El despacho Regino Abogados prepara una ruta jurídica que lleve a la nulidad de la investigación realizada por la Fiscalía capitalina sobre la tragedia en la línea 12 del Metro.
Gabriel Regino, director de ese despacho, acusó la violación al debido proceso por parte de la Fiscalía local y de parte de la empresa DNV.
Esa violación al debido proceso configura la nulidad de todas las investigaciones realizadas hasta ahora, argumentó el abogado.
Esta es parte de la estrategia de Regino Abogados para defender a un grupo de 15 ex funcionarios del proyecto Metro y responsables de la construcción de la línea 12.
Entre esos ex funcionarios están el ingeniero Enrique Horcasitas y Moisés Guerrero Ponce, este último director de Obra Civil del Proyecto Metro.
“Parece que ahora quieren barrer el polvo debajo de la alfombra.
“Nos estamos anticipando a lo que ya vemos venir, quieren culpar a nuestras clientes”, dijo Gabriel Regino en conferencia de prensa.
LA DENUNCIA PENAL
Durante la conferencia, dio a conocer que su despacho presentó una denuncia penal ante la FGR, en contra la Fiscal del Caso de la línea 12 y contra la empresa DNV.
La denuncia es por la alteración de indicios y en el caso de la empresa por realizar investigaciones que no le competen.
Acusó que DNV México, filial de la empresa que tiene su sede en Oslo, Noruega, es la que verdaderamente ha dirigido las investigaciones sobre el colapso de la trabe que provocó la muerte de 26 personas.
Esa intromisión de DNV, denunció, ha puesto en riesgo la validez de lo investigado, todo ello bajo la anuencia y la parcialidad de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX.
Gabriel Regino expuso que el pasado 6 de agosto, la licenciada María de la Luz Alcántar Alcántar, Adscrita a la Agencia de Atención Especializada en Usuarios del Metro, le entregó indebidamente a DNV indicios de acero supuestamente recolectados en la zona del incidente.
Esa empresa, que no tiene especialización es investigación forense, envió a sus laboratorios en Ohio los indicios referidos, pero en el regreso de los mismos a México se perdió la cadena de custodia.
Además, el empaque de los indicios fue violado y se tuvo que regresar el material a Ohio para empaquetarlo otra vez.
El abogado acusó que por haber entregado esos indicios a un particular, en este caso de parte de Luz Alcántar a DNV, la funcionaria y la empresa incurrieron en delitos de corrupción en la procuración de justicia.
Esos ilícitos, detalló, están contenidos en el primer párrafo del artículo 293 Quarter del Código Penal.
De hecho, ese artículo es nuevo, se creo como parte de la Ley Ingrid y su aplicación es exclusiva para servidores públicos.
Pero Gabriel Regino dijo que la empresa DNV es responsable en coautoría, por haber recibido indicios de una escena del crimen y eso está prohibido.
Agregó que en el caso de los funcionarios involucrados en esa conducta el castigo es pena de prisión, de 2 a 6 años.VER TAMBIÉN
En el caso de DNV, el castigo podría ser la disolución de la empresa.
NO PARARÁN AHÍ
También anunció que su despacho no parará ahí, pues está en contacto con abogados noruegos, para denunciar a la casa matriz de DNV, ante la ausencia de un código de ética interno.
La falta de ese código queda de manifiesto con la manipulación de pruebas que ha hecho la filial en México, dijo Regino.
También dio a conocer que en las próximas horas presentará una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Ahí acusará a la Fiscalía de Justicia de la Ciudad por haber violado el principio de imparcialidad.
Gabriel Regino estimó que derivado de la denuncia que ya presentó ante la FGR, en algún momento podría ser llamada a declarar Ernestina Godoy, pues es evidente que en la Fiscalía capitalina hay una cadena de mando y María de la Luz Alcántar no se manda sola.
También explicó que una vez judicializada la carpeta de investigación y el juez de control cite a comparecer a las partes puede proceder la nulidad de la investigación que hasta ahora han hecho las autoridades locales.
FUENTE: capitalcdmx
