"Corte Interamericana de Derechos Humanos"

El presente artículo aborda el análisis de un caso resuelto por la CIDH.

En el presente artículo se hizo un análisis previo de un asunto del conocimiento de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos particularmente del caso ALMONACID ARELLANO Y OTROS VS. CHILE por la importancia y repercusión que ha revestido dicha sentencia emitida el 26 de septiembre de 2006 para la comunidad americana en los derechos humanos.

Por ello y a manera de introducción al caso en concreto, se establecerá a continuación lo relevante de la sentencia ya que los hechos los considero por conocidos por la

Comunidad jurídica :

I.- Resolutivos de la sentencia:

  • A.- La corte estableció que el reconocimiento de competencia que le otorga a cada estado es un acto unilateral sujeta a la letra de la convención y que por lo tanto no está sujeta a reserva alguna.
  • B.- La declaración de reconocimiento competencial que realiza Chile de la Corte, sólo constituye una limitación temporal al reconocimientodecompetencia(Artículo62de la Convención) y no una reserva.
  • C.- La Corte determina que no está sujeta a la voluntad de los Estados, la determinación de cuáles son los hechos que se excluyen de su conocimiento, ya que sólo a ésta le compete determinarlo en el ejercicio de sus funciones.
  • D.- Determina la Corte que en un proceso se pueden producir hechos autónomos que pueden configurar violaciones de denegación de justicia y apta para determinar violaciones a los artículos 8.1 y 25 de la Convención, en correlación con los artículos 1.1 y 2 del citado ordenamiento.

II.- A la luz de la Corte Interamericana de Derechos Humanos:

  • A.- Chile firmó la Convención Interamericana de Derechos Humanos el día 22 de Noviembre de 1969 y fue ratificada su adhesión hasta el 10 de Agosto de 1990, siendo depositado el 21 de Agosto de 1990, según se muestra en el cuadro inmediato siguiente:

PAÍSES SIGNATARIOS
FIRMA RATIFICACION/ADHESION
DEPÓSITO
Chile
11/22/69
08/10/90
08/21/90 RA

De lo anterior advertimos la vinculación de la Convención Interamericana con los tribunales nacionales chilenos.

Sin embargo para explicar adecuadamente la aseveración anterior debemos establecer brevemente el antecedente en el estado chileno, de acuerdo al siguiente cuadro:

Constitución
Artículo
Disposición

1925

2
La soberanía reside esencialmente en la Nación, la cual delega su ejercicio en las autoridades que esta Constitución establece. (No refiere a los tratados internacionales) 1985

5. Inciso 2
Adiciona la expresión “Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.”

Derivado de lo anterior, y a la luz del neo constitucionalismo o bloque de constitucionalidad, debemos categorizar la jerarquía de los tratados internacionales entre ellos la Convención Interamericana de Derechos Humanos con el orden constitucional interno chileno

La adhesión a la Convención Interamericana de Derechos Humanos del estado chileno, dotó de validez a dicho instrumento internacional sopena de incurrir en responsabilidad internacional y por lo tanto a su cumplimiento, excluyendo al estado chileno para poder invocar el derecho interno para incumplir el tratado internacional en comento, ello de acuerdo a lo que establece en los artículos 26 y 27 de la Convención de Viena que establecen:

Artículo 26. «PACTA SUNT SERVANDA»
Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe.

Artículo 27. EL DERECHO INTERNO Y LA OBSERVANCIA DE LOS TRATADOS
Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Esta norma se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46.

En el caso, la constitución chilena al adherirse al pacto de San José se sometió a dar valor a los tratados internacionales suscritos por su estado, cuestión de orden constitucional que en su orden interno lo ubica en la clasificación que al efecto nos refiere el maestro Miguel Ángel de los Santos, al señalar que en cuanto a la jerarquía de los tratados debe distinguirse entre cuatro tipos de rango o valor jerárquico de estos respecto de su constitución, siendo en el caso en concreto que en Chile su ordenamiento jurídico entre la legislación interna y el referido tratado internacional según el cuadro anteriormente citado, debe ubicarse en el legal es decir, son equiparables a las leyes internas.

Lo relevante del caso analizado debe ser que el estado chileno alegó como cuestión preliminar, la incompetencia de la corte por ratione temporis, alegando que los reconocimientos de competencia solo se refieren a hechos posteriores a la fecha del deposito del instrumento de ratificación, lo cual es desestimado por la CIDH al establecer el reconocimiento de su competencia al indicar que lo que se investigaba no era el asesinato mismo, si no la falta de investigación por parte del estado que constituye una limitación temporal al reconocimiento de comptencia establecido en el artículo 62 de la Convención y no una reserva como se planteó. De acuerdo a la Convención de Viena, el estado Chileno no podía invocar el derecho interno (Ley de Amnistía 2.191) como justificación ante el incumplimiento de las disposiciones del tratado internacional. Por ende el estado chileno incumplió con los artículos 1.1 y 2 de la Convención al no adecuar su legislación jurídica interna a la Convención, esto es al momento de ser ratificado. La CIDH tomó la determinación de cumplimiento y no respecto a dicha obligación. Se destaca que en esta sentencia la CIDH obliga al estado chileno a la obligación de resultado (Art. 68.) tanto a sus órganos estatales como a los jueces que aplican el derecho interno para aplicar el ius cogens al derecho interno en clave convencional, así como la jurisprudencia para asegurar los derechos esenciales a la luz de la convención y bajo el principio pro persona. Son relevantes las medidas de cumplimiento y grado de preferencia y aplicabilidad no solo para no comprometer la responsabilidad internacional del estado, si no para establecer la efectiva competencia y aplicación de la Convención Americana, de no hacerse por desconocimiento o inaplicación conllevaría a un retroceso a los principios elementales del ser humano. Por ello el estado chileno desde la declaración de reconocimiento debió buscar medidas para establecer la interrelación y colaboración en ambas jurisdicciones evitando colisiones entre el derecho interno y el derecho internacional, así como de los artículos 8 y 25 de la citada convención relativos al aseguramiento de garantías judiciales y protección judicial, al no desconocer el decreto de Ley de Amnistía 2.191 que conculca la convención misma como un hecho inminente y evidente ya que el asesinato cometido del señor Almonacid Arellano debía ser considerado como un crimen de lesa humanidad, de característica imprescriptible e inadmisible de las disposiciones de amnistía o excluyentes de responsabilidad tendientes a excluir la responsabilidad de sus autores que impedian la investigación y sanción de los trasgresores de los derechos humanos. Así la resolución en comento prohíbe al estado chileno para abstenerse de adoptar, aplicar o invocar leyes contrarias a la convención americana sopena de responsabilidad internacional. El estado chileno debió ejercer control de convencionalidad entre las normas internas de aplicación a los casos comunes y la Convención Americana sobre derechos humanos y jurisprudencia para la efectiva aplicación del ius cogens, todo bajo la luz del principio pro homine y así obtener un efectivo control de regularidad constitucional. Debe indicarse que esta resolución es de carácter vinculante para casos similares en términos de la contradicción de tesis 293/2011 emitida por nuestra suprema corte de justicia de la nación de vital relevancia para el estado mexicano .

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