sanitarias que ello puede conllevar en temas de seguridad, calidad y eficacia, son justamente los términos del Acuerdo de Equivalencias que fueron publicados en noviembre de 2020, resultado de la reforma a la LAASSP cuyo objetivo es “acelerar” el proceso de autorización sanitaria de aquellos productos que provengan del extranjero, resultado de las negociaciones que se logren con la proveeduría extranjera, mediante la figura de UNOPS.

Quienes han estado familiarizados con los procesos regulatorios en México, saben que los plazos de respuesta, en específico aquéllos relacionados a la obtención de registros sanitarios, por disposición de la normatividad mexicana, estos no son menores a seis meses. No obstante, el referido acuerdo establece plazos mucho menores de resolución a los que la industria nacional tiene para respuesta de sus trámites, sin dejar de mencionar que también se prevé la figura de afirmativa ficta ante la falta de respuesta “en tiempo” por parte de la agencia regulatoria mexicana. Esta situación genera una evidente desigualdad de trato entre la industria nacional y la proveeduría internacional.

También debe revisarse la garantía en temas de seguridad, calidad y eficacia de todos los productos provenientes del extranjero, pues el proceso “fasttrack” que establece el acuerdo, sumado a que los requisitos definidos por nuestra agencia regulatoria no son fáciles de cumplir -por las exigencias para asegurar que los productos que se internan a México, o se fabrican aquí, sean robustos-. Debemos tomar en cuenta que la COFEPRIS es una agencia certificada internacionalmente -y consecuentemente de referencia- pero no sabemos si las agencias que validan los productos en otros países cumplen con los mismos estándares.

Definitivamente, estamos frente a una clara evolución en el sistema de salud, en donde los cambios están gestándose y de los que debiéramos prever su materialización en un corto plazo, tomando en cuenta que el rubro de la salud no puede esperar.

Finalmente, en lo que a modificaciones en materia de salud se refiere, estamos siendo testigos de los nuevos aspectos que en materia de salud empiezan a surgir, como lo es el uso medicinal del cannabis, que de ser un tema que durante muchos años fue abordado con claro temor, incluso como tabú por los gobiernos y sociedades en gran número de los países del mundo, hoy se ha tornado como uno de los rubros de mayor importancia en discusiones de sobremesa y temática que, con gran amplitud, ha estado en la mira de muchos personajes de la vida jurídica, social y económica, así como también, a nivel de las agendas políticas internacionales y locales; México claramente no ha sido la excepción.

En el mundo, desde los años 60´s se ha normado el control y el uso de los estupefacientes y psicotrópicos, género del que el cannabis y sus derivados deductivamente se desprenden y que a través de sus convenciones y convenios, han pretendido establecer mecanismos que, a manera de candados regulatorios, generen contención al uso indebido de esos productos; por ejemplo, la ONU lo ha venido haciendo desde 1988 a través de la Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas.

Por su parte, nuestro país, contagiado por la efervescente inercia que amerita la discusión sobre el cannabis, desde las diferentes trincheras que conforman al Estado Mexicano, ha existido un sinnúmero de posicionamientos que han girado el timón hacia una única e inminente dirección; la próxima regulación sobre su uso y control.

LA UNIVERSALIDAD EN LA SALUD

Desde 2017, la actividad legislativa mexicana tuvo presencia cuando la Ley General de Salud y el Código Penal Federal abrieron el umbral para otorgar cierta permisibilidad al cannabis -cuando éste tuviera fines médicos o científicos-, siendo que para octubre de 2018, la propia agencia regulatoria sanitaria mexicana, emitiera unos lineamientos administrativos que permitían la importación de productos cannabinoides, situación que de alguna manera se vio también apalancada por la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que declaró que la prohibición del uso recreativo del cannabis era inconstitucional por su afectación al Libre Desarrollo de la Personalidad.

Si bien los acontecimientos de 2018 no tendrían necesariamente que estar relacionados entre sí -y que los lineamientos de COFEPRIS fueron revocados posteriormente-, lo que es cierto es que ambos partieron de un tema que coyunturalmente los encontró, y éste es el cannabis y el cómo sí se puede.

Como resultado de las reformas antes mencionadas, después de tres años de espera, el pasado 12 de enero fue finalmente publicado el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario para la Producción, Investigación y Uso Medicinal de la Cannabis y sus Derivados Famacológicos, lo que claramente refleja una voluntad política del Estado para avanzar en este tema, y si bien aún faltan temas por precisar, el contar una la política pública de esta naturaleza, es un gran avance en beneficio de los pacientes mexicanos y el acceso de éstos a nuevas alternativas farmacológicas.

Por su parte, en una clara intención de dar banderazo legislativo y bajo una evidente expectativa de avanzar en el tema, en octubre de 2019, las Comisiones Unidas de Justicia, Salud y de Estudios Legislativos -con opinión de la Comisión de Seguridad Pública- todas ellas del Senado de la República, presentaron un anteproyecto de dictamen por el que se pretendía expedir la Ley General para la Regulación y Control de Cannabis, que buscaba reformar y adicionar -respectivamente- diversas disposiciones de la Ley General de Salud; pretendiendo también reformar diversas disposiciones del Código Penal Federal, así como de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, y la Ley de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

Si bien el proyecto referido -en ese momento- trastocaba una serie de rubros, el mismo conllevaba algunas deficientes implicacioneslegales, técnicas y sociales,desincentivando la esencia pretendida; el crecimiento económico. Las deficiencias se han ido subsanando, pero han existido cambios relevantes, empezando porque la última versión que fue enviada por el Senado a la Cámara Baja     -revisada y modificada por ésta en marzo pasado y enviada de nuevo al Senado-, se deslinda completamente de los temas de salud, en el entendido que todo lo referente al rubro deberá ser regido por la Secretaría del ramo; es decir, la de Salud.

LA UNIVERSALIDAD EN LA SALUD

Cabe mencionar que, extraordinariamente, se ha solicitado una nueva prórroga por parte del Senado de la República -a la Suprema Corte de Justicia de la Nación- para que este tema en el Congreso se discuta hasta el siguiente periodo de sesiones, que iniciará en septiembre próximo.

En efecto y como hemos venido mencionando, la ley que -de manera general- regule el uso y control del cannabis se vislumbra inminente, sin embargo, aún pareciera que existen algunas piezas del rompecabezas por embonar y que de alguna manera deben asegurar que en México consideremos cada uno de los detalles que nos apunten hacia un referente internacional, pues si la intención del legislador es realmente analizar la transversalidad del tema y con ello potencializar una oportunidad como ésta para que nuestro país sea líder del tema, con un claro reconocimiento mundial y en donde el beneficio sea holístico -incluyendo a las comunidades vulnerables de nuestro México-, entonces pienso que será requisito sine qua non que todos los actores involucrados desde la sociedad civil deban ser escuchados; la oportunidad que el tema da, en definitiva, es mucho mayor que el riesgo que pudiera implicar, siempre y cuando las cosas se hagan bien desde sus cimientos. 

Por lo destacado en este artículo, puedo concluir que la salud es un rubro que, multifactorialmente, tiene un impacto en la vida de cada individuo, lo que nos hace priorizar los derechos que sobre ésta existan, y es ese el motivo por el cual he emitido esta opinión, a titulo personal, pero siempre bajo la franca intención de sumar activamente a la mejora de las condiciones de vida de la sociedad a la que pertenezco. El ejercicio de la abogacía para mí ha sido el honor más grande que profesionalmente he recibido, y si con ello puedo abonar a una causa tan noble como es la promoción del Derecho a la Salud, mi mayor satisfacción será ver materializado este beneficio en cada niña, niño, hombre y mujer que habite en México.

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EN NUESTRA OPINIÓN

Pasante en Derecho

Pasante en Derecho

Actualmente existen tres fuentes de representación para actuar en un juicio, a nombre y por cuenta de otro, las cuales son: 1) Poder General para Pleitos y Cobranzas a quien no sea abogado[1]; 2) Autorización en Autos en Términos del artículo 112 del Código de Procedimientos Civiles para los abogados litigantes que poseen cédula profesional y pasantes en derecho; y 3) Mandato Judicial[2] que en la práctica ha sido desplazado por las otras dos fuentes.

La autorización en autos en términos del artículo 112 del Código de Procedimientos Civiles, en adelante, CPC, en su cuarto párrafo establece que las partes pueden autorizar a una o varias personas con capacidad legal para oír notificaciones en su nombre, así como para intervenir en su representación en todas las etapas procesales del juicio, comprendiendo la de alzada y la ejecución, con todas las facultades generales y especiales que requieran cláusula especial, incluyendo la de absolver y articular posiciones debiendo, en su caso, especificar aquellas facultades que no se les otorguen, pero sin poder sustituir o delegar dichas facultades en un tercero.


[1] Artículo 2554 del Código Civil Federal.

[1] Artículos 2548, 2555,  2556, 2573 y 2580 del Código Civil Federal.

De lo anterior, con base en la tesis PC.I.C. J/1 K (10a.), dichas facultades se traducen “[…]en actos procesales personalísimos, propios solamente del directo interesado o de su representante legal, es evidente que tal autorizado se encuentra facultado para realizar cualquier acto que resulte necesario para la adecuada defensa de su autorizante, erigiéndose en un auténtico representante equiparable al mandatario judicial o procurador, según se advierte de la exposición de motivos que dio origen a dicho precepto […]”.[1].

Asimismo, el quinto párrafo del mismo artículo señala que las personas autorizadas deben acreditar encontrarse legalmente autorizadas para ejercer la profesión de abogado o Licenciado en Derecho, debiendo proporcionar los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue su autorización y exhibir su cédula profesional o, en su caso, los asesores legales de las partes que carezcan de cédula profesional deben acreditar estar autorizados para ejercer dicha profesión con una carta de pasante vigente en su primera intervención, en el entendido que el autorizado que no cumpla con lo anterior, pierde las facultades antes descritas en perjuicio de la parte que lo hubiere designado, y únicamente tendrá la facultad de imponerse de autos y oír notificaciones.

Este artículo es muy importante para los abogados litigantes y, para los pasantes en Derecho, debido a que cuando son autorizados en términos del art. 112 del CPC, le son otorgadas las facultades para que actúen en juicio, tanto en el tribunal que conoce el asunto, como en el de alzada. Además de que no resulta necesario acudir ante un notario público para que otorgue un poder general para pleitos y cobranzas.

Así, un pasante en derecho es una persona física que carece de cédula profesional y que, de conformidad con la tesis I.9o.C.145 C está:

“[…] debidamente autorizado para ejercer la profesión de abogado, pueda representar a la parte que lo designe en juicio, con las mismas facultades que las de un licenciado en derecho con cédula profesional, ya que expresamente previó que los autorizados en esos términos, quedarán facultados para interponer los recursos que procedan, ofrecer e intervenir en el desahogo de pruebas, intervenir en la diligenciación de exhortos, alegar en las audiencias, pedir que se dicte sentencia para evitar la consumación del término de caducidad por inactividad procesal, y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante; y que los autorizados deben acreditar «encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de abogado o licenciado en derecho», mediante la exhibición de «su cédula profesional o carta de pasante». Además, los pasantes en derecho debidamente autorizados para ejercer la profesión de abogado, pueden representar a la parte que los designe en juicio, con las mismas facultades que las de un licenciado en derecho, porque ese mismo precepto prevé que en el juzgado de que se trate, debe existir un libro para el registro de las cartas de pasante y otro para las cédulas profesionales.”[1]

[1] PC.I.C. J/1 K (10a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, t. III, enero de 2014, p. 1931.

En dicha tesitura, se entiende que a un pasante en Derecho le son otorgadas las mismas facultades para intervenir en un proceso que a un Licenciado en Derecho que posee cédula profesional.

Se ha mencionado que los asesores legales de las partes que carezcan de cédula profesional deben acreditar estar autorizados para ejercer dicha profesión con carta de pasante vigente. La carta de pasante es un documento oficial que demuestra el carácter de estudiante del interesado, su conducta y capacidad con los informes de la facultad o escuela correspondiente.

Para poder tramitar la carta de pasante en derecho, con base en el artículo 30 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en la Ciudad de México, la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Púbica (SEP) es la autoridad facultada para extender la autorización a los pasantes de las diversas profesiones[1] para ejercer la práctica respectiva en un término no mayor de tres años.


[1]El artículo segundo transitorio de la Ley Reglamentaria del art. 5 consitucional especifica las carreras que requieren título.

Posteriormente la Dirección, dará aviso a la SEP y extenderá al interesado una credencial en que se precise el tiempo en que gozará de tal autorización. Y, al concluir dicho término, la credencial quedará automáticamente anulada[1].


[1] El tercer párrafo del artículo 30 de la Ley Reglamentaria del articulo 5º. Constitucional señala que en casos especiales podrá el interesado obtener permiso del Secretario de Educación Pública para prorrogar la autorización, por el tiempo que fije dicho funcionario.

En conclusión, el objetivo de la pasantía es que el individuo ponga en práctica los conocimientos adquiridos durante sus años de estudio. La idea es que el pasante se convierta en un aprendiz que adquiera la capacitación para desempeñarse en un determinado puesto de trabajo. Dicha preparación la recibirá por parte de su mentor o de las personas que lo tendrán a su cargo. Con base en lo anterior, las pasantías son muy importantes porque no todo se aprende en el aula de clase. Por ello, es clave que todo profesional se capacite de forma presencial en el mundo laboral.

[1] I.9o.C.145 C, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXVII, mayo de 2008, p. 1034.

[1]El artículo segundo transitorio de la Ley Reglamentaria del art. 5 consitucional especifica las carreras que requieren título.

[1] El tercer párrafo del artículo 30 de la Ley Reglamentaria del articulo 5º. Constitucional señala que en casos especiales podrá el interesado obtener permiso del Secretario de Educación Pública para prorrogar la autorización, por el tiempo que fije dicho funcionario.